Señor Presidente, Jefes de Delegaciones, señor Secretario General, señor Secretario General Adjunto, damas y caballeros: Antes de comenzar con mis observaciones, me gustaría agradecer la presencia del Dr. Helio Bicudo, Primer Vicepresidente de la Comisión, y del Embajador Jorge Taiana, Secretario Ejecutivo de la Comisión.

Como ustedes deben saber, el 29 de abril de 1999, la Comisión presentó a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente el Informe Anual de la Comisión para 1998, junto con sus informes especiales sobre la situación general de los derechos humanos en Colombia y México, para su consideración por parte de esta Asamblea General.

Puesto que confío en que los Estados miembros hayan tenido la oportunidad de estudiar el informe, las observaciones que haré hoy tratarán brevemente sobre ciertos temas relativos a la actual situación de los derechos humanos en el Hemisferio. Antes de hacerlo, me gustaría indicar que el Gobierno de Costa Rica, juntamente con la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llevarán a cabo en San José, este otoño, un importante evento para celebrar el Trigésimo Aniversario de la Convención Americana y el Vigésimo Aniversario de la Corte. Esperamos con interés participar en este importante evento. Señor Presidente, este es un momento propicio para reflexionar sobre ciertos desafíos fundamentales que debemos enfrentar cuando nuestro Hemisferio se prepara para entrar al siglo XXI.

Afortunadamente, el Hemisferio se ha equipado con algunas de las herramientas esenciales para enfrentar estos desafíos. Lo fundamental es el hecho de que todos los Estados miembros, excepto uno, están representados por gobiernos libremente electos. Un sistema de gobierno democrático participativo y el respeto a los derechos humanos son requisitos previos, que se refuerzan mutuamente, para construir sociedades con un régimen de "libertad personal y de justicia social", el objetivo final establecido en el preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La búsqueda, a nivel de todo el Hemisferio, de la consolidación de los sistemas de democracia participativa ha creado nuevas oportunidades para que los Estados miembros se comprometan más estrechamente con los órganos del sistema regional de derechos humanos. Este compromiso más estrecho se manifiesta en una variedad de formas positivas. En primer lugar, deseo señalar el compromiso que los Estados miembros han demostrado al designar a la Comisión como área prioritaria de la Organización. Como lo reconocen los Estados miembros, el cumplimiento del amplio y diverso mandato de la Comisión hace necesaria una asignación proporcional de recursos financieros y humanos. En segundo lugar, la Comisión se beneficia del clima de colaboración de que gozamos con los Estados miembros, que últimamente se ha caracterizado por diálogo constructivo y debate de altos principios.

En tercer lugar, el sistema se beneficia del creciente compromiso entre los Estados miembros, la Comisión y los miembros de la sociedad civil. Esto se refleja, por ejemplo, en el uso cada vez mayor del procedimiento de solución amistosa en casos individuales, el cual implica negociaciones entre las partes facilitadas por la Comisión. Otro ejemplo de intercambio constructivo ha sido el proceso emprendido para elaborar el proyecto de Declaración Interamericana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. A través de extensas consultas, la Comisión tomó en cuenta las opiniones de los Estados miembros, los participantes intergubernamentales y los representantes indígenas al elaborar un texto, y el Consejo Permanente, a su vez, ha establecido nuevos mecanismos para incorporar la participación de los representantes indígenas, a medida que el proceso toma cuerpo hacia la presentación de la Declaración ante la próxima Asamblea General.

No obstante estos avances positivos, debemos reconocer que los desafíos que enfrentamos en materia de derechos humanos son urgentes y que, si se los deja sin solución, podrían amenazar con debilitar la consolidación de la democracia en la región. Ya no se puede justificar la renuencia a aceptar plenamente estos desafíos con la excusa de que la región está aún en proceso de "transición hacia la democracia". Distinguidos Delegados, me gustaría referirme a ocho desafíos que la Comisión considera de suma importancia para la promoción y protección eficaces de los derechos humanos en la región.

Ante todo está el desafío de fortalecer la administración de justicia en la región. En principio, el poder judicial constituye la primera línea de defensa del Estado de derecho y de los derechos individuales en una sociedad democrática. Los Estados miembros tienen la obligación de garantizar que tribunales independientes e imparciales proporcionen una reparación efectiva a las víctimas de abusos contra los derechos humanos. A la Comisión le preocupa, por lo tanto, que continuemos recibiendo muchas denuncias de violaciones al derecho a la vida, la libertad y la integridad personal que no han sido investigadas, procesadas y sancionadas a nivel interno.

Los efectos la impunidad no sólo afectan a las víctimas directas. La impunidad destruye la confianza en el poder judicial y en el Estado de derecho. Si bien se encuentran en marcha un número de iniciativas dignas de mención en materia de reforma judicial, las deficiencias básicas no están siendo tratadas en forma eficaz. Estas incluyen las barreras que impiden a los pobres tener acceso a la justicia, particularmente la ausencia o la falta de efectividad de defensores legales designados por el Estado; la falta de respeto al concepto de "carrera judicial"; la proliferación de amenazas contra jueces, testigos y demandantes y la insuficiencia de las medidas de protección en respuesta a tales amenazas; la falta, por parte de los jueces, de conocimiento y aplicación debida de la jurisprudencia de los órganos de supervisión del sistema de derechos humanos; y el hecho de que no se persigue y castiga la corrupción. Puesto que el respeto a la norma jurídica no puede coexistir con la impunidad, la Comisión insta a los Estados miembros a intensificar sus iniciativas para fortalecer la administración de justicia.

El segundo desafío se refiere al restablecimiento de la paz en todo el Hemisferio. Sabemos, por experiencia, que el respeto a los derechos humanos se ve peligrosamente postergado y, tristemente, violado en situaciones de conflicto armado. Por lo tanto, la Comisión ha acogido con beneplácito el fin de las hostilidades en toda América Central e invita a aquellos Estados que han emergido de estos conflictos, pero que continúan enfrentando su amargo legado, a redoblar sus esfuerzos para inculcar una cultura de paz, tolerancia y justicia.

En los casos en que aún existen luchas internas, la Comisión ha subrayado la necesidad de observar las normas básicas del derecho internacional humanitario con el fin de evitar cualquier acto que pueda dificultar en forma innecesaria el regreso a la paz y la reconciliación nacional. Por consiguiente, la Comisión ha continuado y continuará condenando enfáticamente los actos ilícitos, tales como los ataques contra la población civil, el secuestro de aeronaves civiles y la toma de rehenes. Permítanme ser claro: la Comunidad Internacional ha calificado a estas serias violaciones del derecho internacional como delitos de jurisdicción universal y ha estigmatizado a quienes los cometen como enemigos de la humanidad.

El tercer desafío es el de satisfacer las necesidades de desarrollo de los pueblos de las Américas. Como lo establece la Carta de la Organización, "la igualdad de oportunidades, la distribución equitativa de la riqueza y los ingresos" y la plena participación en la toma de decisiones son "objetivos básicos del desarrollo integral". Sin embargo, millones de hombres, mujeres y niños de nuestra región son incapaces de satisfacer sus necesidades diarias de alimentación, vestimenta y vivienda y carecen de un acceso equitativo a la educación, la atención de salud, el agua potable, los servicios sanitarios y la electricidad. Hasta la fecha, diez Estados miembros han confirmado su compromiso en esta materia, ratificando el Protocolo Adicional en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Con tan sólo una ratificación más, este instrumento entrará en vigencia. La Comisión alienta a los Estados miembros a avanzar con el proceso de ratificación.

Un cuarto desafío es el otorgar a los niños la protección especial a la que tienen derecho de conformidad con las normas del sistema. La supervivencia y el desarrollo de muchos de los niños de la región están amenazados por condiciones de pobreza y explotación. La Comisión continúa documentando casos de abuso, particularmente de niños de la calle, que han quedado en la impunidad a nivel interno. Son demasiados los niños de nuestra región que se ven forzados, por la necesidad económica, a trabajar –en detrimento de su derecho a la educación y, a menudo, en condiciones adversas para su desarrollo. Los Estados miembros deben, como mínimo, disponer la educación primaria obligatoria para todos sin costo y garantizar que la educación secundaria esté disponible y sea accesible. Cuando los menores trabajan, los Estados deben garantizar que esto esté subordinado a los requerimientos de educación y que se implemente y haga cumplir medidas para proteger su seguridad, salud y desarrollo.

El quinto desafío es garantizar que los defensores de los derechos humanos puedan desempeñar su labor en condiciones que respeten su integridad física y su libertad de expresión y asociación. Nos hemos sentido profundamente perturbados por los actos de violencia cometidos contra estas personas, incluyendo algunas que han colaborado con la Comisión, durante el año pasado. La Comisión solicita a los Estados miembros que tomen todas las medidas necesarias para garantizar que sus derechos sean respetados y protegidos.

El sexto desafío es garantizar el total respeto al derecho a la libertad de expresión. En particular, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha informado sobre ataques contra periodistas en diversas partes del Hemisferio durante el año pasado y la Comisión continúa atendiendo casos en que tales delitos no han sido investigados, perseguidos o sancionados. Garantizar el respeto a la libertad de expresión es un elemento crucial en el fortalecimiento de la democracia en la región. La Comisión aprecia el apoyo que los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas manifestaron en la Declaración de Santiago para el nombramiento del Relator Especial y la confirmación regional de la importancia de garantizar la libertad de expresión, información y opinión. La Comisión pide a los Estados miembros que apoyen acciones para garantizar que los delitos contra periodistas, sea cual fuere el lugar donde ocurran, no queden sumidos en la impunidad.

El séptimo desafío es garantizar que el próximo siglo proporcione a mujeres y hombres iguales oportunidades para ejercer sus derechos libre y plenamente. La persistencia en ciertos países de leyes que discriminan en base al género convierte a los sistemas legales en instrumentos de subordinación y es una afrenta contra los principios básicos del sistema interamericano. De conformidad con el estudio realizado por su Relator Especial para los Derechos de las Mujeres, la Comisión ha pedido a los Estados miembros que enmienden o deroguen tales disposiciones para el año 2000. También se ha solicitado a los Estados miembros que traten el problema de la discriminación por género en la práctica y que fortalezcan los recursos internos para proteger el derecho a estar libres de discriminación. La Comisión reconoce altamente el trabajo realizado por el Consejo Permanente y la Comisión Interamericana de Mujeres en esta materia y aspira a una continua cooperación con estos órganos. La Comisión también saluda a los 29 Estados Partes de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y alienta a los pocos Estados restantes que no lo han hecho a ratificar este instrumento sin dilación.

La plena observancia del derecho a no ser discriminado, requiere que la situación de las personas que han sido marginadas en sus sociedades por motivos raciales o étnicos sea remediada de manera efectiva. La Comisión pide a los Estados miembros que implementen medidas adicionales destinadas a garantizar igual acceso a oportunidades en todas las esferas de la vida nacional, lograr una mayor diversidad de representación en el servicio público y fortalecer los sistemas y recursos internos a los diseñados para combatir la discriminación.

El octavo desafío es resolver el problema de las condiciones inhumanas que existen en las prisiones en muchas partes de la región y el uso incorrecto de la detención preventiva. Los informes de la Comisión han documentado casos de hacinamiento, infraestructura inadecuada, personal de guardia inadecuadamente seleccionado y capacitado, falta de mecanismos eficaces de denuncia interna y de supervisión externa y falta de separación entre prisioneros acusados y aquellos convictos por delitos. En algunos sistemas, se puede detener a una persona hasta por varios años sin una determinación de culpabilidad o inocencia. Esta demora viola la presunción de inocencia y exacerba el hacinamiento. La Convención y la Declaración Americanas establecen normas mínimas para el tratamiento de los detenidos, que deben observarse en todo momento, y la Comisión solicita a los Estados miembros tomar medidas enérgicas para respetarlas.

Señor Presidente, distinguidos Delegados, a nombre de la Comisión, deseo expresar nuestra gratitud por el apoyo que los Estados miembros han brindado a la Comisión en el cumplimiento de nuestro compromiso común con el respeto a los derechos humanos en el Hemisferio. Los desafíos son urgentes y profundos, pero los logros alcanzados en años recientes demuestran que la región posee la visión, la capacidad y la fortaleza para vencerlos. Pero la vitalidad, incluso la integridad, del sistema de derechos humanos de la región depende, en una medida que no es insignificante, del fiel cumplimiento por parte de los Estados miembros de sus obligaciones legales internacionales. Los Estados deben, por lo tanto, respetar sus compromisos, cumpliendo plenamente con las decisiones y órdenes de los órganos de supervisión del sistema. Así pues, la Comisión considera el incumplimiento con las resoluciones de la Corte Interamericana como algo sumamente perturbador que merece, al menos, una discusión seria y la toma de medidas apropiadas por parte de los órganos políticos del sistema. Finalmente, la Comisión desea expresar su profundo reconocimiento por el apoyo brindado a su trabajo por el Secretario General de la OEA, César Gaviria Trujillo. Podemos dar testimonio del claro y personal compromiso del Secretario General con el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos.