PRESENTACIÓN DEL EMBAJADOR JORGE E. TAIANA
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS (CIDH)

El Plan de Acción aprobado durante la Segunda Cumbre de las Américas, celebrada en Santiago de Chile en abril de 1998, contempla una serie de objetivos vinculados al respeto de los derechos humanos en el continente.

Antes de abordar las actividades desarrolladas por la Comisión respecto de estos objetivos, resulta oportuno referirse --aunque sea brevemente—a la situación actual de los derechos humanos en el hemisferio. Por una parte, se celebran elecciones de manera periódica y libre en la mayoría de los Estados, la sociedad civil está estructurada y se fortalece de manera creciente, y los pueblos y sus gobernantes coinciden, en general, sobre el rumbo hacia el cual se debe avanzar en materia de protección y promoción de derechos humanos. Sin embargo, la violencia, la discriminación y la marginación afectan a grandes sectores de la población de las Américas. Cerca del 80% de los casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se refieren a violaciones del derecho a la vida, a la integridad personal o a la libertad personal.

Ante esta situación, la Comisión ha identificado una serie de desafíos específicos de derechos humanos en el hemisferio que se mencionarán a continuación, aclarando que son igualmente importantes y vinculados. El mayor desafío es el de fortalecer la administración de justicia, como medio efectivo de combate contra la impunidad. También es un gran desafío el restablecimiento de la paz en todo el hemisferio, puesto que las más graves violaciones de derechos humanos suelen ocurrir en el contexto de un conflicto armado. Sin duda, otra materia pendiente es la satisfacción de las necesidades de desarrollo de los pueblos de las Américas, donde millones de hombres, mujeres y niños no tienen la capacidad de satisfacer sus necesidades básicas. Se debe garantizar también a los niños la protección especial que le brindan los instrumentos internacionales; asimismo, es necesario garantizar las tareas de los defensores de derechos humanos y alcanzar el respeto total a la libertad de expresión. Por último, es necesario erradicar las distintas formas de discriminación que afectan a los habitantes de las Américas y avanzar en soluciones del problema de las condiciones inhumanas de muchos centros de detención.

Indudablemente, se trata de grandes desafíos que requieren un esfuerzo conjunto, proporcional y coordinado por parte de los Gobiernos de las Américas, sus habitantes, las organizaciones de la sociedad civil, y ciertamente de los órganos de protección del sistema interamericano, a la luz de su mandato.

A continuación se hará un repaso general de algunas de las principales actividades desarrolladas por la Comisión con relación a los objetivos trazados por los Gobiernos del hemisferio desde la Segunda Cumbre de las Américas. 

La Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA inició durante 1999 un diálogo sobre el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, sobre cuyo resultado y avances se ha referido el Emb. Claude Heller, titular de dicha Comisión. El espacio propiciado por la CAJP para debatir sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos es sin duda valioso, por lo que la CIDH ha participado y continuará participando activamente en el intercambio con los representantes de los Estados miembros de la Organización.

También con el propósito de fortalecer el sistema, durante la celebración del aniversario de la adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de los órganos del sistema en noviembre de 1999 en San José, Costa Rica, los cancilleres de los Estados miembros presentes crearon un "Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre los Derechos Humanos". El Grupo de Trabajo Ad Hoc celebró su primera reunión en dicha capital los días 10 y 11 de febrero de 2000, al término de la cual formuló recomendaciones sobre los siguientes temas:

1. Financiamiento.

2. Ingreso pleno de los Estados miembros al sistema interamericano convencional de derechos humanos.

3. Promoción de los derechos humanos y de medidas nacionales para la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos.

4. Papel de los órganos políticos como garantes del funcionamiento del sistema y en especial del cumplimiento de las decisiones del sistema interamericano de derechos humanos.

5. Adecuación de aspectos procesales en las actividades de la Comisión y de la Corte.

Durante dicha reunión, la Comisión destacó la importancia del respeto de las obligaciones internacionales de los Estados miembros y la subsidiariedad del sistema; el cumplimiento de las decisiones y órdenes de los órganos de supervisión; el papel de los órganos políticos en el fortalecimiento del sistema; el perfeccionamiento de las normas y prácticas procesales vigentes; el incremento de los recursos materiales de los órganos del sistema; y finalmente, la participación del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la sociedad civil en el fortalecimiento del sistema. La CIDH dejó sentada su posición de que el fortalecimiento del sistema, en cuanto a los procedimientos, puede lograrse de manera efectiva mediante la modificación de ciertas prácticas y normas procesales contempladas tanto en el Reglamento de la CIDH como en el de la Corte Interamericana.

En tal sentido, la Comisión viene analizando varias cuestiones vinculadas al procedimiento empleado para el examen de casos individuales, y decidió realizar un proceso de reforma de su Reglamento. En cumplimiento de este propósito, en diciembre de 1998 la CIDH solicitó propuestas y observaciones sobre la modificación del Reglamento a los Estados Miembros de la OEA, a las organizaciones de la sociedad civil, y a destacados especialistas en la materia. El 4 de febrero de 2000, la CIDH remitió al Presidente de la CAJP y a las misiones diplomáticas acreditadas ante la OEA, copia de las observaciones de los Estados miembros en el marco de este proceso que se encuentra en pleno desarrollo, y que sin duda tendrá consideración prioritaria por parte de la Comisión durante el presente año.

Como parte de los esfuerzos encaminados a fortalecer el funcionamiento del sistema de protección de derechos humanos, la CIDH y la Corte Interamericana han creado un importante espacio de cooperación y coordinación conjunta. Los dos órganos han proseguido su práctica de celebrar reuniones periódicas para analizar cuestiones de mutuo interés, dentro de los respectivos ámbitos de competencia, particularmente en cuestiones vinculadas al procedimiento en el sistema interamericano. El intercambio entre ambos órganos de protección ha facilitado la mejor coordinación en el cumplimiento del mandato.

La ratificación de los instrumentos que recogen los estándares aceptados internacionalmente en materia de derechos humanos, así como la aceptación de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, son de importancia crucial en el funcionamiento del sistema y la protección de los derechos de los habitantes del hemisferio. La Comisión considera sumamente alentador el progreso verificado en materia de ratificación de instrumentos interamericanos de derechos humanos.

Cabe resaltar de manera especial la entrada en vigencia del Protocolo Adicional en el área de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como "Protocolo de San Salvador". Este instrumento, que finalmente introduce de manera expresa la protección de los derechos de segunda generación al sistema interamericano, entró en vigencia en virtud del depósito de instrumento de ratificación por Costa Rica el 16 de noviembre de 1999.

Asimismo, durante el período bajo análisis, la República Dominicana, Brasil y México aceptaron la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. De esta manera, se incorporaron 250 millones de habitantes a la protección judicial prevista en la Convención Americana y otros tratados.

El 8 de febrero de 2000, Costa Rica ratificó la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Colombia y Ecuador hicieron lo propio el 19 de enero de 1999 y el 9 de noviembre de 1999, respectivamente. En esta última fecha, Nicaragua ratificó el Protocolo adicional para la abolición de la pena de muerte. Asimismo, México y Antigua y Barbuda depositaron sus respectivos instrumentos de ratificación de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer ("Convención de Belém do Pará") en noviembre de 1998. Venezuela y Bolivia ratificaron la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, en enero y mayo de 1999, respectivamente. 

III. Fortalecimiento de la libertad de pensamiento y expresión

La libertad de expresión e información juegan un papel fundamental en la consolidación y desarrollo de la democracia en el hemisferio, así como en el ejercicio y protección de todos los derechos. Se trata de un área en la cual muchos Estados partes enfrentan el desafío de mejorar su legislación y las garantías necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos consagrados en el sistema convencional.

Por lo tanto, como parte de su mandato de promoción y protección de los derechos humanos y en cumplimiento de lo establecido por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Segunda Cumbre de las Américas, la Comisión ha puesto en marcha la Relatoría sobre Libertad de Expresión. Desde el nombramiento del Relator Especial hacia fines de 1998, la Relatoría ha observado la situación del respeto a la libertad de expresión en el Hemisferio y ha reaccionado ante actos que la vulneran de manera manifiesta, incluyendo los ataques --muchas veces fatales-- contra la integridad personal de los profesionales de la información.

El Relator ha elaborado igualmente una serie de estudios sobre la situación de la libertad de expresión y ha elaborado un informe que ha sido publicado por la CIDH en su Informe Anual de 1998. En el desarrollo de sus funciones, el Relator ha visitado varios Estados miembros y ha recibido invitaciones de los Gobiernos de Panamá y Guatemala para hacer lo propio durante el año en curso.

Cabe destacar que el Relator ha participado en la suscripción de una Declaración Conjunta junto a sus pares de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa. Asimismo, ha emprendido diversas actividades de promoción del derecho a la libertad de expresión en varios Estados miembros de la OEA.

La Comisión ha elaborado una Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que ha sido puesta a consideración de los órganos políticos para su aprobación. La CIDH ha brindado apoyo técnico al Grupo de Trabajo de la CAJP del Consejo Permanente que se encuentra estudiando el proyecto con miras a la futura aprobación de la Declaración.

Concretamente, la Comisión ha participado de las reuniones celebradas en marzo y noviembre de 1999, y ha asesorado tanto a los representantes de los Estados como a los miembros de las organizaciones indígenas participantes. Asimismo, la CIDH ha participado en la elaboración de un documento de trabajo sobre "Antecedentes y Referencias" de las disposiciones, que fue distribuido en la 1a. Reunión del Grupo de Trabajo, y se encuentra en proceso de ampliación.

La CIDH está fortaleciendo igualmente su capacidad institucional de defensa y promoción de los derechos de los pueblos indígenas, y de otras minorías étnicas vulnerables, en el marco de un proyecto que cuenta con el apoyo financiero del Gobierno de Dinamarca. Dicho proyecto, que se ha puesto en marcha en enero del 2000, permitirá un esfuerzo más intenso en el procesamiento de los casos vinculados a los derechos de los pueblos indígenas, la preparación de estudios y visitas, al igual que la divulgación de la creciente doctrina jurídica del sistema en la materia. En este último aspecto, esta lista para impresión una publicación preparada por la Comisión, en la cual se compilan los antecedentes del sistema interamericano respecto a los derechos de los pueblos indígenas. La publicación incluye referencias históricas a partir del año 1922, y las decisiones publicadas sobre casos relativos al tema por la Comisión y la Corte Interamericana, así como los capítulos referidos a la situación de los pueblos indígenas incluidos en los informes por países en la última década.

En los últimos años, la Comisión ha aumentado de manera significativa sus actividades de protección y de promoción de los derechos humanos. Este esfuerzo se ha realizado sin el aumento presupuestario correspondiente, que es a todas luces imprescindible para consolidar los logros obtenidos y ampliarlos de manera acorde con las necesidades del hemisferio en esta materia. Algunos indicadores de tal actividad de la Comisión se hallan en el sistema de casos individuales: la CIDH recibe cada vez más peticiones, tramita más casos, y estudia y aprueba más informes. En la medida en que las peticiones son cada vez más complejas, los informes de la Comisión contienen un análisis jurídico más profundo, detallado y extenso.

Una mención especial merece el vigoroso impulso dado por la CIDH en los últimos años al procedimiento de solución amistosa. Esta práctica ha tenido un notable desarrollo, que se ha generalizado y se extiende actualmente al amplio espectro de cuestiones sometidas a la Comisión en el marco de los casos individuales de todos los Estados miembros.

El aumento de actividad en el sistema de casos tiene un impacto directo sobre el volumen del informe anual que la Comisión eleva a la Asamblea General de la OEA, más del 80% del cual está dedicado a los informes sobre casos individuales. El Informe Anual ha crecido de 312 páginas en 1995 a 1.600 páginas en 1998; en este último informe, se ha verificado un aumento de un 40% en el número de informes de fondo sobre casos individuales. A ello se debe agregar otras 183 páginas de informes sobre países.

Igualmente, la Comisión realizó visitas in loco en los últimos dos años a Guatemala, Perú, Paraguay y los Estados Unidos. La participación cada vez más amplia de la sociedad civil y de las entidades oficiales en estas visitas refleja el creciente interés en las funciones de protección y promoción que la Comisión desarrolla en las mismas.

La Comisión ha remitido 9 casos a la Corte Interamericana en el período bajo consideración, y ha solicitado del órgano jurisdiccional un mayor número de medidas provisionales. También se verifica un notable aumento de solicitudes a los Estados miembros para que adopten medidas cautelares, cuya efectividad es innegable para la protección de personas cuyos derechos están en peligro inminente.

Asimismo, la Comisión ha intensificado las actividades de promoción, dentro de sus posibilidades presupuestarias. La CIDH ha difundido por distintos medios los instrumentos interamericanos de derechos humanos, y ha colaborado con organismos nacionales de protección y organizaciones de la sociedad civil, en particular con la Asociación de Ombudsman de América Latina y el Caribe. Cabe mencionar que la Asamblea General celebrada en junio de 1999 en Guatemala aprobó el Programa Interamericano de Promoción de los Derechos Humanos que había sido elaborado por la Comisión. Varias de las actividades previstas en dicho Programa han sido ejecutadas por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y por la CIDH, particularmente en el ámbito de sus relatorías temáticas que cuentan con fondos voluntarios. Sin embargo, aún no se han recibido los aportes de los Estados miembros al fondo regular de la OEA para el financiamiento de las actividades del Programa de Promoción.

El resultado de todo este cúmulo de actividades debe ponerse a disposición de los usuarios del sistema de manera eficiente y rápida. En tal sentido, la página electrónica de la CIDH, que recibe un promedio de 25.000 consultas por mes, se ha constituido en un elemento clave de promoción. Durante 1999, la página electrónica fue rediseñada de manera a hacerla más útil a los usuarios. Se agregó un buscador de información y se incorporaron enlaces que permiten el acceso fácil a distintos documentos, así como a otras entidades internacionales, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, etc. Al mismo tiempo que se incorpora información cada vez más actual --como los comunicados de prensa y los informes de carácter público sobre casos individuales-- se ha avanzado de manera importante en la inclusión de informes especiales adoptados por la CIDH durante la década de los 80. Los informes anuales de la Comisión desde 1991 hasta 1998 están disponibles a los interesados, y el Informe Anual 1999 será agregado en un plazo breve después de su aprobación definitiva.

La actividad de la CIDH también ha sido particularmente intensa en las áreas temáticas, como se ha visto en cuanto a la libertad de expresión y derechos de los pueblos indígenas; por otra parte, se mencionará a la tarde lo referente a los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias. En cuanto a los derechos de la mujer, la CIDH aprobó y publicó en octubre de 1998 su "Informe sobre la condición de la mujer en las Américas". Dicha publicación fue elaborada con información proporcionada por los Estados, particulares y diversos actores de la sociedad civil, y contiene una serie de recomendaciones encaminadas a eliminar la discriminación contra la mujer.

Merece destacarse además el establecimiento de la Relatoría Especial sobre Derechos del Niño, que ha colaborado con el Instituto Interamericano del Niño en temas de explotación y comercio de niños, y de participación de niños en conflictos armados. En cuanto a lo último, la Comisión aprobó una Recomendación especial a los Estados miembros que será incluida en su Informe Anual 1999. Es prioridad específica de esta relatoría el refuerzo y protección respecto a los niños de las garantías legales y derechos establecidos en la Declaración Americana de los Derechos y de los Deberes del Hombre y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

VI. Reflexión final

La defensa de los derechos humanos en el hemisferio atraviesa por un momento clave, en que debe consolidarse y profundizarse lo alcanzado, y a la vez evitar retrocesos e involuciones. La importancia de este desafío se manifiesta en el interés demostrado en el tema por todos los habitantes de las Américas, los Estados, y las distintas expresiones de la sociedad civil.