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COMUNICADO DE PRENSA N° 8/96 El día de hoy, 3 de mayo de 1996, concluyó el 92° Período Extraordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que participaron su Presidente, Decano Claudio Grossman, el Primer Vicepresidente, Embajador John Donaldson, el segundo Vicepresidente, Dr. Carlos Ayala Corao, y los miembros, doctores Alvaro Tirado Mejía, Oscar Luján Fappiano, Robert Goldman y Jean Joseph Exume . Al iniciar este período de sesiones, la Comisión dio la bienvenida a su nuevo Secretario Ejecutivo, el distinguido diplomático argentino, Embajador Jorge Enrique Taiana, y expresó su confianza en que contribuirá al fortalecimiento y desarrollo del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. La Comisión, considerando que no podía permanecer ajena a los recientes acontecimientos que pusieron en peligro la estabilidad democrática del Paraguay, envió una nota al Presidente de ese Estado miembro, Juan Carlos Wasmosy, en la cual expresó su condena a los intentos desestabilizadores y su satisfacción por el proceso de rechazo de los mismos. Al respecto manifestó que la solución alcanzada ha ratificado el respeto a la libre expresión de la voluntad popular en ese país y constituye un avance trascendental en la consolidación de la democracia en el hemisferio. Por otra parte, la Comisión envió una nota al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, en la que le expresó su solidaridad ante el secuestro de su hermano, el señor Juan Carlos Gaviria Trujillo, y condenó este repudiable crimen. Al mismo tiempo que deploró lo acontecido e hizo votos por un feliz desenlace de la situación, la Comisión se puso a disposición del Secretario General y su familia para prestar toda la colaboración que esté a su alcance en relación con este lamentable hecho. La Comisión se reunió también con el Secretario General e intercambió opiniones con respecto a la celebración de una Reunión de Expertos sobre el Futuro del Sistema Regional de Protección y Promoción de los Derechos Humanos. Dicha reunión utilizará la experiencia acumulada por los órganos y usuarios del sistema, con el objeto de identificar consensos sobre las posibles reformas del mismo y formular propuestas concretas dirigidas a aumentar su efectividad. Una vez analizados los resultados obtenidos, la Comisión informará sobre éstos al Secretario General y al Consejo Permanente de la Organización. El Secretario General manifestó su decidido apoyo a esta actividad y formuló sugerencias extremadamente valiosas al respecto. La fecha de la reunión se fijó, en principio, para los días 4, 5 y 6 de diciembre de 1996. En el curso de sus sesiones y, dentro del mismo contexto, la Comisión consideró el documento titulado "Proyecto de Programa para la Reunión de Expertos". Al respecto intercambió opiniones sobre la metodología a utilizarse, que consistirá en una combinación de métodos diversos, entre los que se incluirán presentaciones, mesas redondas y debates generales. Elaboró, igualmente, el temario de la reunión, que comprende, entre otros temas: la compatibilidad entre los sistemas internos y el sistema internacional, entre el Derecho Interno y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y entre el Derecho Interno y el Derecho Internacional Humanitario. Incluye, igualmente, el tema relacionado con las prácticas contrarias a los instrumentos internacionales y las formas de promoción de los derechos humanos (cursos de adiestramiento sobre derechos humanos, seminarios, publicaciones, etc.). Otros temas a incluirse serán la experiencia de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, enfocada al futuro del sistema, los aspectos operacionales, administrativos y presupuestarios, y los procedimientos que se siguen en los órganos del sistema. La Comisión decidió intensificar el proceso de consultas que viene realizando sobre el borrador aprobado de la Declaración Interamericana de Derechos de los Pueblos Indígenas. Además de auspiciar las distintas reuniones que se están realizando y programando en varios países miembros en torno a este tema, la CIDH ha hecho accesible el mencionado borrador a través de libros, publicaciones e INTERNET (http//WWW. OAS.org). Previo consentimiento de los autores, también hará accesible, por estos medios, las respuestas que está recibiendo. El Instituto Indigenista Interamericano y la Unidad para la Promoción de la Democracia de la OEA colaborarán en el proceso de consultas. La Comisión consideró, igualmente, el tema relativo al "Cuestionario sobre la Condición de la Mujer en las Américas", avanzó en el proceso de aprobación del mismo y decidió enviarlo a los Estados miembros dentro de un mes. Además, la Comisión acordó empezar a considerar el tema de los trabajadores migrantes en el Hemisferio, con miras a preparar un informe sobre la materia. La CIDH reflexionó sobre las visitas recientemente efectuadas a República Dominicana y a la prisión de Allenwood, en el Estado de Pennsylvania. Además, finalizó los preparativos de visitas in loco que realizará en los próximos meses, por invitación de los Gobiernos de Venezuela, con el propósito de observar la situación del sistema penitenciario, y de México, en relación con la situación de los derechos humanos en ese país. Asimismo, consideró la posibilidad de efectuar futuras visitas in loco a otros Estados miembros y solicitar de parte de éstos, en su oportunidad, las correspondientes anuencias. Con respecto a la visita a México, la Comisión celebró una reunión muy positiva con la Representante Permanente de México ante la OEA, Embajadora Carmen Moreno de Del Cueto, y con personal de la Representación Permanente de ese Estado miembro ante la OEA, durante la cual se intercambiaron valiosas opiniones con respecto a la visita que se realizará del 14 al 24 de julio del presente año. En el actual período de sesiones, además de los diversos asuntos anteriormente mencionados, la Comisión puso énfasis en el estudio de casos individuales, cuya tramitación expedita es uno de los temas en el cual está empeñada la Comisión para responder a las crecientes demandas de una nueva situación hemisférica caracterizada por gobiernos democráticos, que reclama una adecuación jurídica, conceptual y operativa de las labores del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por último, en este período de sesiones el Presidente de la CIDH, Decano Claudio Grossman, presentó el Informe Anual de este órgano ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente. La CIDH expresa su satisfacción por la excelente acogida que los gobiernos de los Estados miembros han dado a dicho informe. Asimismo, la CIDH valora la reacción positiva de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos con respecto a su iniciativa de convocar a la Reunión de Expertos sobre el futuro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Washington, D.C., 3 de mayo de 1996
COMUNICADO DE PRENSA El día de hoy, 13 de mayo de 1996, se inicia la visita que, por invitación del Gobierno de Venezuela, realiza el Grupo de Trabajo sobre Prisiones y Condiciones Carcelarias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objeto de observar la situación penitenciaria en el país. Esta visita de observación es la primera que realiza la Comisión a Venezuela desde su creación en 1959. El Grupo de Trabajo está integrado por el Primer Vice Presidente, Embajador John S. Donaldson, y el Comisionado Jean Joseph Exumé. Los Comisionados serán asistidos durante esta visita por el Secretario Ejecutivo Adjunto, Dr. David Padilla, y por los abogados Milton Castillo, Bertha Santoscoy, y Relinda Eddie. Como personal de apoyo administrativo actuarán las señoras Tania Hernández y Blanca Cáceres. La CIDH es uno de los órganos principales de la Organización de los Estados Americanos que se encarga de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en el hemisferio, y de servir de órgano consultivo en la materia. Los siete miembros de la Comisión son elegidos a título personal por la Asamblea General de la OEA, por un período de cuatro años, y representan a todos los Estados miembros. Las atribuciones de la Comisión derivan fundamentalmente de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento internacional ratificado por Venezuela el 9 de agosto de 1977. Durante su estadía en Venezuela, el Grupo de Trabajo de la Comisión se entrevistará con autoridades del Gobierno, representantes del Congreso de la República y del Poder Judicial, con organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos, con expertos del sistema penitenciario, y con los presos y sus familiares. La CIDH ha considerado necesario trasladarse al interior del país, por lo cual viajará a Ciudad Bolívar el 14 de mayo, y a Valencia y Maracaibo el 15 de mayo de 1996. La visita de la Comisión se realiza en el marco de las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y de conformidad con las normas reglamentarias de la misma. De acuerdo con el Reglamento de la CIDH, los gobiernos se comprometen a otorgar todas las facilidades necesarias para que la Comisión pueda llevar a cabo su misión y en particular se comprometen a no tomar represalias de ningún orden en contra de las personas o entidades que hayan cooperado con ella, proporcionándoles informaciones o testimonios La Comisión agradece la cooperación que ha tenido del Gobierno de Venezuela, de las organizaciones no gubernamentales y de personalidades e instituciones de la sociedad civil en la preparación de esta visita. Al término de la visita, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitirá un Comunicado de Prensa. Caracas, 13 de mayo de 1996
COMUNICADO DE PRENSA El día de hoy, 17 de mayo de 1996, finalizó la visita que por invitación del Gobierno de Venezuela realizó el Grupo de Trabajo sobre Prisiones y Condiciones Carcelarias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objeto de observar la situación penitenciaria en el país. Participaron en la visita el Primer Vice Presidente de la Comisión, Embajador señor John S. Donaldson, y el Comisionado Jean Joseph Exumé. Los Comisionados estuvieron asistidos por el Secretario Ejecutivo Adjunto, Dr. David Padilla, y por los abogados Milton Castillo, Bertha Santoscoy, y Relinda Eddie. La Comisión contó con el apoyo administrativo de las señoras Tania Hernández y Blanca Cáceres. Con el objeto de cumplir su programa de observación de las prisiones, la Comisión se dividió en dos grupos. El primer grupo visitó el Retén e Internado Judicial de Catia (Caracas), Internado Judicial Capital "El Rodeo" (Estado Miranda), el Centro de Atención Inmediata de Menores "Carolina Uslar" (Caracas), y el Centro Penitenciario de Carabobo (Estado Carabobo). El segundo grupo visitó el Centro de Reeducación El Paraíso "La Planta" (Caracas), y la Cárcel Nacional de Maracaibo "Sabaneta" (Estado Zulia). En Caracas el Grupo de Trabajo de la CIDH se reunió con el Presidente de la República, Dr. Rafael Caldera; con el Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Miguel Angel Burelli Rivas; con el Ministro de la Secretaría de la Presidencia, Dr. Asdrúbal Aguiar Aranguren; con el Ministro de Justicia, Dr. Henrique Meier; con la Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dra. Cecilia Sosa Gómez; con el Fiscal General de la República, Dr. Iván Darío Badell; con el Director de Prisiones del Ministerio de Justicia, Dr. Antonio Marval; con el Director General Sectorial de Defensa, Dr. Arturo Ruiz Araujo; con el Presidente del Consejo de la Judicatura, Dr. Alberto Pérez Marcano; con la Directora de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, Dra. Celia Márquez de Viete; con el Presidente de la Sub-Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, Diputado Vladimir Villegas; con el Presidente de la Sub-Comisión Especial de Hacinamiento Carcelario del Congreso, Diputado Rafael Narváez; con el Director del Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios (IUNEP), Dr. Elio Gómez Grillo; con el Dr. Héctor Faundez Ledesma, Profesor de la Universidad Central de Venezuela; y con la Dra. Mana Gracia Morais de Guerrero, experta en el sistema penitenciario. El Grupo de Trabajo de la Comisión también sostuvo reuniones con los respectivos directores de las diferentes cárceles que visitó. Así, por ejemplo, se entrevistó con el Director del Retén e Internado Judicial de Catia, Sr. Irving Betancourt Coello; con el Director del Centro de Reeducación El Paraíso "La Planta", Sr. Henry Andrade Villegas; con el Director del Internado Judicial Capital "El Rodeo", Sr. Tirso Meza Nuñez; con la Directora del Centro de Atención Inmediata de Menores "Carolina Uslar", Lic . Hellen Ruiz; con el Director del Centro Penitenciario de Carabobo, Sr. Juan Felipe Zamora; y con el Director de la Cárcel Nacional de Maracaibo "Sabaneta", Sr. Oscar Luis Castillo. Cabe señalar, asimismo, que la Comisión recibió los testimonios de alqunos presos de cada una de dichas prisiones. Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunió con las siguientes organizaciones no gubernamentales: Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo ( COFAVIC ), Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Provea, Vicaría del Arzobispado de Caracas, Secorve, Voluntarios de Trabajo en Establecimientos Penitenciarios de la UCAB, Justicia y Paz de Petare, y la Federación Nacional de Derechos Humanos. La intensa labor de observación realizada por el Grupo de Trabajo de la CIDH durante esta visita y los diversos contactos efectuados durante la misma, han permitido obtener una visión general sobre la compleja y delicada situación penitenciaria en Venezuela. El Grupo de Trabajo recopiló además valiosa información que le será de utilidad en el informe que elaborará sobre las prisiones y condiciones carcelarias del hemisferio. La compleja y difícil situación que vive la población carcelaria en las diferentes prisiones del país fue constatada por el Grupo de Trabajo de los diversos testimonios que recogió de los internos, y de la información proporcionada por las organizaciones de derechos humanos, así como de representantes de la sociedad civil. Los problemas más comunes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha podido identificar en las prisiones visitadas son los siguientes:
El Grupo de Trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe manifestar --sin perjuicio del análisis detallado que realizará oportunamente--, que un poder judicial eficaz es requisito esencial de un sistema moderno de democracia. Tal como lo dispone la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Venezuela es Estado parte, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido, y efectivo, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley, o la propia Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúan en ejercicio de sus funciones oficiales. Los Estados, por su parte, se comprometen a garantizar el ejercicio de ese recurso. La Comisión ha observado que existen dificultades en la administración de justicia para que una causa sea sustanciada dentro de un plazo razonable; de ahí la existencia de un elevado número de internos que se encuentran en espera de un juicio ya sea para ser absueltos o condenados, según sea el caso. Ademas de las demoras que puedan atribuirse al Poder Judicial, también se generan retrasos debido a la falta de un número suficiente de tribunales; falta de transporte y un sistema en el cual los prisioneros tienen que pagar para ser llevados a los tribunales; retraso en el acceso a los documentos probatorios; demoras en la instrucción policial a cargo de la Policía Técnica Judicial (PTJ); y múltiples procedimientos ante los tribunales de justicia. La Delegación de la Comisión pudo constatar, asimismo, lo manifestado por sus autoridades en el sentido de que hay un deterioro generalizado en los establecimientos penitenciarios. La sobrepoblación carcelaria asume características graves, con internos hacinados en lugares insalubres. Los servicios de atención médica son deficientes. Por otra parte, se ha comprobado la existencia de presos con derecho de traslado a regímenes carcelarios más abiertos que no pueden ser cambiados ya sea por falta de espacio en los establecimientos correspondientes o porque las autoridades de los otros Estados no acceden a dicho traslado. Otra de las cuestiones que preocupa al grupo de trabajo de la CIDH es la vigencia de la Ley sobre Vagos y Maleantes, y las consecuencias que conlleva su aplicación. Según las informaciones proporcionadas, dicha norma contiene una serie de disposiciones que establecen medidas de seguridad a sujetos considerados "peligrosos" en condiciones pre-delictuales. Dicha ley otorga competencia a los órganos administrativos --Prefecturas, Gobernaciones, y Ministerio de Justicia-- para aplicar medidas restrictivas de la libertad individual. Dichas medidas pueden ir desde una amonestación hasta la privación de la libertad en una cárcel, por un promedio que se puede extender hasta diez años. El procedimiento obliga al detenido a defenderse de los cargos imputados en el mismo momento en que éstos le son informados, sin asistencia de abogados, teniendo luego un plazo de tres días para promover y evacuar todas las pruebas en su descargo, sin que pueda luego promover otras y estando mientras dure el proceso bajo detención preventiva. Según la información proporcionada por el Gobierno de Venezuela, algunos recursos han sido destinados a mejorar el entrenamiento del personal que trabaja en los centros de reclusión, gracias al aporte de algunos organismos financieros multilaterales del hemisferio. En ese sentido, la Delegación del Grupo de Trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desea apoyar la iniciativa de cooperación financiera proveniente de la comunidad internacional a fin de considerar proyectos de financiación para reformar el sistema penitenciario, mejorar sus condiciones, y lograr su desarrollo en Venezuela y en otros países del hemisferio. Asimismo, el Grupo de Trabajo de la Comisión Interamericana ha tomado debida nota del compromiso expresado por las altas autoridades del sistema penal de garantizar los derechos fundamentales de la población carcelaria, dentro de un clima de orden y respeto que debe garantizar a todo sistema penitenciario. La Delegación observa con satisfacción que el Ministro de Justicia ha manifestado la intención de tomar una serie de iniciativas con el objeto de reorganizar internamente el sistema de administración de las prisiones a fin de reducir la pérdida de vidas humanas, realizando una rápida intervención e investigación en las situaciones de violencia que se generan al interior de los penales. Otra de las iniciativas formuladas por el señor Ministro incluye una propuesta del Presidente de la República de perdonar a todos los procesados cuyas penas máximas excederían la que probablemente le sería aplicada bajo la legislación vigente. Asimismo, un incremento de las actividades de recreo, cultura, educación, y la construcción de bibliotecas; la creación de una industria manufacturera para fabricar pupitres escolares en un acuerdo de cooperación. El Grupo de Trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda a las autoridades correspondientes aplicar las normas internacionales de derechos humanos, y la adopción de medidas urgentes para superar la dramática situación que pudo comprobar en esta visita. Dentro de este contexto, la Delegación de la Comisión manifiesta su deseo de colaborar con el Gobierno de Venezuela dentro del marco de su competencia, a fin de contribuir al fortalecimiento de los mecanismos internos e internacionales para el mejoramiento de la situación penitenciaria del país. La Comisión desea expresar su reconocimiento al Gobierno de Venezuela en la persona de su Presidente, Dr. Rafael Caldera; al Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Miguel Angel Burelli Rivas; al Ministro de Justicia, Dr. Henrique Meier y a las demás autoridades gubernamentales y estatales por la hospitalidad, facilidades y cooperación brindadas para la realización de esta visita, así como a las organizaciones no gubernamentales y particulares, que en forma franca y transparente contribuyeron con sus valiosos testimonios al eficaz cumplimiento de esta misión. Caracas, 17 de mayo de 1996
COMUNICADO DE PRENSA Con profundo pesar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite el siguiente comunicado: Fernando Volio Jiménez, distinguido jurista costarricense, falleció a consecuencia de un paro cardíaco el martes 21 de mayo de 1996, en su hogar en San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica, a los 71 años de edad. Entre los diversos e importantes cargos que ocupó en el transcurso de su vida, el Dr. Volio Jiménez dejó una marca indeleble en el campo de los derechos humanos. Fue miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos durante tres años. En años recientes, el Dr. Volio Jiménez se desempeñó como Rector de la Universidad de La Salle y durante muchos años llevó a cabo labores docentes en diversas universidades de Costa Rica. En el campo de la diplomacia, desempeñó diferentes cargos públicos, entre ellos el de Ministro de Relaciones Exteriores. También fue Miembro y Secretario de la Delegación de Costa Rica a la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, que puso en marcha la Secretaría General de la Organización de Estados de Centroamérica (ODECA), en Antigua, Guatemala. El Dr. Volio Jiménez fue Embajador Representante Permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas, Vicepresidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y Miembro de la Comisión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas para la reforma a la Carta. Así también, el Dr. Volio Jiménez recibió diferentes honores, entre ellos el de Presidente Honorario Vitalicio de la Asociación de Obras Literarias, Artísticas y Científicas de Costa Rica, y Comendador de la Orden Isabel La Católica de España, entre otros. Además de su esposa, doña María Luisa Echeverría Casoria, lo sobreviven cuatro hijos. Washington, D.C., 23 de mayo de 1996
COMUNICADO DE PRENSA LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS AMPLÍA LA Debido al interés suscitado por la futura Declaración Interamericana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está a cargo de su preparación, ha decidido ampliar el período de consulta con gobiernos y entidades indígenas hasta el 30 de noviembre del presente año y revisarlo, en base a esa consulta, para su posterior consideración por la Asamblea General de la OEA en 1997. Desde la aprobación del Borrador, en octubre de 1995, se han concretado ya numerosas actividades de consulta sobre el mismo, que contienen propuestas referentes a derechos humanos, culturales, organizativos y políticos, y económicos de los pueblos indígenas de las Américas. Se solicitaron comentarios a los gobiernos y a más de doscientas organizaciones indígenas. Como resultado de ello numerosos pueblos indígenas han discutido y analizado el texto borrador en sus asambleas y reuniones comunitarias. A nivel internacional el borrador fue analizado en reuniones con líderes indígenas y expertos gubernamentales en la Reunión Mundial de Pueblos Indígenas realizada en Arequipa, Perú en octubre de 1995; en un Seminario del "Canadian Bar Association" en Ottawa en ese mismo mes; en la reunión internacional especialmente dedicada a la Declaración Interamericana organizada por la Fundación Canadiense para América Latina y el Caribe (FOCAL) en Montreal, Canadá, en febrero de 1996; en una reunión especial en Guatemala organizada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en febrero de 1996; y en mayo de 1996 en Denver, Colorado, organizada por el Consejo de Recursos Energéticos Tribales (CERT), con representantes de 134 organizaciones indígenas de Estados Unidos y Canadá. El borrador de Declaración ha tenido amplia difusión, además de su publicación en libros y revistas especializadas de América y Europa; es accesible electrónicamente en INTERNET (www.oas.org). Asimismo, y con el consentimiento de los autores, la CIDH hará públicos los comentarios que reciba de gobiernos e instituciones indígenas, algunos de los cuales ya han entregado sus comentarios. La CIDH ha decidido también alentar y auspiciar, en la medida de sus recursos, distintas consultas regionales y nacionales que se realizarán durante 1996 por organismos gubernamentales e indígenas con el objeto de hacer conocer y analizar los alcances de la futura Declaración y de preparar comentarios al borrador. Con tal fin contará con la colaboración del Instituto Indigenista Interamericano y de la Unidad para la Promoción de la Democracia de la OEA. Washington, D.C., 28 de mayo de 1996
COMUNICADO DE PRENSA La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha tomado conocimiento de un comunicado emitido en Colombia el 28 de mayo de 1996, atribuido al grupo que mantiene secuestrado a Juan Carlos Gaviria y en el cual se amenaza que se procederá a su "ajusticiamiento" de no darse cumplimiento a una serie de condiciones que plantea ese grupo. Ante ese grave anuncio la CIDH considera imperioso y urgente emitir el presente Comunicado de Prensa, al encontrarse su Mesa Directiva en la ciudad de Panamá durante la celebración, en esta ciudad, del vigésimo sexto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización. Es doctrina reiterada de la Comisión que no existe causa alguna que pueda justificar la "ejecución" de una persona indefensa que se encuentra sujeta al arbitrio total de sus captores. La CIDH ha dado muestras, en forma reiterada, de su vocación y compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos en todo el Hemisferio, y muy especialmente en lo que concierne a derechos tan esenciales como el derecho a la vida y a la integridad personal. La Comisión jamás ha aceptado argumento alguno que se hubiese invocado para justificar la violación de esos derechos. Incluso si se tratase de conflictos armados, tanto de carácter interno como internacional, el Derecho Internacional Humanitario --las Convenciones de Ginebra y sus Protocolos Adicionales-- prohíben, en forma expresa y absoluta, las ejecuciones sumarias. En el mismo sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al referirse a las situaciones de emergencia, establece expresamente que el derecho a la vida tiene carácter absoluto y no admite, por tanto, excepción alguna. Esta protección al derecho a la vida es tan importante que los atentados en su contra ni siquiera pueden justificarse como una medida de represalia frente a violaciones previas cometidas por la otra parte en un conflicto. Para la Comunidad Internacional el no respeto de esta prohibición es una violación grave, un crimen de carácter internacional, en relación al cual hay jurisdicción universal. Este tipo de crímenes no están considerados como de naturaleza política y no dan, por tanto, derecho a asilo y las responsabilidades del caso no prescriben por el paso del tiempo. Las más diversas corrientes de pensamiento han concurrido con esta doctrina jurídica y ética que, incluso en situaciones de conflicto, expresa un reconocimiento a valores esenciales de respeto a la dignidad humana. La Comisión, con absoluta independencia y objetividad, ha expresado esa misma posición en forma constante, coherente y uniforme, tanto tratándose de los gobiernos del hemisferio como, cuando era del caso, con referencia a la acción de grupos no estatales. Ello ha ocurrido, como es de conocimiento público, en situaciones que se han producido en diversos Estados miembros de la Organización, incluido Colombia. Cualesquiera fueren las motivaciones que pudiesen invocarse, e independientemente de las consideraciones de justicia o injusticia en que el grupo que mantiene secuestrado al señor Juan Carlos Gaviria fundamenta su actuación, de acuerdo con las normas y con los principios que inspiran al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, el secuestro y la privación de la vida de una persona indefensa no puede justificarse jamás. Con la legitimidad y credibilidad que le da una práctica inclaudicable a favor de los derechos de los individuos es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por medio de este Comunicado, exhorta públicamente al grupo que mantiene secuestrado a don Juan Carlos Gaviria, a que respete su vida e integridad personal. Ciudad de Panamá, 3 de junio de 1996
COMUNICADO DE PRENSA Nº 14/96 La CIDH atribuye un significado e importancia especial a esta visita en virtud de ser la primera que realiza a México. La CIDH durante su existencia ha efectuado visitas similares a casi todos los Estados miembros de la OEA. La Comisión está integrada por los siguientes miembros: Decano Claudio Grossman (Presidente), Embajador John S. Donaldson (Primer Vicepresidente), Dr. Carlos Ayala Corao (Segundo Vicepresidente), Dr . Oscar Luján Fappiano, Embajador Alvaro Tirado Mejía, Dr. Jean Joseph Exumé y Profesor Robert Goldman. Los siete miembros de la Comisión son elegidos por la Asamblea General de la OEA por un período de cuatro años, en calidad de expertos independientes y representan a todos los Estados miembros de la Organización. Durante esta visita la CIDH contará con el apoyo técnico del Secretario Ejecutivo de la Comisión, Embajador Jorge E. Taiana, de los Secretarios Ejecutivos Adjuntos Dres. Domingo E. Acevedo y David Padilla y de los abogados Osvaldo Kreimer e Ibrahim García, así como de las señoras Rosario McIntyre, Martha Keller y Tania Hernández, como personal administrativo de apoyo. La CIDH, uno de los órganos principales a través de los cuales la Organización de los Estados Americanos cumple sus funciones, tiene, entre otras funciones, la de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en el hemisferio y de servir de órgano consultivo en la materia. Las atribuciones de la Comisión derivan fundamentalmente de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este último instrumento fue ratificado por México el 3 de abril de 1982. La visita de la Comisión se realiza en el marco de las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de conformidad con lo dispuesto por las normas reglamentarias de la Comisión. De acuerdo con dichas normas, los gobiernos al invitar a una observación in loco, como en este caso, otorgan todas las facilidades necesarias para que la Comisión pueda llevar a cabo su misión. La CIDH en su visita, que se extenderá hasta el 24 de julio, se entrevistará con el señor Presidente de la República y altas autoridades del Gobierno Federal, incluyendo el Secretario de Relaciones Exteriores, autoridades del Poder Judicial, representantes del Congreso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, autoridades del Tribunal Federal Electoral y de los Estados de Chiapas, Guerrero y Baja California, dignatarios eclesiásticos, dirigentes políticos, representantes de medios de comunicación social, y de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Como es habitual en estas visitas, la Comisión, durante su estadía en México, está dispuesta a recibir quejas de quienes aleguen, directamente o a través de sus representantes, que sus derechos humanos han sido violados. Asimismo recibirá información pertinente de quienes tengan casos en trámite ante la Comisión. Para tal efecto la Comisión dispone de una oficina en el Hotel Crowne Plaza que estará habilitada de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Durante el curso de su visita, la CIDH desarrollará su programa de trabajo en la ciudad de México, D. F., y en los Estados de Chiapas, Guerrero y Baja California, donde se trasladará para celebrar reuniones con autoridades de dichos Estados y con representantes de la sociedad civil. La Comisión desea agradecer al Gobierno de México por la cooperación que ha recibido en la preparación de esta visita por parte de las autoridades del Estado Federal y de los gobiernos estatales, así como de las organizaciones no gubernamentales y personalidades e instituciones de la sociedad civil. Al término de la visita, la Comisión celebrará una Conferencia de Prensa en el Hotel Crowne Plaza, en la ciudad de México D. F. el miércoles 24 de julio de 1996, a las 13:30 horas. México, D.F., 15 de julio de 1996
COMUNICADO DE PRENSA El día de hoy, 24 de julio de 1996, finaliza la visita que, por invitación del Presidente de México, realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objeto de observar la situación de los derechos Humanos en este país. Participaron en la visita todos los miembros de la Comisión: Decano Claudio Grossman (Presidente), Embajador John S. Donaldson (Primer Vicepresidente), Dr. Carlos Ayala Corao (Segundo Vicepresidente), Dr. Oscar Luján Fappiano, Embajador Alvaro Tirado Mejía, Dr. Jean Joseph Exumé y Profesor Robert Kogod Goldman. La Comisión estuvo asistida por el Embajador Jorge E. Taiana, Secretario Ejecutivo, Dr. Domingo E. Acevedo, Secretario Ejecutivo Adjunto, Dr. David J. Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto, Dr. Osvaldo Kreimer, Abogado Especialista Principal y el Lic. Ibrahim García, Abogado Encargado de los Asuntos de México en la Comisión. La Comisión contó con el apoyo administrativo de las secretarias Sras. Rosario McIntyre, Martha Keller y Tania Hernández. Durante la visita, la CIDH se entrevistó con el señor Presidente de la República, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, y con altas autoridades del Gobierno Federal, incluyendo los Secretarios de Relaciones Exteriores, Gobernación y Defensa, Ministros de la Suprema Corte de Justicia, representantes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Instituto Federal Electoral (IFE), y del Tribunal Federal Electoral y de los Estados de Chiapas, Guerrero y Baja California, dignatarios eclesiásticos, dirigentes políticos, empresarios, representantes de medios de comunicación social, y de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Como es habitual en estas visitas, la Comisión recibió quejas de quienes alegaron, directamente o a través de sus representantes, que sus derechos humanos habían sido violados. Durante el curso de su visita la CIDH desarrolló su programa de trabajo en México, D.F., y en los Estados de Chiapas, Guerrero y Baja California adonde se trasladó para reunirse con autoridades de dichos Estados y con representantes de la sociedad civil. La CIDH desea destacar que tuvo amplia libertad para reunirse con quien quisiera, así como para desplazarse a cualquier lugar del territorio que estimara conveniente. El Gobierno de México permitió a la CIDH la realización de su programa, y le extendió en todos los ámbitos la más plena y completa asistencia y cooperación. El vasto programa de entrevistas y visitas realizado permitió a los más diversos sectores de la vida social y política compartir con la CIDH sus visiones sobre la situación de los derechos humanos en México. Además, esta primera visita le ha permitido a la Comisión profundizar su relación con el Estado y la sociedad civil, para continuar trabajando juntos en la tarea permanente de protección y promoción de los derechos humanos. El programa efectuado por la CIDH permitió obtener una apreciación, por ahora, necesariamente preliminar y provisional. La compleja información recibida requerirá un análisis más detallado en la reunión ordinaria que la Comisión celebrará en el mes de octubre del presente año, con el objeto de elaborar un informe especial sobre México. Es importante destacar que, al recibir y tramitar quejas de personas que alegan violaciones a los derechos humanos, la CIDH desempeña funciones cuasi-judiciales. En tales casos, la CIDH se abstiene de efectuar pronunciamientos específicos que prejuzguen sobre el fondo de los casos sometidos a su consideración. Sin perjuicio de lo anterior, en este momento la Comisión adelanta las siguientes consideraciones: A todos los niveles, tanto federales como estatales y locales, en los medios de comunicación y en la sociedad civil en general, la CIDH ha constatado la existencia de un amplio debate sobre el tema de los derechos humanos. La CIDH valora positivamente la presencia de los derechos humanos en la agenda de la sociedad mexicana, dada su importancia para el fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho. El debate sobre los derechos humanos, así como importantes pasos tomados por el Presidente Zedillo, se han traducido en acciones y desarrollos tanto institucionales como no estatales en favor de la promoción y protección de los derechos humanos. La invitación del Gobierno del Presidente Zedillo para que la CIDH visite México por primera vez en los 37 años de su existencia, es un evento histórico que revela la importancia que atribuye el Presidente a los derechos humanos. Al mismo tiempo, es una muestra valiosa de la actitud de apertura del Gobierno al diálogo, a la cooperación y a la crítica con la comunidad internacional. En la invitación vemos también una confirmación del valor universal de los derechos humanos en el marco de obligaciones internacionales libremente asumidas. En el orden interno, la CIDH aprecia el proceso de desarrollo de instituciones y normas dirigidas a promover y proteger los derechos humanos. La CIDH ha observado el trabajo valioso que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La CIDH encuentra muy significativo que más del 60% de las recomendaciones de dicha Comisión sean cumplidas y que haya un debate público de las mismas. La CIDH llama a las Comisiones estatales a inspirarse en el ejemplo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a desarrollar plenamente sus funciones. La CIDH valora la existencia de un debate dirigido a fortalecer la autonomía de las Comisiones de Derechos Humanos tanto nacional como distrital y estatales, a ampliar sus competencias y a alcanzar el cumplimiento pleno de sus recomendaciones. La CIDH ha tomado conocimiento de la iniciativa presidencial para elevar la autonomía constitucional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Las importantes reformas que se han llevado a cabo en el Poder Judicial son reconocidas por la CIDH, particularmente en relación a la administración judicial, la profesionalización de los jueces, el sistema de nombramiento de Ministros de la Suprema Corte de Justicia y los demás jueces, y el establecimiento de la acción de inconstitucionalidad contra leyes. Asimismo pudo constatar que en la agenda de las próximas reformas se han incluido temas importantes para el perfeccionamiento institucional, como es el caso de inclusión de todos los órganos jurisdiccionales en el Poder Judicial, y el control de la constitucionalidad de las leyes electorales federales y estatales. Por la importancia de estos temas para la vigencia del Estado de Derecho, la CIDH continuará observando con interés su desarrollo. La CIDH aprecia el proceso de fortalecimiento de instituciones federales destinadas a perfeccionar el sistema electoral y el libre ejercicio del derecho de sufragio. En este sentido, la CIDH ha conocido de los desarrollos positivos que se han logrado en el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral. En el proceso de alcance de un marco jurídico que garantice plenamente el derecho a votar y a ser elegido, la CIDH aprecia también el debate que existe hoy en México sobre iniciativas dirigidas a fortalecer la independencia y autonomía de los órganos electorales, lograr condiciones equitativas para todos en los procesos electorales, y sujetar las elecciones estatales a principios y normas similares a las que deben imperar en el marco federal. La CIDH continuará dando gran importancia al desarrollo de este proceso --sobre el cual se ha referido en informes específicos desde 1986-- dirigido a la plena realización, en México, del derecho a la participación política, establecido en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La CIDH se ha visto impresionada por la existencia de una rica, multifacética y diversa sociedad civil, expresada en múltiples organizaciones no gubernamentales en las más diversas áreas del quehacer nacional. La existencia de dichas organizaciones y su posibilidad de operar libremente en el marco legal de sociedades democráticas, de acuerdo con el artículo 16 de la Convención Americana, es hoy en día universalmente reconocida como una manifestación de la democracia, que por definición no se agota en estructuras estatales o actos eleccionarios. Sin perjuicio de las diferencias obvias que deben existir entre instituciones y organizaciones de distinta índole que cumplen papeles diferentes, la CIDH considera muy útil el diálogo permanente y franco entre dichas organizaciones y las instituciones del Estado, en aras del elevado objetivo común de la promoción y protección de los derechos humanos. La Comisión desea destacar que los Estados Federales, al ratificar la Convención Americana asumen, en virtud de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de esa Convención, la obligación de adecuar su derecho interno a lo dispuesto en la Convención Americana. En particular se comprometen a brindar, en aplicación del debido proceso legal, remedios eficaces para identificar y sancionar a los agentes del Estado que resulten responsables de violaciones de derechos humanos, y a reparar en forma adecuada y efectiva a las víctimas de esas violaciones. Estos requisitos son indispensables para la reafirmación del Estado de Derecho en una sociedad democrática. Para la CIDH, las aspiraciones de los ciudadanos a vivir en un ambiente de seguridad son absolutamente justificadas. El fortalecimiento del Estado de Derecho, que incluye fuerzas policiales eficientes, profesionales, modernas sin parcialización alguna, y que actúen dando cumplimiento a las normas legales, es esencial. Durante su visita en México, la CIDH recibió información sobre la existencia de una gran desconfianza hacia la policía y recibió quejas sobre su ineficacia, corrupción, aprehensiones arbitrarias y torturas. La CIDH da la mayor importancia a los reclamos que ha recibido sobre la tortura en México. Sobre la base de su rica experiencia continental, la CIDH desea señalar que en el combate permanente contra el flagelo de la tortura, es esencial que los tribunales no den ningún valor probatorio a confesiones extraídas bajo tortura, y que sancionen penalmente a los culpables. La CIDH tiene conocimiento que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha efectuado numerosas recomendaciones en casos de tortura, de las cuales sólo algunas han sido cumplidas. La CIDH investigará las quejas que le han sido formuladas en esta materia. La CIDH desea señalar que la desconfianza en contra de la policía, de no superarse con medidas eficaces, incide negativamente sobre el desarrollo de una cultura de respeto a los derechos humanos en cuanto estimula la idea errada que sólo con medidas extralegales se podrá obtener la seguridad a que aspiran los ciudadanos. La CIDH estima, sobre la base de su experiencia, que el logro de la seguridad ciudadana que se desea --y a que se tiene derecho-- no se alcanzará, sin embargo, de otra manera que fortaleciendo el Estado de Derecho. La Comisión considera que el rechazo a los actos de arbitrariedad, y la sanción para quienes los cometan, es una cuestión ineludible para fortalecer el Estado de Derecho. La CIDH, con base en información recibida, pudo percibir que la impunidad constituye aún un problema grave a pesar que en algunos casos se ha procesado y separado de sus cargos a algunos funcionarios que han violado los derechos humanos. Los asesinatos de Monseñor Posadas, Luis Donaldo Colosio y Ruiz Massieu, que han impactado a la opinión pública nacional e internacional, continúan sin ser plenamente esclarecidos. La CIDH seguirá insistiendo en la importancia esencial del combate contra la impunidad como requisito indispensable de la seguridad ciudadana, y como obligación internacionalmente reconocida bajo el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La CIDH recibió información relativa a la lentitud, ineficiencia y parcialidad con que ejercen sus funciones los funcionarios de los tribunales y de los ministerios públicos. El monopolio del ejercicio de la acción penal que tiene asignado el Ministerio Público en México exige la conformación de una institución independiente y autónoma, profesionalizada, eficiente e imparcial. La obligatoriedad de las normas de debido proceso se encuentran establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin perjuicio de la continua observancia que la Comisión otorgará a este tema, la CIDH desea hacer referencia a dos situaciones específicas. La CIDH pudo verificar el esfuerzo demostrado por el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, quien está desarrollando un interesante programa de educación y depuración policial. Al mismo tiempo pudo verificar su disposición a otorgar protección a quienes fueran objeto de amenazas a su vida. La CIDH considera este un ejemplo valioso a seguir, sin desconocer las dificultades inherentes en problemas que se vienen arrastrando por largo tiempo. Con referencia a la grave situación ocurrida en el Estado de Guerrero donde, como es conocido, 17 personas fueron asesinadas, debe observarse que este caso se haya en trámite ante la Comisión por alegación de violaciones que incluyen, entre otras, la falta de ejercicio de acciones penales. La Comisión toma nota que a pesar que tanto el Presidente Zedillo como la Suprema Corte de Justicia han manifestado la necesidad de llevar a cabo una investigación completa sobre este caso, fue informada que la responsabilidades legales y el encubrimiento que se alega no han sido completamente establecidos aún. En relación a los casos en que el Ministerio Público se abstiene de ejercer acciones penales, la CIDH ha podido verificar una situación de incertidumbre jurídica sobre la utilización del artículo 21 de la Constitución para ejercer un recurso jurisdiccional que permita controlar dicha inacción. Para el establecimiento de responsabilidades efectivas, es esencial que haya claridad sobre el alcance del artículo 21 de la Constitución y la posibilidad de su aplicación efectiva en la práctica. Esta situación tiene importancia adicional, ya que la CIDH recibió numerosas denuncias de actos de intimidación a dirigentes sociales y de organizaciones no gubernamentales que, de acuerdo a los denunciantes, no han sido investigados. La CIDH otorga a este asunto gran importancia e investigará dichas quejas. Durante su estadía la CIDH se entrevistó con numerosos organismos no gubernamentales que se ocupan de los derechos de las mujeres, tomando conocimiento de sus planteamientos sobre violaciones a los mismos, en particular la existencia de violencia doméstica y la necesidad de alcanzar una igualdad efectiva. La CIDH continuará dando gran importancia a este tema a través de su relatoría sobre derechos de la mujer en el continente y mediante el sistema de quejas individuales. La CIDH consideró especialmente la situación de millones de mexicanos miembros de pueblos indígenas, con su diversidad de culturas, problemáticas y aspiraciones. Mantuvo entrevistas con numerosas delegaciones --incluyendo delegaciones de diferentes etnias de los Estados de Oaxaca y Chiapas-- en las que los temas dominantes fueron la dignidad, el respeto a sus culturas y autonomías, y la igualdad de acceso a posibilidades económicas y de toda índole, así como las referentes a la propiedad y tenencia de la tierra. Al respecto la CIDH fue informada que en base a los acuerdos logrados en las negociaciones de paz en Chiapas, una comisión especial conjunta de los Poderes Legislativo y Ejecutivo está preparando una propuesta de reforma constitucional y legal que establecerá las bases para una valorización cultural y para incrementar las condiciones de autonomía y dignidad de los pueblos indígenas mexicanos. La Comisión espera la pronta culminación de esas reformas constitucionales y legales. La CIDH, a su vez, ha elaborado un anteproyecto de Declaración Interamericana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que ha sometido a consulta hemisférica. En el programa que cumplió en Chiapas, la CIDH comprobó la profunda aspiración a la paz y a la realización de los derechos humanos que comparten los más diversos sectores en dicho Estado. La CIDH valora que se haya privilegiado la negociación por sobre soluciones basadas en la fuerza. La CIDH expresa su satisfacción porque el actual proceso de diálogo continúe dentro del marco institucional, y que las recomendaciones, compromisos y pronunciamientos sean ejecutados e implementados debidamente a través de mecanismos apropiados e instituciones competentes. En Chiapas la CIDH recibió numerosas denuncias acerca de la existencia de sectores que, opuestos a las negociaciones de paz, buscan hacerlas fracasar recurriendo al financiamiento y estímulo de conflictos violentos y de "guardias blancas". La CIDH expresa su preocupación en esta materia y espera que un resultado oportuno de las negociaciones establezca un clima en el que se impida definitivamente el accionar de tales sectores, sin perjuicio de que se adopten inmediatamente medidas efectivas en su contra. La CIDH investigará las denuncias recibidas en Chiapas sobre intimidaciones, desalojo, homicidios, secuestros y otras violaciones graves que se le presentaron. La CIDH desea destacar que estas denuncias se refieren sobre todo a actos de violencia que en la inmensa mayoría de los casos afectan a poblaciones indígenas y a menudo se refieren a controversias sobre tenencia de tierras. Por último, la CIDH quiere hacer referencia a un asunto específico en Chiapas. La Comisión pudo verificar directamente que sin perjuicio de los avances que se han obtenido en cuanto a la tolerancia religiosa en dicho Estado, aún existen niños excluidos del derecho a educarse, motivados por supuestas razones de intolerancia religiosa. En su visita a Guerrero, la Comisión fue informada, por el Gobernador y por otras autoridades del Estado sobre las medidas legislativas y administrativas adoptadas y otras en curso de serlo, con el objeto de mejorar la situación de los derechos humanos en ese Estado. Representantes de la sociedad civil del Estado de Guerrero presentaron numerosas denuncias a la Comisión sobre la utilización de la tortura como método de investigación policial, detención ilegal, falsas acusaciones y sobre la actuación de grupos armados que con frecuencia cometen agresiones arbitrarias en contra de campesinos. En este sentido, la Comisión recibió además quejas sobre la inseguridad en que vive mucha gente debido a que, a menudo, los propios encargados de garantizar el orden público son vistos como responsables de atropellos y excesos, sin que se ejerzan las acciones del caso en su contra. En muchas de las quejas presentadas a la CIDH sobre torturas, se ha señalado que las víctimas han sido arrestadas sin orden de aprehensión emitida por autoridad competente. La CIDH investigará estas quejas. La CIDH conoció también de situaciones denunciadas sobre funciones policiales ejercidas por las Fuerzas Armadas. En este sentido, la CIDH --sobre la base de su experiencia-- desea llamar la atención de las consecuencias de la utilización de las Fuerzas Armadas en funciones que atañen a la seguridad ciudadana, pues la misma puede acarrear serias violaciones a los derechos humanos, en virtud de la naturaleza militar y entrenamiento de dichas Fuerzas. En la ciudad de Tijuana la Comisión recorrió una franja de la frontera norte de México donde observó varios grupos de personas que esperaban cruzar la misma. Los miembros de la CIDH asistieron a un Seminario sobre "Migración y Derechos Humanos" que se realizó en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana. El mencionado seminario aportó a la Comisión un material muy valioso que será utilizado en un informe que elaborará sobre los trabajadores migrantes en el continente. En el curso del mismo, la Comisión fue informada sobre las violaciones a derechos humanos que se cometen en contra de la población migrante desde sus lugares de origen. En este sentido la Comisión desea destacar la labor efectiva y humanitaria que lleva a cabo el Grupo Beta con el objeto de proteger a la población migrante en contra de los abusos y atropellos a que está expuesta dicha población por parte de distintos grupos de delincuentes. Por último, la Comisión se reunió con representantes de organismos no gubernamentales y con otros grupos representativos de la sociedad civil en esa ciudad, quienes entregaron información adicional sobre temas generales de derechos humanos. Al concluir su visita, la CIDH desea manifestar que ha percibido una gran voluntad en los más diversos sectores de la vida nacional de continuar avanzando en la tarea de la promoción y protección de los derechos humanos. Igualmente ha constatado que para ello no hay otro camino que el diálogo, la negociación y la búsqueda de consensos. La Comisión desea expresar su agradecimiento al Gobierno de México, a su Presidente, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a las demás autoridades federales y estatales por la hospitalidad, facilidades y colaboración que brindaron a la CIDH para la realización y éxito de esta visita, así como a las organizaciones no gubernamentales y a los particulares que en forma franca y transparente contribuyeron con sus valiosos testimonios y documentación al eficaz cumplimiento de su misión durante la visita. La Comisión desea agradecer asimismo el interés de los medios de comunicación en la cobertura de esta visita. De acuerdo con las funciones que le atribuyen la Carta de la OEA, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los demás instrumentos jurídicos internacionales aplicables, la Comisión realizará una labor de seguimiento de la situación de los derechos humanos en México y reitera su deseo de colaboración con las autoridades mexicanas dentro del marco de su competencia, a fin de contribuir al fortalecimiento de los mecanismos internos e internacionales para la defensa y protección de los derechos fundamentaIes dentro del marco del Estado de Derecho. México, D.F., 24 de julio de 1996 ANEXO En la ciudad de México la CIDH se reunió con el Presidente de la República, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León; con el Secretario de Relaciones Exteriores, Lic. José Angel Gurría; con el Secretario de la Defensa Nacional, General de División D.E.M. Enrique Cervantes; con el Secretario de Gobernación, Lic. Emilio Chuayffet Chemor; con miembros de la Suprema Corte de Justicia, con el Procurador General de la República, Lic. Alfonso Lozano Gracia; con el Procurador General del Distrito General, Lic. José Antonio González Fernández; con el Secretario General del Consejo del Instituto Federal Electoral (IFE), Lic. Agustín Ricoy Saldaña; con el Presidente del Tribunal Federal Electoral, Lic. José Fernández Franco González Salas y con magistrados de este tribunal, con los miembros de la Comisión Nacional de Concordia y Pacificación (COCOPA) y las comisiones de derechos humanos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; con el Presidente del Partido de Acción Nacional (PAN), Lic. Felipe Calderón Hinojosa; con el Presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Lic. Porfirio Muñoz Ledo; con el Presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lic. Santiago Oñate y con representantes de organismos no gubernamentales y otros grupos y personas representativas de la sociedad civil. La Comisión recibió a representantes de Mazatecas, Mixteco, Chapines, Mijes, Zapoteca y otras etnias del Estado de Oaxaca, acompañadas del Senador Héctor Sánchez López. En su estadía en el Estado de Chiapas, la Comisión tuvo oportunidad de dialogar y escuchar a distintas autoridades de ese Estado y organizaciones de la sociedad civil. Se entrevistó con el Gobernador, Lic. Julio César Ruíz Ferro; con el Secretario de Gobernación, Lic. Eraclio Zepeda Ramos; con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Lic. Noé Catañon León; con el Presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Lic. Juan Carlos Bonifaz Trujillo e integrantes de la misma y de la Comisión de Derechos Humanos de ese Parlamento; con el Procurador General de Justicia del Estado, Lic. Jorge E. Hernández Aguilar y sus colaboradores inmediatos; y con el Comandante de la VII Región Militar, General Mario Renán Castillo Fernández y su plana mayor. También la Comisión se reunió con los obispos de Tuxtla, Tapachula y San Cristóbal de las Casas; con representantes de las iglesias evangélicas y con numerosas organizaciones de derechos humanos nucleadas por el Centro "Fray Bartolomé de las Casas" y por la Red de Organizaciones de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todos"; y de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas. Tuvo también entrevistas con los presidentes de las principales cámaras y asociaciones empresarias, patronales, de profesionistas, comerciantes, transportistas y productores rurales. Igualmente mantuvo reuniones con el Presidente de la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI), Monseñor Samuel Ruíz García. Asimismo tuvo la oportunidad de dialogar con distintos sectores indígenas, entre ellos los representantes de la Asociación de Reconciliación ARICO, y de la Unión de Uniones. Asimismo, fue recibido por representantes y líderes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en su sede en el Municipio de San Andrés de Larrainzar. El grupo de la Comisión que se trasladó al Estado de Guerrero se reunió con el Gobernador de ese Estado, Lic. Angel H. Aguirre Rivero; con el Procurador de Justicia de ese Estado, Lic. Antonio Hernández Díaz; con el Coordinador del Congreso del Estado, Lic. Zótico García Pastrana; con el Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, de Guerrero, Lic. Juan Alarcón Hernández y otros miembros de la Comisión, y con el Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado. El grupo de la Comisión se reunió asimismo con representantes y voceros de organismos no gubernamentales, y con las viudas y familiares de quienes perdieron la vida en la masacre ocurrida en el Vado de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995. El grupo visitó además el Reclusorio de Acapulco en donde se entrevistó con detenidos, respecto a los cuales la Comisión recibió denuncias en el sentido que habían sido objeto de torturas por parte de efectivos de los Servicios de Seguridad (Ejército) que los detuvo. En la ciudad de Tijuana la Comisión cumplió las siguientes actividades: el día 21 de julio durante la noche recorrió una franja de la frontera norte de México donde observó varios grupos de personas que esperaban cruzar al territorio de los Estados Unidos como indocumentados en busca de trabajo o, en algunos casos, para reunirse con sus familiares. El día 22 de junio los miembros de la CIDH participaron en un Seminario sobre "Migración y Derechos Humanos" que se realizó en el Colegio de la Frontera Norte, y posteriormente se reunió con representantes de organismos no gubernamentales y con otros grupos representativos de la sociedad civil en esa ciudad.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 16/96 La Comisión inició su período de sesiones con el análisis de 38 informes sobre casos individuales, y diversas solicitudes de medidas cautelares, respondiendo así a las crecientes necesidades del sistema de protección de derechos humanos, de dar una atención apropiada a la tramitación de los casos individuales. La Comisión concedió 63 audiencias, en las cuales recibió a representantes de gobiernos, organismos no gubernamentales y de personas individuales, quienes prestaron testimonio sobre los casos en trámite; asimismo, escuchó exposiciones sobre la situación general de los derechos humanos en diferentes Estados miembros de la OEA. En el transcurso de dichas audiencias, la Comisión observó con beneplácito los resultados de la nueva tendencia de lograr soluciones de numerosos casos por la vía de arreglos amistosos. La Comisión valora la actitud de los gobiernos y los intercambios que se han producido en los procesos de solución amistosa en casos relativos a Argentina, Colombia, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay. En este período de sesiones, la Comisión analizó los avances obtenidos en las consultas sobre la futura Declaración Interamericana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que la Comisión está llevando a cabo en toda la región, con gobiernos, organizaciones indígenas, y expertos en el tema. Entre las actividades desarrolladas, se encuentran las reuniones realizadas en Montreal y Quebec (Canadá), Denver, Colorado (E.U.A.) y México. En el mismo contexto, sirvieron de marco el "Sovereignty Symposium", en Oklahoma (E.U.A.) y el Congreso General Kuna en San Blas (Panamá). Igualmente se plantearon nuevas actividades de consulta a realizarse hasta fin de este año, fecha en que se completará la misma. Con respecto al estudio que viene realizando la Comisión sobre las "Condiciones de Detención en las Américas", se revisó el proyecto de informe y decidió extender el plazo, para que los Estados miembros que no dieron respuesta al cuestionario enviado por la CIDH, pudieran contestar hasta el 31 de diciembre del año en curso. En el mismo contexto, la Comisión consideró la información obtenida durante la visita realizada, por invitación del Gobierno de Venezuela, del 13 al 17 de mayo de 1996. En su programa de observación de las prisiones, la Delegación Especial de la CIDH visitó el Retén e Internado Judicial de Catia, el Centro de Atención Inmediata de Menores "Carolina Uslar", el Centro de Reeducación el Paraíso "La Planta" (Caracas); el Internado Judicial Capital "El Rodeo" (Estado Miranda); el Centro Penitenciario de Carabobo (Estado Carabobo) y la Cárcel Nacional de Maracaibo "Sabaneta" (Estado Zulia). La Comisión reitera su agradecimiento al Gobierno de Venezuela por su colaboración y las facilidades prestadas en el desarrollo de dicha visita. También, como parte del seguimiento al estudio de las condiciones de centros penitenciarios, la Comisión decidió aceptar la invitación del Gobierno de los Estados Unidos para realizar la visita final de observación sobre la situación de los "Marielitos" en las cárceles de Avoyelles Parish, en la ciudad de Marksville y Orleans Parish, en New Orleans, Estado de Louisiana, del 9 al 12 de diciembre del corriente año. La CIDH agradece al Gobierno de los Estados Unidos de América la extensión de esta invitación y la colaboración que ha prestado en la preparación de la visita. Tomando en consideración la Resolución AG/RES. 1404 (XXVI-O/96), de la Asamblea General de la OEA realizada en Panamá, la Comisión discutió un documento preliminar sobre el estudio de la "Situación de los Trabajadores Migrantes y sus Familias en el Hemisferio" y decidió iniciar la recopilación de información sobre este tema. La Comisión examinó el progreso realizado por el Relator Especial para los Derechos de la Mujer, en lo que se refiere a su proyecto de informe sobre casos de discriminación de la mujer que se encuentren en las legislaciones y prácticas de los Estados miembros. Con el objeto de preparar este informe, que analizará el cumplimiento con las normas establecidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, se envió un cuestionario detallado a los Estados miembros. Este cuestionario también se distribuirá a las organizaciones no gubernamentales y a otras entidades especializadas en la materia. La Comisión desea reconocer la colaboración que ha recibido hasta el momento para este importante proyecto y al mismo tiempo alentar a los Estados para que envíen una pronta respuesta a dicho cuestionario. En el transcurso de este período de sesiones, la Comisión se reunió con el Dr. Robert H. Kisanga, el Profesor U. Oji Umozurike y el Dr. Emmanuel Dankwa, miembros de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, con quienes tuvo la oportunidad de intercambiar experiencias y opiniones sobre el funcionamiento del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, particularmente, sobre el procesamiento de casos individuales y la necesidad de aumentar las actividades de promoción en la región. Durante este período de sesiones, la Comisión analizó la información obtenida durante la visita in loco realizada a México entre el 15 y el 24 de julio de 1996 y consideró las bases del proyecto de Informe Especial sobre la Situación General de los Derechos Humanos en México. La Comisión expresa su reconocimiento al Gobierno de México por su colaboración y las facilidades otorgadas en la consecución de la mencionada visita, en la que participaron todos los miembros de la CIDH. Igualmente, la Comisión consideró los informes que está elaborando sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador y Brasil, a la luz de la información obtenida durante sus visitas in loco, en noviembre de 1994 y diciembre de 1995, respectivamente. La Comisión analizó los casos que presentó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde su último período de sesiones. En este sentido, se consideraron las demandas presentadas ante la Corte Interamericana sobre la República de Guatemala, con fecha 30 de agosto de 1996, en relación con el caso No. 11.129, relativo a la violación del derecho a la vida de Efraín Bámaca; sobre la República del Perú, con fecha 30 de mayo pasado, en relación con el Caso No. 11.337, relativo a la violación del derecho a la vida de Juan Cantoral; y respecto al Caso No. 10.009 de Gabriel Ugarte y Nolberto Durán, también sobre la República del Perú. Todas estas demandas han sido admitidas por la Corte para su trámite y se ha notificado formalmente a los Gobiernos de los citados Estados. Adicionalmente, la Comisión pidió, el 30 de mayo próximo pasado, medidas provisionales a la Corte Interamericana en el caso No. 11.154 de María Elena Loayza respecto a la República del Perú. La Corte dictó las medidas provisionales solicitadas por la Comisión. En los casos Nos. 11.333, de Jorge Carpio Nicolle y 11.212, Colotenango, sobre la República de Guatemala, la Corte decidió extender las medidas provisionales. Igualmente, luego de celebrar una audiencia pública el 27 de junio, la Corte dictó medidas provisionales para ser cumplidas por la República de Guatemala, en los casos Nos. 11.497, del Padre Daniel Vogt, y 11.570, Serech y Saquic. Con relación al caso de Jean Paul Genie, sobre la República de Nicaragua, la Comisión compareció en audiencia pública ante la Corte el 5 y 6 de septiembre del año en curso, con el objeto de interrogar a varios testigos presentados por la CIDH. En el caso Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana, relativo a Colombia, la Comisión participó, el 7 de septiembre, en la audiencia sobre el pago de indemnizaciones. Durante el presente período de sesiones, varios procedimientos de soluciones amistosas fueron iniciados en casos relativos a Guatemala, incluyendo el caso de Discriminación contra las Mujeres en el Código Civil y la muerte de Jorge Carpio Nicolle. El procedimiento de solución amistosa en el caso Colotenango (11.212), iniciado en mayo de este año, ha continuado y como resultado el Gobierno de Guatemala disolvió y desarmó las patrullas civiles de defensa en el Municipio de Colotenango el 19 de agosto de 1996. También dentro del marco de una solución amistosa, el Gobierno de Nicaragua y los representantes legales de la Comunidad Indígena Awas Tingni se reunieron con la Comisión, a fin de iniciar un diálogo sobre el caso No. 11.577 relativo al problema de delimitación de tierras ancestrales de la Comunidad Awas Tingni y de las concesiones otorgadas a compañías extranjeras. La Comisión, junto con las partes, decidieron continuar el procedimiento de solución amistosa y reunirse nuevamente. En relación al trámite de solución amistosa sobre los casos de Colombia: Trujillo, Los Uvos, Caloto y el múltiple de Villatina, la Comisión, después de haber escuchado a las partes, decidió continuar con el conocimiento de los procesos hasta el próximo período de sesiones, encargando al miembro de la CIDH, Relator de Colombia, viajar a ese país, con la finalidad de observar el estado de tales casos e informar a la Comisión en su próxima reunión sobre los progresos o dificultades encontrados en el desarrollo de los mismos. La Comisión también inició el procedimiento de solución amistosa con respecto a varios casos sobre el Paraguay. En el caso No. 11.561 los peticionarios han solicitado la extradición de una pareja argentina, de la cual se alega secuestró dos hijos de detenidas desaparecidas. Los casos 11.558, 11.559 y 11.560 se refieren al retardo judicial de tres detenidos que presentaron sus casos ante los tribunales internos desde el año de 1989. En el presente período de sesiones, las partes convinieron en sentar las bases de una solución amistosa. La Comisión agradece la cooperación del Gobierno del Paraguay en este procedimiento. La Comisión se ha puesto a disposición de las partes para negociar la solución amistosa del Caso 11.217 (Paulo C. Guardatti) en trámite ante la misma, y del caso Garrido y Baigorria que se encuentra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; en dichos casos se ha denunciado la desaparición forzada de tres personas en la provincia de Mendoza. La Comisión agradece al Gobierno argentino y al de la Provincia de Mendoza por los esfuerzos desplegados en el cumplimiento del acuerdo respectivo, cuyos resultados concretos han sido un fallo arbitral que establece el monto a ser indemnizado a las víctimas, así como el informe del 16 de agosto de 1996 de la Comisión "ad-hoc" de investigación creada para el efecto señalado. En particular, cabe destacar la importancia que tuvo la misión cumplida en dicho país en julio de este año, a efecto del avance del trámite. No obstante, durante el presente período de sesiones, la Comisión ha decidido suspender la consideración del informe de solución amistosa del Caso Guardatti, debido a que aún no se han cumplido las recomendaciones del mencionado informe de la Comisión ad-hoc y en consecuencia no se ha solucionado el caso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha enviado una nota en tal sentido al Gobierno argentino, solicitando además que haga público y difunda el informe de la Comisión ad-hoc del 16 de agosto de 1996. La Comisión decidió también enviar una nota al Gobierno de El Salvador, referente al actual proceso de reforma constitucional orientado a extender la pena de muerte a ciertos delitos para los cuales el ordenamiento jurídico salvadoreño no prevé su aplicación en el presente. La Comisión expresó en esa nota su preocupación al respecto, pues de aprobarse esa extensión, El Salvador estaría violando el compromiso internacional que asumió al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que explícitamente señala en su artículo 4, que los Estados partes de esa Convención no extenderán la aplicación de la pena de muerte a los delitos a los que no se les aplica actualmente. La Comisión ha tomado nota de la creación, en el Perú, de una Comisión Ad-hoc encargada de evaluar, calificar y proponer al Presidente de la República, en forma excepcional, la concesión de indultos para quienes se encuentren condenados por delitos de terrorismo o traición a la patria, en base a elementos probatorios insuficientes, que permitan a la referida Comisión Ad-hoc presumir, razonablemente, que no habrían tenido ningún tipo de vinculación con esas actividades. La CIDH seguirá con interés las decisiones que se tomen por parte del Gobierno, respecto a esta importante medida. Durante este período de sesiones, la Comisión expresó su satisfacción por el cumplimiento de las primeras sentencias en que la Corte Interamericana estableció responsabilidad de un Estado con respecto a denuncias de violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el mes de agosto de 1996, el Gobierno de Honduras finalizó el cumplimiento de las sentencias en lo relativo a la indemnización a los familiares de las víctimas en los casos "Velázquez Rodríguez" y "Godínez Cruz". La Comisión valora positivamente la actitud del Gobierno de Honduras y de los peticionarios, quienes dieron sus testimonios de la finalización de dichos casos. Con respecto a los procesos de la verdad, la Comisión ha manifestado, en diversas ocasiones, la importancia que revisten dichos procesos, toda vez que revelan en detalle las violaciones de derechos humanos que han sufrido algunos países. En este orden de ideas, la Comisión expresa su satisfacción por la reciente decisión del Gobierno de Haití de hacer público el Informe de la Comisión Nacional de la Verdad y Justicia de Haití. La Comisión expresa igualmente su satisfacción por los depósitos de ratificación, efectuados en el transcurso del presente año, por los Estados de México, Brasil y Paraguay, al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales "Protocolo de San Salvador". Durante el presente período de sesiones, la Comisión sostuvo un diálogo fructífero con el Secretario General de la Organización, Dr. César Gaviria, sobre distintos aspectos vinculados con sus funciones como órgano principal de derechos humanos de la OEA y la forma en la cual la Secretaría ha venido apoyando dichas actividades. La Comisión dio atención especial a la organización del Seminario sobre el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, a fin de reflexionar sobre la experiencia acumulada por los órganos del sistema, con miras a avanzar en el proceso de identificación de áreas que requieren perfeccionamiento. El Seminario se llevará a cabo en la ciudad de Washington, D.C., del 2 al 4 de diciembre de 1996. Con posterioridad a la celebración de dicho Seminario, la CIDH preparará un documento que refleje el proceso de discusión y reflexión que haya tenido lugar. Este informe será elevado al Consejo Permanente y al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, como una contribución al proceso de reflexión iniciado en relación al sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos. Finalmente, la Comisión acordó celebrar su próximo 94º Período Ordinario de Sesiones del 24 de febrero al 14 de marzo de 1997. Washington, D.C., 18 de octubre de 1996
COMUNICADO DE PRENSA REUNIONES REGIONALES DE CONSULTA
DE LA CIDH-OEA SOBRE FUTURA Como parte de la consulta hemisférica sobre la Declaración Interamericana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH-OEA) realizará en el mes de noviembre de este año dos reuniones regionales de consulta con gobiernos y organizaciones indígenas. La primera reunión se llevará a cabo en Guatemala del 14 al 16 y la segunda en Quito, Ecuador, del 21 al 23 de noviembre de 1996. La CIDH-OEA aprobó un Borrador de Consulta de la futura Declaración en septiembre de 1995. Esta futura Declaración viene siendo preparada por la CIDH-OEA a pedido de los Estados miembros, según una recomendación de la Asamblea General de la OEA. La CIDH, órgano principal de la OEA en el área de los derechos humanos, ha intervenido anteriormente en la preparación de los borradores de los instrumentos americanos sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, 1969), sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador, 1980) sobre Abolición de la Pena de Muerte (1990), para Prevenir y Sancionar la Tortura (1985); y sobre Desaparición Forzada de Personas (1994) entre otros. En 1994 en la Cumbre de las Américas, celebrada en Miami, los países miembros de la OEA decidieron entre sus prioridades apoyar un proceso de revisión y mejoramiento de la protección de los derechos indígenas, y enfocar sus energías en fortalecer el ejercicio de los derechos democráticos y el acceso de las comunidades indígenas a los servicios sociales, en observancia de la Década Internacional del Pueblo Indígena declarada por Naciones Unidas. En 1995, la Asamblea General de la OEA reafirmó en su Declaración de Montruis ese compromiso al declarar que "...en la diversidad étnica y cultural radica una de las mayores potencialidades del hemisferio y que es deber de la OEA valorar e incorporar dicha realidad en la búsqueda del desarrollo de los pueblos de América". Expresó entonces su "compromiso de promover el desarrollo económico y social de las poblaciones indígenas con especial atención a las cuestiones relacionadas con los derechos humanos, el medio ambiente, la educación y la salud..., en la búsqueda de políticas de desarrollo social que incluyan la protección y promoción de sus derechos y de su diversidad cultural". El Borrador de la Declaración en consulta incluye un preámbulo y secciones sobre aspectos especiales de los derechos humanos, sobre el desarrollo cultural (integridad cultural, lenguaje, educación, libertad espiritual y religiosa, familia y medioambiente); sobre derechos organizativos y políticos (de asociación y reunión, de autogobierno, y sobre derecho indígena); sobre derechos sociales, económicos y de propiedad (incluyendo también derechos laborales y de propiedad intelectual y al desarrollo) y sobre la validez de tratados y acuerdos entre las poblaciones indígenas y los Estados. Con las reuniones regionales para Centro América, el Caribe y Sudamérica, a realizarse en el presente mes de noviembre, se culmina un amplio proceso de consultas con gobiernos y organizaciones indígenas que se inició en octubre de 1995, y en el que se realizaron reuniones en Canadá, Estados Unidos, Panamá y Perú, así como una intensa difusión y discusión del Borrador de Declaración a través de publicaciones especializadas sobre temas indígenas y jurídicos. Dicho borrador de instrumento legal interamericano ha sido hecho circular en consulta desde el año pasado a gobiernos y organizaciones indígenas, y se espera recibir comentarios adicionales de las organizaciones y expertos en estas reuniones regionales. Las opiniones recibidas y a recibirse hasta el 30 de noviembre del presente serán tomadas en cuenta en la revisión que realizará la CIDH en su período de sesiones de febrero de 1997, y que enviará ese mismo año a la Asamblea General de la OEA para su consideración. La primera de estas dos reuniones regionales se realizará en la Ciudad de Guatemala los días 14, 15 y 16 de noviembre, y congregará a representantes de los gobiernos, organizaciones indígenas y expertos de Centro América, México, Panamá, países del Caribe insular angloparlantes, Suriname y Guyana. La segunda reunión regional será para gobiernos, organizaciones indígenas y expertos de países de Sudamérica y se llevará a cabo en la Ciudad de Quito, Ecuador, los días 21, 22 y 23 de noviembre. En ambos casos se está invitando en forma amplia a representantes gubernamentales, organizaciones indígenas, y expertos a fin de que puedan intercambiar opiniones y ofrecer comentarios al Borrador de Declaración. Por primera vez en la historia del organismo interamericano, sus distintos órganos y entidades se han unido en esta tarea común, en demostración de la importancia otorgada a la situación de las poblaciones indígenas de las Américas. Las reuniones están organizadas por la CIDH-OEA con la cooperación de los gobiernos de los países sede de las reuniones, y la colaboración del Instituto Indigenista Interamericano, la Unidad para la Promoción de la Democracia (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Interamericano para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Washington, D.C., 30 de octubre de 1996
COMUNICADO DE PRENSA La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha seguido con profunda preocupación la situación de sesenta soldados del Ejército colombiano privados de su libertad desde fines de agosto del corriente año y cuyo paradero desconocen sus familiares. Al margen de las motivaciones que pudiesen invocarse, e independientemente de las consideraciones de justicia o injusticia en que fundamentan su actuación quienes privaron a los soldados de su libertad, la Comisión llama, por razones estrictamente humanitarias, a su liberación. En numerosas ocasiones la Comisión se ha pronunciado señalando que la libertad personal es un derecho fundamental. Como es de conocimiento público la Comisión, con la absoluta independencia e imparcialidad que la caracteriza, se ha expresado reiteradamente en defensa del derecho a la libertad de las personas en distintos Estados miembros de la OEA, incluido Colombia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la legitimidad de una práctica reiterada y de su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y hombres del hemisferio, entre los que cabe destacar el importante derecho a la libertad personal y la integridad personal, llama públicamente, por razones humanitarias, a que se proceda a dejar en libertad, sanos y salvos, a los soldados del Ejército colombiano a la mayor brevedad posible. Washington, D.C., 13 de noviembre de 1996
COMUNICADO DE PRENSA Por invitación del Gobierno de los Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizará una visita a Luisiana, del 9 al 10 de diciembre de 1996, a fin de analizar las condiciones carcelarias de los "Marielitos Cubanos" detenidos en instituciones del Estado, y las condiciones generales de detención para la preparación de un informe sobre prisiones. La Delegación de la Comisión estará compuesta por el Embajador John S. Donaldson, Primer Vicepresidente, los miembros Dr. Alvaro Tirado Mejía y Dr. Jean Joseph Exumé, Dr. David Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto y las Dras. Relinda Eddie y Bertha Santoscoy-Noro, Especialistas en Derechos Humanos y la señorita Tania Hernández como asistente administrativo. La Comisión agradece la buena disposición del Gobierno de los Estados Unidos al haber accedido a la realización de esta visita. Washington, D.C. 8 de diciembre de 1996
COMUNICADO DE PRENSA La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó su visita de dos día a Luisiana, en los Estados Unidos, el 10 de diciembre de 1996. La visita empezó el 9 y concluyó el 10 de diciembre de 1996. El objeto de la visita fue evaluar las condiciones de detención de los "cubanos del Mariel" detenidos en las cárceles de Avoyelles y Tangipahoa en los condados de Markville y Amite respectivamente. La delegación de la Comisión estuvo integrada por el Embajador John S. Donaldson, Primer Vicepresidente, los miembros de la Comisión Dr. Alvaro Tirado Mejía y Dr. Jean Joseph Exume; el Dr. David Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto, la Dras. Relinda Eddie y Bertha Santoscoy-Noro, Especialistas en Derechos Humanos, y la Srta. Tania Hernández, asistente administrativo. La Comisión es el órgano principal de la OEA encargado de informar sobre el cumplimiento de la normativa de derechos humanos en el continente. Su autoridad emana primordialmente de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos que rige para los 25 Estados partes, y de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el caso de los Estados miembros de la OEA que todavía no ratificaron la Convención. De acuerdo con la reglamentación pertinente, se entiende que toda vez que la Comisión realiza un examen in situ, el respectivo Gobierno ha dado garantías de que puede entrevistarse y reunirse libremente con los funcionarios públicos y las personas en general que estime pertinente para evaluar la situación. En el curso de la visita, la delegación de la Comisión contó con la colaboración de las siguientes personas: Sr. John Castro, del Servicio de Inmigración y Naturalización, Panel encargado de los ciudadanos cubanos; Sr. Girod Gillory, Alcaide, y funcionarios de la cárcel de Avoyelles en Marksville; Sr. Randy Pinion, Alcaide; Capitán Gerard Fairburn, Asistente del Alcaide y funcionarios de la cárcel Tangipahoa en Amite. La Comisión recibió información de parte de los reclusos entrevistados. Se plantearon preguntas acerca de las condiciones generales en que se encontraban los detenidos. Los principales temas planteados incluyeron preguntas sobre las instalaciones y los servicios médicos a disposición de los cubanos del Mariel; las condiciones habitacionales, las oportunidades educativas que se les ofrecen en la institución, los programas recreativos y vocacionales, las disposiciones referentes a la revisión anual de los detenidos con sentencia, la disponibilidad de asesoramiento jurídico para los reclusos, las dificultades de la visita de familiares de los reclusos desde lugares remotos y los métodos disciplinarios de Markville y Amite. La Comisión preparará un informe completo de su visita a Lompoc, California; Leavenworth, Kansas; Allenwood, Pennsylvania y Marksville y Amite en Luisiana. La Comisión agradece la colaboración de los funcionarios públicos y los cubanos del Mariel detenidos en Instituciones del Estado de Luisiana. La Comisión seguirá evaluando las condiciones de detención de los cubanos del Mariel. Washington, D.C., 10 de diciembre de 1996
COMUNICADO DE PRENSA La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido con profunda consternación la noticia sobre los graves hechos ocurridos en la sede de la Embajada de Japón en Lima, Perú, asaltada por un grupo armado que ha tomado como rehenes a personal diplomático y consular acreditado ante el Gobierno de Perú, a altos funcionarios de este país y a otras personas que se encontraban en la Embajada. Las personas que ocupan la sede diplomática han señalado entre otras razones, que la toma de rehenes obedece a su preocupación por los derechos humanos de personas que se encuentran detenidas y que solicitan su liberación. La CIDH se siente en la obligación de señalar que semejante invocación implica una grave confusión de valores, toda vez que los derechos humanos no pueden ser defendidos por acciones que de por sí violan los mismos bienes jurídicos tutelados por las normas que reconocen los derechos humanos. La toma de rehenes es incompatible con la plena vigencia de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. En numerosas ocasiones la CIDH se ha pronunciado señalando que la libertad personal es un derecho fundamental. Como es de conocimiento público, la Comisión con la absoluta independencia e imparcialidad que la caracteriza, se ha expresado reiteradamente en defensa del derecho a la libertad de las personas en distintos Estados miembros de la OEA, incluido Perú. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la legitimidad de una práctica reiterada y de su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y hombres del hemisferio, entre los que cabe destacar el derecho a la libertad y la integridad personal, condena terminantemente la toma de rehenes y el apoderamiento de la sede de la Embajada de Japón, en Lima. Washington, D.C., 18 de diciembre de 1996
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