PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DR. OSCAR LUJAN FAPPIANO, EN LA SESION INAUGURAL DEL 84º PERIODO ORDINARIO DE LA CIDH.

 Washington, D.C., 5 de octubre de 1993

              Señor Presidente del Consejo Permanente, Señor Secretario General, Señor Secretario General Adjunto, señores miembros de la Comisión, señores embajadores, señora Secretaria Ejecutiva de la Comisión, señoras y señores:

             Es para mí motivo de profunda satisfacción poder dirigirme a ustedes en mi calidad de Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al inaugurarse el octogésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Comisión.

             Desde el anterior período de sesiones, celebrado en marzo del corriente año, la Comisión ha realizado una labor muy intensa.  Además del trabajo diario que implica, entre muchas otras actividades, el estudio y la búsqueda de solución a numerosos casos individuales, la Comisión realizó tres importantes visitas in loco:  la primera de ellas al Perú, del 17 al 21 de mayo; la segunda a Haití, del 23 al 27 de agosto y, más recientemente, a Guatemala, del 6 al 10 de septiembre. 

            Las visitas se efectuaron respondiendo a la invitación que formularon los respectivos gobiernos, a quienes la Comisión desea expresar, una vez más, su reconocimiento por las facilidades que ofrecieron para que la CIDH pudiese cumplir, en forma eficaz, el calendario de actividades programado con respecto a cada uno de los tres países visitados. 

            Como es sabido, en junio del corriente año se celebró en Viena la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos.  La CIDH estuvo representada en esa Conferencia, y de acuerdo con lo solicitado por la Asamblea General, ha incluido en su programa de trabajo, durante el presente período de sesiones, al examen de las repercusiones que pudiesen tener los resultados de dicha Conferencia en el proceso de desarrollo y fortalecimiento de los derechos humanos en el sistema interamericano. 

            La promoción de la observancia y defensa de los derechos humanos en los Estados miembros supone llevar a cabo un tarea eminentemente práctica, referida a casos o problemas concretos, o al funcionamiento de la estructura gubernamental o estatal.  En consideración a ello la CIDH continúa empeñada en perfeccionar los mecanismos de colaboración con los gobiernos de los Estados miembros de la organización, como una forma adicional de contribuir al fortalecimiento del sistema de promoción y protección de los derechos humanos en el hemisferio. 

            Como parte de esa tarea, durante las visitas in loco así como en los informes que aprueba la CIDH, se formulan, con frecuencia, recomendaciones a los Gobiernos acerca de casos específicos que, de no resolverse en forma urgente, se traducen en graves injusticias para las personas afectadas. 

            Las autoridades se muestran siempre muy receptivas a las recomendaciones y sugerencias de la Comisión, pero ésta encuentra muchísima dificultad en lograr respuestas concretas o soluciones adecuadas a esas recomendaciones y sugerencias, lo cual afecta injusta e innecesariamente a las víctimas, que muchas veces sufren largos períodos de privación ilegítima de su libertad, u otros tratos arbitrarios de parte de las autoridades del Estado. 

            Señor Presidente:  la experiencia demuestra que el ejercicio efectivo de la democracia representativa constituye la mejor garantía para el pleno respeto de los derechos humanos.  Se ha dicho, con base en esa apreciación, que los derechos humanos son la razón de ser de la democracia. 

            Pero la relación entre democracia y derechos humanos, es, como señala el Profesor Pedro Nikken, "biunívoca".  Si se dice que no hay derechos humanos sin democracia es muy importante tener presente que lo contrario también es verdad. 

            Es evidente que en la actualidad se puede hablar de una consolidación de los esquemas democráticos de gobierno en el hemisferio.  Sin embargo, la Comisión quiere expresar su preocupación por la persistencia de comportamientos autoritarios que aún existen en las cúpulas castrenses de algunos Estados miembros de la Organización, que generan violaciones de derechos humanos. 

            En efecto, la reinstauración de regímenes democráticamente elegidos en los países de la región no siempre han producido la eliminación de la injerencia de las fuerzas armadas en el proceso político. 

            En algunos casos esa injerencia resulta tan obvia que no seria exagerado hablar de "democracias tuteladas".  Como resultado de ello la vigencia de los derechos humanos continúa en crisis en algunos de los Estados miembros de la Organización.  En otras palabras:  el formalismo constitucional en que se apoyan algunos gobiernos de la región no garantiza, per se el cumplimiento pleno de los instrumentos interamericanos sobre derechos humanos. 

            La CIDH considera que el afianzamiento de la democracia en el Hemisferio supone necesariamente que debe definirse con claridad el papel de las Fuerzas Armadas y su relación con las autoridades civiles democráticamente elegidas, particularmente en lo que concierne al sometimiento de las fuerzas militares a las autoridades elegidas por el pueblo. 

            La eficacia de la Convención Americana en el ámbito interno de los Estados depende, por otra parte, de la aplicación que haga de la misma un poder judicial independiente e imparcial.  No puede, en materia de protección de los derechos fundamentales, existir un poder judicial eficaz si carece de independencia e imparcialidad para desempeñar su función jurisdiccional por encontrarse, de hecho, subordinado a los dictados del Poder Ejecutivo.  Como observa el distinguido jurista Italiano Macro Capeletti, un Poder Ejecutivo no sujeto a rendir cuentas de sus actos revela la existencia de una patología en el sistema político que cabría calificar como autoritarismo, y, en su expresión extrema, como tiranía.  En el contexto de una situación en la cual el Poder Judicial carece de esas cualidades no puede resultar extraño que se produzcan, a diario, multitud de violaciones de los derechos fundamentales de la persona humana, producto de la impunidad con que actuan los autores de tales violaciones. 

            Hablando de derechos humanos es importante tener siempre presente que la vinculación entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos y sociales no es solamente un imperativo ético o moral, sino también una condición palpable de la paz y de la estabilidad social. De poco sirve la protección de los derechos civiles y políticos sin la existencia de los derechos económicos sociales y culturales. 

            Una nueva era parece asomarse para los Estados de la región, que hasta hace poco tiempo fue campo de acción de las ideologías dominantes de la "guerra fría", con sus secuelas de divisiones internas y dictaduras.  Nuestro hemisferio es hoy, un cambio, tierra fértil de iniciativas de asociación económica, en el marco del sistema democrático y el creciente proceso de integración regional. 

            Algunos de los efectos derivados de la adaptación de las economías a la realidad del nuevo orden internacional afectan, en muchos de los Estados miembros de la OEA, a vastos sectores al nivel de sobrevivencia, del cual es necesario rescatarlos a fin de que, cuanto antes, esos sectores se incorporen al proceso de desarrollo.  Pero las políticas económicas requieren sensibilidad para percibir problemas que, bajo el rótulo de "costo social" de los denominados programas de ajuste, encubren muchas veces grandes sufrimientos para muchos seres humanos. 

            La democracia es, por supuesto, perfectible, y la condición de su viabilidad depende de la consolidación de los planes de reforma y de la decisión de proyectar sus beneficios al conjunto de la sociedad.  No hacerlo puede convertirse en fuente de frustración de la expectativa social, con el consiguiente riesgo de violencia, tan común en nuestra región. 

            En este orden de ideas los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, deben constituir el "ecuador axiólogico" de estos objetivos porque, en tanto derechos fundamentales, como señalara Su Santidad el Papa, lo son debidos "al hombre porque es hombre, en virtud de su eminente dignidad". 

            Una nueva actitud espiritual se impone entonces para armar un modelo económico justo.  Los peligros a que está sometido el sistema democrático habrá que buscarlos ahora en la realidad social cuya crítica situación será la causa de fondo de las amenazas a la estabilidad institucional. 

            Este es el contexto en el cual debe desplegar su labor la CIDH en cumplimiento del cometido que le impone la Convención Americana de Derechos Humanos 

            Antes de finalizar, Señor Presidente, deseo reiterar la necesidad que se dote a la CIDH de los recursos humanos y financieros necesarios para el cumplimiento eficaz de las tareas que su función requiere. 

                                                                                                                        Muchas gracias

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DR. OSCAR LUJAN FAPPIANO, EN LA SESION INAUGURAL DEL 85º PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA CIDH

  Washington, D.C., 31 de enero de 1994

             Señor Presidente del Consejo Permanente, Señor Secretario General, Señor Secretario General Adjunto, señores miembros de la Comisión, señores embajadores, señora Secretaria Ejecutiva de la Comisión, señoras y señores: 

            Es para mí motivo de especial satisfacción poder dirigirme a ustedes, en mi calidad de Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al inaugurarse en este acto el octogésimo quinto período ordinario de sesiones de la Comisión. 

            En primer término, si se me permite, quisiera aprovechar esta oportunidad para presentar a ustedes y al mismo tiempo dar la más cordial bienvenida al Embajador John W. Donalson de Trinidad y Tobago, y al Profesor Claudio Grossman, de nacionalidad chilena, Decano de la Escuela de Derecho de "American University".  Estos dos distinguidos juristas, elegidos por la Asamblea General en junio de 1993, se incorporan hoy a los trabajos de la Comisión en pleno. 

            Desde el anterior período de sesiones, celebrado en octubre del año pasado, la Comisión, entre otras importantes actividades,  celebró una Reunión Extraordinaria en la República Argentina a invitación del Gobierno de ese Estado miembro.  Esta Reunión coincidió con el aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y con la celebración, por parte el Gobierno argentino, de diez años de democracia.  En el curso de esa Reunión la Comisión analizó diversos temas relacionados con el sistema interamericano de protección de derechos humanos. La Comisión consideró además otros temas tales como su relación con otros órganos de la Organización, con organismos no gubernamentales; sus problemas presupuestarios y su sistema de trabajo.   

            La Comisión desea reiterar, una vez más, su reconocimiento al Gobierno argentino por todas las atenciones de que fue objeto tanto por el sector público como privado del país, que contribuyeron al éxito de la reunión de la CIDH. 

            La Asamblea General recomendó a la Comisión que procure coordinar sus actividades con las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Deseo expresar con relación a este tema que, los días 24 y 25 del corriente mes, se llevó a cabo una reunión conjunta entre miembros de la Comisión y de la Corte en la cual se acordó estrechar las relaciones de trabajo de ambos órganos. 

            Señor Presidente:  Como es bien sabido, la defensa de la dignidad humana, expresada en la promoción y protección de sus derechos fundamentales, constituye el paradigma básico en las actividades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  El derecho a la vida, a la integridad y a la libertad personal, a la protección y garantías judiciales son, entre muchos otros, temas de preocupación constante de la CIDH.  Así, cuando una persona es privada de su libertad por disposición de una norma jurídica que sanciona una conducta ilícita, la Comisión concentra su atención, en principio, en la observancia, por parte del Estado, del debido proceso y de los mecanismos utilizados para la detención, a fin de establecer si se adecúan a los requisitos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

            Pero la situación es mucho más seria cuando las detenciones ocurren al amparo de legislaciones que vulneran, manifiestamente, garantías y principios elementales que deben regir en un Estado de Derecho:  El juzgamiento de civiles por tribunales militares, la sanción de delitos cometidos por menores de edad, las restricciones al control judicial de la investigación, la aplicación retroactiva de la ley penal en perjuicio del acusado, constituyen en la actualidad procedimientos de aplicación corriente en algunos Estados miembros de la Organización. 

            La CIDH reconoce la necesidad de sancionar severamente los actos terroristas que tanto daño causan a la sociedad y especialmente a personas inocentes.  La Comisión siempre ha condenado duramente la violencia, cualquiera fuese su origen, pero le preocupa cuando un Estado ignora derechos esenciales de la persona humana con el argumento de que constituye la única forma eficaz de combatir a los grupos que practican la violencia. La práctica internacional ofrece muchísimos ejemplos que demuestran que se puede combatir eficazmente a la violencia utilizando métodos respetuosos de la dignidad humana. 

            También con referencia a la protección de los derechos fundamentales no quiero dejar pasar esta oportunidad, señor Presidente, sin mencionar, una vez más, que la efectiva vigencia de las garantías judiciales está indisolublemente condicionada a la independencia del poder judicial.  Este es un tema que continúa siendo fuente de preocupación para la Comisión.  Si se trata de proteger los derechos de la persona humana frente a los posibles abusos de los agentes del Estado, es imprescindible que uno de los órganos de ese Estado disponga de la independencia que le permita juzgar tanto las acciones del Poder Ejecutivo, como la procedencia de las leyes dictadas por el legislador. 

    Señor Presidente, señores Representantes: En la gran mayoría de los Estados miembros de la OEA las condiciones políticas han cambiado en los últimos años, abriéndose condiciones más adecuadas para la consolidación de gobiernos democráticos y la vigencia de los derechos humanos.  Es importante destacar, con placer, que hoy en día proliferan los gobiernos constitucionales en el Continente.  

            Sin embargo, mas allá de esos logros es necesario tener muy en cuenta que, en algunos países, las instituciones que conforman el espectro constitucional son muy débiles e inoperantes y existe, por consiguiente, una constante amenaza a la estabilidad de esas instituciones.  Son las que se han dado en llamar las "democracias inciertas". 

            Mientras no existan sistemas democráticos eficientes, que combinen legalidad con legitimidad será muy difícil avanzar, en forma significativa, hacia la plena vigencia de los derechos humanos.  Como observa el distinguido jurista peruano Diego García-Sayán, "Las violaciones a los derechos humanos pueden tener distintas manifestaciones así como causas y respuestas específicas pero, a un nivel más general, es indudable que la falta de democracias sólidas es un factor reproductor de violaciones y de desprotección entre la población". 

            Uno de los obstáculos que más seriamente impide la consolidación de los procesos democráticos es la difícil situación económica y social de algunos Estados de la región.  La Asamblea General de la OEA ha reafirmado "que la erradicación de la pobreza extrema, la eliminación de las causas del subdesarrollo económico y de las injusticias sociales, así como el fortalecimiento de las instituciones democráticas son necesarias para asegurar la promoción y protección de los derechos humanos". 

            Al dirigirme a ustedes en la sesión que la Comisión celebró en el mes de octubre de 1993, dije que la vinculación que existe entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos y sociales no es solamente un imperativo ético o moral, sino también una condición palpable de la paz  y de la estabilidad social, y que de poco sirve la protección de los derechos civiles y políticos sin la existencia de los derechos económicos sociales y culturales.  El pensamiento político contemporáneo ha corregido el concepto unilateral de los derechos humanos, los que no pueden consistir en una vana invocación a la libertad, sino que deben asentarse en lo que es la "substancia viva" del ser humano: el derecho a la vida, al trabajo y a procurarse lo necesario para la satisfacción de las ineludibles urgencias espirituales y materiales.  Como señalara  Monseñor Juan Gerardi, Obispo de Guatemala: 

La dignidad humana ni concibe ni puede aceptar divisiones artificiales sobre sí misma.  Además, es innegable la existencia de condiciones objetivas de crácter económico, social y cultural que reclaman una mirada mas profunda y comprometida con los derechos humanos de la llamada "segunda generación".  

            De la relación o indivisibilidad --ya aceptada por la comunidad interamericana-- entre derechos civiles y políticos, y derechos económicos, sociales y culturales, resulta muy difícil justificar el sacrificio de algunos de esos derechos en favor de otros. 

            Los Estados miembros de la OEA en su conjunto, y algunos de ellos en particular, siguen sometidos a los retos derivados de la injusticia social y de la pobreza extrema. 

            Todos los seres humanos deben gozar de lo que podríamos denominar "la situación vital básica" que abarca un conjunto de circunstancias indispensables para una vida realmente digna, libre y humana, como son las relativas a una adecuada participación en la cultura y la educación, a una vivienda apropiada y a una renta que permita satisfacer en forma permanente y sin zozobras ni estrecheses las necesidades de la persona y su familia. 

            La autoridad pública y el sistema jurídico deben procurar que ningún miembro de la comunidad viva en condiciones incompatibles con la dignidad humana. 

     Si dentro del marco de las instituciones democráticas no es posible construir un sistema económico, social y jurídico que permita el respeto y disfrute pleno de los derechos humanos, por más que haya gobiernos constitucionalmente elegidos, no existirá Estado de Derecho ni instituciones democráticas sólidas y estables.  Por otra parte, la solución no está en imponer regímenes de fuerza, ni en promover el odio y la violencia.  Es falsa y tiene que ser desechada, la idea de que la seguridad y la prosperidad general constituyen un fin cuya realización autoriza a afectar los derechos humanos o la integridad del sistema democrático de gobierno.  La verdad, ajustada a la conciencia jurídica del hemisferio, es otra. La expansión de las fuerzas materiales y el correlativo mejoramiento económico de la comunidad son posibles sin desmedro de las libertades y con plena sujeción a las formas democráticas. Porque para esa conciencia, tan censurables son los regímenes políticos que niegan el bienestar a las personas como los que pretenden edificarlo sobre el desprecio o el quebranto de las instituciones democráticas, que son las únicas que pueden garantizar la libertad y la felicidad de los pueblos. 

            La tarea común de los Estados miembros de la Organización, y de la comunidad interamericana en general, es el de rescatar los valores democráticos plenamente reinsertados en lo que es su fundamento y razón de ser: los derechos humanos, tanto en el ámbito civil y político como en el económico y social, porque, como observa el Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Yale Bruce Ackerman, "los desequilibrios sistemáticos y manifiestamente injustos en materia de ingresos de la poblaciòn convierten al principio de participación democrática e igualitaria en una farsa".  

            En el ámbito de su competencia, señor Presidente y señores Representantes, la CIDH continuará trabajando con el mayor empeño a fin de contibuir en esa tarea impostergable,

                                                                                                  Muchas gracias