CONSIDERACIONES:

1. En cuanto a la admisibilidad:

a. La reclamación reúne los requisitos formales de admisibilidad contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Reglamento de la Comisión.

b. La reclamación no se encuentra pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, ni es la reproducción  de petición anterior ya examinada por la Comisión.

2. En cuanto a la competencia de la Comisión para conocer del asunto:

a. La Comisión  es competente para conocer del presente caso por tratarse de violaciones de derechos reconocidos en la Convención Americana  sobre Derechos Humanos, principalmente los artículos 5.1, relativo a la integridad física, síquica y moral de las personas; artículo 11, protección de la honra y dignidad; artículo 19, derechos del niño, y artículo 25, protección judicial, tal como lo dispone el artículo 44  de la citada Convención, de la cual El Salvador es Estado parte.

b. El artículo 1.1 de la Convención Americana, de obligatorio cumplimiento para El Salvador, prescribe que:

Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

3.  En cuanto al contenido de la denuncia:

a. Pese a que han transcurrido  más de 3  años desde la ocurrencia de los hechos y a la gravedad de las imputaciones formuladas, el Gobierno de El Salvador no ha proporcionado una respuesta relativa a los hechos presentados por el reclamante.

b. Esta actitud de pasividad e indiferencia del Gobierno, en un caso que revela una crueldad  y falta de respeto a los más elementales principios de la dignidad humana, indica un comportamiento de tolerancia y encubrimiento de hechos criminales tan graves como el denunciado, por parte tanto de las autoridades militares como de las judiciales, según consta en la denuncia, así como de la  propia rama ejecutiva del poder público, a través de la cual se transmitió el caso al Gobierno de El Salvador.

c. En relación con lo anterior, cabe citar lo expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando señaló que "El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación".[1]

d. Y agregó la Corte, en la sentencia citada, que:  "El Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención.  Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción.  Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención".[2]

e. La Comisión estima pertinente recordar, además, que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de la cual El Salvador es Estado parte, en virtud de su firma el 26 de enero de 1990 y su posterior ratificación el 10 de julio del mismo año, prescribe, en lo pertinente:

Artículo 19.1.  Los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual (...).

Artículo 37.  Los Estados partes velarán por que:  a. Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes (...).

Artículo 39.  Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y sicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados.  Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño.

f. Por su parte, el  Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Protocolo de San Salvador", establece en su artículo 16 que:

Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere, por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho de crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; y salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre (...).

4. Otros aspectos relacionados con la tramitación:

a. Los hechos motivo de la denuncia no son, por su naturaleza, susceptibles de ser resueltos a través de la aplicación del procedimiento de solución amistosa y  que, por otra parte, ni el Gobierno ni los peticionarios solicitaron ante la Comisión este procedimiento, previsto en el artículo 48.1.f, de la Convención y el artículo 45 del Reglamento de la CIDH.

b. Al no ser aplicable el procedimiento de solución amistosa, la Comisión debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50.1 de la Convención, emitiendo su opinión y conclusiones sobre el asunto sometido a su consideración.

c. Se han agotado, incluso por encima de los términos previstos, todos los trámites legales y reglamentarios establecidos en la Convención y en el Reglamento  de la Comisión.

5. En cuanto al agotamiento de los recursos internos:  

a. En el presente caso, el peticionario no ha podido lograr una protección efectiva de parte de los organismos jurisdiccionales.  Por lo tanto, los recursos han sido agotados según lo dispuesto en el artículo 46 de la Convención, según se expresa a continuación.

b. En efecto, según consta en la denuncia presentada ante la Comisión, la madre de la pequeña niña presentó su queja ante las autoridades militares de la zona y ante el Juzgado Primero de Usulután, al día siguiente a la ocurrencia de los hechos, y no sólo no se produjeron resultados ni se adelantaron investigaciones conducentes a hallar al responsable, sino que se le advirtió de antemano acerca de la ineficacia de sus gestiones.

c. El hecho de que el soldado que cometió el delito haya dejado  en el  lugar de los hechos, según consta en la denuncia y en documentos fotográficos,  el pañuelo que lo identificaba como miembro del Batallón de Reacción Inmediata Atonal, hace que las circunstancias en que se ha dado la impunidad del hecho sean aún más graves, y pone a la víctima y sus familiares en condiciones de indefensión total contra los abusos y arbitrariedades de las autoridades.

d. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, refiriéndose a las excepciones al agotamiento de los recursos internos, manifestó al respecto que "(..) si una persona se ve impedida, por una razón  como la planteada [temor generalizado en los círculos jurídicos], de utilizar los recursos internos necesarios para proteger un derecho garantizado por la Convención, no puede exigírsele su agotamiento, sin perjuicio, naturalmente, de la obligación del Estado de garantizarlos".[3]

e. En relación con el deber a cargo de los Estados, agregó la Corte, en la opinión citada, que "El artículo 1 de la Convención obliga a los Estados partes no solamente a "respetar los derechos y libertades reconocidos en ella",  sino a "garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción". La Corte ya ha expresado que esta disposición contiene un deber positivo para los Estados. Debe precisarse, también, que "garantizar" implica la obligación del Estado de tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce. Por consiguiente, la tolerancia del Estado a circunstancias o condiciones que impidan a los individuos acceder a los recursos internos adecuados para proteger sus derechos, constituye una violación del artículo 1.1 de la Convención".[4]

f. Es a todas luces evidente que en el presente caso la madre de la pequeña no sólo no estaba obligada a intentar recursos que de antemano estaban destinados a no producir ningún resultado, sino que estaba exonerada de este deber en cuanto el Estado claramente había incumplido el suyo de garantizar los derechos más esenciales y de procurar una reparación y una sanción a los responsables.

6. En cuanto al incumplimiento del informe 18/93 de octubre de 1993:

Se ha vencido el plazo de tres meses concedido al Gobierno de El Salvador, sin que éste haya dado cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión, contenidas en el Informe Nº 18/93 de 5 de octubre de 1993, ni tampoco respondido a la comunicación de fecha 18 de octubre de 1993, mediante la cual se le notificaba su adopción y se le enviaba el texto de dicho informe.