INFORME Nº 10/96

   SOBRE ADMISIBILIDAD

  CASO 10.636

  GUATEMALA

5 de marzo de 1996

             I.            ANTECEDENTES

             1.            El día 11 de septiembre de 1990 la señora Myrna Mack salía de su trabajo situado en la Ciudad de Guatemala con el objeto de dirigirse a su domicilio, cuando dos individuos armados con armas cortantes la sorprendieron y la atacaron hasta darle muerte produciéndole 27 puñaladas en el cuerpo.  Luego los individuos se alejaron del lugar sustrayendo el bolso de mano de la víctima, su portafolio y una bolsa plástica que la víctima llevaba.

             2.            Los peticionarios presentaron una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la "Comisión") denunciando el asesinato de Myrna Mack y solicitando la investigación y el esclarecimiento de los hechos.  La señora Mack era una antropóloga guatemalteca que dedicó su trabajo e investigaciones al tema de los desplazados en Guatemala.  Los peticionarios alegaron que agentes de las fuerzas de seguridad del Gobierno de Guatemala habían sido responsables del asesinato de Myrna Mack en represalia por su trabajo crítico sobre el Estado.  El 17 de septiembre de 1990 la Comisión abrió el caso bajo el número 10.636.

             II.            TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

             3.            A partir de la fecha en que interpusieron su denuncia hasta el 21 de diciembre de 1995, los peticionarios han enviado numerosas comunicaciones a la Comisión proporcionando información adicional en el caso.[48]  Han informado sobre las investigaciones de la Policía, la detención del Noél de Jesús Beteta Alvarez (uno de los presuntos culpables de la muerte de Myrna Mack), la muerte del policía investigador José Mérida Escobar, quien elaboró el informe investigativo en el caso, el desarrollo del trámite del proceso penal en la legislación interna y los recursos planteados por Helen Mack solicitando el acceso a la prueba y la apertura de proceso penal contra los otros autores intelectuales y materiales del asesinato.  Por último, solicitaron la conclusión de las investigaciones y el proceso penal en Guatemala y pidieron ante la Comisión reparación para los familiares de Myrna Mack.

            4.            Por su parte, el Gobierno contestó a la Comisión el 20 de febrero de 1991.  Desde esa fecha hasta el 14 de febrero de 1996, la Comisión recibió información adicional del Gobierno relativa a las investigaciones de la Policía, la detención de Noél de Jesús Beteta Alvarez y la resolución de los recursos planteados por el Ministerio Público y los peticionarios en la legislación interna y el estado del proceso penal.[49]

             III.            LOS HECHOS RELACIONADOS CON LA ADMISIBILIDAD DEL CASO

             Los hechos que se detallan a continuación están basados en la información suministrada por los peticionarios y el Gobierno.  Los hechos alegados por los peticionarios no fueron negados por el Gobierno.

             A.            Investigaciones realizadas por la Policía de Guatemala

             5.            La investigación que se ha producido en Guatemala por el asesinato de Myrna Mack se inició con las diligencias realizadas por el Departamento de Investigaciones Criminológicas el mismo día del hecho, por orden del Director General de Policía.  Miembros de dicho departamento se constituyeron en el escenario de los hechos inmediatamente después de que éstos se produjeron.

             6.            El Juez de Paz Penal de Turno también se constituyó en el lugar y ordenó el traslado del cuerpo de Myrna Mack a la Sala de Autopsias del Servicio Forense del Organismo Judicial.

             7.            El informe confeccionado por el médico forense estableció que la muerte de Myrna Mack tuvo origen en 27 heridas penetrantes de cuello, tórax y abdomen, y que fue producida por un shock hipovomélico y que el arma utilizada fue del tipo llamada "arma blanca".  En el informe se omitió el análisis del pelo y de las partes de piel que la víctima presentaba en sus uñas y que se presume pertenecían a sus agresores.

             8.            En el curso de las investigaciones realizadas por la Sección de Homicidios del Departamento de Investigaciones Criminológicas de la Policía Nacional, se cometieron actos negligentes y omisiones que perjudicaron y obstruyeron el esclarecimiento de la responsabilidad en el caso.  A continuación se detallan los mismos:

 -           En la escena del crimen, a pesar de la presencia del Director de la Policía Nacional, no se tomaron las muestras necesarias para realizar las pruebas dactiloscópicas, aduciéndose que la lluvia impedía hacerlo.  Sin embargo, el día del hecho no llovió sino varias horas después de la llegada de la Policía.

 -           No se protegió la zona del hecho con un cordón policial para mantener a las personas ajenas alejadas del lugar.

 -           No se analizaron los restos de la bolsa plástica encontrada en manos de la víctima que habría sido tocada por los responsables del asesinato; tampoco se retuvo su ropa como elemento de estudio para obtener huellas sobre las manchas de sangre de los agresores.

             9.            El jefe de la Sección de Homicidios de la Policía Nacional, José Mérida Escobar, y Julio César Pérez Ixcajop realizaron un informe de fecha 29 de septiembre de 1990.  En él se identifica a Noél de Jesús Beteta Alvarez como presunto autor material del asesinato de Myrna Mack.  Se establece además que el mencionado Beteta actuó bajo las órdenes de sus superiores, quienes son altos funcionarios del Estado Mayor Presidencial ("EMP") de Guatemala.  Dicha conclusión fue basada en las declaraciones de Noél Beteta Alvarez, quien afirmó trabajar bajo las órdenes de Edgar Godoy Gaitán (funcionario del EMP) y de testigos que dieron los rasgos físicos de los autores del hecho, identificándolos como de apariencia militar.  El 26 de junio de 1991, el investigador Mérida Escobar declaró ante el juzgado ratificando su informe del 29 de septiembre de 1990. 

             10.            El día 5 de agosto de 1991 el investigador Mérida Escobar fue asesinado a tiros a menos de 100 metros de la sede de la Policía.  Mérida Escobar venía avanzando en la investigaciones y en la preparación del caso para el juicio pertinente. Sin embargo, en la investigación de su muerte ésta no se vinculó con su desempeño en el caso de Myrna Mack.

             11.            En un nuevo informe de fecha 4 de noviembre de 1990, la Policía concluye que la causa del asesinato de Myrna Mack fue el robo y no se vincula a ningún miembro de la fuerza militar ni a ningún funcionario del EMP de rango más alto con el mismo.  El informe de 4 de noviembre de 1990 sobre la investigación de la Policía, Sección de Homicidios, se limita a copiar textualmente informes médicos y otros ya existentes.  No hace ninguna valoración ni investigación independiente.  Además, la Policía omitió en su informe referirse a detalles importantes de prueba.  Por ejemplo, nunca se menciona que los testigos oculares del hecho manifestaron que los atacantes de la señora Mack le sustrayeron el portafolio y su cartera, pero no sus joyas ni su automóvil, demostrando con ello que el móvil del asesinato no fue el robo.

             12.            El informe original del 29 de septiembre realizado por la Policía no puede ser ratificado actualmente por sus redactores, debido a que el investigador Escobar fue asesinado y el señor Pérez, como consecuencia de las amenazas recibidas, decidió abandonar el país.  Además los dos testigos que manifestaron a los investigadores de la policía que ellos presenciaron la vigilancia de que fue objeto Myrna Mack reconociendo a los individuos que vigilaban como de apariencia militar y a uno de éstos específicamente como perteneciente al EMP, se niegan a ratificar sus declaraciones contenidas en el informe del 29 de septiembre.  Uno de los testigos ha solicitado no ser involucrado en el caso "por razones de su seguridad".

             13.       Además, no es posible contar con las declaraciones de los dos únicos testigos presenciales del asesinato, José Tejeda Enríquez y Juan Carlos Marroquín Tejeda.  Días antes de su citación para prestar declaración ante la Corte, estos dos testigos recibieron cartas anónimas donde eran amenazados de muerte y la casa de Marroquín fue ametrallada por un grupo de hombres armados.  Dichos incidentes obligaron a los mencionados testigos a abandonar el país.

             B.            Proceso penal en la legislación interna

             14.            La parte acusadora participante en el proceso penal que se instauró para investigar la muerte de Myrna Mack fue el Ministerio Público.  Como acusadora privada intervino Helen Mack (hermana de la víctima).  El proceso penal se llevó a cabo en contra de Noél de Jesús Beteta Alvarez, supuesto autor material del asesinato.  El proceso penal contra Beteta Alvarez duró cuatro años.  El caso fue visto por doce jueces en total.

             15.            La acusadora privada, Helen Mack, intentó demostrar, dentro del proceso penal, la participación intelectual en el hecho de Edgar Augusto Godoy Gaitán, Juan Valencia Osorio y Juan Guillermo Oliva Carrera, superiores de Beteta Alvarez en el EMP.  Asimismo sindicó a Juan José Larios, Juan José del Cid Morales y a un individuo de apellido Charchal como las personas que ayudaron a Beteta en la vigilancia y en la ejecución del asesinato.  Todos estos funcionarios del EMP de Guatemala figuraban en el informe del 29 de septiembre como presuntos autores intelectuales y materiales del asesinato.  Helen Mack buscaba incluir a estas personas como imputadas dentro del proceso.

             16.            El Ministerio Público y la parte acusadora, con la intención de demostrar la culpabilidad de los individuos referidos, solicitaron a través del órgano judicial interviniente información y documentación específica a organismos del Gobierno como el Ministerio de Defensa y el EMP.  Esa información solicitada estaba relacionada con la identidad y actividad de los presuntos autores materiales e intelectuales y con otras circunstancias relativas al asesinato.  Dichas solicitudes siempre fueron rechazadas bajo el argumento de que se trataba de información confidencial y secreta del Estado.

             17.            La sentencia dentro del proceso penal substanciado contra Beteta Alvarez fue dictada el 12 de febrero de 1993 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal de Sentencia de Guatemala.  El Juzgado de Primera Instancia sólo condenó a Noél de Jesús Beteta Alvarez.  Los otros autores materiales e intelectuales del hecho no fueron procesados ni condenados por falta de prueba.  En la parte resolutiva, la sentencia condena a Noél de Jesús Beteta Alvarez como autor del delito de asesinato en contra de Myrna Mack, condenándolo a sufrir la pena de veinticinco años de prisión inconmutables por el asesinato.  Se decide asimismo rechazar la apertura de un nuevo procedimiento contra Edgar Augusto Godoy Gaitán, Juan Valencia Osorio, Juan Guillermo Oliva Carrera, Juan José Larios, Juan José del Cid Morales, y el individuo de apellido Charchal.  El sustento probatorio de la sentencia que dictó el Juzgado de Primera Instancia por la que se condena a Noél de Jesús Beteta Alvarez fue la investigación realizada por la Policía, contenida en el informe del 4 de noviembre de 1990, que no menciona a ningún otro funcionario del EMP ni a ningún otro militar como participante en el acto delictivo que afectara a Myrna Mack.

             18.            La acusadora privada interpuso recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal de Sentencia y solicitó la apertura del proceso penal contra los otros autores materiales e intelectuales del delito.  Mediante resolución del 28 de abril de 1993, la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones confirmó en su totalidad la sentencia condenatoria apelada.  Asimismo, el 4 y 21 de mayo de 1993 resolvió respectivamente rechazar el recurso de ampliación y el recurso de reposición interpuestos por el Ministerio Público.  Helen Mack interpuso recurso de ampliación para que la Corte de Apelaciones explicara las razones por las cuales fue rechazada su petición de juzgar a los otros imputados de haber participado en el asesinato de su hermana.  Este recurso fue rechazado el 14 de junio de 1993.

             19.            La acusadora privada planteó recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia contra la Sentencia de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones dictada el 28 de abril de 1993.  El Ministerio Público se negó en este momento a continuar con los recursos disponibles para solicitar la apertura de un proceso penal contra los autores intelectuales de la muerte.

             20.            Para acceder a la casación, la acusadora alegó la violación de sus derechos de petición y libre acceso a los tribunales de justicia, argumentando que reiteradamente se había denegado su petición de abrir la investigación con respecto a los otros autores de la muerte de su hermana.  En la vista pública celebrada el 26 de julio de 1993 ante la Corte Suprema, el Ministerio Público expresó que en caso de abrirse un nuevo proceso, éste sólo debería iniciarse contra el otro autor material que participó en la ejecución del delito con Beteta, no así contra los supuestos autores intelectuales del EMP.

             21.            El 9 de febrero de 1994, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación por estimar que no se configuraron las violaciones de los derechos mencionados por la acusadora.  Asimismo, la Corte rechazó el recurso de amparo planteado por Beteta contra la sentencia de condena de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones.

             22.       En virtud de las facultades que le confiere el artículo 749 del Código de Procedimiento Penal de Guatemala, la Corte Suprema de Justicia se avocó de oficio a un nuevo análisis de la sentencia de la Corte de Apelaciones.  Analizando el caso por segunda vez, la Corte reconoció la violación del derecho de la acusadora privada de ejercer la acusación y concluyó que de lo actuado en el proceso se deducen sospechas de la participación de otras personas en la comisión del asesinato.  Mediante sentencia del 9 de febrero de 1994 dispuso dejar abierto el procedimiento penal contra los sindicados Edgar Godoy Gaitán, Juan Valencia Osorio, Juan Guillermo Oliva Carrera, Juan José Larios, Juan José del Cid Morales y el individuo de apellido Charchal, a fin de establecer la participación de los mismos en el asesinato de Myrna Mack.

             23.            El nuevo proceso penal fue postergado mientras los oficiales superiores acusados intentaron sin éxito anular la orden de la Corte Suprema de Justicia de 9 de febrero de 1994 de apertura del proceso en su contra.  Por sentencia de 6 de diciembre de 1994, la Corte de Constitucionalidad rechazó la petición de amparo que habían interpuesto.  Sin embargo, el proceso penal instaurado se mantuvo casi inactivo cerda de un año a partir de la sentencia de 6 de diciembre de 1994 hasta finales del año 1995, por la falta de nombramiento de un nuevo fiscal y por la negativa de los órganos militares de cooperar en la investigación proporcionando la información requerida.

             24.            En este segundo proceso la acusadora privada planteó ante la Corte Suprema de Justicia una "Medida Cautelar de Secuestro" de documentos que se encuentran en el Ministerio de Defensa Nacional y el EMP, en un intento de lograr que se protegieran y se suministraran pruebas importantes para comprobar la complicidad de todos los acusados en la muerte de Myrna Mack.  Dicha solicitud fue rechazada por la Corte el 18 de marzo de 1994.

             25.            La acusadora privada planteó recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad contra la resolución del 18 de marzo de 1994 dictada por la Corte Suprema, denegando el recurso de medida cautelar de secuestro, por haberse violado el derecho de petición y libertad de acceso a los tribunales de justicia amparada en la Constitución Política del Estado y las leyes de Guatemala.  El 18 de octubre de 1994 la Corte de Constitucionalidad negó el recurso de amparo, sin analizar el fondo, con el argumento de que la Corte Suprema actuó de acuerdo con sus facultades legales por no tener el expediente en el que se pedían las medidas y porque es el juez de la causa quien tiene el expediente y debe resolver al respecto.  La acusadora privada planteó recurso de aclaración contra la última resolución de la Corte de Constitucionalidad, el cual fue rechazado el 21 de diciembre de 1994 con el argumento de que carecía de fundamento.  Con posterioridad, la Corte de Apelaciones revocó la decisión de no entrega de los documentos requeridos, ordenando que éstos fueran solicitados al Ministerio de Defensa.

             26.            El Ministerio de Defensa ha proporcionado sólo parte de la información requerida por la Corte de Apelaciones, bajo el argumento de que eran documentos que trataban asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, y constituían datos suministrados por particulares bajo la garantía de confidencia del artículo 30 de la Constitución de Guatemala.  Los documentos que no fueron proveídos son los siguientes: el parte diario de novedades del EMP, órdenes generales del Ejército, Organigrama del EMP, nombre de los departamentos del EMP y las personas a su cargo, las personas que estuvieron en servicio en el Departamento de Seguridad del EMP, todo a partir de 1990, época del delito.  Estos documentos probablemente habrían permitido juzgar a todos los presuntos responsables de la muerte en un solo proceso si hubieran sido entregados dentro del primer proceso llevado en contra de Beteta.  Asimismo, en el segundo proceso serían utilizados por la acusación para comprobar que Noél Beteta Alvarez estaba con alta médica y aún trabajaba como funcionario del EMP cuando asesinó a Myrna Mack, que actuó bajo las órdenes de funcionarios de rango superior en el EMP, y/o que estaban otros funcionarios del EMP involucrados de alguna manera en el asesinato. 

             27.            Algunas de las informaciones que fueron proporcionadas por los militares fueron documentos que en el primer proceso penal supuestamente no existían.  Estos documentos fueron suministrados por primera vez en este segundo proceso y han sido presentados como prueba para cuestionar la culpabilidad de Beteta Alvarez, ya condenado sin otra instancia de apelación.

             28.            En este momento, el segundo proceso penal se encuentra en etapa de investigación ante un juez militar. 

            IV.        OBSERVACIONES DE LAS PARTES SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PETICIÓN

             A.            Posición de Gobierno

             29.            El Gobierno ha argumentado que los recursos de la legislación interna no han sido aún agotados.  Por ello es que, alegando los artículos 46.1 y 47 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención"), solicita a la Comisión se declare la inadmisibilidad de la denuncia.

             B.            Posición de los Peticionarios

             30.            Los peticionarios han argumentado que denunciaron en varias oportunidades ante las instituciones estatales, judiciales, y de derechos humanos nacionales, las irregularidades cometidas dentro de la investigación llevada a cabo por la Policía de Guatemala.  Que fundamentalmente han denunciado la negligencia que impidió conservar adecuadamente los indicios de prueba existentes en el lugar de los hechos, que constituían elementos claves para poder identificar a todos los culpables de la muerte de Myrna Mack y para tener mayores elementos de prueba sobre los mismos y sobre las demás circunstancias del hecho.

             31.            Por otro lado, los peticionarios alegan que plantearon todos los recursos que otorga la legislación interna en Guatemala, con el objeto de obtener las pruebas necesarias para procesar a todos los culpables del asesinato de Myrna Mack, incluyendo la información relativa a los nombres y actividades de funcionarios del EMP.  Que las solicitudes fueron rechazadas sin mayores argumentos legales por las autoridades judiciales y del Gobierno.  Que sólo se proporcionó parte de la información finalmente requerida por la Corte de Apelaciones, perjudicando la capacidad de Helen Mack de tener acceso a los recursos internos para procesar a todas las personas con indicios de culpabilidad en su contra.

             32.            Alegan que si bien se procedió a la apertura de un segundo juicio para investigar a los demás responsables del asesinato de Myrna Mack, lo cierto es que la investigación continúa en la fase preliminar, sin que hasta la fecha se hayan producido avances de consideración.

             33.            Según los peticionarios, las circunstancias del caso indican que no han tenido acceso efectivo a los recursos internos para juzgar a todos los responsables de la muerte de Myrna Mack.  Argumentan que hace más de cinco años que se iniciaron las actuaciones internas sin que se hayan producido resultados efectivos.  Que ello constituye un retraso injustificable en los procedimientos internos para juzgar a los responsables de este crimen.

             V.            ADMISIBILIDAD

             A.            Requisitos de forma

             34.            La petición contiene los requisitos formales de admisibilidad previstos en el artículo 46.1.d de la Convención Americana y no se presenta como manifiestamente infundada ni improcedente.

             35.            La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene facultad para conocer en el presente caso por referirse a presuntas violaciones de derechos humanos que se encuentran establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus artículos 1.1, 4, 8 y 25.  El presente caso está dentro de su competencia ratione materiae, de acuerdo con el artículo 44 de la Convención.

             36.            En cumplimiento de las condiciones impuestas por los artículos 46.c y 47.d de la Convención, la Comisión ha constatado que la denuncia no constituye la reproducción sustancial de una petición ya examinada ni se encuentra pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional.

             37.            La disposición del artículo 46.b de la Convención, que establece que toda petición debe ser interpuesta dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha en que se haya notificado la decisión definitiva, no resulta aplicable al caso porque aún no ha habido decisión definitiva en el caso.  En aplicación de lo previsto por el artículo 37.2 del Reglamento sobre la excepción al agotamiento de los recursos internos, con relación al artículo 38.2 del Reglamento, la petición fue presentada dentro de un término razonable.  De cualquier modo, el Gobierno de Guatemala no ha alegado el incumplimiento de este requerimiento. 

             B.            Agotamiento de los recursos internos

             38.            De conformidad con el artículo 46.2 de la Convención Americana, el requisito de agotamiento de los recursos de jurisdicción interna a que se refiere el artículo 46.1.a no es aplicable en este caso.  El artículo 46.1.a estipula que para que una petición sea admitida por la Comisión se requerirá "que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos".  Sin embargo, de conformidad con el artículo 46.2.b no se requiere el agotamiento cuando "no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos".  Conforme al artículo 46.2.c la exigencia del agotamiento no es aplicable cuando "haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos".  Además, en relación con las excepciones al requisito de agotamiento de los recursos internos, la Corte Interamericana ha establecido que: "De ninguna manera la regla del previo agotamiento debe conducir a que se tenga o demore hasta la inutilidad la actuación internacional".  (Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987.  Serie C No. 1, párr. 93).  Las circunstancias en que se han desarrollado las investigaciones y el trámite penal en la legislación interna que anteceden demuestran que las excepciones previstas en el artículo 46.2.b y c eximen del agotamiento en el caso presente. 

             39.            La Comisión considera que si bien Helen Mack, uno de los peticionarios en este caso ante la Comisión y familiar de Myrna Mack, ha tenido acceso formal a los recursos internos, lo cierto es que no ha podido lograr un acceso efectivo a dichos recursos para que se juzgue a todas las personas contra las cuales existen fuertes indicios de culpabilidad en el asesinato de Myrna Mack, según las conclusiones de los mismos órganos del Gobierno de Guatemala, incluyendo la Corte Suprema de Justicia.

             40.            Helen Mack realizó repetidos esfuerzos para lograr someter a todos los culpables en un solo proceso.  Sin embargo, esto no fue conseguido porque los agentes del Gobierno fueron negligentes en la investigación del caso y se negaron a suministrar gran parte de la prueba necesaria para llevar a cabo aquel proceso.  Por otra parte, las cortes de Guatemala se negaron a requerir el procesamiento simultáneo de todos los responsables del asesinato.  Como resultado de ello, fue necesario iniciar un segundo proceso penal para procesar a quienes no habían sido juzgados en el primer proceso.  En este segundo proceso, también se le ha denegado a la acusadora privada, Helen Mack, el acceso a la prueba que le permita fundamentar su acusación contra todos los implicados en la muerte de su hermana.  Además, debido a la ausencia de algunos testigos cuyo testimonio podría haber dado mayores elementos de juicio para aclarar la responsabilidad de todos los acusados, la acusación se considera limitada y el proceso perjudicado en su resultado.  

             41.            La investigación que el organismo policial desarrolló en el caso de Myrna Mack presentó deficiencias evidentes en la conservación y la recopilación de la prueba tendiente al esclarecimiento del hecho y a la identificación de sus autores.  Las pruebas que la Policía no recopiló ni protegió podrían haber aclarado la participación de los otros supuestos autores del hecho, aparte de Beteta, en el primer proceso judicial, y habrían proveído más elementos para juzgarlos ahora en el segundo proceso.

             42.       La acusadora privada hizo constantes solicitudes a las autoridades gubernamentales y judiciales para tener acceso a la prueba, sustentado sus peticiones en las leyes de Guatemala e interponiendo todo recurso adecuado para conseguir las pruebas documentales y de otro tipo que guardan los oficiales del EMP y del Ejército. Sin embargo, sus solicitudes fueron rechazadas con formalismo y sin mayores argumentos por las autoridades judiciales.  Aún después de dictada la orden de la Corte de Apelaciones requiriendo finalmente que se suministraran las pruebas pedidas, el Gobierno rehusó de nuevo suministrar algunas pruebas.  Actualmente, el testimonio de al menos cinco testigos considerados por los peticionarios como de vital importancia ya no puede ser utilizado porque algunos abandonaron el país y otros se niegan a ratificar lo previamente declarado.

             43.            La Comisión considera, además, que ha habido un retraso injustificado en el procedimiento interno.  Sólo después de cuatro años de la muerte de Myrna Mack, la Corte Suprema de Guatemala dispuso la apertura de causa penal contra los supuestos autores intelectuales del asesinato y autores materiales que trabajaban con Beteta.  Han transcurrido dos años más y este procedimiento continúa en la fase investigativa.  Ningún indicio señala que se avanzará en ésta o que se esclarecerán los hechos.  Por el contrario, el modo en que se ha desarrollado el proceso anterior hacer suponer fundadamente que este procedimiento no arrojará ningún resultado positivo.  En conclusión, han pasado ya casi seis años desde el asesinato de Myrna Mack, y el Gobierno de Guatemala aún no ha llegado a una resolución del caso referente a su muerte y no existe ningún indicio de que próximamente se llegará a una resolución justa del caso.

             44.            A través de la regla del previo agotamiento de recursos internos, se permite al Estado dar solución al caso con los medios legales existentes en su jurisdicción, antes de ser llevado a la instancia internacional.  Sin embargo, el mero hecho de que el proceso de los recursos internos sigue en trámite no puede significar que la Comisión no esté facultada para analizar el caso, porque ésto permitiría al Estado conducir investigaciones y procesos judiciales internos no eficaces y no efectivos, prolongándolos irrazonablemente con el objeto de evitar la intervención del sistema interamericano.  Cuando no hay un acceso efectivo a los recursos y hay retardo de justicia, el requisito del previo agotamiento de los recursos internos no puede impedir que un caso en el que se aleguen violaciones a los derechos humanos llegue a la instancia internacional de la Comisión.

             45.       La Comisión, en base a los argumentos expuestos, considera que en el caso que nos ocupa no se aplica el requisito de agotamiento de los recursos de la legislación interna.  Los peticionarios demostraron no haber tenido acceso efectivo a los mismos, evidenciándose un retardo injustificado de justicia si se toma en cuenta el tiempo transcurrido desde la comisión del delito.  Por ello es que, dando aplicación a la excepción a la regla de agotamiento de recursos internos en previsión a lo establecido por el artículo 46.2.b y c de la Convención, se declara la admisibilidad del presente caso.

                    LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

 RESUELVE:

             1.            Declarar admisible, de conformidad con los artículos 46, 47 y 48 de la Convención, la denuncia presentada en el presente caso número 10.636.

             2.            Enviar el presente informe sobre admisibilidad al Gobierno de Guatemala y a los peticionarios.

             3.            Publicar el referido informe en el Informe Anual a la Asamblea General.

             4.            Continuar con la consideración de los méritos del caso.

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