|
Nº 15 /98 COMUNICADO DE PRENSA La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) finaliza el día de hoy, 11 de agosto de 1998, su visita in loco, realizada por invitación del Gobierno de la República de Guatemala, con el objeto de observar la situación actual de los derechos humanos en este país. Participaron en la visita los siguientes Miembros de la Comisión: Dr. Carlos Ayala Corao, Presidente de la CIDH; Decano Claudio Grossman y Profesor Hélio Bicudo. La Comisión contó con el apoyo técnico de su Secretario Ejecutivo, Embajador Jorge E. Taiana; del Secretario Ejecutivo Adjunto, Dr. David Padilla; y de los abogados, Dres. Elizabeth Abi-Mershed, Osvaldo Kreimer y Verónica Gómez. Como personal de apoyo administrativo actuaron las señoras Martha Lucía Keller y Ana Cecilia Adriazola. La Comisión es un órgano principal de la Organización de los Estados Americanos ("OEA") que de manera imparcial, se encarga de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en el hemisferio. Las atribuciones de la CIDH derivan fundamentalmente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (la "Convención Americana") y de la propia Carta de la OEA, instrumentos ratificados por la República de Guatemala. Con tal propósito, la Comisión investiga y decide sobre denuncias de violaciones de los derechos humanos, celebra visitas in loco (como la actual que se ha efectuado en Guatemala), prepara proyectos de tratados y declaraciones sobre derechos humanos, así como informes sobre la materia en los países de la región. La Comisión está integrada por siete miembros electos a título personal como expertos por la Asamblea General de la OEA, por un período de cuatro años. La Delegación de la CIDH se reunirá con el Presidente de la República, Sr. Alvaro Arzú Irigoyen, hoy en la tarde. Además, durante su estadía en Guatemala, la Comisión se reunió con altas autoridades del Estado, incluyendo el Ministerio de Relaciones Exteriores y otros Ministros, los Presidentes y varios miembros de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, el Presidente del Congreso y representantes de varias comisiones, así como la Presidenta de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos. La Comisión tuvo oportunidad igualmente de entrevistarse con numerosas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, con organizaciones sociales, dirigentes sindicales, empresariales, representantes de comunidades indígenas, periodistas, presuntas víctimas de violaciones a los derechos humanos, entre otros (ver anexo). La Comisión también celebró reuniones con la Comisión de Esclarecimiento Histórico, y con organismos internacionales como la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La Comisión visitó la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón; y los Centros de Detención Preventiva "Pavoncito", Santa Teresa, Zona 18; y los centros de detención de menores de "Los Gorriones" y "Las Gaviotas". Asimismo, la delegación de la CIDH se trasladó a la localidad de Nebaj donde se reunió con autoridades locales, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, otros grupos populares y un gran número de individuos y representantes de comunidades indígenas, y visitó Quetzaltenango donde se reunió con el Alcalde. La Comisión desea señalar que en el curso de esta visita, contó con todas las facilidades necesarias y amplia libertad para reunirse con todas las personas que consideró conveniente, así como para desplazarse a cualquier lugar del territorio guatemalteco. El Gobierno de Guatemala otorgó a la CIDH una plena y completa cooperación, lo cual le permitió realizar un vasto programa de actividades. La Comisión desea destacar que la invitación formulada por el Gobierno del Presidente Arzú para realizar esta visita in loco, revela la importancia que se atribuye, hoy en día, al tema de los derechos humanos. La amplia y compleja información recibida será analizada en profundidad en la próxima reunión ordinaria que la Comisión celebrará en su sede en el mes de octubre del año 1998, con el objeto de elaborar posteriormente un informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala. Sin perjuicio de lo anterior, al finalizar su visita, la Comisión desea efectuar en primer término, apreciaciones preliminares sobre temas de carácter general relativas a la promoción y protección de los derechos humanos, para luego avanzar algunas apreciaciones sobre temas específicos que fueron sometidos a su consideración durante esta visita.
Esta es la primera visita que la Comisión efectúa a la República de Guatemala desde la firma de los Acuerdos de Paz del 29 de diciembre de 1996. La CIDH ha podido verificar que Guatemala se encuentra transitando una nueva realidad en la cual, si bien subsisten diversos problemas que afectan la plena vigencia de los derechos humanos, se están realizando múltiples esfuerzos para afianzar la democracia y consolidar el Estado de Derecho. La paz ha creado espacios valiosísimos de diálogo e intercambio de opiniones y ha favorecido el desarrollo de la sociedad civil. La CIDH pudo verificar la existencia de centenares de organizaciones que, desde las posiciones más diversas, canalizan y dan expresión a valiosas formas de diálogo y participación. La Comisión pudo constatar también que el proceso de paz ha puesto en la agenda del pueblo guatemalteco, temas esenciales para el desarrollo y consolidación de un sistema democrático. Entre ellos se incluyen: la creación de un Poder Judicial independiente que sea percibido como justo, moderno y eficaz; el reconocimiento de las justas aspiraciones de las comunidades indígenas; el desarrollo de una Policía Nacional Civil respetada y respetable; la redefinición del rol de la Fuerza Armada para la seguridad externa; el logro de una sociedad donde no haya discriminaciones de género y se alcance la igualdad jurídica y real entre hombres y mujeres; y la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales, que permitirán que todos los guatemaltecos, sin discriminación alguna, puedan aspirar a una vida digna en igualdad de oportunidades. La inclusión de estos temas en la agenda y el debate nacionales, son una valiosa y primera condición para ir avanzando en la creación, consolidación o desarrollo de importantes instituciones y valores de dignidad humana, esenciales para el éxito de la transición y el proceso de paz. La Comisión desea reiterar su más decidido apoyo a un proceso que ha puesto fin a más de 35 años de enfrentamiento armado interno. Las secuelas de dicho conflicto son una pesada carga que, lamentablemente, no es posible superar de un día para el otro. El desarrollo de una cultura de tolerancia, de respeto a la ley y de rechazo a la impunidad, requieren un esfuerzo de todos los guatemaltecos, esfuerzos en los que han sido y serán acompañados solidariamente por la comunidad internacional. La CIDH ha observado que las múltiples instancias de diálogo y cooperación creados por los Acuerdos de Paz, son un ámbito de gran valor para avanzar en la consolidación de dichos acuerdos. La Comisión, asimismo, es consciente de las dificultades de dicha tarea y de todo lo que falta por lograr, así como de muestras de frustración con el avance del proceso por parte de algunas organizaciones sociales. La CIDH se permite señalar que dichas dificultades no deben hacer perder de vista la importancia de lo alcanzado, y la necesidad de preservar y fortalecer los espacios de cooperación y participación existentes. La CIDH considera de suma importancia para la consolidación de la paz y la reconciliación en Guatemala, el mandato encomendado a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. En este sentido, la CIDH fue informada de los avances en la labor desarrollada hasta la fecha por la CEH, y espera con gran expectativa la conclusión de sus trabajos. Resaltamos la importancia de los Acuerdos de Paz, como instrumentos para avanzar en la tarea de la construcción de un país más democrático, justo, tolerante y respetuoso de los derechos humanos. Hacemos un llamado al Estado y a la sociedad civil, para que redoblen sus esfuerzos para la plena implementación de estos acuerdos. Expresamos un especial reconocimiento a la contribución que tiene la presencia y los informes de MINUGUA, para la observancia de los derechos humanos y el proceso de fortalecimiento del Estado de Derecho en Guatemala.
Durante su permanencia en Guatemala, la Comisión recibió valiosos testimonios sobre los temas de seguridad ciudadana, la violencia y la delincuencia que afectan gravemente el ejercicio real de los derechos de la población, y por tanto obstaculizar el avance en el desarrollo y consolidación del Estado de Derecho. La experiencia internacional demuestra que, para lograr una lucha efectiva contra la delincuencia, es necesario estructurar policías bien formadas, equipadas y pagadas, que combatan limpiamente al crimen. En este sentido, la CIDH fue informada del estado de los avances logrados por la nueva Policía Nacional Civil, y su efecto en la reducción de los índices delictivos. Así mismo, la lucha contra la delincuencia depende de la estructuración y la organización de un Ministerio Público, capaz de investigar debidamente y formular acusaciones en los procesos penales; de un poder judicial independiente y profesional, que a través de un proceso debido aplique las sanciones legales permitidas; y de un sistema penitenciario, que sirva para recluir a los delincuentes durante el tiempo de sus penas. Ahora bien, la CIDH desea recordar, que la lucha efectiva contra la delincuencia está asociada con la promoción de valores de tolerancia y el fortalecimiento del tejido social, a través de la educación y el desarrollo económico. Se ha demostrado que cada año de educación adicional que reciba el conjunto de la población, disminuye geométricamente la cantidad de crímenes que se cometen en la sociedad. La CIDH ha expresado en varias oportunidades durante su visita, la compatibilidad e interdependencia entre los derechos humanos y la lucha efectiva contra la delincuencia en el marco del Estado de Derecho. Durante su visita, la CIDH ha sido informada sobre los graves fenómenos de "linchamientos" que ocurren en el seno de la sociedad guatemalteca. La CIDH condena enfáticamente los linchamientos por constituir en sí mismos no sólo hechos aberrantes sino delitos que deben ser sancionados.
La promoción y protección de los derechos humanos es sin duda y en primer lugar, un derecho y deber de todos los guatemaltecos. En un mundo y en un hemisferio cada vez más integrado, los temas que confrontan los países -de carácter económico, comercial, de medio ambiente, de seguridad-, tienen una connotación global indiscutible. El hemisferio crecientemente ha ido creando una comunidad que tiene como parte esencial la legitimidad política que dan gobiernos electos y democráticos, y el reconocimiento internacional de valores esenciales de dignidad humana recogidos en los tratados y normas de derechos humanos. En el marco de esa nueva realidad hemisférica, la comunidad internacional y regional continuará acompañando al pueblo y al Gobierno de Guatemala, en la noble tarea de ir accediendo a formas cada vez más elevadas de realización plena de los derechos humanos. En el mismo sentido, la riqueza y experiencia de Guatemala en el desarrollo de su propia construcción democrática, crecientemente aportará al enriquecimiento del hemisferio en su conjunto. Durante su permanencia la Comisión pudo observar la existencia de iniciativas dirigidas a que Guatemala no siga aceptando la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, e incluso se retire de la Convención Americana (Pacto de San José), de la que 25 países del hemisferio son miembros. Desde un punto de vista técnico y jurídico referente al derecho internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desea destacar que en lo que se refiere a los casos actualmente pendientes sobre Guatemala, esas iniciativas, de lograr su objetivo, no tendrán el efecto de excluir los casos actualmente considerados por el sistema interamericano. Igualmente, y en función de texto expreso de la Convención Americana, cualquier caso que surgiera durante el período de aplicación y vigencia de ella también puede ser conocido y decidido válidamente por los órganos internacionales. Además, debe notarse que la Comisión ejerce su mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos respecto no sólo de los Estados parte de la Convención Americana, sino también de todos los Estados miembros de la OEA. El Derecho Internacional establece claramente que la invocación de causales de nulidad o inexistencia basadas en el incumplimiento de normas de derecho interno (incluido el Derecho Constitucional), carece de valor cuando el Estado ha consentido a través de su actuación en la vigencia del tratado respectivo. El Estado de Guatemala ha votado en elecciones bajo la Convención Americana, ha participado en casos y explícitamente ha reconocido la vigencia de la Convención Americana y la competencia de la Corte. Incluso al margen de consideraciones técnicas y jurídicas que la Comisión ofrece para enriquecer el debate que existe en Guatemala, siempre ha sido la doctrina de la Comisión que el crimen requiere de un combate integral y, que es en el fortalecimiento del Estado de Derecho en todos sus aspectos y no en su negación -incluyendo el respeto del orden jurídico internacional- donde se avanzará en el logro de la seguridad ciudadana a la que aspiran legítimamente todos los guatemaltecos. La CIDH desea aclarar que la Convención Americana no impide la pena de muerte en aquellos casos en que la legislación penal así lo tenía tipificado en el momento de su ratificación; pero el propio Estado guatemalteco se comprometió en dicha Convención ante la comunidad de Estados signatarios, a no ampliar con posterioridad la pena de muerte a nuevos delitos. En todo caso, la CIDH ratifica que la lucha efectiva contra la delincuencia requiere de la aplicación de las sanciones que sean legales, a través de los debidos procesos penales.
La CIDH no puede guardar silencio al efectuar estas consideraciones generales, ante al brutal asesinato de Monseñor Juan José Gerardi Conedera. La muerte del Monseñor Gerardi ha enlutado no sólo a Guatemala sino a todo el hemisferio, privándonos de un luchador incansable por los derechos humanos, la justicia y la verdad. La Comisión se entrevistó con los miembros de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, a quienes expresó su solidaridad, su apoyo y su reconocimiento por la valiosa tarea desarrollada en el Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), que brinda nueva luz a las trágicas violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado contra el pueblo de Guatemala. Durante su visita la CIDH ha recibido diversas informaciones sobre la marcha de las investigaciones que se realizan para aclarar el crimen del Monseñor Gerardi. En particular, ha tomado nota de la insatisfacción expresada al respecto por varios sectores, que incluyen a la Conferencia Episcopal de Guatemala. La Comisión continuará siguiendo atentamente la marcha de la investigación y exhorta a todos los que tienen responsabilidad en la misma, en particular al Ministerio Público, a extremar los esfuerzos para llegar al completo esclarecimiento del crimen, y a la detención y castigo de todos los culpables tanto materiales como intelectuales. El crimen del Monseñor Gerardi no debe quedar impune.
Durante su visita en Guatemala, la CIDH recibió testimonios e informaciones de entidades gubernamentales y no gubernamentales, así como numerosos individuales de la sociedad civil sobre los temas específicos que se mencionan a continuación.
La CIDH fue informada durante su visita, de la situación del Poder Judicial guatemalteco, incluyendo los esfuerzos y logros en relación a la formación de jueces, la creación y nombramiento de nuevos jueces de paz, juzgados comunitarios, y las mejoras de las condiciones socioeconómicas de los miembros del Poder Judicial. Asimismo, la CIDH, recibió información de las deficiencias que aún aquejan al Poder Judicial, entre las que se encuentran la insuficiencia de recursos, las presiones de diversa índole que tienden a comprometer su independencia, y sobre la falta de una carrera judicial y la inestabilidad consecuente. Asimismo, la CIDH recibió informaciones relativas a casos de impunidad de agentes del Estado, tanto civiles como militares, por delitos violatorios de los derechos humanos. No obstante ello, la CIDH fue informada de algunos casos ejemplares relativos a jueces que conducen responsablemente procesos contra agentes estatales violadores de derechos humanos, y sobre jueces que dan aplicación adecuada a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En estos y otros casos, la CIDH fue informada sobre denuncias de acoso, amenazas y presiones de diversas fuentes que persiguen comprometer la independencia de estos jueces. La CIDH desea reiterar la importancia de la existencia de un Poder Judicial competente, profesional, organizado en carrera, independiente, autónomo y en definitiva justo, para el perfeccionamiento de la democracia y la estructuración de un Estado de Derecho. El Poder Judicial es el valladar del abuso del Poder, es el garante de la legalidad por encima de cualquier capricho personal, y es en definitiva la garantía de los derechos de todas las personas. El Poder Judicial es, así mismo, el instrumento civilizado para la solución de los conflictos que ocurren a diario en la sociedad. Una sociedad sin un Poder Judicial debidamente estructurado, es proclive a la violencia y a su propia destrucción. Por ello, la CIDH hace un llamado a las autoridades e instancias responsables dentro del Estado guatemalteco, a fin de que se continúen implementando medidas tendientes a la organización de jueces y tribunales independientes, autónomos y justos. En este sentido, la CIDH seguirá muy de cerca, las reformas que han sido propuestas en Guatemala, en materia de gobierno y carrera judicial, acceso a la justicia, lucha contra la impunidad, respeto y apoyo a la independencia de los jueces, y el desarrollo efectivo de las garantías judiciales.
En su visita, la Comisión fue informada de las iniciativas del Gobierno y la sociedad civil para construir una Guatemala pluricultural, plurilingüística y multiétnica, sin discriminación, con respeto a la dignidad y plena expresión de todos. Están en proceso las discusiones parlamentarias y políticas, para consagrar esos principios en la Constitución del Estado. Por otro lado se conocieron avances en las áreas de educación y de salud, que comienzan a valorar y utilizar la riqueza de las estructuras comunitarias y culturales indígenas en sus planes y proyectos. La Comisión ve también con beneplácito, la ratificación del Convenio 169 de la OIT, que provee a la legislación guatemalteca de un marco de referencia en esos aspectos, y espera su plena aplicación. El proyecto de Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado por la Comisión y actualmente a consideración de los cuerpos políticos de la OEA, puede ampliar y reforzar ese marco. La Comisión recibió información sobre iniciativas destinadas a reparar consecuencias del conflicto en las áreas indígenas de acuerdo a compromisos adoptados, a través de los fondos sociales (FONAPAZ, FONATIERRA, FONDIGUA, FIS). La Comisión destaca el cumplimiento efectivo del acuerdo de solución amistosa logrado en la reparación a las comunidades del área de Colotenango, y en la investigación y castigo a los responsables de las violaciones incluidas en dicho caso. Igualmente ha comprobado el avance en cumplir las recomendaciones sobre situaciones generales, como las referidas a las Comunidades de Población en Resistencia. La CIDH recibió, sin embargo, denuncias sobre la falta de apoyo de algunas instituciones estatales en la investigación sobre el destino de los cuerpos de las víctimas de distintas masacres, que sólo está cumpliéndose gracias a los esfuerzos de organizaciones civiles y comunitarias. A la CIDH se le entregó información por parte de organizaciones campesinas e indígenas acerca de la ineficacia de ciertas instituciones estatales, en particular la justicia laboral y del INTA, para reconocer y hacer efectivos los derechos de los trabajadores y de las comunidades indígenas. También se le expresaron quejas sobre el excesivo uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, en la ejecución de órdenes de desalojo en el área rural. A fin de evitar la proliferación de estos conflictos, la CIDH desea señalar la importancia de otorgar seguridad jurídica a la propiedad, para lo cual es imprescindible avanzar en métodos de titulación y catastro, modernos y transparentes. La CIDH recibió además información sobre la situación de las comunidades indígenas, a quienes la falta real de acceso a una justicia independiente y efectiva se ha traducido, muchas veces, en negación de sus derechos y el despojo de sus propiedades. La CIDH analizará a fondo las informaciones recibidas, y se referirá a ellas en su Informe Final.
La Comisión recibió importantes testimonios de organizaciones y personalidades tanto gubernamentales como de la vida civil, que se preocupan de los temas de la mujer. La CIDH da la mayor importancia a la existencia de organizaciones de la vida civil que son una poderosa voz desde el sector privado de las aspiraciones de las mujeres, y permiten una participación de la sociedad civil en la formulación de políticas para alcanzar la igualdad de género. Los testimonios entregados valoran altamente la ratificación por el Gobierno de Guatemala de la Convención de Belém do Pará sobre violencia sobre la mujer como asimismo, la aprobación de la ley sobre violencia intrafamiliar dirigida a aplicar en Guatemala dicha Convención. La CIDH recibió información sobre la necesidad que se dicte el reglamento dirigido a implementar concretamente los propósitos de dicha Convención y Ley. El tema de la violencia doméstica en Guatemala como en el hemisferio, es un tema de extremada importancia y un obstáculo de gran magnitud que impide brutalmente la realización plena de los derechos de la mujer. Asimismo la CIDH fue informada que para erradicar la violencia doméstica tanto al pueblo como al Gobierno de Guatemala debían hacerse un incremento importante en el desarrollo de campañas de educación, adoptar medidas concretas significativas a nivel institucional y aportar los recursos que muestren la importancia que se reconoce a esta brutal violación de los derechos de la mujer. La Comisión recibió también estadísticas sobre la representación de mujeres en el mundo de los negocios, en el poder judicial, en la administración pública, a nivel de los ministerios. La CIDH expresa también su esperanza que en el marco de los procesos de paz, iniciativas concretas se presenten de modo de alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres.
La niñez y la juventud constituyen aproximadamente la mitad de la población guatemalteca, y es el más rico potencial y la esperanza para el desarrollo del país. La Comisión estudia detenidamente la situación de sus derechos y libertades. Como dice el Artículo 19 de la Convención Americana: "Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado". En este sentido, la Comisión valora que Guatemala se haya ratificado de la Convención sobre Derechos del Niño; sin embargo, recibió informaciones de diversos organismos que cuestionan que todavía no se haya puesto en vigencia el Código de la Niñez y la Juventud, destinado a armonizar la ley interna con los compromisos aceptados bajo la Convención de la ONU. Consecuentemente según se le informó a la CIDH, no existen todavía protecciones legales para garantizar, por ejemplo, el derecho del niño a la defensoría de oficio y a ser oído en los procesos judiciales, o la prohibición de detener menores bajo custodia protectora en centros de detención de delincuentes juveniles. Al mismo tiempo, la CIDH fue informada de iniciativas importantes del Estado, tales como la apertura de nuevos espacios de diálogo sobre la problemática de la niñez, la adopción de la Ley contra la violencia intrafamiliar, la ampliación de programas sociales como el programa de desayuno escolar, y el acceso a atención médica y educación. La Comisión recibió además información preocupante sobre la situación del trabajo y la prostitución infantil, las indicaciones de que existen redes ilegales de adopción, la situación de los niños de la calle, la violencia contra la niñez y la situación de impunidad en estos crímenes. Además, se presentaron a la CIDH indicadores de que no se han logrado garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de gran parte de la niñez. La CIDH se referirá igualmente al importante tema de la niñez en su informe final.
La Comisión visitó la Granja Modelo de Rehabilitación conocida como "Pavón" que aloja a reclusos con penas de prisión, y los Centros de Detención Preventiva conocidos como "Pavoncito" y Zona 18, todos ellos situados en Ciudad de Guatemala, donde se informó sobre cuestiones tales como seguridad, sanidad, atención médica, recreación y rehabilitación de los reclusos. La Comisión pudo observar que estas instituciones no disponen de suficiente personal debidamente formado, y que en algunos casos, dicha situación ha contribuido a la adopción de un sistema de comités de disciplina gobernados por los propios internos -y por lo tanto fuera del control del Estado- y, en otros, a la reducción del régimen de recreación, al punto de afectar el trato humano debido a los internos. Las condiciones de salubridad, atención médica y recreación de las personas detenidas en forma preventiva son inaceptables y son causa de preocupación. La Comisión también visitó los centros denominados "Las Gaviotas" y "Los Gorriones" que alojan, respectivamente, a niños y niñas a disposición de los magistrados, o cuya participación en la comisión de delitos graves ha sido determinada. La Comisión nota que, como consecuencia de la centralización del sistema de detención en la Capital, los menores a disposición de los magistrados muchas veces pierden contacto con sus familias cuando estos viven aisladas en el interior, lo cual dificulta gravemente su rehabilitación. La CIDH evaluará todas las informaciones recibidas acerca del sistema penitenciario en Guatemala, y las evaluará en profundidad con ocasión de su Informe Final.
Diversas organizaciones y personalidades públicas y privadas entregaron información a la CIDH sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en Guatemala. Dichas fuentes hicieron hincapié en que la mayoría de la población vive en estado de pobreza, y más de la mitad en condiciones de extrema pobreza, sin posibilidades de satisfacer necesidades básicas tales como alimentación, salud, educación y vivienda, por lo que vastos sectores de la población se ven excluidos del desarrollo social. En el curso de su visita, la Comisión recibió además información detallada sobre iniciativas positivas destinadas al mejoramiento de la cobertura y calidad de la escolaridad primaria en áreas rurales, la ampliación de la educación bilingüe y programas como el desayuno escolar y el Sistema Integral de Atención en Salud. La CIDH fue además informada de los ambiciosos compromisos del Acuerdos de Paz, como por ejemplo, el aumento del 50% en el gasto público en educación y salud entre 1995 y el año 2000, lo cual requiere un incremento en los ingresos tributarios del 8% al 12% del PIB para el año 2000. Además el Estado se ha comprometido a tomar un conjunto de medidas destinadas a incrementar la participación de la población en los distintos aspectos de la gestión pública, incluyendo las políticas del desarrollo social y rural. La Comisión se referirá en su Informe Final a estos compromisos y su potencial para incrementar la capacidad de los sectores pobres y marginalizados de participar en la democracia y el desarrollo nacional.
En el curso de su visita, la Comisión ha observado los importantes logros y desafíos que se presentan en Guatemala a la acción del Estado y la sociedad civil, en el proceso de establecer y fortalecer los requisitos necesarios para desarrollar y profundizar la democracia. En este sentido, es alentador el involucramiento de amplios sectores de la sociedad guatemalteca con el propósito de realizar plenamente los compromisos de los Acuerdos de Paz a favor del respeto por los derechos y libertades de la persona. Dicho objetivo presupone el fortalecimiento del Estado guatemalteco como un Estado de Derecho, y la profundización de su democracia política, social y económica en un ambiente de diálogo, consenso y tolerancia. La CIDH continuará acompañando al pueblo de Guatemala en su lucha constante por el logro de la plena vigencia de los derechos humanos en un marco de paz. La Comisión desea finalmente expresar su agradecimiento al Gobierno de la República de Guatemala, a su Presidente, Alvaro Arzú, al Ministro de Relaciones Exteriores y a las demás autoridades que brindaron su colaboración en la realización de esta visita, así como a los organismos no gubernamentales, a los representantes de la sociedad civil y a los particulares, que en forma franca y objetiva, contribuyeron con su información y documentación en el eficaz cumplimiento de los propósitos de nuestra visita. La CIDH analizará la información que se le ha proporcionado, y en la ocasión de su Informe Final, formulará sus conclusiones y recomendaciones definitivas.
Guatemala, 11 de agosto de 1998 ANEXO
En la tarde del día de hoy, la Comisión se reunirá con el Presidente de la República, Sr. Alvaro Arzú Irigoyen. Además, durante su estadía en Guatemala, la Comisión se ha reunido con el Ministro de Relaciones Exteriores, Emb. Eduardo Stein Barillas; el Ministro de Gobernación, Licenciado Rodolfo Adrián Mendoza Rosales; el Ministro de Trabajo y Previsión Social, Licenciado Luis Felipe Linares; la Ministra de Educación, Licenciada Arabella Castro Quiñónez; el Ministro de Defensa, General de Brigada Héctor Mario Barrios Celada; el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Ingeniero Marco Tulio Sosa Ramírez; el Licenciado Angel Alfredo Figueroa, Presidente de la Corte Suprema de Justicia y Magistrados del Organismo; el Licenciado Rubén López Mijanjos, Presidente de la Corte de Constitucionalidad y Miembros de la Corte, el Presidente y Miembros del Tribunal Supremo Electoral, Licenciado Félix Castillo Milla; el Presidente del Congreso de la República, Licenciado Rafael Barrios Flores, y autoridades de las Comisiones de Estudios para la Paz, de Derechos Humanos, de la Mujer y la Familia, y Asuntos Indígenas; el Fiscal General de la Nación y Jefe del Ministerio Público, Licenciado Adolfo González Rodas; la Presidenta de COPREDEH, Licenciada Marta Altolaguirre; el Procurador de Derechos Humanos, Licenciado Julio Eduardo Arango; la Licenciada Raquel Zelaya Rosales, Coordinadora de la Secretaría de la Paz (SEPAZ); el Licenciado Enrique Godoy, Director de Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ); y con el Arquitecto José Luis Gándara, Director Ejecutivo, Comisión Nacional para la Atención de Repatriados, Refugiados y Desplazados (CEAR). Además, la Comisión se reunió con organizaciones no gubernamentales, entre ellas, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, Alianza contra la Impunidad, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Guatemala, Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, Comité de Unidad Campesina, Academia de Lenguas Mayas, COPRODIMU, Grupo Guatemalteco de Mujeres, GRUFEPROMEFAM, COALM, Área de la Mujer de CALDH, Foro Nacional de la Mujer, CIPRODENI, CCOIPINGUA, Consejo Nacional para la Atención a las Personas con Discapacidad, Fundación Mack, Asociación de Periodistas de Guatemala, Cámara Guatemalteca de Periodistas, Fundación Rigoberta Mechú Tum, Asamblea Consultiva de Poblaciones Desarraigadas, Unión para el Desarrollo Alternativo del área Kaqchikel, Centro de la Defensa de la Constitución, UNSITRAGUA, Unión Guatemalteca de Trabajadores, CACIF y Guardianes del Vecindario. En la localidad de Nebaj, la Comisión se reunió con autoridades de la Alcaldía, con grupos no gubernamentales, así como el Movimiento de Desarraigados Organizados para el Desarrollo en el Norte del Quiché, la Defensoría Maya, CONAVIGUA, CIEDEG, el Comité de Desarrollo Integral, otros grupos populares y un gran número de particulares. También visitó Quetzaltenango donde se reunió con el Alcalde Rigoberto Quemé.
COMUNICADO DE PRENSA 1. Durante su 100º Período de Sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la "Comisión" o la "CIDH") aprobó el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en México con base en la competencia atribuida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 41), el Estatuto (artículo 8) y el Reglamento de la CIDH (artículo 62). El informe fue elaborado con base en la información y documentación recibida antes, durante y después de la visita in loco que realizó la CIDH a los Estados Unidos Mexicanos (en adelante "México" o "el Estado") del 15 al 24 de julio de 1996, a invitación de su Gobierno. Cabe destacar que aquélla fue la primera visita de ese tipo que la Comisión realiza a México; y este es igualmente el primer informe general sobre derechos humanos adoptado por la CIDH respecto a dicho Estado. 2. El contexto del informe está marcado por un proceso de cambio en México, dentro del cual se han verificado importantes avances hacia el fortalecimiento del sistema democrático y la vigencia del Estado de Derecho, especialmente en materia de elecciones libres y el fortalecimiento de una sociedad civil cada vez más participativa. La CIDH valora el interés de dicha sociedad y de las autoridades en mantener a los derechos humanos en la agenda de los principales temas nacionales. A pesar de los progresos que refleja el informe, también se ha constatado la persistencia de graves problemas, como la impunidad, que impiden la plena vigencia de los derechos humanos en el país. 3. La realidad de los derechos humanos en México fue analizada considerando primero la estructura del Estado, y a continuación la situación específica del derecho a la vida, a la libertad personal, y a la integridad personal. Asimismo, se evaluó la situación del derecho a la justicia, los derechos políticos, derechos de los pueblos indígenas, derechos económicos, sociales y culturales y derechos de la mujer. Cabe destacar que se dedicó un capítulo especial a la situación del derecho a la libertad de expresión, lo cual constituye una innovación respecto a informes anteriores de la CIDH sobre los Estados del sistema interamericano. El informe culmina con las conclusiones y recomendaciones de la Comisión al Estado mexicano, incluyendo una recomendación especial acerca de la importancia de la cooperación técnica internacional para apoyar los esfuerzos de dicho Estado y de la sociedad civil en materia de protección y promoción de los derechos humanos. En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento de la Comisión, una versión preliminar del informe fue transmitida al Estado mexicano, que formuló comentarios y observaciones, y aportó información sobre ciertas cuestiones específicas. Tal información fue analizada e incorporada, en lo pertinente, al texto del informe. 4. La Comisión confía en que el informe contribuirá a mejorar la situación de los derechos humanos en México, y apela al Estado mexicano a fin de que adopte –conforme a sus procedimientos-- todas las medidas a su alcance para aplicar y desarrollar las recomendaciones contenidas en dicho informe. La CIDH continuará siguiendo de cerca la evolución de dicha situación, a cuyo fin seguirá ofreciendo su cooperación al Estado mexicano en el marco de la Convención Americana. Finalmente, la Comisión agradece al Estado mexicano y a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos por la colaboración prestada para la realización de la visita y la preparación del informe. 5. El texto completo del referido informe está disponible desde la fecha en la dirección de la Comisión en el internet: http://www.cidh.oas.org. Washington, D.C., 28 de setiembre de 1998
COMUNICADO DE PRENSA LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS ELIGE A SANTIAGO CANTON La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) eligió por unanimidad al abogado argentino Santiago Canton como relator especial para la libertad de expresión, cargo que obtuvo el mandato de los presidentes de las Américas durante la Cumbre Hemisférica, realizada en abril del presente año, en Santiago de Chile. La designación se produjo durante el 100 período ordinario de sesiones de la Comisión, que se realiza actualmente en Washington y después de haber examinado varias candidaturas de especialistas altamente calificados. Al anunciar dicho nombramiento, el Presidente de la CIDH, Carlos Ayala Corao, dijo que "el Dr. Canton ha demostrado una gran aptitud en las áreas jurídica y de información pública, además de una genuina preocupación por los derechos humanos, por lo que su selección para tan importante cargo es altamente positiva". El relator será responsable de velar por la protección y promoción de la libertad de expresión y, entre otras responsabilidades, preparará informes anuales para su presentación a la CIDH y a la Asamblea General de la OEA. Contará con plena independencia para la realización de sus funciones y estará a disposición de analizar denuncias que se presenten sobre violaciones a la libertad de expresión y a persecuciones que pudieran sufrir los periodistas en el ejercicio de sus funciones. Al conocerse su designación, Santiago Canton recordó que "indudablemente una de las asignaturas pendientes de los procesos democráticos de la región es la libertad de expresión. Cientos de periodistas muertos, muchos de ellos perseguidos y la falta de eficacia para dar una respuesta adecuada a este problema nos hacen pensar que aún queda mucho por hacer en este campo". Graduado de abogado en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en el año 1985, Santiago Cantón obtuvo una maestría en derecho internacional en la American University y realizó estudios complementarios en la Academia de Derecho Internacional, con sede en La Haya, Holanda. Durante cinco años se desempeñó como Director para América Latina y el Caribe del National Democratic Institute, en Washington. D.C., cargo que le permitió diseñar y dirigir programas de desarrollo democrático en la región. En tal condición participó en numerosos programas de radio y televisión en el hemisferio y en enero de 1998 fue nombrado por el Secretario General de la OEA, César Gaviria, como Director del Departamento de Información Pública. Próximamente será anunciada la fecha en que asumirá el cargo. La CIDH ha estado recibiendo en los últimos años preocupantes informaciones sobre diversas violaciones a la libertad de expresión en países del hemisferio, por lo que en el otoño de 1997 decidió establecer una relatoría especial sobre libertad de expresión; y luego de completar el proceso de selección de candidatos iniciado en abril del presente año, culminó con la selección de Santiago Canton para desempeñar dicho cargo de relator especial.
Washington D.C., 6 de octubre de 1998
COMUNICADO DE PRENSA 1. El 13 de octubre de 1998 concluyó el 100º Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la "Comisión" o la "CIDH"), en el cual participaron sus miembros el Prof. Carlos Ayala Corao, Presidente; Prof. Robert K. Goldman, Primer Vice-Presidente; Dr. Jean Joseph Exumé, Segundo Vice-Presidente; Dr. Alvaro Tirado Mejía, Decano Claudio Grossman; Dr. Hélio Bicudo; y Sir Henry Forde.
2. Durante el período de sesiones, la Comisión aprobó y publicó el "Informe sobre la situación general de los derechos humanos en México", con base en la información y documentación recibida antes, durante y después de la visita in loco que realizó la CIDH a dicho país en julio de 1996, a invitación de su Gobierno (Ver comunicado de prensa No. 16/98 de la CIDH). Se trata de la primera visita de ese tipo que la Comisión realiza a México; y es igualmente el primer informe general sobre derechos humanos adoptado por la CIDH respecto a dicho Estado. La CIDH ha tomado nota de las reacciones positivas expresadas en torno al Informe, tanto por el Estado mexicano como por diversas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. El texto completo del informe está disponible en la dirección de la Comisión en el internet: http://www.cidh.org.
3. La Comisión prosiguió el estudio de numerosas peticiones individuales sobre violaciones a los derechos humanos, en las que se denuncia responsabilidad de los respectivos Estados miembros de la OEA. La Comisión adoptó un total de 36 informes sobre el fondo de los correspondientes casos. Igualmente, la CIDH decidió publicar los informes indicados a continuación:
- Gilbert Bernard Little (Informe No. 85/98, Caso 11.472), Costa Rica; - Gustavo A. Gómez López (Informe No. 82/98, Caso 11.703), Venezuela; - Oscar Vila Masot (Informe No. 87/98, Caso 11.216), Venezuela.
- Héctor Hugo Boleso (Informe No. 39/98, Caso 11.774), Argentina; - Corumbiara (Informe No. 77/98, Caso 11.556), Brasil; - Favela Nova Brasilia (Informe No. 78/98, Caso 11.566), Brasil; - Carlos Prada y Edelio Bolaño (Informe No. 84/98, Caso 11.710), Colombia; - Carlos Molero Coca (Informe No. 53/98, Caso 11.182). Perú; - Pedro Huilca Tecse (Informe No. 55/98, Caso 11.768), Perú; - Haniff Hilaire (Informe No. 43/98, Caso 11.816), Trinidad y Tobago; - Anderson Noel (Informe No. 44/98, Caso 11.854), Trinidad y Tobago; - Anthony García (Informe No. 45/98, Caso 11.855), Trinidad y Tobago; - Reinaldo Figueredo Planchart (Informe No. 81/98, Caso 11.298), Venezuela.
4. En uso de las facultades establecidas en el artículo 48(1)(f) de la Convención Americana, la CIDH impulsó los trámites de solución amistosa en curso en casos individuales, e inició la negociación de nuevos procedimientos de dicha naturaleza. En particular, se logró la firma de compromisos propuestos por la Comisión entre la República de Chile y los peticionarios en los Casos 11.715 (José Manuel Contreras San Martín, José Alfredo Soto Ruz y Víctor Eduardo Osses Conejeros) y 11.856 (Organización Mapuche Aukiñ Wallmapu Ngulam – Consejo de Todas las Tierras). Cabe destacar la buena disposición del Estado chileno y de los peticionarios en cada uno de los casos mencionados. La Comisión evaluará el grado de avance del proceso de solución amistosa durante su próximo período ordinario de sesiones.
5. Desde el anterior período de sesiones, la Comisión ha cumplido diversas actividades en los casos contenciosos y en los procedimientos de medidas provisionales, que se encuentran actualmente en trámite ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH participó en los procedimientos sobre la solicitud de Opinión Consultiva 0C-16 efectuada por los Estados Unidos Mexicanos. La solicitud se refiere a la aplicabilidad de la cláusula sobre notificación del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, a los casos de nacionales de un Estado parte en la misma procesados en otro Estado parte por delitos castigados con la pena de muerte.
6. El 5 de octubre de 1998, la Comisión designó relator de libertad de expresión al Dr. Santiago Cantón, de nacionalidad argentina (Ver comunicado de prensa No. 17/98 de la CIDH). La decisión fue adoptada por unanimidad, luego de examinar varias candidaturas de especialistas altamente calificados de diversos Estados miembros de la OEA. El relator tendrá la responsabilidad de velar por la protección y promoción de la libertad de expresión y, en particular, preparará informes anuales sobre el tema para ser presentados a la CIDH y a la Asamblea General de la OEA. Debe señalarse que el relator tendrá plena independencia para el cumplimiento de sus funciones, y que asistirá a la Comisión en su análisis de las denuncias presentadas sobre violaciones a la libertad de expresión y de hostigamiento a los periodistas. 7. La CIDH ha seguido tratando los temas de libertad de expresión a través de su sistema de peticiones individuales y ha analizado la situación de este fundamental derecho humano en sus visitas in loco y en los informes generales sobre la situación de los derechos humanos en los países del hemisferio. Asimismo, ha adoptado medidas cautelares para actuar prontamente en aquellos casos que han requerido acciones urgentes.
8. La Comisión decidió crear una relatoría sobre los derechos de los niños en las Américas, a fin de estudiar y promover actividades que permitan evaluar la situación de los mismos, y proponer medidas efectivas por parte de los Estados miembros. La Relatoría estará bajo la responsabilidad del Comisionado Hélio Bicudo, quien informará a la Comisión durante el próximo período ordinario de sesiones acerca de las actividades cumplidas.
9. La CIDH consideró el informe de avance de asuntos relacionados con la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios, a cargo de los Comisionados Alvaro Tirado Mejía y Jean Joseph Exumé. Además, se tomó nota de los Estados y organizaciones que han respondido el cuestionario enviado por la Comisión sobre este tema, y se planificaron las actividades futuras a desarrollar por la CIDH, a fin de seguir avanzando en la elaboración del informe final sobre la situación de los trabajadores migratorios y miembros de sus familias en el hemisferio.
10. La Comisión se refirió al Informe sobre la situación de la mujer en las Américas, aprobado durante su anterior período ordinario de sesiones. El Decano Claudio Grossman presentó una actualización de dicho documento, de acuerdo a la nueva información recibida. Asimismo, se decidió realizar una amplia difusión del Informe, que se publicará en una edición separada a la mayor brevedad posible. 11. La CIDH, siguiendo su práctica reciente, ha incluido un capítulo especial sobre los derechos de la mujer en el Informe sobre la situación de los derechos humanos en México, al que se hace referencia más arriba. La Comisión continuará analizando denuncias sobre violaciones a los derechos humanos de las mujeres en las visitas in loco, informes generales, y bajo su sistema de casos individuales.
12. Durante el 98o. período ordinario de sesiones, la Comisión estableció fondos voluntarios sobre sus relatorías temáticas, los cuales siguen abiertos a contribuciones de los Estados miembros, observadores, organismos multilaterales, agencias de cooperación, fundaciones y entes privados. La Comisión confía que los fondos voluntarios contarán con el apoyo necesario, de manera que cumplan con su finalidad de contribuir al avance hacia la plena protección de las personas y derechos a que se refieren.
13. En este período de sesiones, la Comisión celebró 60 audiencias sobre la situación de los derechos humanos en diferentes Estados miembros de la Organización, y sobre casos individuales en trámite. En dichas audiencias, la Comisión escuchó a representantes de Estados, a víctimas de presuntas violaciones, y a sus representantes. 14. La CIDH celebró varias audiencias de seguimiento de recomendaciones adoptadas en sus informes sobre casos individuales. Tales audiencias tuvieron lugar respecto a los siguientes informes: - 28/92 (Caso 10.240 y otros) y 55/97 (Caso 11.137 – Juan Carlos Abella y otros), Argentina; - 24/98 (Caso 11.287 – João Canuto de Oliveira), Brasil; - 11/96 (Caso 11.230 – Martorell) y 36/96 (Caso 10.843 y otros – Amnistías), Chile; - 11/98 (Caso 10.606 – Samuel de la Cruz), Guatemala; - 43/96 (Caso 11.430 – Gral. José Gallardo), 48/97 (Caso 11.411 – Severiano Santiz Gómez y otros "Ejido Morelia") y 49/97 (Caso 11.520 – Tomás Porfirio Rondin y otros "Masacre de Aguas Blancas"), México. 15. El seguimiento de las recomendaciones de la CIDH se funda en las facultades previstas en los artículos 33(a) y 41(d) de la Convención Americana. En el mismo sentido, cabe mencionar la reciente jurisprudencia interamericana según la cual los Estados están obligados a "realizar sus mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones" en virtud del principio de buena fe en el cumplimiento de los tratados internacionales (Caso Loayza Tamayo, sentencia de la Corte IDH de 17 de setiembre de 1997, par. 80). La Comisión continuará analizando el cumplimiento de las obligaciones libremente contraídas por los Estados al ratificar la Convención Americana, a cuyo efecto cooperará con éstos en la aplicación de las recomendaciones adoptadas en los informes sobre casos individuales y en los de carácter general.
16. Durante las sesiones, la CIDH analizó aspectos referentes a la preparación de diferentes visitas in loco, cuya realización está programada para el año en curso. A invitación de los respectivos Gobiernos, la Comisión celebrará visitas in loco de carácter general a Perú, del 9 al 13 de noviembre de 1998; y a Haití, del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 1998. Igualmente, la CIDH continuará llevando a cabo visitas in loco especiales a diversas localidades en los Estados Unidos de América con relación a cuestiones de inmigración y trabajadores migratorios. La Comisión agradece especialmente la cooperación prestada por las autoridades de dichos Estados para que las mencionadas visitas se realicen con éxito.. 17. La Comisión consideró el avance en los proyectos de informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia y en República Dominicana, países en los cuales se realizaron visitas in loco en diciembre y junio de 1997, respectivamente.
18. El 12 de octubre de 1998 la CIDH celebró su reunión anual conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana estuvo representada por su Presidente, Hernán Salgado Pesantes; su Vice Presidente, Antonio A. Cançado Trindade; los magistrados Oliver H. Jackman, Alirio Abreu Burelli, Sergio García Ramírez y Carlos Vicente De Roux; por su Secretario Manuel Ventura Robles; su Secretario Adjunto Víctor Rodríguez; y Víctor Hugo Madrigal. 19. La Comisión destaca la importancia de estas reuniones anuales con la Corte Interamericana, para el desarrollo de la agenda común en materia de protección y defensa de los derechos humanos. En esta oportunidad se abordaron diversas cuestiones de interés mutuo, tales como la presentación de los informes anuales de ambos organismos a la Asamblea General de la OEA, el seguimiento del intercambio de pareceres sobre la representación de las víctimas ante la Corte Interamericana, y las funciones de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH y la Secretaría de la Corte frente a la participación autónoma de la víctima en la fase de reparaciones ante esta última. Igualmente se analizó la situación de las medidas provisionales ante la Corte, los efectos en la jurisdicción contenciosa de la Corte en los casos de denuncia de la Convención Americana, la responsabilidad de la CIDH y de la Corte en la supervisión del cumplimiento de las sentencias de ésta, y cuestiones referentes a los informes y memoriales de ambos órganos. Finalmente, los integrantes de la Comisión y de la Corte se refirieron a aspectos procesales vinculados a la prueba. 20. Durante la reunión anual conjunta, también se efectuó un intercambio de pareceres acerca de la preocupante situación presupuestaria de ambos órganos. Dicha situación perjudica las operaciones de la Comisión y de la Corte, y en consecuencia produce un efecto adverso sobre la atención a las víctimas de violaciones de derechos humanos que acuden al sistema interamericano.
21. La CIDH invitó a la Sra. Mary Robinson, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a visitar la sede de la Comisión durante el mes de noviembre del presente año, a fin de realizar actos conmemorativos del 50o. aniversario de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la oportunidad, se tratarán igualmente iniciativas de cooperación e intercambio de información, dentro de la competencia prevista en los instrumentos jurídicos que rigen a ambas instituciones. * * * * * * * 22. La Comisión celebrará su próximo período ordinario de sesiones del 22 de febrero al 13 de marzo de 1999.
Washington, D.C., 13 de octubre de 1998
COMUNICADO DE PRENSA La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a invitacion del Gobierno del Perú, inicia el 9 de noviembre de 1998, una visita in loco, con el objeto de observar la situación general de los derechos humanos en el Perú. Dicha visita tendra lugar del 9 al 13 de noviembre de 1998. La CIDH es un órgano intergubernamental de la OEA que se encarga de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en el hemisferio. Los siete miembros de la Comisión son elegidos a título personal por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), por un período de cuatro años. Las atribuciones de la CIDH derivan fundamentalmente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta de la OEA, instrumentos ratificados por la República del Perú. La Delegación de la CIDH estará integrada por su Presidente, Profesor Carlos Ayala Corao; su Primer Vicepresidente, Profesor Robert K. Goldman, su Segundo Vicepresidente, Dr. Jean Joseph Exumé; y los miembros de la Comisión, Profesor Hélio Bicudo, Dr. Alvaro Tirado Mejía y Decano Claudio Grossman. La Comisión será acompañada por el Relator sobre Libertad de Expresión y contará con el apoyo técnico del Secretario Ejecutivo, Embajador Jorge E. Taiana; del Secretario Ejecutivo Adjunto, Dr. David J. Padilla; y de los abogados Dra. Christina M. Cerna y Dr. Ignacio Alvarez. Como personal de apoyo administrativo actuarán las Señoras Nora Anderson, Olga Franco y Cecilia Adriazola. Durante su estadía en el Perú, la Delegación de la CIDH se entrevistará con autoridades gubernamentales y se reunirá con diferentes sectores de la población y su sociedad civil organizada, tales como organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, grupos populares, representantes de la iglesia, dirigentes sindicales, presuntas víctimas de violaciones a los derechos humanos y otros. La Comisión visitará también varios centros penitenciarios y se trasladará a diferentes regiones en el interior del país. La visita de la Comisión se realiza dentro de la competencia que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Reglamento, y dentro de ese marco jurídico, los Estados partes se comprometen a otorgar todas las facilidades necesarias para que la CIDH pueda llevar a cabo su misión de observación. La Comisión confía, asimismo, que todos los sectores de la sociedad peruana respetarán el mandato de la CIDH para permitir que ésta lleve a cabo su observación de la situación de derechos humanos en el Perú con plena libertad y seguridad. Como es habitual en estas visitas, la CIDH, durante su estadía en el Perú, está dispuesta a recibir quejas de quienes aleguen, directamente o a través de sus representantes, que sus derechos humanos han sido violados. Asimismo, recibirá información pertinente de quienes tengan casos en trámite ante la CIDH. Para tal efecto la Secretaría de la CIDH dispone de una oficina en el Hotel Sheraton, ubicado en el Paseo de la República 170, Lima, que estará habilitada de las 9:00 a las 14:00 horas desde el 9 hasta el 12 de noviembre y de las 9:00 a las 11:00 horas el 13 de noviembre. La Comisión agradece la cooperación y las facilidades que ha proveído el Gobierno del Perú, así como las organizaciones no gubernamentales, instituciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales en la preparación de esta visita. Al término de la visita, la Comisión celebrará una conferencia de Prensa en el Hotel Sheraton, en Lima, el viernes 13 de diciembre de 1997, a las 15:00 p.m.
Lima, 8 de noviembre 1998.
|
