Washington, D. C., 22 de febrero de 1999

Señor Presidente del Consejo Permanente, señor Secretario General Adjunto, señoras y señores Representantes Permanentes, señores Observadores, señores Miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señor Secretario Ejecutivo de la Comisión y demás integrantes de su Secretaría, señoras y señores.

En mi condición de Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es para mi un gran honor iniciar formalmente su centésimo segundo período de sesiones. En esta sesión participarán sus actuales miembros los señores Robert K. Goldman, Primer Vicepresidente; Jean Joseph Exumé, Segundo Vicepresidente; Alvaro Tirado, Claudio Grossman, Helio Bicudo, Henry Forde, y quien les habla.

Durante el presente período de sesiones la Comisión celebrará 46 audiencias sobre casos pendientes o sobre la situación general de los derechos humanos en países del hemisferio; y adoptará decisiones sobre los siguientes asuntos: casos individuales, incluyendo informes de admisibilidad, inadmisibilidad, sobre el fondo de la controversia y sobre publicación; envío de casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; próximas visitas in loco; y sobre las relatorías temáticas. Asimismo, durante estas sesiones la Comisión adoptará decisiones sobre informes generales de países, y otros asuntos de su competencia.

Durante el pasado período ordinario de sesiones que celebró la CIDH entre el 24 de septiembre y el 13 de octubre de 1998, ésta adoptó un total de 36 informes de fondo sobre casos, y decidió publicar 3 informes de inadmisibilidad y 10 de admisibilidad. Asimismo, la Comisión aprobó y publicó el "Informe sobre la situación general de los derechos humanos en México". La CIDH ha recibido con satisfacción las reacciones positivas expresadas en torno al Informe, tanto por el Estado mexicano como por diversas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.

Durante ese período de sesiones, la CIDH celebró el 12 de octubre de 1998 una reunión conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión destaca la importancia de estas reuniones anuales con la Corte Interamericana, ya que permiten desarrollar la agenda común en materia de protección de los derechos humanos, que tienen encomendados ambos órganos del sistema.

Desde la terminación del anterior centésimo período ordinario de sesiones, la Comisión realizó una serie de actividades en ejercicio de las atribuciones que le encomiendan los instrumentos que la rigen. En efecto, del 9 al 13 de noviembre del año pasado, la CIDH llevó a cabo una visita in loco a la República del Perú, en la cual pudo obtener información adicional sobre la situación de los derechos humanos en ese país. Durante su visita, la Comisión se entrevistó con el Presidente Alberto Fujimori y varios de sus ministros, así como con representantes de los poderes legislativo y judicial, con el Defensor del Pueblo, el Consejo Nacional de la Magistratura y el Fiscal de la Nación, así como con las correspondientes comisiones de reorganización y sus secretarías ejecutivas, entre otros. La Comisión celebró igualmente numerosas reuniones y entrevistas con representantes de organizaciones no gubernamentales y otras entidades de la sociedad civil.

Durante su visita al Perú, la CIDH abrió una oficina provisional en Lima, a la cual acudieron cientos de personas a presentar denuncias de violación a los derechos humanos. Al final de la visita, la Comisión emitió un comunicado de prensa mediante el cual efectuó algunas consideraciones preliminares respecto a la situación de los derechos humanos en ese país. En dicha oportunidad, la CIDH reseñó ciertos avances en la materia, tales como la importante labor que ha desarrollado el Defensor del Pueblo, y la eliminación de los llamados jueces sin rostro. La Comisión expresó asimismo sus apreciaciones preliminares en las áreas en las cuales había recibido informaciones y denuncias referidas a temas de preocupación que serán analizados en profundidad, en relación a la vigencia del Estado Democrático y Constitucional de Derecho, en áreas tales como la intervención del poder judicial y la fiscalía, la desarticulación del Tribunal Constitucional, el derecho al debido proceso y a la libertad de expresión. La CIDH está elaborando el proyecto de informe general sobre la situación de los derechos humanos en Perú, en el cual formulará en su oportunidad sus conclusiones y recomendaciones correspondientes.

Durante el 101º período extraordinario de sesiones, celebrado el 8 y 9 de diciembre de 1998, la Comisión adoptó informes preliminares sobre cinco casos, y decidió publicar informes de admisibilidad en tres casos. Asimismo, en ejercicio de sus facultades, la Comisión formuló recomendaciones a los Estados miembros de la OEA respecto a la jurisdicción universal y la ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional, y sobre el acceso a los archivos y documentos en poder del Estado para investigar crímenes contra los derechos humanos.

Durante el presente año, la Comisión realizará una visita in loco a Haití para observar la situación general de los derechos humanos en ese país. Además llevará a cabo visitas in loco específicas a varias localidades de los Estados Unidos de América en Texas, Florida y Puerto Rico, por invitación del gobierno de ese país, para continuar su observación sobre los temas de inmigración y trabajadores migrantes que inició el año pasado en ese país, con una visita a las ciudades de Los Angeles y San Diego. En relación a la Relatoría sobre Trabajadores Migrantes, la Comisión ha continuado recibiendo las respuestas a los cuestionarios enviados a los Estados y organizaciones, y sigue obteniendo información con ocasión de las visitas generales o especiales a los países, así como a través de su participación en seminarios y reuniones especializadas. Sobre este particular, la Comisión presentará este año un informe de avance con las actividades realizadas por dicha relatoría a cargo del comisionado Alvaro Tirado Mejía.

En relación a las actividades ante la Corte Interamericana, debemos resaltar que además de las actuaciones en los 14 casos que litiga y la solicitud de opinión consultiva número 16 en la cual participa, la Comisión decidió el 17 de diciembre del año pasado, enviar a la Corte el caso "Olmedo Bustos y otros" contra la República de Chile. Dicho caso se refiere a la censura impuesta en última instancia por la Corte Suprema de Justicia de ese país a una película, lo cual, conforme a la denuncia y a la demanda presentada por la Comisión, configura una violación de los derechos humanos a la libertad de expresión y de conciencia, consagrados en la Convención Americana. Este caso, además de permitir hacer justicia en el caso particular, se establecerá una jurisprudencia en el sistema interamericano sobre el importante tema de las restricciones a la libertad de expresión, derivadas de leyes de censura y su imposición por parte de órganos del poder público, incluidos los tribunales; y en consecuencia, se promoverá la adecuación de las legislaciones y jurisprudencias nacionales correspondientes.

La Comisión ha venido otorgando prioridad, a través de sus distintas áreas de trabajo, al tema de la libertad de expresión, por su importancia fundamental para la preservación y perfeccionamiento de la democracia y el Estado de Derecho en los Estados miembros de la Organización. De esta manera, la Comisión continúa recibiendo y tramitando importantes casos en los cuales se denuncia la violación por parte de distintos Estados de este derecho, en conexión con la violación de otros derechos humanos que incluyen el derecho a la vida, la libertad e integridad personales, el derecho de propiedad y el debido proceso. Asimismo, la Comisión estudia de cerca las situaciones generales y específicas de la libertad de expresión, con ocasión de sus visitas in loco, y está dedicando un capítulo especial a este tema en sus Informes sobre la situación general de los derechos humanos en diversos países del hemisferio.

Con el apoyo de los Estados miembros --expresado en particular en la Declaración y el Plan de Acción adoptados por los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas reunidos el año pasado en la Cumbre de Santiago--, la Comisión puso en funcionamiento la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión que había creado meses antes. Así, durante su centésimo período de sesiones, designó por concurso al Dr. Santiago Cantón como Relator Especial. El Relator Especial comenzó sus actividades acompañando a la Comisión en su mencionada visita in loco al Perú, y ha venido participando en encuentros y seminarios en diversos países de la región, a fin de dar a conocer la relatoría y sus iniciativas, relativas a la red de periodistas para la respuesta inmediata frente a los ataques a la libertad de expresión. El Relator presentará a la Comisión su informe, el cual será conocido por los Estados miembros y la sociedad en general.

Por otro lado, en mi condición de Relator de la CIDH en el tema, quiero referirme al proceso de revisión por los Estados del proyecto de Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que presentó la Comisión a la Asamblea General. A mi juicio, la reunión de Expertos Gubernamentales celebrada hace apenas unos días en esta misma sede, debe calificarse como histórica por varias razones, entre ellas porque por primera vez se estableció un diálogo formal directo, sincero y constructivo entre representantes de los Estados miembros de la OEA y de las comunidades indígenas del continente, a fin de progresar en la adopción de un instrumento tan importante.

Hacemos votos para que esa primera lectura completada ya del preámbulo, sea culminada muy pronto respecto a los artículos propuestos, y se pueda avanzar en el proceso de consulta, revisión final y aprobación definitiva de la Declaración por la Asamblea General. La Comisión en la medida de sus recursos, experiencia y mandato, continuará a disposición de los Estados en diálogo abierto con los representantes de pueblos indígenas, para el logro de este objetivo.

En relación a la situación de la mujer en nuestro hemisferio, la Comisión publicó por separado el Informe de la Relatoría, a fin de facilitar su difusión y discusión, con miras a que se promuevan las recomendaciones, que incluyen la abolición de las discriminaciones de iure y de facto aún existentes y la erradicación de la violencia doméstica de la cual son víctima las mujeres en nuestro hemisferio. En este sentido, el relator Claudio Grossman ha sostenido diversas reuniones con grupos y organizaciones, y se discuten las posibilidades de iniciar un grupo de trabajo.

Las demás relatorías temáticas de la Comisión, incluida la nueva relatoría sobre derechos de los niños, presidida por el comisionado Helio Bicudo, durante el presente período de sesiones presentarán un informe de las actividades realizadas y sus planes de trabajo.

El año pasado, la Comisión celebró y puso en marcha sendos convenios de colaboración institucional con la Corte Suprema de Justicia de Venezuela y con la Corte Constitucional de Colombia. Hemos considerado de especial trascendencia estos convenios con los poderes judiciales nacionales, por su capacidad para la difusión y aplicación de nuestra jurisprudencia por dichos tribunales y por las posibilidades que ofrecen de intercambios enriquecedores. Esta estrategia se está profundizando y ampliando a los convenios que hemos suscrito --y otros pendientes-- con universidades y centros académicos del continente.

Como es del conocimiento de todos ustedes, la CIDH realizó el 9 de diciembre de 1998 un acto conmemorativo del 50o. aniversario de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tuvimos el honor de compartir dicha celebración con la Sra. Mary Robinson, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En esa oportunidad, tratamos igualmente iniciativas de cooperación e intercambio de información entre ambas instituciones, dentro de la competencia prevista en los instrumentos jurídicos que las rigen, las cuales se concretarán próximamente.

Señoras y Señores,

Este año, se cumple un aniversario muy especial: los 40 años de la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, que se celebró en Santiago de Chile en 1959. En efecto, mediante una resolución adoptada en dicha Reunión, los representantes de los Estados miembros de la Organización decidieron crear esta Comisión compuesta por siete miembros elegidos a título personal, encargada de promover el respeto de tales derechos. A partir de esta decisión histórica, la OEA dio inicio a una nueva etapa en su concepción y desarrollo, fundada en la lucha colectiva por la vigencia de los derechos humanos. De esta forma, se hacía una realidad el principio reafirmado por los Estados americanos desde 1948 en la Carta de la Organización, cuando proclamaron a los derechos fundamentales de la persona humana, sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo. Pero más aún, los derechos humanos reconocidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, adquirían a partir de 1959 valor jurídico en el ámbito internacional, al encomendar a la naciente Comisión la promoción de su respeto en los Estados miembros. Ello implicó necesariamente, el reconocimiento de una cesión o limitación a las viejas nociones medievales de la soberanía absoluta de los Estados nacionales. Esta trascendental evolución significó por tanto, el reconocimiento de la persona humana como sujeto del derecho internacional americano. Si bien desde 1960 la Comisión recibió comunicaciones individuales con el objeto de tomar conocimiento sobre la situación general en los países, no vino a ser sino en 1965 con la reforma de su Estatuto, cuando la CIDH adquirió formalmente la competencia para recibir, procesar y decidir las peticiones o quejas individuales como casos.

Desde entonces, la Comisión ha recibido hasta la fecha más de 15.000 peticiones, y últimamente está recibiendo todos los años casi 600 comunicaciones, de las cuales aproximadamente solo una tercera parte se convierten en casos por cumplir con los requisitos para ser procesados como tales. La Comisión mantiene en la actualidad un promedio de mil casos abiertos, y anualmente adopta decisiones en casi una tercera parte de los casos pendientes, a través de diversas modalidades que incluyen informes individuales, la acumulación o consolidación de casos en informes, soluciones amistosas, envío de casos a la Corte Interamericana, y el archivo de los casos cuando resulta procedente.

El sistema interamericano de derechos humanos ha avanzado así mucho desde 1948. Hoy día el sistema cuenta con una Comisión Interamericana de Derechos Humanos consagrada desde 1967 en la Carta como un órgano principal, con la función de promover la observancia y la defensa de dichos derechos en todos los Estados miembros de la OEA. Además, el sistema se ha visto fortalecido desde 1978 con la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual ha sido ratificada por 25 de los 35 Estados miembros. Nuestra Convención Americana ha sido objeto de dos Protocolos adicionales, el primero en materia de derechos económicos, sociales y culturales (conocido como el "Protocolo de San Salvador"), y el segundo relativo a la abolición de la pena de muerte. Además, el sistema cuenta además con tres convenciones interamericanas en materia de prevención y sanción de la tortura, desaparición forzada de personas, y prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer (esta última conocida como la "Convención de Belem do Para").

Para lograr la vigencia efectiva de los derechos humanos en las Américas, es necesario entre otras acciones, que todos los Estados miembros ratifiquen todos estos instrumentos interamericanos en la materia, incluida la aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana. Ello nos permitirá hacer realidad el lema del cincuentenario de la Declaración Universal: "Todos los derechos humanos para todos". En este sentido, hemos recibido con beneplácito la declaración de aceptación de la jurisdicción contenciosa obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos efectuada en el mes de diciembre del año pasado por Brasil y México, con lo cual se han sumado un total de 270 millones de habitantes del hemisferio, a las personas que gozan de la protección completa del sistema interamericano de derechos humanos. Por otro lado, en enero de este año, Venezuela depositó el instrumento de ratificación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, elevando a seis el número de Estados miembros de la OEA que han ratificado dicho instrumento. Y en la misma fecha, Colombia depositó el instrumento de ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, con lo cual ya son catorce los Estados que han ratificado este instrumento.

Es importante destacar en esta oportunidad que, aunque los tratados interamericanos sobre derechos humanos no han sido aún ratificados por todos los Estados miembros, todos estos instrumentos han entrado en vigencia, con la sola y única excepción del Protocolo de San Salvador. Este último, suscrito hace más de una década, todavía no ha entrado en vigor, en virtud de estar pendiente una ratificación para completar las once requeridas. Hacemos votos para que este llamado pueda tener eco, y podamos celebrar los 40 años de la CIDH con la entrada en vigor de todos los instrumentos del sistema.

Frente a esta tendencia al fortalecimiento de nuestro sistema, la CIDH ha expresado públicamente su pesar por un hecho sin precedente entre nosotros: la denuncia de la Convención Americana que realizó Trinidad y Tobago el 26 de mayo de 1998, la cual entrará en efecto el 26 de mayo de este año. La pasada Asamblea General Ordinaria de la OEA, reunida en Caracas, hizo una exhortación general a la reconsideración de esta denuncia, por lo cual hacemos votos para que tenga lugar, como ocurrió en el seno de las Naciones Unidas. En este sentido, la Comisión reitera la supremacía del Derecho Internacional sobre el Derecho Interno; y en relación a los casos de pena de muerte del Caribe, nos encontramos trabajando en diversas iniciativas que incluyen la adopción de informes y decisiones, a través de una jurisprudencia precisa que aplica los instrumentos del sistema, teniendo en cuenta el respeto a la legislación interna, siempre y cuando ésta garantice la vigencia de los derechos humanos sustantivos y adjetivos, que incluyen el derecho a la vida y al debido proceso.

Señoras y Señores,

En las Américas hemos logrado finalmente –con una excepción- un continente con gobernantes electos democráticamente. Pero la democracia electoral o representativa si bien es una condición absolutamente necesaria, no es suficiente por sí sola para lograr la plena vigencia de los derechos humanos. A menudo observamos en algunos Estados del continente, la pervivencia de problemas institucionales heredados de los antiguos regímenes autoritarios, que incluyen policías ineficaces y corruptas, quienes utilizan además la tortura como método de investigación, constituyéndose a menudo en una amenaza para los ciudadanos en lugar de su escudo protector; jueces con escasa o ninguna formación en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y en particular, que desconocen la jurisprudencia de la Comisión y de la Corte Interamericanas como instrumentos reparadores; Congresos o Parlamentos que no han derogado viejas legislaciones contrarias a los derechos humanos o aquéllas que simplemente obstaculizan su ejercicio; la asignación a las fuerzas armadas de labores de seguridad ciudadana, bajo una errada concepción de seguridad nacional con consecuencias preocupantes; y la expansión de la jurisdicción militar para juzgar crímenes contra los derechos humanos, con consecuencias inaceptables de impunidad e injusticia. La CIDH ve estos y otros graves problemas del desarrollo democrático en nuestro continente, como observador destacado, lo cual le permite tener una información de primera mano a través del sistema de casos, las visitas in loco, los informes de países y las relatorías temáticas. Sin embargo, frente a los casos de derechos humanos que emanan de esas situaciones, la CIDH observa actitudes disímiles entre los Estados.

La CIDH percibe hoy en día una tendencia a la colaboración con el sistema por parte de la mayoría de los Estados democráticos, lo cual se refleja en el gran número de casos bajo solución amistosa, y ejemplos en el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión y de las sentencias de la Corte Interamericana. Al mismo tiempo, sin embargo, persiste en algunos Estados una concepción de los derechos humanos como un mero problema de apariencia y buen nombre internacional, donde su reacción se concentra en tratar de controlar que la imagen y prestigio del Estado no se vean comprometidos por sus casos de derechos humanos, llegando incluso a cuestionar a los órganos del sistema.

Estamos plenamente conscientes que no somos infalibles, pero para ello el sistema interamericano ofrece mecanismos jurídicos a fin de revisar las decisiones de sus órganos de protección. Por su lado, el sistema democrático contempla mecanismos a través de los cuales los poderes públicos pueden reconocer y resolver en el marco de normas y procedimientos, el respeto a los derechos en el ámbito interno. La Comisión tiene la obligación de actuar cuando los esfuerzos a nivel doméstico han sido insuficientes o inefectivos. De acuerdo a una norma básica de derecho internacional, la violación de un derecho protegido genera la responsabilidad internacional del Estado, y ésta continúa vigente hasta que haya sido resuelta la situación mediante los remedios y las reparaciones pertinentes. Por tal motivo, la Comisión continúa utilizando mecanismos de seguimiento, en aquellos casos en los cuales haya establecido violaciones y publicado un informe final, pero el Estado respectivo no haya aplicado las medidas reparadoras recomendadas. Una de las modalidades de seguimiento ha sido hasta ahora, la celebración de audiencias en las cuales se convoca a las partes; asimismo, la CIDH estudiará la posible sistematización del seguimiento de sus recomendaciones, con ocasión de la reforma de su Reglamento.

Ahora que ha concluido la reflexión sobre el fortalecimiento del sistema en los órganos políticos, corresponde a la Comisión llevar adelante una reforma en profundidad de su Reglamento, que nos permita dar aún mayor certeza y seguridad a nuestros procedimientos, modernizándolos y adaptándolos a las nuevas circunstancias. La Comisión solicitó a los Estados miembros, a las organizaciones no gubernamentales que tramitan casos ante el sistema, y a destacados expertos, sus ideas en torno a la reforma de su Reglamento. Durante el presente período de sesiones la CIDH analizará la información recibida, a fin de discutir la preparación de los criterios para llevar a cabo esta importante reforma. De eso se trata, señoras y señores, no se trata de reformar por reformar, sino de mejorar el sistema y fortalecerlo. En esto de las reformas sin embargo, debemos recordar a Antonio Machado, quien nos invita a evocar los consejos a sus alumnos, que puso en boca de Juan de Mairena:

Y a los arbitristas y reformadores de oficio, convendría advertirles:

Primero: Que muchas cosas que están mal por fuera están bien por dentro.

Segundo: Que lo contrario también es frecuente.

Tercero: Que no basta mover para renovar.

Cuarto: Que no basta renovar para mejorar.

Quinto: Que no hay nada que no sea absolutamente empeorable.

Con estas reflexiones en mente, la Comisión ejecutará la reforma general de su Reglamento, con particular énfasis en el perfeccionamiento de sus métodos y procedimientos.

He tenido el honor de iniciar una experiencia en la Comisión, al trasladarme a su sede y permanecer en ella durante mi mandato, para atender a tiempo completo el cumplimiento de mis funciones como Presidente. Esta experiencia llevada a cabo con base en normas estatutarias y reglamentarias, ha recibido el apoyo por parte de la propia Comisión, como de la Asamblea General, del Secretario General, Estados miembros y organizaciones no gubernamentales. Ha sido una experiencia única, que me ha permitido como Presidente entender mejor el sistema y apoyar sus trabajos, y con ello, como siempre ha ocurrido en esta Comisión, hemos hecho camino al andar.

La CIDH quiere agradecer en esta ocasión a todos los Estados miembros y al Secretario General de la Organización, por el apoyo decidido que le han prestado, en particular con relación al presupuesto de la Comisión aprobado por la Asamblea General Extraordinaria para este año. Gracias a la importante decisión de priorizar el área de derechos humanos en la OEA, la Comisión podrá continuar llevando a cabo las actividades que le asignan los instrumentos que rigen su mandato. Valoramos esta decisión en nombre de los habitantes del hemisferio, y confiamos que en el futuro se continuará otorgando esa misma prioridad a este área tan vital de la OEA, como es reconocido dentro y fuera de ella.

Señoras y Señores,

Permítanme finalmente unas palabras más personales, ya que esta será la última oportunidad de dirigirme a ustedes como Presidente de la CIDH, aunque mi mandato como Miembro de la Comisión finalizará al iniciarse el año 2000. A pesar de la generosa disposición de la Cancillería de mi país a postular mi candidatura a la reelección inmediata, no he podido aceptar dicho honor, por diversos motivos académicos, profesionales y de índole personal. Sin embargo, seguiré vinculado al sistema, y como diría un famoso político inglés "I shall come back". Estoy consciente de haber sido el miembro y presidente más joven que ha tenido la CIDH. La juventud permite cometer algunos errores, pero en mi caso Dios mediante, también me permitirá regresar al sistema en un futuro próximo.

Déjenme decirles algo desde lo más profundo de mi corazón: han sido de los años más intensamente vividos y más satisfactorios de mi vida. He podido servir al prójimo de manera directa y desinteresada. He sentido en el rostro de los hombres, las mujeres y los niños de este hemisferio la cara de Dios; y que al ayudar al prójimo he servido al Señor. Tendré grabada para siempre en mi memoria, las caras de esperanza en nosotros, al adentrarnos por los caminos poco andados de nuestra América. Cómo olvidar para el resto de mi vida situaciones tan intensamente vividas como la reunión con aquel Alcalde de Puerto Asís en Putumayo, asesinado semanas más tarde en medio del conflicto armado de Colombia; o la cara del señor Restrepo llorando de alegría cuando el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad internacional en una audiencia ante nosotros, y se comprometió ha hacer justicia e indemnizarlo después de largos años, por la desaparición forzada de sus dos hijos menores. Cómo olvidar para siempre a las comunidades indígenas del Ejido Morelia o de Acteal en Chiapas (México), a las de Colotenango en Guatemala, a la U’wa en Colombia, a la Awas Tingi de Nicaragua, a la Toledo-Maya de Belice, a las de Ayacucho en Perú, a la Yanomami de Brasil, a las del Pueblo Enxet en Paraguay, a las Mapuche en Chile, a las de Llalagua, Amayapampa y Capasirca en Bolivia, a la de Huaorani en Ecuador, o a las agrupadas en First Nations Assembly de Canadá, y tantas otras caras de indígenas en nuestro continente, con quienes hemos podido trabajar de cerca, compartir sus sufrimientos, y hacer justicia en sus casos ante nosotros. Ellos son los pobres entre los pobres de nuestra América, y lo importante es entender que ellos no aspiran a la riqueza sino a un trato digno y justo como seres humanos.

Creo que todas las experiencias vividas han valido la pena, y le permiten a uno sentirse útil al hacer justicia en medio de tanta injusticia; pero aunque solo hubiéramos logrado salvar una vida, o impedir una tortura, o liberar a un detenido arbitrariamente, ya todo el esfuerzo se habría justificado. Todas estas experiencias existenciales muy reales y concretas me han permitido al propio tiempo soñar en sentirme ciudadano de las Américas, de un solo continente unido no solo por los mercados de la oferta y la demanda, sino por un ideal común, en la búsqueda incansable por el propósito de consolidar dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad y de justicia, fundado en el respeto a la dignidad de la persona humana.

Soy optimista. Creo que en medio de un continente lleno de contrastes, que van desde conflictos armados internos, pasando por desdibujamientos del Estado Constitucional y Democrático de Derecho, transiciones inconclusas de viejos regímenes, peligros de neopopulismos autoritarios, hasta sistemas judiciales ineficientes o mediatizados, en definitiva la tendencia hacia la democracia parece irreversible. Esta tendencia resulta más realista en el seno de la OEA desde la entrada en vigencia del Protocolo de Washington, el cual permite la suspensión del ejercicio del derecho de participación en los órganos del sistema --más no de las obligaciones asumidas--, cuando un miembro de la Organización cuyo gobierno democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza. Ello permite reafirmar colectivamente que la democracia implica el ejercicio de un derecho humano a la participación política, y al mismo tiempo es el único sistema que permite la realización de los demás derechos humanos. En otras palabras, no puede existir una verdadera democracia sin el respeto a los derechos humanos, como tampoco es posible concebir el respeto a los derechos humanos sin la democracia. Recordemos además, que la democracia es el gobierno de las mayorías; y que el Estado de Derecho es la garantía de las minorías; y que las mayorías suelen pasar a ser minorías y viceversa.

Quisiera aprovechar esta ocasión para agradecer a quienes me han ayudado durante estos años en el ejercicio de mis funciones. En primer lugar, como buen caballero que respete las normas básicas de la hidalguía, debo ofrecer mi reconocimiento a Carmen, mi esposa, quien ha sabido comprender y acompañarme junto con mis hijos durante estos años, en los cuales confieso haberle robado más tiempo del que inicialmente le había prometido. En segundo lugar, le agradezco a mis compañeros en la Comisión --tanto a los actuales como a los que han concluido su mandato--, de quienes he aprendido y aprendo todos los días, y a quienes debemos el éxito de nuestra gestión, pues los errores o las faltas que haya tenido mi gestión las asumo yo.

Quiero agradecer además a todos los Estados miembros por su colaboración, y en particular a aquellos con quienes me ha tocado trabajar más de cerca. Agradezco igualmente al Secretario General de la OEA, Dr. César Gaviria, de quien he podido constatar en los hechos y no solo en las palabras, su sincero compromiso con el sistema interamericano de derechos humanos; al Secretario General Adjunto, Christopher Thomas; al Jefe de Gabinete del Secretario General, Sr. Ricardo Avila, de quien recibí siempre el apoyo decidido en los asuntos administrativos de su competencia; a nuestro Secretario Ejecutivo, Emb. Jorge Taiana, cuya idoneidad y experiencia, sumadas a su sentido común, humildad y compañerismo, hacen posible un trabajo armónico y sólido en nuestra Comisión; a los dos Secretarios Ejecutivos Adjuntos: el Dr. David Padilla, un viejo gran amigo, cuya trayectoria profesional y compromiso existencial por los derechos humanos me ha servido de inspiración; y el Dr. Hernando Valencia Villa, cuya solvencia jurídica y espíritu de equipo han brindado nuevas posibilidades a nuestro trabajo; a nuestros abogados por su incansable trabajo diario, a los becarios y pasantes, a nuestra administradora y a nuestras secretarias, cuyo compromiso de trabajo es ciertamente un modelo para esta Organización.