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Nº 1/97 El día de hoy, 20 de febrero de 1997, en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington D.C., y simultáneamente en Colotenango, Guatemala, se reunieron los representantes del Gobierno de la República de Guatemala y, por los afectados en el caso de Juan Chanay Pablo y Otros (Caso 11.212), representantes del Centro por la Justicia y Derecho Internacional, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala y Human Rights Watch Americas, para formalizar un acuerdo de solución amistosa que resuelve este caso. Este arreglo fue alcanzado por iniciativa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representada por su Presidente, Decano Claudio Grossman. La CIDH tiene la facultad, según el artículo 48.1.f de su Reglamento, de ponerse a disposición de las partes interesadas en un caso individual, "a fin de llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el respecto a los derechos humanos reconocidos" en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El 4 de noviembre de 1993 se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia en contra del Estado de Guatemala en relación al ataque perpetrado el 3 de agosto de 1993 por miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PACS) contra manifestantes, al final de una marcha rechazando la acción de dichas PACS, resultando muerto el señor Juan Chanay Pablo y heridos Julia Gabriel Simón y Miguel Morales Mendoza. Después de estos sucesos, varios testigos fueron objeto de graves amenazas, ataques y otras acciones intimidatorias, a fin de impedir su participación en el proceso judicial contra los responsables, lo que motivó una solicitud de la Comisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que ésta adopte medidas provisionales a efecto de proteger la integridad personal de los testigos. La Comisión expresa su reconocimiento al Gobierno de Guatemala por su voluntad de resolver este caso a través de medidas de reparación, incluyendo las necesarias para asegurar justicia; una asistencia comunitaria a las comunidades afectadas de Colotenango; y una indemnización a los ciudadanos afectados directamente por estos hechos. La CIDH expresa asimismo su reconocimiento a los peticionarios y a los afectados, por la aceptación de los términos del acuerdo en referencia. La Comisión manifiesta, por último, su complacencia por este acuerdo de solución amistosa y reconoce los esfuerzos y disposición de ambas partes para concluirlo y darle cumplimiento. Washington, D.C., 20 de febrero de 1997
Nº 2/97 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reunida en Washington en su 95º período ordinario de sesiones recibió, el día de hoy, 28 de febrero de 1997, una Delegación de la República de Bolivia, presidida por el Representante Permanente de ese Estado miembro ante la Organización, Embajador Carlos Casap. El Representante Permanente de Bolivia reiteró a la Comisión la solicitud para que ésta realice una visita in loco a su país para conocer e informarse sobre los hechos ocurridos en Capasirca y Amayapampa en el mes de diciembre de 1996. La CIDH manifestó al señor Representante Permanente que tiene la mejor disposición para cooperar con los gobiernos democráticos del hemisferio en la promoción y protección de los derechos humanos. En tal sentido acordó que efectuará la visita a la brevedad posible, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 párrafo g. del Estatuto de la Comisión y 58 de su Reglamento. Previamente a la realización de la misma, la Comisión enviará una misión integrada por funcionarios de la Secretaría Ejecutiva para preparar la visita que realizará la CIDH e iniciar las primeras averiguaciones respecto a los hechos ocurridos. Washington, D.C., 28 de febrero de 1997
Nº 3/97 CIDH-OEA APRUEBA PROYECTO DE DECLARACIÓN AMERICANA
SOBRE La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano principal de la Organización de los Estados Americanos, siguiendo una recomendación de la Asamblea General aprobó un Proyecto de Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, recomendando a los Estados miembros que tomen las medidas necesarias a fin de lograr consenso sobre la misma para adoptarla en la reunión de la Asamblea General de la OEA de 1998, en conmemoración del 50o. Aniversario de la OEA, y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En el día de hoy, la Comisión formalizó la entrega de dicho Proyecto al Secretario General de la OEA, Dr. César Gaviria. El Presidente de la CIDH, Embajador John Donaldson, explicó al Secretario General la amplia consulta realizada entre gobiernos, organizaciones indígenas y expertos, desde octubre de 1995. El borrador fue distribuido ampliamente en todos los Estados miembros y hasta la fecha se han realizado consultas nacionales con representantes de los pueblos indígenas en 15 Estados miembros de la OEA, así como reuniones regionales en Guatemala y Quito, Ecuador, y presentaciones ante distintos congresos indígenas y jurídicos, recibiendo en todos ellos comentarios que sirvieron para revisar el borrador original. El Proyecto de Declaración se inicia "recordando que los pueblos indígenas de las Américas constituyen un segmento organizado, distintivo e integral de su población y tienen derecho a ser parte de la identidad nacional de los países, con un papel especial en el fortalecimiento de las instituciones del Estado y en la realización de la unidad nacional basada en principios democráticos". La relación de los pueblos y culturas indígenas con la ecología, la importancia de la erradicación de la pobreza, su derecho al desarrollo, la convivencia y respeto que merecen, la supervivencia indígena y su relación con los territorios, así como los avances jurídicos ya logrados en los países americanos, son también temas incluidos en el Preámbulo. En sus seis secciones, el Proyecto de Declaración se refiere a los aspectos especiales de la aplicación de los derechos humanos a los pueblos y personas indígenas; al desarrollo cultural y el derecho a su integridad, lenguas, educación, familia, salud y protección del medioambiente. Enfoca luego aspectos de sus derechos organizativos y políticos, incluyendo el derecho al autogobierno, el derecho indígena y su relación con los ordenamientos jurídicos de cada Estado. En el capítulo sobre derechos sociales, económicos y de propiedad, se refiere a las formas tradicionales de propiedad y supervivencia cultural, derechos laborales, de propiedad intelectual y del derecho al desarrollo. En su última sección incluye proposiciones sobre los alcances de la Declaración, enfatizando que la misma debe entenderse dentro de los principios de la OEA, incluyendo la igualdad soberana, la integridad territorial y la independencia política de los Estados. Washington, D.C., 7 de marzo de 1997
Nº 4/97 El día 14 de marzo de 1997 concluyó el 95º Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante este período la Comisión eligió su nueva mesa directiva, la cual quedó conformada de la siguiente manera: Embajador John Donaldson, Presidente; doctor Carlos M. Ayala, Primer Vice-Presidente; Profesor Robert Kogod Goldman, Segundo Vice-Presidente. Igualmente integran la Comisión y participaron en este período de sesiones el Embajador Alvaro Tirado Mejía, doctor Oscar Luján Fappiano, Decano Claudio Grossman y doctor Jean Joseph Exume. Durante este período de sesiones la Comisión concedió 35 audiencias en las que recibió a representantes de Gobiernos, organizaciones no-gubernamentales de derechos humanos y representantes de algunas de las víctimas cuyos casos se tramitan ante la Comisión. Se escucharon, asimismo, testimonios en relación con la situación de derechos humanos en diferentes Estados miembros de la Organización y sobre casos individuales actualmente en trámite ante la Comisión. La Comisión examinó la situación de varios expedientes en trámite por denuncias de violación a los derechos humanos y, en consideración al estado de algunos de esos expedientes, aprobó diversos informes sobre casos individuales referidos a diferentes países. Asimismo, la Comisión consideró y aprobó el Informe Anual correspondiente al año 1996, que será presentado a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en su vigésimo séptimo período ordinario de sesiones, a celebrarse en la República del Perú en junio del año en curso. Durante este período de sesiones la Comisión definió cuatro criterios que le permiten identificar a Estados miembros de la OEA que merecen atención especial y, por ende, deberían incluirse en el Capítulo V del Informe Anual que será presentado a la Asamblea General. - El primer criterio corresponde a aquellos casos de Estados regidos por gobiernos que no han llegado al poder mediante elecciones populares por el voto secreto, genuino, periódico y libre, según normas de derecho internacionalmente aceptadas. - El segundo criterio se relaciona con los Estados en donde el libre ejercicio de los derechos consagrados en la Convención Americana o en la Declaración Americana han sido en efecto suspendidos, en su totalidad o en parte, en virtud de la imposición de medidas excepcionales, tales como el estado de emergencia, el estado de sitio, la suspensión de garantías y otras. - El tercer criterio se aplica cuando existen pruebas de que un Estado comete violaciones masivas y graves de derechos garantizados en la Convención Americana, en la Declaración Americana, y en otros instrumentos aplicables. Son motivo de preocupación especial en este caso las violaciones de los derechos que no pueden suspenderse, como las ejecuciones sumarias, la tortura y la desaparición forzada. - El cuarto criterio se refiere a los Estados que se encuentran en un proceso de transición respecto de cualquiera de las tres situaciones antes mencionadas. Con base en estos criterios, la Comisión incluyó en el Capítulo V del Informe Anual a la OEA una sección sobre la situación de los derechos humanos en algunos Estados miembros. La Comisión pretende en el futuro desarrollar criterios adicionales para poder destacar las medidas tomadas por los gobiernos que demuestren un compromiso con el mejoramiento de la observancia de los derechos humanos. En este sentido la Comisión buscará la cooperación de todos los Estados miembros en la identificación de dichas medidas, a fin de tener el material necesario para preparar esa sección de su informe anual. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión, en distintas secciones de su Informe Anual, ha destacado los avances positivos que los Estados han realizado en materia de derechos humanos en el hemisferio. Los derechos de los pueblos indígenas fueron objeto de especial atención por parte de la Comisión durante este período de sesiones en el cual, además de tratarse varios casos relacionados con situaciones específicas relativas a sus derechos, aprobó el proyecto de Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, siguiendo las recomendaciones de la Asamblea General de la OEA. Dicho proyecto toma en cuenta los resultados de una consulta efectuada por la CIDH y por otros organismos de la OEA con Gobiernos, organizaciones indígenas de todos los Estados, quince reuniones nacionales de consulta y varias reuniones regionales y técnicas de representantes de gobiernos del hemisferio y con organizaciones indígenas y de derechos humanos. En enero de 1997, la CIDH concretó una Reunión Técnica para proponer una versión revisada en base a todas las respuestas, para ser tratada por la CIDH en su 95º Período Ordinario de Sesiones. Participaron en dicha reunión los miembros relatores doctor Carlos Ayala Corao y Embajador John Donaldson, y los expertos contratados doctora Magdalena Gómez Rivera (Directora de Procuración Legal del Instituto Nacional Indígena de México), doctor Patrick Robinson (ex-miembro de la Comisión y ex-relator sobre el tema) y Wilton Littlechild, Q.C. (Abogado indígena, miembro del Parlamento de Canadá) con la colaboración del doctor Osvaldo Kreimer, especialista principal de la Comisión. La Comisión remitió copia del Proyecto al Consejo Permanente e hizo asimismo entrega de una copia al Secretario General de la Organización. La Comisión ha recomendado a los Estados miembros "que tomen las medidas necesarias tanto internamente como a través de los órganos jurídicos y políticos de la OEA para revisar el Proyecto de Declaración a fin de lograr consenso y adoptar el instrumento respectivo en la reunión de la Asamblea General de 1998 en conmemoración del 50º aniversario de la OEA y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre". La Comisión examinó asimismo diversas solicitudes de medidas cautelares presentadas para evitar daños irreparables a las personas y acordó, en los casos debidamente acreditados, solicitar a los Gobiernos respectivos la adopción de medidas para evitar que se consume un daño irreparable, requiriendo, igualmente, informar a la Comisión en relación con las medidas adoptadas a la brevedad posible. Se inició el procedimiento de solución amistosa de dos casos contra la República Argentina, en ocasión de audiencias durante el presente período de sesiones. Uno de los casos se refiere a violaciones del debido proceso, y el otro a la libertad de expresión; en ambos, tanto los representantes del Gobierno como los peticionarios manifestaron su interés en someterse al mencionado procedimiento bajo la supervisión de la Comisión. Igualmente, a pedido de los peticionarios y del Gobierno, la Comisión resolvió iniciar la negociación de una solución amistosa de otro caso en trámite referente al debido proceso y al derecho a la nacionalidad. La Comisión desea destacar la buena voluntad demostrada por la República Argentina, que se refleja en las numerosas soluciones amistosas en trámite y las que han resultado en arreglos definitivos respecto a los casos del país mencionado. La Comisión consideró también el informe de la Delegación de la Comisión que viajó a la República de Colombia durante el mes de febrero del año en curso bajo la dirección del Profesor Robert K. Goldman, Relator de dicho país, en compañía del Secretario Ejecutivo, Embajador Jorge E. Taiana y de la abogada Dra. Denise Gilman. El viaje de dicha delegación tuvo como finalidad apoyar y supervisar los esfuerzos que se vienen llevando a cabo en los procesos de solución amistosa de varios casos en trámite ante la CIDH. La Comisión ha visto con gran satisfacción la disposición del Gobierno de buscar soluciones amistosas y de colaborar en forma cabal y abierta para lograrlas. Como consecuencia de esta visita, el Gobierno de Colombia dio su anuencia para que pueda efectuar próximamente una visita In loco con la finalidad de observar directamente la situación de los derechos humanos en ese país. Durante este período de sesiones, la Comisión tuvo también oportunidad de reunirse con representantes del Gobierno colombiano para examinar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de levantar las medidas provisionales al dictar sentencia definitiva sobre el caso Caballero Delgado y Santana. Esta decisión de la Corte suscitó alguna preocupación por parte de la Comisión y de los peticionarios. Ambos consideraban que la situación de peligro para varias personas podía continuar, puesto que prosiguen las investigaciones y diligencias internas en este caso. En vista de esta preocupación, el Gobierno de Colombia decidió solicitar a la Corte el restablecimiento de las medidas provisionales, que regirían hasta el momento en que el Gobierno y la Comisión consideren que no se requieren. A este respecto el Gobierno envió una nota a la Corte el 11 de marzo de 1997. La Comisión confía en que la acción tomada por el Gobierno de Colombia constituya un precedente importante digno de seguir en circunstancias similares en el futuro. La Comisión también tomó conocimiento de la acción concertada con el Gobierno de la República Dominicana para efectuar una visita in loco con el fin de observar la situación de los derechos humanos en dicho país. La Comisión consideró asimismo el informe de la delegación enviada a la República del Paraguay --presidida por el Relator de ese país, Decano Claudio Grossman-- para participar en procesos de solución amistosa en ese país. La Comisión expresa su gran satisfacción por los avances en los casos en solución amistosa en Paraguay, que se han traducido en dar curso a la extradición de dos personas a la República Argentina, como asimismo, agilizar procesos actualmente pendientes por violaciones ocurridas durante el gobierno del General Stroessner. La CIDH además valora la actitud del Gobierno del Paraguay de invitar a la CIDH para efectuar, con su cooperación, actividades de promoción en ese país. La CIDH conoció además del acuerdo de solución amistosa adoptado en el caso de Colotenango, correspondiente a la República de Guatemala, logrado con la mediación del Relator de ese país, Decano Claudio Grossman. Este caso fue iniciado en respuesta a una denuncia contra el Estado guatemalteco por el ataque perpetrado el 3 de agosto de 1993 por miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) en contra de una manifestación pacífica, como resultado del cual murió el señor Juan Chanay Pablo y fueron heridos Julia Gabriel Simón y Miguel Morales Mendoza. Durante este período de sesiones, la CIDH recibió una nota del Representante Permanente de Chile ante la OEA, Embajador Edmundo Vargas Carreño, notificando --inter alia-- "que el Gobierno de Chile ha decidido retirar la solicitud de opinión consultiva [OC-15], incoada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos". En el curso de este período de sesiones se consideró, igualmente, la solicitud del Gobierno de Bolivia para que la Comisión realice una visita in loco a dicho país a fin de conocer e informarse sobre los hechos ocurridos en las localidades de Capasirca y Amayapampa durante el mes de diciembre de 1996. Con este propósito el Representante Permanente de la República de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos, Embajador Carlos Casap, compareció también ante el pleno de la Comisión reiterando a los señores miembros la solicitud de su Gobierno. Sobre este particular, la CIDH ha expresado al Gobierno de Bolivia que tiene la mejor disposición de cooperar con los gobiernos democráticos del hemisferio en la protección y promoción de los derechos humanos y que con este propósito ha decidido efectuar la indicada visita in loco a la brevedad. Durante 1996, una Delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conformada por el Embajador John S. Donaldson, doctores Jean Joseph Exume, Alvaro Tirado Mejía, David J. Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto y las abogadas Relinda Eddie y Bertha Santoscoy visitaron en los Estados Unidos de América tres centros penitenciarios federales en Allenwood, Pennsylvania y dos estatales en Louisiana, y prisiones en Venezuela. La Comisión conoció un informe de progreso sobre los centros penitenciarios y decidió avanzar en el informe que se viene elaborando en relación con este problema. Igualmente la Comisión continuó la consideración del proyecto de informe sobre la situación de los trabajadores migrantes y sus familias, cuyos progresos examinará durante el siguiente período de sesiones. La Comisión además se informó de los progresos en sus trabajos sobre su estudio de los derechos de la mujer. La CIDH agradece a los Estados que han respondido al cuestionario, dirigido a analizar la compatibilidad de leyes con sus obligaciones internacionales en esta materia. La Comisión exhorta a dar respuesta al mismo a aquellos Estados miembros que todavía no lo han hecho. La Comisión consideró también los resultados del Seminario sobre el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos que tuvo lugar en esta ciudad durante el mes de diciembre de 1996. Se aprobó el informe que contiene las conclusiones del Seminario y se acordó remitirlo al Consejo Permanente de la Organización, al Secretario General y a los Representantes Permanentes ante la Organización. El Informe será, asimismo, puesto a disposición de las personas interesadas en el mismo. La Comisión también consideró los resultados del Seminario sobre el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos que se llevó a cabo en la ciudad de Brasilia. Este evento fue organizado por los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia del Brasil, con la colaboración de la CIDH, y contó con ciento sesenta participantes. Concurrieron en representación de la Comisión el ex-Presidente de la misma Decano Claudio Grossman, el Embajador Jorge E. Taiana, Secretario Ejecutivo y el Dr. David Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto. Con motivo del 50º aniversario de la aprobación de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en la Novena Conferencia Internacional Americana realizada en Colombia, en mayo de 1948, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos organizará diversos actos conmemorativos y protocolares. En este contexto, la CIDH ha recibido las invitaciones que formularon los Gobiernos de Venezuela y Colombia, con la finalidad de que la Comisión efectúe en la ciudades de Caracas y de Santafé de Bogotá, sesiones extraordinarias y eventos de promoción de derechos humanos. Los respectivos Representantes Permanentes de ambos Estados miembros, Embajadores Francisco Paparoni y Carlos Holmes Trujillo, se hicieron presentes ante la Comisión a fin de entregar la invitación y referirse al significado de las mismas. La Comisión ha aceptado dichas invitaciones y llevará a cabo tales sesiones en las mencionadas capitales, además de los actos protocolares y conmemorativos que tiene proyectados. Washington, D.C., 14 de marzo de 1997
Nº 5/97 El día 26 de abril de 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició una visita in loco por invitación del Gobierno de Bolivia, con el objeto de investigar los hechos ocurridos en el mes de diciembre de 1996, en las localidades de Amayapampa, Llallagua, y Capasirca, ubicadas en el Norte del Departamento de Potosí. La visita de la Comisión Interamericana se realiza dentro del marco jurídico de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y su Reglamento, y su apreciación de los hechos culminará en la evacuación de un informe que hará referencia a si existe responsabilidad estatal. La delegación de la Comisión está integrada por su Presidente, Embajador John S. Donaldson y los Comisionados Decano Claudio Grossman y Jean Joseph Exume. Los Comisionados serán asistidos durante esta visita por el Secretario Ejecutivo, Embajador Jorge Taiana, y el Secretario Ejecutivo Adjunto, Dr. David Padilla, y por los abogados Milton Castillo y María Noel Rodríguez. Como personal de apoyo administrativo actuará la señora Cecilia Adriazola. La CIDH es uno de los órganos principales de la Organización de los Estados Americanos que se encarga de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en el hemisferio, y de servir como órgano consultivo en la materia. Los siete miembros de la Comisión son elegidos a título personal por la Asamblea General de la OEA, por un período de cuatro años, y representan a todos los Estados Miembros. Las atribuciones de la Comisión derivan fundamentalmente de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento internacional ratificado por la República de Bolivia el 19 de julio de 1979. Durante su estadía en Bolivia, la Comisión se entrevistará con autoridades del Gobierno, representantes del Congreso de la República, con organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos, con dirigentes sindicales, y con los familiares de las víctimas fallecidas en los sucesos de Amayapampa, Llallagua y Capasirca, así como con un grupo de los heridos. La Comisión recibirá también los testimonios de los funcionarios policiales y militares que estuvieron involucrados en los hechos. Un grupo de la delegación de la CIDH se trasladará al lugar de los hechos el día miércoles 30 de abril, con el objeto de realizar una visita de inspección y recoger testimonios de los trabajadores mineros y campesinos de la zona. De acuerdo a lo señalado al principio de este comunicado de prensa, la visita de la Comisión se realiza de conformidad con las disposiciones de la Convención Americana, y Reglamento de la misma; y por consiguiente, es pertinente indicar que el artículo 58 del Reglamento de la CIDH dispone que, los gobiernos --tal como en este caso ha venido haciendo el Gobierno de Bolivia-- se comprometen a otorgar todas las facilidades necesarias para que la Comisión pueda llevar a cabo su misión y en particular se compromete a no tomar represalias de ningún orden en contra de las personas o entidades que hayan cooperado con ella, proporcionándoles informaciones o testimonios. Al término de su visita, la CIDH regresará a su sede en Washington D.C., donde iniciará el estudio y la evaluación de las investigaciones realizadas, con el propósito de preparar su informe final. La Comisión agradece la cooperación que ha tenido del Gobierno de Bolivia en la preparación de esta visita, y una vez más, manifiesta que tiene la mejor disposición para cooperar con los gobiernos democráticos del hemisferio en la promoción y protección de los derechos humanos. La Paz, Bolivia, 28 de abril de 1997
Nº 6/97 El día de hoy, 2 de mayo de 1997, finalizó la visita in-loco que, por invitación del Gobierno de Bolivia realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objeto de investigar los hechos ocurridos en el mes de diciembre de 1996, en las localidades de Amayapampa, Llallagua, y Capasirca, ubicadas en el Norte del Departamento de Potosí. Participaron en la visita el Presidente de la Comisión, Embajador John S. Donaldson y los Comisionados Decano Claudio Grossman y el Dr. Jean Joseph Exume. Los Comisionados estuvieron asistidos durante esta visita por el Secretario Ejecutivo, Embajador Jorge E. Taiana, y el Secretario Ejecutivo Adjunto, Dr. David J. Padilla, y por los abogados Milton Castillo y María Noel Rodríguez. Como personal de apoyo administrativo actuó la señora Cecilia Adriazola. En la ciudad de La Paz, el Presidente de la República, Dr. Gonzalo Sánchez de Lozada, recibió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual solicitó el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de la verdad sobre los mismos. La Comisión también se reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Antonio Araníbar Quiroga; con el Ministro de Justicia, Dr. René Blattman Bauer; con el Ministro de Gobierno, Dr. Víctor Hugo Canelas; con el Ministro de Desarrollo Humano (ex- Ministro de Gobierno al momento de los hechos), Lic. Franklin Anaya Vásquez; con el Ministro de Desarrollo Económico, Ing. Jaime Villalobos; con el Ministro de Trabajo, Dr. Alberto Vargas; con el Ministro de Defensa, Lic. Alfonso Kreidler; y con el Fiscal General de la República, Dr. Oscar Crespo. La Comisión se entrevistó también con los ex-Ministros de Estado: Mauricio Balcazar (Comunicación Social); Carlos Sánchez Berzaín (Gobierno); y con Hugo San Martín (Trabajo). Como parte de sus actividades en esta oportunidad, un grupo de la delegación de la CIDH se trasladó al lugar de los hechos el jueves 1 de mayo, donde realizó una visita de inspección y recogió numerosos testimonios de los trabajadores mineros, y campesinos de la zona. La Comisión también se reunió con los familiares de los fallecidos y un grupo de los heridos en la Universidad Siglo XX de la ciudad de Llallagua, y viajó a Amayapampa y Capasirca, donde recibió los testimonios de dirigentes sindicales y campesinos del lugar. Esta visita fue precedida por otra misión técnica preparatoria de la CIDH, integrada por el Secretario Ejecutivo Adjunto, Dr. David Padilla y por el Dr. Milton Castillo, abogado de la Secretaría Ejecutiva y responsable de los asuntos de Bolivia, quienes igualmente se reunieron con autoridades gubernamentales, y miembros de la sociedad civil, trasladándose también al lugar de los hechos a principios del mes de abril del presente año. La CIDH también sostuvo reuniones con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. En ese sentido, se reunió con su Presidente, Dr. Juan del Granado, y con los Diputados Jorge Albarracín, Lucio Felipez, Jorge Suarez, Rosario Paz Ballivian y Luis Vazquez Villamor. También recibieron a la CIDH los Senadores de la República, Dres. Gonzalo Balda Cárdenas, Joaquín Aguirre Lavayen, Luis Lema Molina, Martín Quiroz Alcalá, Raúl Gallo, Valentín Abecia, y Walter Zuleta Roncal. Como parte de su investigación, la Comisión recibió las declaraciones testificales del Jefe de Estado Mayor del Ejército, Gral. Daniel Saavedra; del Coronel Alberto Vélez Ocampo, Comandante de la Sección III del Ejército; y del Teniente Coronel Carlos Pozo, Comandante del Regimiento Illimani. La Comisión también recibió la declaración del Gral. Willie Arriaza, ex-Comandante General de la Policía Nacional de Bolivia. Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió testimonios y abundante información de diferentes miembros de la sociedad civil, entre los cuales están el Dr. Waldo Albarracín, Presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos; Edgar Ramírez, dirigente de la Central Obrera Boliviana; Milton Gómez y Guillermo Dalence de la Federación Minera; y Román Loayza de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Rev. Roberto Durete, Director de Radio Pío XII y Presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Llallagua; Tomás Quiroz, Presidente de la Cooperativa Multiactiva; Silvia Rojas, dirigente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Llallagua; el Dr. Rodrigo Flores (médico que fue herido en el lugar de los hechos); Yerco Kukoc (ex-Prefecto de Potosí); y el señor David Collins, gerente general de la empresa Da Capo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió, asimismo, a la viuda del Coronel Eduardo Rivas y a los policías heridos en los hechos. La intensa labor de investigación realizada por la CIDH durante esta visita in-loco y los diversos testimonios recibidos durante la misma, han permitido obtener una visión completa sobre los complejos y trágicos hechos ocurridos en el Norte del Departamento de Potosí, en el mes de diciembre de 1996. Tal como lo manifestara en su Comunicado de Prensa inicial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha realizado esta visita in-loco dentro del marco jurídico de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Reglamento, y su análisis culminará en la elaboración de un informe que hará referencia a si existe o no responsabilidad del Estado boliviano en los hechos materia del presente caso. La Comisión desea expresar su agradecimiento al Gobierno y pueblo de Bolivia en la persona de su Presidente Dr. Gonzalo Sánchez de Lozada; al Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Antonio Araníbar Quiroga; y a las demás autoridades gubernamentales y estatales por la hospitalidad, facilidades y cooperación brindadas para la realización de esta visita, así como a las organizaciones no gubernamentales y personas, que en forma franca y transparente contribuyeron con sus valiosos testimonios al eficaz cumplimiento de esta misión. La Paz, Bolivia, 2 de mayo de 1997 |
