INFORME ANUAL 1991
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COMUNICADO DE PRENSA El día de ayer fue elegida la nueva Mesa Directiva de la Comisión. Por unanimidad fue electo Presidente el doctor Patrick Robinson. El Dr. Robinson es un distinguido jurista jamaiquino, quien además de desempeñar puestos importantes en el Gobierno de Jamaica, ha ocupado por varios años la posición de asesor legal en asuntos relacionados con derecho internacional. El Dr. Robinson tiene una amplia experiencia diplomática habiendo representado a su país en numerosas reuniones y conferencias internacionales, entre ellas Asambleas Generales de las Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos (OEA), CARICOM, Consejo Interamericano del Sistema Económico (SELA), etc. Actualmente se desempeña como Asesor en la oficina del Procurador General de Jamaica. El Dr. Marco Tulio Bruni Celli fue elegido Primer Vicepresidente. El Dr. Bruni Celli, reconocido abogado y legislador, actualmente se desempeña como Diputado en el Congreso de Venezuela; previamente fue Ministro del Interior en su país. El Dr. Oscar Luján Fappiano, fue elegido Segundo Vicepresidente. El Dr. Fappiano, argentino, ha desempeñado por largo tiempo una carrera jurídica en su país en los campos académicos y legislativos, habiendo participado en la preparación de varios proyectos de ley en las áreas laborales y criminales. Ha sido profesor de Procedimiento Penal y además, es profesor asistente de Derechos Humanos Internacionales, esto último en la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. La Comisión desea expresar su reconocimiento y gratitud al ex Presidente, Dr. Leo Valladares Lanza, por su labor durante el desempeño de sus funciones, las cuales realizó con la mayor dedicación y eficiencia. Washington, D.C., 12 de febrero de 1991
COMUNICADO DE PRENSA El 22 de febrero de 1991 concluyó el 79o. Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este período, la Comisión eligió a su nueva mesa directiva, la que quedó integrada por el doctor Patrick Lipton Robinson como Presidente, el doctor Marco Tulio Bruni Celli como Primer Vicepresidente y el doctor Oscar Luján Fappiano como Segundo Vicepresidente. Asistieron a este período de sesiones los miembros doctora Gilda M.C.M. de Russomano, Embajador Oliver Jackman, doctor Leo Valladares Lanza y Profesor Michael Reisman. En el curso de sus sesiones la Comisión aprobó su Informe Anual que será presentado a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. En relación con la visita realizada por una Misión Especial que visitó Colombia del 3 al 7 de diciembre de 1990, la Comisión recibió el informe correspondiente y decidió, a la luz de la preocupante situación existente en materia de derechos humanos, realizar una visita in loco a Colombia, aceptando la invitación que en tal sentido le formulara el Gobierno de ese país. Con respecto a la situación de los derechos humanos en Cuba, la Comisión analizó con preocupación los hostigamientos, procesos y condenas dirigidos por el Gobierno de ese país contra los activistas de derechos humanos. La Comisión también observó con preocupación la situación de los presos políticos, en especial la de Mario Chanes de Armas, el preso político más antiguo del mundo, y de Ernesto Días Rodríguez, privados de su libertad por 29 y 22 años respectivamente. Junto con señalar la responsabilidad principal del Gobierno en adoptar medidas tendientes a resolver los problemas de derechos humanos que afectan a Cuba, la Comisión ha considerado que es a través de procedimientos democráticos y con la participación de todos los ciudadanos cubanos sin excepciones que podrían superarse las actuales dificultades de manera pacífica y con el menor costo social para la población. En lo relativo a El Salvador, la Comisión ha encontrado que persisten problemas que afectan gravemente la situación de los derechos humanos en ese país, de manera particular en lo referido a la muerte violenta de quince campesinos y a la de activistas políticos ocurridas recientemente. También preocupa a la Comisión la situación de los presos políticos y las condiciones en que tanto éstos como los presos comunes sufren en los establecimientos donde se encuentran privados de su libertad. La Comisión encuentra negativo, asimismo, la lentitud con que se desarrollan los procesos destinados a individualizar y sancionar a los responsables de numerosas y graves violaciones a los derechos humanos, en particular, la muerte de seis sacerdotes jesuitas y las dos empleadas. La Comisión ha encontrado positivo que se mantengan las negociaciones entre el Gobierno y el FMLN bajo los auspicios del Secretario General de Naciones Unidas y espera que ellas creen condiciones para lograr una mayor vigencia de los derechos humanos, incluidos los derechos políticos en el curso del proceso electoral actualmente en marcha. En este período de sesiones, la Comisión avanzó sus conversaciones con el Gobierno de El Salvador a fin de fijar la fecha de una próxima visita in loco a ese país por parte del pleno de la Comisión. En relación con Estados Unidos, en el curso del período de sesiones que acaba de finalizar la Comisión tomó conocimiento con satisfacción de la conmutación de la pena de muerte del señor Joseph Giarratano a la de cadena perpetua por parte del Gobernador del Estado de Virginia. La Comisión había dirigido al Gobernador una solicitud de conmutación de la pena basándose "en razones humanitarias y a fin de evitar un daño irreparable", por considerar que tal conmutación "estaría de acuerdo con el espíritu de los más importantes instrumentos internacionales sobre derechos humanos y con la tendencia universal hacia la abolición de la pena de muerte." La ejecución del señor Giarratano estaba prevista para el 22 de febrero pasado y el caso respectivo estaba en trámite ante la Comisión desde junio de 1987. En relación con Guatemala, la Comisión ha seguido observando con preocupación la grave situación de los derechos humanos en ese país y ha decidido comenzar a elaborar un informe especial sobre la misma. La Comisión encuentra especialmente preocupante la ausencia de investigaciones serias a fin de identificar a los responsables de muy graves violaciones a los derechos humanos en un contexto caracterizado por la falta de control de la institución militar, lo cual contraría los fundamentos básicos del ordenamiento democrático. En ese sentido, la Comisión recibió testimonio sobre la masacre en diciembre de 14 campesinos en Santiago Atitlán, así como testimonios adicionales sobre el caso de la masacre de campesinos en El Aguacate, y testimonio sobre el asesinato de la señora Myrna Mack, distinguida antropóloga guatemalteca, ocurrido en el mes de septiembre pasado. De allí que la Comisión manifieste su esperanza de que el Gobierno recientemente elegido pueda adoptar las medidas, requeridas con urgencia, a fin de traer la paz y la irrestricta vigencia de los derechos humanos en Guatemala. En relación con Haití, la Comisión ha observado con satisfacción la culminación del proceso electoral y la transferencia pacífica del poder realizada el pasado 7 de febrero, lo cual constituye un paso trascendente en la historia de ese país. La Comisión espera que el nuevo Gobierno adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la paz social, el irrestricto respeto a los derechos humanos de todos los habitantes y el fortalecimiento del sistema democrático. La Comisión continuará colaborando con el Gobierno de Haití y observando con detenimiento la situación a fin de efectuar las recomendaciones que estime necesario. La Comisión manifiesta su profunda preocupación por la evolución reciente de la situación de los derechos humanos en Nicaragua. La Comisión reconoce la voluntad del Gobierno de ese país de fortalecer el respeto de esos derechos en el país, muestra de lo cual ha sido el depósito del reconocimiento de la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Debe señalar, sin embargo, que a lo largo del período cubierto por el informe anual, la Comisión ha observado en Nicaragua una preocupante situación en materia de derechos humanos originada en actos de miembros de las fuerzas de seguridad. La muerte reciente de un connotado dirigente de la Resistencia Nicaragüense viene a agregar un nuevo elemento de particular gravedad a la situación en Nicaragua que, a juicio de la Comisión, debe encauzarse definitivamente por el camino de la paz, la democracia y el imperio de la ley, todos ellos elementos imprescindibles para lograr el irrestricto respeto a los derechos humanos En lo referido a Panamá, la Comisión Interamericana estudió en esta oportunidad los distintos elementos de juicio recabados durante el período que cubre su informe anual a la Asamblea General, incluidos aquellos obtenidos durante la visita in loco que realizara a ese país en el mes de julio de 1990. La Comisión en esta oportunidad debe reconocer que el Gobierno de ese país está realizando esfuerzos para superar los problemas que confronta en materia de derechos humanos y que las instituciones establecidas por la Constitución están comenzando a funcionar en Panamá, tal como lo demuestran las elecciones complementarias realizadas el 27 de enero pasado. También estima la Comisión que debe resolverse la situación de las personas privadas de su libertad que se encuentran en condiciones de hacinamiento y por largos períodos, por lo cual espera que la anunciada reforma del Código Procesal Penal conducirá a tal fin. También la Comisión ha efectuado un conjunto de recomendaciones referidas a la necesidad de compensar a las personas que han sufrido pérdidas con motivo de la invasión de Estados Unidos al país en diciembre de 1989. La Comisión espera continuar trabajando con el Gobierno de Panamá a fin de resolver los problemas suscitados. En el curso de este período de sesiones, la Comisión examinó la solicitud de medidas cautelares presentada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el caso del periodista Hugo Bustios Rojas, muerto en Perú en el curso de 1988. También adoptó diversos informes sobre casos individuales referidos a ese país, recibió importantes testimonios sobre la situación de los derechos humanos en ese país y confirmó su decisión de realizar una visita in situ a fin de investigar las graves situaciones de derechos humanos que han venido siendo denunciadas a la Comisión. La Comisión ha recibido con consternación los informes sobre el golpe de estado en Suriname que interrumpió el desarrollo del proceso democrático en ese país. La Comisión estima que el restablecimiento de la democracia representativa en ese país a través de las elecciones previstas debe estar precedida del logro de la efectiva vigencia de los derechos humanos y del cese del clima de intimidación creado por las fuerzas de seguridad ya que sólo tales condiciones pueden conceder autenticidad a las elecciones convocadas. La Comisión, asimismo, continuará con los procedimientos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a casos de violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad de Suriname. Washington, D.C., 25 de febrero de 1991
COMUNICADO DE PRENSA La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tomado conocimiento, con profunda consternación, sobre los hechos producidos en Haití el 29 de septiembre de 1991 que han provocado la pérdida de vidas humanas y han interrumpido el proceso democrático que se iniciara con las elecciones del 16 de diciembre de 1990. La Comisión Interamericana ha venido observando con especial atención el estado de los derechos humanos en Haiti y consideró que dichas elecciones reflejaron de manera auténtica la voluntad del pueblo haitiano en legítimo ejercicio de sus derechos políticos, tal como están reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, el golpe de Estado ocurrido en Haití constituye una clara vulneración de estos derechos políticos y de otros derechos y libertades fundamentales reconocidos también en la mencionada Convención. Asimismo, la carencia de orden legal así generada puede conducir a violaciones de muchos de los derechos humanos garantizados internacionalmente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos encuentra oportuno recordar que la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos de 1990 ha considerado que "el régimen de la democracia representativa es fundamental para el establecimiento de una sociedad política donde se puedan realizar plenamente los derechos humanos y que uno de los elementos esenciales de tal régimen es la efectiva subordinación del aparato militar al poder civil." Ante esta situación, la Comisión Interamericana continuará observando con especial atención la evolución de los derechos humanos en Haití y manifiesta su esperanza que se proceda a un rápido restablecimiento del régimen democrático, restituyendo en ejercicio de su cargo a las autoridades constitucionales con un irrestricto respeto a los derechos humanos y que se conceda especial protección a los grupos que se dedican a la defensa y protección de esos derechos. Washington, D.C. 1° de octubre de 1991
COMUNICADO DE PRENSA El 4 de octubre de 1991 concluyó el 80° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que participaron el Presidente, Dr. Patrick Robinson; el Primer Vicepresidente, Dr. Marco Tulio Bruni Celli; el Segundo Vicepresidente, Dr. Oscar Luján Fappiano y los miembros Dra. Gilda M.C.M. Russomano, Embajador Oliver Jackman, Dr. Leo Valladares y profesor Michael Reisman. En el curso de este período de sesiones la Comisión concedió numerosas audiencias a representantes de gobiernos, a personas individuales y a representantes de organismos de defensa de los derechos humanos que presentaron su parecer sobre situaciones generales en relación con tales derechos. También la Comisión Interamericana llevó a cabo audiencias en el marco del trámite de casos individuales. La Comisión debe destacar de manera específica la reunión mantenida con el Excelentísimo señor Presidente de la República de Haití, Jean Bertrand Aristide, quien fue acompañado por el señor Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Embajador Joao Clemente Banea Soares y el señor Embajador de Haití ante la Organización, Embajador Jean Casimir. Durante la reunión celebrada se produjo un fructífero intercambio de ideas sobre la forma en que la Comisión Interamericana podría ser útil en la defensa de los derechos humanos en Haití, frente a los acontecimientos ocurridos a partir del 29 de septiembre pasado y contribuir a la pronta restauración del régimen democrático y de sus autoridades legítimamente electas. También se intercambiaron ideas referidas a la forma de poner en práctica la solicitud formulada por la Reunión ad-hoc de Ministros de Relaciones Exteriores, por solicitud del Presidente Aristide, para que la Comisión Interamericana adopte las medidas a su alcance para tutelar y defender los derechos humanos en Haití. Durante el presente período de sesiones, la Comisión emitió un comunicado de prensa, el 1° de octubre, manifestando su profunda consternación sobre el golpe de Estado producido el 29 de septiembre en Haití. Deploró estos hechos que han provocado la pérdida de vidas humanas e interrumpido el proceso democrático que se iniciara con las elecciones del 16 de diciembre de l990. En este sentido, la Comisión declaró que el golpe de Estado constituía una clara vulneración de los derechos políticos y de otros derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; señalando, asimismo, que la carencia de orden legal así generada podía conducir a violaciones de otros derechos garantizados internacionalmente. Manifestó también su esperanza de que se proceda a un rápido restablecimiento del régimen democrático, restituyendo en el ejercicio de su cargo a las autoridades constitucionales con un irrestricto respeto a los derechos humanos. Ante esta situación, la Comisión acordó continuar observando con especial atención la evolución de los derechos humanos en Haití. Durante este período de sesiones se examinaron también las diversas solicitudes para realizar visitas in loco a los países cuyos gobiernos han expresado su voluntad para que las mismas tengan lugar, siendo estos los gobiernos de Colombia, el Salvador, Guatemala, Perú y Nicaragua. Al final de este período de sesiones se definieron fechas para las visitas a Colombia y Guatemala en el primer semestre del próximo año, y se realizará la visita al Perú a partir del 28 de octubre de este año. En esta oportunidad la Comisión analizó la información proporcionada por la Delegación especial de la CIDH que visitó República Dominicana, del 12 al 14 de agosto de 1991. La Comisión decidió seguir observando la situación de los ciudadanos haitianos en la República Dominicana y solicitar la anuencia de ese Gobierno para efectuar próximamente una visita in loco. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos examinó también la situación de la población indígena Yanomami de Brasil. La Comisión decidió reiterar la solicitud presentada ya en tres oportunidades para que el Gobierno de Brasil conceda la anuencia a la visita in loco solicitada. Otro tema de interés debatido en este período de sesiones fue el de los derechos humanos de los pueblos indígenas, tanto en casos individuales en varios países, como en relación a la preparación de un instrumento legal interamericano en relación a los mismos, recibiendo información tanto de representantes de Gobiernos como de organizaciones indígenas. La Comisión examinó la situación general de los derechos humanos en los Estados americanos; asimismo debatió diversos informes relativos a casos en trámite adoptando las decisiones correspondientes y analizó la situación de los casos que se encuentran en trámite ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Brindó especial atención al análisis de las medidas que deben tomarse para hacer más efectiva la autonomía e independencia del poder judicial. La Comisión acordó finalmente que el 81° período de sesiones se realizará del 3 al 14 de febrero de 1992.
COMUNICADO DE PRENSA El lunes 28 de octubre de 1991 se inicia la visita que, por invitación del Gobierno del Perú, realiza el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de observar la situación de tales derechos en el país. La visita se extenderá hasta el día jueves 31 de octubre y en ella participan el doctor Patrick Robinson, Presidente de la Comisión; el doctor Marco Tulio Bruni Celli, Primer Vicepresidente; el doctor Oscar Luján Fappiano, Segundo Vicepresidente y los miembros, doctora Gilda M.C.M. de Russomano, doctor Leo Valladares Lanza y el profesor Michael Reisman. El Embajador Oliver Jackman se ha visto impedido de participar por razones de fuerza mayor. La Comisión estará asistida durante su visita por la Secretaria Ejecutiva, doctora Edith Márquez Rodríguez, los abogados de la Secretaría Ejecutiva doctores Luis F. Jimenez, Bertha Santoscoy-Noro, Jorge Seall-Sassian y el señor Marcelo Montesinos, intérprete de la Comisión. Asimismo, contará con el apoyo administrativo de las señoras Gabriela Hageman, Elsa Ergueta y Nora Anderson. La Comisión Interamericana estará alojada en el hotel El Pardo. Durante su estadía en el Perú, la Comisión se entrevistará con autoridades de Gobierno y de las instituciones del Estado peruano, con representantes de organismos de defensa y promoción de los derechos humanos, con personas y miembros de instituciones representativas del quehacer social peruano y con quienes consideren que hayan sido afectados en sus derechos humanos y deseen presentar sus casos ante la Comisión Interamericana. Con el objeto de que estas personas puedan realizar tales presentaciones, la Comisión recibirá en el hotel El Pardo los días martes 29 y miércoles 30, de 9:00 a 16:00 horas. La Comisión ha considerado necesario trasladarse al interior del país, por lo cual dos subcomisiones viajarán, una a Ayacucho y Huancayo durante los días 29 y 30 y otra a Tarapoto, los días 28 y 30 próximos. La visita de la Comisión Interamericana se realiza en el marco de las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado internacional en el cual es parte el Estado peruano, y de conformidad con lo dispuesto por las normas reglamentarias de la Comisión, de acuerdo con las cuales el Gobierno del Perú se ha comprometido a otorgar todas las garantías a las personas, grupos, entidades e instituciones que deseen entrevistarse con la Comisión, así como de prestar todas las facilidades que la Comisión requiera para cumplir con su tarea de observar la situación de los derechos humanos en el país. Al término de la visita, la Comisión celebrará una conferencia de prensa en el hotel El Pardo a las 8:30 p.m., del jueves 3l de octubre próximo. Lima, 27 de octubre de 1991
COMUNICADO DE PRENSA El día de hoy, 31 de octubre de 1991, finalizó la visita que, por invitación del Gobierno, ha realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de observar la situación de los derechos humanos en el Perú. La visita fue realizada por el pleno de la Comisión, participando en ella el doctor Patrick Robinson, Presidente de la Comisión; el doctor Marco Tulio Bruni Celli, Primer Vicepresidente; el doctor Oscar Luján Fappiano, Segundo Vicepresidente y los miembros, doctora Gilda M.C.M. de Russomano, doctor Leo Valladares Lanza y el Profesor Michael Reisman. El Embajador Oliver Jackman, por razones de fuerza mayor, no pudo participar en la visita. La Comisión estuvo asistida por la Secretaria Ejecutiva, doctora Edith Márquez Rodríguez, los abogados de la Secretaría Ejecutiva doctores Luis F. Jiménez, Bertha Santoscoy-Noro, Jorge Seall-Sassian y el señor Marcelo Montesinos, intérprete de la Comisión. Asimismo, contó con el apoyo administrativo de las señoras Gabriela Hageman, Elsa Ergueta y Nora E. Anderson. Durante la visita la Comisión Interamericana se reunió con el ingeniero Alberto Fujimori, Presidente de la República, con el doctor Carlos Torres y Torres Lara, Ministro de Relaciones Exteriores y Presidente del Consejo de Ministros; con el doctor Augusto Antonioli Vasquez, Ministro de Justicia; con el General de División EP Victor Malca Villanueva, Ministro del Interior, con el General de División EP Jorge Torres Aciego, Ministro de Defensa, con el Comando Conjunto de la Fuerza Armada, bajo la Presidencia del General del Aire Arnaldo Velarde y los Comandantes generales de la Marina Almirante Alfredo Arnaiz Ambrossiani y General EP Pedro Villanueva Valdivia del Ejército; con el doctor César Fernández Arce. Presidente de la Corte Suprema, con el doctor Pedro Méndez Jurado, Fiscal de la Nación y con el doctor Clodomiro Chávez, Fiscal para Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Durante la visita, dos subcomisiones viajaron al interior del país, la una a Tarapoto y Tocache y la otra a las ciudades de Ayacucho y Huancayo. En Tarapoto la subcomisión se reunió con el señor Comandante Político-Militar de la zona de emergencia, con representantes de la Oficina Prelatural de Acción Social de Moyobamba y con miembros de la Comisión de Paz de San Martín, con familiares de detenidos desaparecidos y con religiosos del Centro Pastoral. También visitó Cordesan, a la Policía Nacional y la Penitenciaría de Tarapoto, entrevistándose con algunos detenidos. En Tocache, la Subcomisión se reunió con las autoridades militares, políticas, judiciales y policiales. En Ayacucho y Huancayo, la subcomisión se reunió con autoridades gubernamentales, militares y del Poder Judicial y con representantes de la iglesia y de instituciones de defensa y promoción de los derechos humanos. También se reunió la Comisión con miembros del Congreso y con instituciones de defensa de los derechos humanos: la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Andina de Juristas y la Comisión Episcopal de Acción Social. La Comisión Interamericana recibió, asimismo, a personas y miembros de institucioes representativas de la sociedad peruana, a la Comisión de Familiares de Desaparecidos (COFADER), a periodistas y directivos de órganos de prensa, a la Asociación de Abogados Democráticos del Perú y visitó el Centro Penal de Castro Castro. Esta visita de la Comisión ha sido precedida por una anterior, realizada en mayo de 1989 por una subcomisión integrada por dos miembros, y es complementada con la tramitación de casos individuales que han dado lugar a la adopción de decisiones sobre ellos. Los intensos contactos realizados durante esta visita han permitido a la Comisión Interamericana tomar contacto con la compleja y delicada situación de los derechos humanos en el Perú y le ha servido para recopilar valiosa información que será empleada para elaborar el Informe Especial en el que se encuentra trabajando. La Comisión pudo comprobar las agudas manifestaciones de la violencia que caracteriza el conflicto que aflige al Perú. La Comisión ha recibido abundantes testimonios del profundo sufrimiento causado en la población y, especialmente, en aquellas personas que han quedado atrapadas entre los principales actores del conflicto. La Comisión ha sido informada, en este proceso, sobre los métodos desde todo punto de vista condenables que emplean para dirimir el conflicto aquellas personas, grupos o instituciones que subordinan los derechos inalienables de la persona humana a la consecución de sus fines políticos. Tal subordinación es lo que concede una identidad esencial a quienes proceden de esa forma y permite a la Comisión Interamericana reafirmar lo que señalara en el comunicado final de su visita a Perú de 1989 cuando afirmó que ni la lucha para superar la pobreza y construir un nuevo Estado ni la defensa de las instituciones democráticas pueden justificar, en modo alguno, el recurso al asesinato selectivo, a la ejecución sumaria, a la destrucción de la infraestructura productiva, a la tortura, a la desaparición forzada de personas y al empleo del terror como método de control social. El recurso a tan condenables métodos dificulta la necesaria solución política, y con el menor costo para la población que debe encontrar este conflicto entre quienes estén dispuestos a encaminarse por esa vía. En tal sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encuentra que existe la necesidad imperiosa de humanizar el conflicto. La Comisión Interamericana, cuyo marco normativo fundamental es el que le proporciona la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, continuará considerando de manera cada vez más precisa los actos de violencia perpetrados por los grupos armados irregulares y las responsabilidades que de ellos se derivan. La Comisión tiene en cuenta, al respecto, que ninguna persona, grupo o Estado puede actuar de manera que lleve a lesionar los derechos reconocidos en la Declaración Americana y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión hace un llamado a todos los peruanos a respetar los derechos garantizados en tales instrumentos. La Comisión escuchó con especial atención reflexiones referidas al profundo deterioro que vienen sufriendo las condiciones de vida de la población peruana y su negativo impacto en el goce de los derechos económicos, sociales y culturales. También escuchó con preocupación las referencias al efecto que tal situación tiene en la agudización de las condiciones sociales vinculadas al desarrollo del actual conflicto. La Comisión Interamericana considera que las políticas de saneamiento de la situación económica del país deben integrar como elemento central la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, en especial de los sectores más afectados. La Comisión expresa su total apoyo a las tareas que vienen realizando los organismos humanitarios para reducir las negativas condiciones sociales hoy existentes y que son objeto de una cruel campaña de carácter terrorista. La Comisión ha recibido información sobre las medidas adoptadas en tiempos recientes por el Gobierno a fin de superar los graves problemas existentes en materia de derechos humanos. La Comisión tiene la esperanza de que tales medidas sean aplicadas de manera efectiva y complementadas con otras medidas a fin de desarrollar una positiva política, integral y coherente, de reconocimiento y garantía de los derechos humanos. La Comisión estima que un elemento fundamental de esa política debe ser el reconocimiento de las meritorias y a veces hasta arriesgadas tareas que cumplen las instituciones que se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos. En ese sentido, considera la Comisión que deben proporcionarse a tales instituciones y a sus miembros todas las garantías para el desempeño de sus funciones, tal como ha sido reclamado insistentemente por la Comisión y ha sido recomendado por la Asamblea General de la Organización Americanos. Tal deber de garantizar el ejercicio de las funciones de esas organizaciones corresponde al Gobierno del Perú y es una obligación de sus más altas autoridades. La Comisión continuará cooperando con todas las instituciones y con el Gobierno del Perú a fin de lograr el avance y profundización de las medidas adoptadas en defensa de los derechos humanos. La Comisión Interamericana ha encontrado una actitud receptiva a sus planteos por parte de altas autoridades militares. Ha sido informada, asimismo, de recientes modalidades de cooperación establecidas por algunos institutos armados con grupos no gubernamentales de derechos humanos. La Comisión espera que tal cooperación sea reforzada y contribuya a incorporar, de manera definitiva, el respeto a los derechos humanos en el desarrollo de las acciones concretas que deben ser realizadas a raíz del conflicto que afecta al país. La Comisión está consciente de las dificultades que conlleva la aplicación de una seria política de defensa de los derechos humanos por parte de las instituciones armadas en un conflicto en el cual hay quienes se consideran liberados de la sujeción de ley alguna. Tal como señalara el Presidente de la Comisión en 1989 al entonces señor Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, las Fuerzas Armadas están llamadas a defender la Constitución y las leyes y tan alta función no puede ser desvirtuada por el empleo de métodos específicamente vedados por ese orden normativo. A juicio de la Comisión, asimismo, resulta imprescindible que un elemento de la política de derechos humanos sea la identificación y sanción ejemplar de los responsables de violaciones a tales derechos. En este sentido, resulta alentador que en tiempos recientes se esté proporcionando la identificación de quienes actúan en las zonas de emergencia y puedan estar implicados en violaciones a los derechos humanos. Ello ayudaría a eliminar la preocupante impunidad que, según la información proporcionada a la Comisión, ha caracterizado el accionar de los cuerpos de seguridad en el Perú y que se refleja en la ausencia de personas condenadas por violaciones a los derechos humanos. Al respecto la Comisión escuchó con atención los argumentos que sustentan la necesidad de sustraer los delitos referidos a las violaciones a los derechos humanos del Foro Militar y someterlas al Fuero Común. Según pudo constatar la Comisión, los Estados de Emergencia continúan rigiendo en diversas regiones del país y aún en los lugares en que han sido levantados, persisten ciertos problemas que están asociados a la preponderancia del poder militar. También pudo constatar la Comisión que se ha constituído un creciente número de rondas campesinas, presentadas como un método voluntario que permite la autodefensa de la población rural. La Comisión recibió información según la cual algunas de esas rondas habrían sido integradas de forma no voluntaria y que la constitución de otras rondas habría dado lugar a la violación de los derechos de la población. En materia de derecho a la vida, la Comisión ha sido informada de que se estaría produciendo una disminución del número de violaciones a tan esencial derecho pero que persiste un nivel preocupante de violaciones al mismo bajo la forma de ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas, fenómeno respecto al cual el Perú continúa teniendo el más alto número de desaparecidos en el mundo, de acuerdo con bien fundada información. La observación de la forma en que evolucione este fenómeno en el futuro inmediato será un indicador importante de los efectos que tengan en la práctica las medidas adoptadas por el Gobierno. Respecto a la situación del derecho a la libertad personal y al debido proceso, que se encuentran estrechamente vinculados a la protección del derecho a la integridad personal, la Comisión ha recibido información según la cual persisten aún serios problemas referidos a la ausencia de formalidades con que se ejecutan los arrestos, a la inoperancia de los recursos de amparo o de habeas corpus y a la lentitud de los juicios, lo cual se traduce en que una alta proporción de la población penal se encuentre sin sentencia definitiva. Al respecto, la Comisión espera que la directiva que autoriza el ingreso de los fiscales a los cuarteles militares a los que se haya ingresado personas al momento de ser detenidas, se traduzca en una mejora sensible de los problemas que han caracterizado la situación de los derechos mencionados en el Perú. Dicha medida deberá ser complementada, según fue planteado a la Comisión, con un reforzamiento de la independencia y efectividad del Poder Judicial y con la imprescindible dotación de recursos que requiere el accionar del Ministerio Público y de los jueces del país, a fin de superar la aguda crisis que pudo ser constatada de manera especial en regiones del interior del país. También fue señalado a la Comisión que existe un verdadero clamor público respecto a la urgente necesidad de restituir a la Policía Nacional el carácter de custodio de los derechos de los ciudadanos, tarea en la cual ya está abocado el Gobierno. La Comisión Interamericana pudo observar las difíciles condiciones en que la población penal cumple su privación de la libertad y tomó nota con satisfacción de las más altas autoridades penitenciarias el compromiso de trabajar por el mejoramiento de las condiciones carcelarias. La Comisión fue informada, asimismo, sobre recientes medidas adoptadas con respecto a los penales de la ciudad de Lima, en especial la referida a la declaración del estado de emergencia en los mismos y al consiguiente sometimiento a la autoridad del Comando Político MIlitar, lo cual conlleva serios riesgos a la luz de la experiencia reciente del Perú. También escuchó con atención los planteos referidos a los eventuales efectos de la información recientemente publicada por diversos medios de prensa sobre inexistentes amotinamientos o conflictos. La Comisión ha tomado debida nota del compromiso expresado por altas autoridades del sistema penal de garantizar los derechos fundamentales de la población penal, dentro del clima de orden y respeto que debe garantizar a todo sistema penitenciario. La Comisión espera asimismo, que se garantice a cabalidad el ejercicio del derecho a la defensa y las actividades que en tal sentido cumplan los abogados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos finaliza hoy su visita, la que será continuada con otras visitas de seguimiento en el futuro cercano. Desea expresar en esta oportunidad su especial agradecimiento a las personas e instituciones que dedicaron su tiempo a presentar los problemas referidos al quehacer de la Comisión. También desea expresar su reconocimiento al Gobierno del Perú por las facilidades brindadas para que la Comisión pudiese desarrollar las actividades que ha cumplido. La Comisión está convencida de contribuir con sus actividades al fortalecimiento de la democracia en el Perú que, como ha sido repetidamente señalado, constituye el régimen que mejor garantiza el ejercicio de los derechos humanos. Lima, 31 de octubre de 1991
COMUNICADO DE PRENSA El 21 de noviembre de 1991 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reunida en su sede en Washington, D.C., analizó con profunda preocupación informes sobre la situación de los derechos humanos en Haití, según los cuales, la misma se ha venido deteriorando desde el golpe de Estado del 29 de septiembre de 1991, y ha provocado, hasta la fecha, la pérdida de más de 1500 vidas humanas. La Comisión ha sido informada, asimismo, de la represión que están sufriendo algunos sectores de la población haitiana, en particular de aquellos que simpatizan con el legítimo Presidente Jean Bertrand Aristide, por parte de autoridades de facto. Igualmente, se sabe que toda protesta o manifestación de disentimiento contra las actuales autoridades han sido reprimidas, dando como resultado un gran número de muertos y heridos. Las denuncias presentadas ante esta Comisión indican numerosas detenciones arbitrarias, maltratos, torturas y hostigamientos cometidos por agentes de las Fuerzas Armadas y la Policía en contra de algunos sectores de la población. Asimismo, señalan las repetidas violaciones ejercidas contra los medios de comunicación, a través de la destrucción de equipos de transmisión y de amenazas y muertes de sus periodistas. De igual manera, la Comisión tomó conocimiento, con profunda consternación, el descubrimiento del 12 de noviembre de dos fosas comunes, en donde se encontraron 60 cadáveres de hombres, mujeres y niños. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está firmemente decidida a trasladarse a Haití a fin de investigar sin limitaciones sobre el terreno las graves situaciones denunciadas, entrevistarse con las personas que deseen hacerlo sin temor a sufrir represalias y a viajar al interior del país donde estarían teniendo lugar, según las informaciones recibidas, graves violaciones a los derechos humanos. Con tal objeto, la Comisión enviará una misión exploratoria tan pronto existan las condiciones mínimas de operación requeridas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un llamado a todos los organismos no gubernamentales de derechos humanos, particularmente los que operan en Haití, así como a los familiares de las víctimas y en general a todos aquellos que con motivo de esta crisis política hayan sufrido alguna violación de sus garantías individuales, para que trasmitan sus denuncias con el objeto de iniciar la tramitación correspondiente y se establezcan responsabilidades una vez restaurado el Gobierno legítimo de Haití. La Comisión desea señalar, que independientemente de la situación política imperante en un Estado Parte, no se suspende la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En consecuencia, la Comisión enfatiza que quienes ejercen el poder en un Estado, aunque sea de facto, están obligados a respetar los derechos individuales reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos desea expresar su esperanza de que las gestiones realizadas por la Misión Civil de la OEA, en el sentido de lograr una negociación política que evite una confrontación violenta, se alcance a la brevedad posible. Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un llamado a las autoridades de facto de Haití y particularmente a las Fuerzas Armadas para que cesen en la represión y sistemática violación de los derechos humanos cuyas víctimas es el noble pueblo haitiano y restituyan a la brevedad posible la total vigencia de las instituciones democráticas previstas por la Constitución, en el marco del respeto a los derechos y garantías reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Washington, D.C., 21 de noviembre de 1991
COMUNICADO DE PRENSA En el día de hoy fue elegida la nueva Mesa Directiva de la Comisión. Por unanimidad fue electo Presidente el doctor Marco Tulio Bruni Celli. El doctor Bruni Celli es un reconocido abogado y legislador venezolano, Embajador de su país ante diversos organismos especializados de las Naciones Unidas en Ginebra. Ha sido Director General del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela y actualmente se desempeña como Diputado en el Congreso de su país. Profesor universitario, ha publicado diversos libros y ensayos sobre temas políticos y sociales. Es miembro de la CIDH desde 1986. El doctor Oscar Luján Fappiano fue elegido Primer Vicepresidente. El doctor Luján Fappiano, de nacionalidad argentina es un distinguido jurista, profesor universitario y ha tenido un ejercicio activo en su profesión en los foros de la Capital Federal, Provincias de Buenos Aires y Formosa. Ha participado en diversos congresos y jornada sobre derecho procesal en la República Argentina y ha conformado diversas comisiones redactoras de varias leyes sobre el menor, procedimiento laboral y sobre funcionarios y magistrados judiciales. Se ha desempeñado como consultor sobre varios proyectos de reformas legales. El doctor Luján Fappiano es asimismo autor de varios trabajos y artículos sobre diversos temas relacionados con las leyes nacionales de su país, así como con la cooperación internacional. El doctor Michael Reisman fue elegido como Segundo Vicepresidente. El doctor Reisman, de nacionalidad estadounidense, es un destacado jurista en derecho internacional y ha participado en diversas sesiones, entre ellas miembro del Consejo de Derechos Humanos, Peshawar, Pakistán, en 1987 y miembro del Equipo Observador de la OEA para las elecciones de Suriname también en 1987. El doctor Reisman posee una amplia experiencia profesional y se ha desempeñado como consultor. Ha escrito varios libros, análisis y estudios sobre la problemática de derechos humanos a nivel internacional. El doctor Reisman es miembro de la CIDH desde 1990. Actualmente se desempeña como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale. Washington, D.C., 3 de febrero de 1991
COMUNICADO DE PRENSA El 14 de febrero de 1992 concluyó el 81º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que eligió su nueva mesa directiva, de la siguiente manera: doctor Marco Tulio Bruni Celli, Presidente; doctores Oscar Luján Fappiano y Michael Reisman, Primero y Segundo Vicepresidentes respecti-vamente. Los demás miembros de la Comisión son el Embajador Oliver Jackman, doctores Leo Valladares Lanza, Patrick Robinson y Alvaro Tirado Mejía. En el curso de sus deliberaciones la Comisión consideró y aprobó el Informe Anual que será presentado a la próxima Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Respondiendo a la invitación formulada por el Gobierno de Colombia, la Comisión decidió realizar una visita in loco a ese país, en el curso de la primera semana del mes de mayo. La Comisión tomó nota y acordó hacer pública su profunda satisfacción por los acuerdos logrados con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas entre el Gobierno y los grupos insurgentes en El Salvador. Los acuerdos de paz constituyen un extraordinario logro en la creación de condiciones apropiadas para la salvaguarda de los derechos humanos y de las libertades del pueblo salvadoreño. La Comisión espera que esta nueva situación facilite una estrecha y renovada cooperación entre el Gobierno salvadoreño y la CIDH en el cumplimiento de las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que El Salvador es Estado Parte. La CIDH autorizó a su Presidente para reiterarle oficialmente al Gobierno de Guatemala su solicitud de anuencia para cumplir una visita in loco entre el 27 de abril y el 1º de mayo de este año, con el propósito de observar la situación general de los derechos humanos en ese país. Acordó, asimismo, solicitar al Gobierno de Guatemala medidas cautelares con respecto a la seguridad personal e integridad física de doce personas, miembros del Consejo de Comunidades Etnicas Runujel Junam (CERJ), familiares de ellos, y funcionarios judiciales, actores o investigadores en casos relacionados con los asesinatos de que han sido víctima integrantes de organismos de derechos humanos en Chunimá. La Comisión recibió amplia información de la misión especial integrada por dos de sus miembros y personal de Secretaría que viajó a Haití del 4 al 7 de diciembre de 1991 en visita exploratoria. Al respecto decidió continuar observando la situación y efectuar una nueva visita in loco lo más pronto posible con el objeto de informar a los órganos políticos de la grave situación de los derechos humanos en ese país. Dentro de esta misma materia, la Comisión analizó con preocupación la situación de los "boat people", es decir de los ciudadanos haitianos que están siendo devueltos a Haití particularmente desde la base de Guantánamo, y en tal sentido pidió a su Presidente dirigir una comunicación al Secretario de Estado de los Estados Unidos de América solicitándole, por razones humanitarias, la suspensión de las devoluciones de ciudadanos haitianos a su país, mientras persistan las ya conocidas condiciones de inseguridad y de sistemática violación de derechos humanos en ese país. La Comisión autorizó al Presidente a dirigir una comunicación al Gobierno de Honduras manifestándole su preocupación y solicitándole el rápido y pronto cumplimiento de la sentencia del 17 de agosto de 1990, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos referente a los casos Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz. En el curso de las deliberaciones, se acordó remitir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la demanda contra el Gobierno del Perú sobre los hechos ocurridos a partir del 14 de mayo de 1988 en el distrito de Cayara, Departamento de Ayacucho. La Comisión aceptó la invitación del Gobierno de Nicaragua para realizar una visita in loco a ese país durante el mes de abril, en la que tendrá oportunidad de conocer la situación general de los derechos humanos, especial-mente la derivada del clima de inseguridad a que se han visto sometidos algunos sectores, así como las graves irregularidades cometidas en violación al derecho de propiedad, asuntos estos que representan serios obstáculos para que el Gobierno pueda garantizar el clima de libertades de que hoy goza el pueblo de Nicaragua. En el caso de Panamá, la Comisión estudió especialmente los problemas relativos al Poder Judicial con referencia a la independencia y estabilidad de los jueces y a las dificultades para el goce de las garantías y de la protección judicial de los procesados. Al respecto consideró el caso de los retardos y dificultades en los juicios a que han sido sometidos civiles y militares detenidos con ocasión de los acontecimientos de diciembre de 1989, habiendo reiterado asimismo su solicitud, por razones humanitarias, de trato especial a un procesado afectado por una grave dolencia cardíaca. La Comisión tomó nota con satisfacción de la celebración el pasado 25 de mayo de las elecciones en Suriname que vinieron a resolver la grave crisis política surgida del golpe de Estado de diciembre de 1990. Manifiesta sin embargo su preocupación porque aún no se han resuelto un importante número de casos en donde se denuncian violaciones individuales de derechos humanos, especialmente entre Cimarrones y Amerindios. Manifestó igualmente su satisfacción por las informaciones de que un proyecto de reforma constitucional en marcha fortalecerá al poder civil y evitará que en el futuro se produzcan intervenciones militares como la que interrumpió el proceso democrático en ese país en 1990. La Comisión analizó el informe que le fue presentado en relación con las deportaciones colectivas de haitianos por parte del Gobierno de la República Dominicana, habiendo decidido incluirlo como capítulo especial de su Informe Anual a la Asamblea General. La urgente necesidad de avanzar hacia la democratización y el respeto de los derechos y libertades fundamentales en Cuba, requiere que el Gobierno de ese país anuncie y ponga en práctica una apertura política. La Comisión manifiesta una vez más su disposición, con la ayuda de la comunidad interamericana, a contribuir a esas condiciones para que el pueblo cubano pueda también sin los altos costos de la violencia alcanzar un régimen democrático y el pleno goce de los derechos humanos. Hace de nuevo un llamado al Gobierno cubano para que permita el libre juego de las opiniones y el restablecimiento pleno del estado de derecho. En el curso de sus deliberaciones, la Comisión recibió en audiencia a los representantes legales de los peticionarios de varios casos argentinos y a los representantes del Gobierno, habiendo tomado nota de su favorable resolución mediante la Ley 24043 del 23 de diciembre de 1991, que otorga beneficios a las personas que habían sido detenidas a disposición del Poder Ejecutivo durante el régimen militar surgido del derrocamiento del gobierno constitucional en 1976. En esa audiencia, el Gobierno hizo entrega a la Comisión de todos los documentos en los que se autoriza el pago de las compensaciones correspondientes a los peticionarios. Es importante destacar que es el primer arreglo de solución amistosa a que se arriva durante la existencia de la Comisión y la predisposición favorable de ambas partes. Teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los menores en muchos países del hemisferio, así como los informes presentados por los Estados miembros de la OEA en esta materia, la Comisión decidió recomendar a dichos Estados que tomen las medidas necesarias a nivel interno como mediante la cooperación internacional, a fin de garantizar la observancia de los derechos de los niños de conformidad con los principios establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño. En este mismo orden de ideas, también fueron objeto de detallado estudio por la Comisión los derechos económicos, sociales y culturales y en especial los derechos de los pueblos indígenas, dentro de la actual discusión y análisis de un proyecto de instrumento internacional americano sobre la materia. En este sentido, la Comisión ha iniciado ya una amplia consulta con todos los gobiernos de los países miembros y con participación de las organizaciones indígenas, en base a un cuestionario que fue aprobado en el curso de este período de sesiones. La Comisión manifestó su preocupación ante las nuevas amenazas a los gobiernos democráticos del continente y repudió el cruento intento de golpe de Estado en Venezuela. Ratificó su tesis de que la democracia es el ambiente propicio para la plena realización de los derechos humanos y de que uno de los derechos fundamentales, del cual depende el cumplimiento de todos los demás, es el respeto a la voluntad popular que sólo se logra cuando existe la efectiva subordinación del aparato militar al poder civil. Washington, D.C., 14 de febrero de 1992 |
