La Comisión también reitera su preocupación por la práctica adoptada en muchos Estados miembros en materia de detención preventiva. El principio de presunción de inocencia se ve gravemente vulnerado, con la reclusión de los ciudadanos procesados por la posible comisión de un delito --pero que no han sido condenados-- junto a quienes se encuentran cumpliendo pena de prisión. Esta situación se torna aun más grave, toda vez que la medida cautelar de privar a los acusados de su libertad se extiende por períodos que no resultan razonables y que en algunos casos, bien documentados, incluso van más allá del plazo de reclusión previsto como pena por la ley. La Comisión reitera que la libertad del procesado debe ser la regla; y que las excepciones deben estar contenidas expresamente en la ley de manera razonable, y ser objeto de aplicación motivada en cada caso. 

          3.       La Comisión recomienda a los Estados miembros que delimiten el papel de las Fuerzas Armadas y de seguridad en el contexto del Estado de Derecho. 

          En todo Estado democrático las fuerzas de seguridad cumplen un papel crucial en la protección de los ciudadanos, sus bienes y sus derechos. Se trata de una función con matices múltiples, en distintas instituciones --entre éstas, la policía y las Fuerzas Armadas-- que cuentan con características propias. 

          La Comisión recomienda a los Estados miembros que presten especial atención en el entrenamiento que se brinda a los miembros de la policía, quienes tienen la delicada tarea de ejercer la autoridad pública en la sociedad.  El orden público democrático requiere que los ciudadanos depositen su confianza en el profesionalismo y, sobre todo, en la ética de la autoridad policial. La Comisión reitera su llamamiento a los Estados miembros a adoptar las normas de las Naciones Unidas sobre la conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, como lineamiento en esta área. 

          La tarea que debe cumplir la institución policial en el contexto de la sociedad es delicada, y requiere de instrucción y entrenamiento especiales. Consecuentemente, como principio general, la policía no debe ser suplida en su tarea por las Fuerzas Armadas. La Comisión desea recomendar, con énfasis, que las Fuerzas Armadas no sean empleadas en la tarea de hacer cumplir la ley --particularmente en áreas tales como la investigación de crímenes comunes y la ejecución de arrestos-- que por su especialidad, complejidad y su contacto con la sociedad, debe ser responsabilidad de un cuerpo policial debidamente instruido y especialmente respetuoso del Derecho. 

          La Comisión debe también expresar su preocupación por el hecho de que las Fuerzas Armadas y de seguridad de algunos Estados miembros continúan siendo vinculadas en la comisión de abusos en forma directa o mediante la colaboración con grupos armados no oficiales. Entre las medidas que deben ser adoptadas para lograr que las Fuerzas Armadas y de seguridad estén debidamente subordinadas a la autoridad civil y actúen en el marco de la ley, la Comisión insta a los Estados miembros a instruir debidamente a sus agentes sobre las normas vigentes en materia de derechos humanos y derecho humanitario, y a sancionar adecuadamente a quienes las violen. 

          En cuanto a las Fuerzas Armadas en particular, la Comisión no puede dejar de referirse al empleo de tribunales militares para conocer en hechos cuyas consecuencias se encuentran contempladas en la legislación común, entre ellos, aquellos relativos al respeto de derechos individuales. La Comisión reitera que sólo corresponde utilizar la vía de la jurisdicción militar en aquellos casos que involucren la disciplina interna de las Fuerzas. La Comisión desea recomendar, con énfasis, a los Estados miembros que tomen las medidas necesarias para garantizar que los miembros de las fuerzas armadas que cometan delitos comunes, sean juzgados por un tribunal ordinario conforme a los principios del derecho común y de ese modo se garantice un juicio imparcial a la parte afectada. 

          4.       La Comisión recomienda a los Estados miembros que tomen las medidas necesarias para proteger a los defensores de los derechos humanos. 

          El trabajo de los defensores de los derechos humanos y de las organizaciones a las que muchos de ellos se encuentran afiliados, es esencial a la protección de los derechos humanos. Ya sea que su tarea esté dedicada a la recolección de información, la realización de actividades de promoción y docencia o la presentación de peticiones sobre violaciones a los derechos humanos, se trata de una labor de insustituible relevancia técnica y ética. Se trata además de personas e instituciones que forman parte importante de la sociedad civil y que constituyen una pieza fundamental en el proceso de fortalecimiento de la democracia. 

          Tristemente, la Comisión ha recibido y continúa recibiendo numerosas denuncias sobre atentados, muchas veces fatales, contra las personas y las organizaciones que cumplen esta tarea en los países del Continente.  Consecuentemente, le corresponde recomendar con especial interés a los Estados miembros que tomen las medidas necesarias para que se respete la libertad de trabajo y de expresión de quienes han asumido la tarea de trabajar para el respeto de los derechos fundamentales, y para proteger su integridad física y moral. 

          5.       La Comisión recomienda a los Estado miembros que pongan especial atención en la protección integral de los derechos del niño. 

          La Declaración Americana, la Convención Americana y otros instrumentos de carácter universal, recogen el consenso de que los niños tienen derecho a medidas especiales de atención y protección. Consecuentemente, debe asignarse los recursos necesarios para el cuidado y desarrollo de la niñez; y deben tomarse las medidas legislativas y de otra naturaleza necesarias para proteger sus derechos. En este sentido, la Comisión recomienda a los Estados miembros que en todos los casos que involucren decisiones que afecten la vida, la libertad, la integridad física o moral, el desarrollo, la educación, la salud u otros derechos de los menores de edad, dichas decisiones sean tomadas a la luz del interés más ventajoso para el niño. 

          La Comisión reitera a los Estados miembros que deben tomar medidas concretas para que los niños que vivan en su jurisdicción tengan acceso a la educación primaria –que debe ser obligatoria y gratuita—y a la educación secundaria que, donde aun no lo esté, debe estar progresivamente al alcance de todos en forma gratuita.  

          La Comisión desea reiterar que, según establece el Pacto de San Salvador, las personas menores de 18 años de edad no deben estar sujetas a regímenes de trabajo nocturno, o a condiciones insalubres o peligrosas y, en todo caso, deben ser tratadas conforme los estándares establecidos en el Convenio 138 de la OIT. 

          6.       La Comisión recomienda a los Estados miembros reconocer plenamente y asegurar los derechos de la mujer y adoptar las medidas necesarias para corregir urgentemente la discriminación por razones de sexo subsistente en la legislación local. 

          Las normas del sistema interamericano están basadas en amplios principios de igualdad y no discriminación y los Estados miembros tienen la obligación de adaptar su legislación a estos principios toda vez que una disposición legal resulte discriminatoria, ya sea por el mero hecho de estar en vigor, por sus efectos o a través de su interpretación y aplicación en la práctica. 

          La Comisión ha verificado que, en ciertas jurisdicciones domésticas, la legislación vigente aún no se ajusta a los principios de igualdad y no discriminación, situación que afecta principalmente a las mujeres. Esta discriminación de jure transforma el sistema legal mismo en un instrumento de subordinación, y constituye una afrenta a los principios más fundamentales del sistema interamericano. 

          Siguiendo el estudio realizado por el Relator Especial sobre los Derechos de la Mujer y las directrices de su informe, la Comisión reitera que los Estados que aún no lo han hecho, deben realizar una revisión integral de su legislación nacional --particularmente en las ramas civil, laboral, comercial y penal-- con el objeto de identificar normas que establezcan distinciones, exclusiones o restricciones por razón de sexo que tengan el propósito o el efecto de disminuir el reconocimiento o ejercicio de los derechos humanos de la mujer. 

          En todos los casos en los que sea identificada la discriminación legal en el ámbito doméstico, y dado que ésta constituye una violación patente de los principios fundamentales subyacentes al sistema interamericano, los Estados deben actuar sin más demora, para llevar adelante las reformas legislativas del caso. 

          Los Estados miembros deben revisar sus recursos legales internos, con el fin de evaluar hasta qué punto resultan accesibles y efectivos en la tarea de asegurar el ejercicio del derecho a no estar sujeto a discriminación sexual alguna, tanto en la esfera pública como privada. Los Estados miembros deben también reforzar la eficacia de esos recursos, y deben tomar las medidas correspondientes para que las mujeres tengan acceso a la información necesaria para emplearlos. 

          7.       La Comisión recomienda a los Estados miembros que tomen las medidas necesarias para proteger a las personas con discapacidades físicas y mentales. 

          La Comisión ha verificado que las personas con discapacidades físicas y mentales son particularmente vulnerables a la discriminación, la restricción arbitraria de la libertad personal y el trato inhumano y degradante. Esta situación, y su impacto en la integración de estas personas a la sociedad civil, ha sido también reconocida en diversos lineamientos internacionales. 

          La Comisión desea reiterar que el pleno ejercicio de los derechos contenidos en la Declaración, la Convención y sus Protocolos, y demás instrumentos vigentes en el sistema interamericano debe ser garantizado sin discriminación de ninguna índole. Consecuentemente, recomienda a los Estados miembros que tomen las medidas legislativas, o de otro carácter, que sean necesarias para que las personas con discapacidades físicas o mentales puedan ejercer, sin discriminación, sus derechos civiles y políticos y para que, a la luz de los compromisos establecidos en el Protocolo de San Salvador, sus derechos económicos, sociales y culturales cuenten con especial protección. 

          8.       La Comisión recomienda a los Estados miembros que respeten, protejan y garanticen los derechos  de los trabajadores migratorios y sus familias. 

          Los trabajadores migratorios y sus familias frecuentemente se encuentran en una situación de desprotección en los Estados donde desarrollan su trabajo. Esto se debe, entre otros factores, a diferencias en cuanto a idioma, raza, costumbre, cultura, recursos económicos y nivel educacional. Esta situación de vulnerabilidad conlleva a que en repetidas ocasiones el trabajador migratorio y su familia sean objeto de discriminación, postergación y desconocimiento de sus derechos fundamentales. 

          La Comisión recomienda a los Estados miembros que –en conformidad con los instrumentos internacionales pertinentes y su legislación doméstica —promuevan, respeten y garanticen los derechos fundamentales de los trabajadores migratorios y sus familias. 

          9.       La Comisión recomienda a los Estados miembros que pongan especial empeño en garantizar el ejercicio de la libertad de expresión. 

          La Comisión considera necesario enfatizar la importancia del ejercicio de la libertad de expresión, para el fortalecimiento y desarrollo de la democracia. Los Estados miembros deben proteger este importante derecho tomando medidas que aseguren su libre ejercicio, incluyendo el enjuiciamiento conforme a la legislación, de quienes realicen actos contrarios. Esta recomendación debe ser especialmente tenida en cuenta en el caso de los profesionales de la información, quienes cumplen un papel de vital importancia en la sociedad democrática. 

          Con este propósito, la Comisión hace un llamado a los Estados miembros para que cooperen y colaboren con la Relatoría sobre Libertad de Expresión creada con este propósito por la CIDH. 

          10.     La Comisión recomienda a los Estados miembros cuya legislación contempla el servicio militar obligatorio, que tomen medidas para garantizar la protección de los derechos individuales de los conscriptos. 

          Es de conocimiento de la Comisión que algunos de los Estados miembros, en vez de aplicar los procedimientos legales vigentes para el reclutamiento de conscriptos, recurren a la detención arbitraria de individuos. En otros casos, no se permite a los individuos reclutados recurrir ante los tribunales, con el fin de demostrar que la ley los exime de prestar el servicio. La Comisión también tiene conocimiento de que ciertas minorías étnicas, religiosas y raciales son objeto de prácticas discriminatorias al momento del reclutamiento. La Comisión insta a los Estados miembros a dar por terminadas estas prácticas. 

          La Comisión toma nota de las sugerencias emanadas de otros órganos internacionales, en el sentido de que los Estados deben implementar en forma efectiva el derecho a libertad de conciencia y religión, mediante modificaciones legislativas que contemplen excepciones al servicio militar en casos de objeción de conciencia.[1]  

          Consecuentemente, la Comisión recomienda a los Estados cuyo ordenamiento jurídico contempla el servicio militar obligatorio, que revisen su régimen en cuanto a reclutamiento, con miras a respetar y proteger el derecho de los conscriptos al trato humano, el debido proceso, la libertad de conciencia y religión, y a la igualdad ante la ley. También invita a los Estados miembros cuya normativa aún no contemple, ya sea la exención al servicio militar o la prestación de un servicio alternativo en casos de objeción de conciencia, a revisar su régimen legal en la materia y hacer las modificaciones acordes con el espíritu del derecho internacional de los derechos humanos. 

          11.     La Comisión recomienda a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para que la Comisión sea dotada de mayores recursos humanos y presupuestarios con el fin de desarrollar integralmente su mandato. 

          12.     La Comisión insta a los Estados miembros a cumplir con las recomendaciones emitidas en sus informes sobre casos individuales y a acatar las solicitudes de medidas cautelares. 

          La Corte Interamericana ha señalado que los Estados parte en la Convención Americana tienen la obligación de adoptar las recomendaciones emitidas por la Comisión en sus informes sobre casos individuales, en virtud del principio de buena fe. Esta obligación se extiende a los Estados miembros en general, toda vez que, conforme a la Carta de la OEA, la CIDH es uno de los órganos principales de la Organización y tiene como función promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en el hemisferio. 

          Por lo tanto, la Comisión insta a los Estados miembros, sean o no parte en la Convención Americana, a observar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos mediante el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes sobre casos individuales y el acatamiento de las solicitudes de medidas cautelares. 

          Se invita también los Estados miembros a invocar y acogerse de buena fe al mecanismo de solución amistosa contemplado en la Convención, el Estatuto y el Reglamento de la Comisión. 

          13.     La Comisión invita a los Estados miembros a adoptar mecanismos para la ejecución de las recomendaciones de la Comisión en el ámbito interno.

           Como ya se mencionara, los Estados tienen la obligación de cumplir con las recomendaciones emitidas por la Comisión en sus informes sobre casos individuales. Esta obligación debe ser observada mediante la adopción de las medidas que sean necesarias por los poderes del Estado.  Sin embargo, en algunos casos, las autoridades estatales han expresado que la falta de mecanismos legales domésticos para la ejecución de las obligaciones de carácter internacional dificulta el cumplimiento de las recomendaciones incluidas en estos informes.  La Comisión desea instar a aquellos Estados que consideren este vacío legal como un impedimento, a que sigan el ejemplo de otros Estados miembros --así como otros Estados de la comunidad internacional-- que, para mayor conveniencia y celeridad, han optado por establecer mecanismos legales específicos y de naturaleza administrativa y judicial para la aplicación directa de las recomendaciones de la Comisión. 

          14.     La Comisión recomienda a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para considerar y aprobar la propuesta de “Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas”. 

          La Comisión desea recomendar a los Estados miembros que en cumplimiento a la Resolución de la Asamblea General sobre “Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas” preparado por la CIDH (AG/RES. 1480 (XXVII-0/97)), colaboren en la constitución y trabajos de la Reunión de Expertos Gubernamentales a ser convocada por el Consejo Permanente, con vistas a la aprobación de dicho instrumento en el vigésimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General. 

          15.     La Comisión recomienda a los Estados miembros que ratifiquen la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sus Protocolos Adicionales. 

          La Comisión recomienda a los diez Estados miembros que no han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos --Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Canadá, Cuba, Estados Unidos de América, Guyana, San Vicente y las Granadinas, St. Kitts y Nevis, y Santa Lucía-- a hacerse parte de este instrumento, y de ese modo permitir la consolidación del Sistema en un marco jurídico unitario. 

          La Comisión recomienda a Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Estados Unidos de América, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, y Venezuela, que ratifiquen el Protocolo Adicional en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

          La Comisión recomienda a Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, y Trinidad y Tobago, que ratifiquen el Protocolo Adicional relativo a la Abolición de la Pena de Muerte. 

          16.     La Comisión recomienda a los Estados miembros que ratifiquen los instrumentos de derechos humanos adoptados en el ámbito interamericano. 

          La Comisión recomienda a Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, Estados Unidos de América, Grenada, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago, ratificar la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. 

          La Comisión recomienda a Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Perú, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, y Venezuela, ratificar la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas. 

          La Comisión recomienda a Antigua y Barbuda, Canadá, Cuba, Estados Unidos, Grenada, Jamaica, México y Suriname, ratificar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 

          17.     La Comisión recomienda a los Estados miembros que acepten la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. 

          La Comisión recomienda a Barbados, Brasil, Dominica, Grenada, Haití, Jamaica, México, y República Dominicana expresar su consentimiento en obligarse conforme al artículo 62 de la Convención Americana y aceptar la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericanana. 

          18.     La Comisión recomienda a los Estados miembros que se comprometan a respetar las normas consuetudinarias y convencionales del derecho internacional humanitario. 

          La Comisión recomienda a los Estados miembros, que se comprometan a respetar las normas consuetudinarias y convencionales del derecho internacional humanitario y que, en particular, consideren la conveniencia de ratificar aquellos instrumentos de derecho internacional humanitario destinados a reforzar la protección de derechos humanos fundamentales en situación de conflicto armado, tales como las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977.