OEA/Ser.L/V/II.111
Doc. 21 rev.
6 abril 2001
Original:  Español/Inglés

QUINTO INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS EN GUATEMALA[1] 

INTRODUCCIÓN

A.        Antecedentes del Informe 

         1.         Este Informe constituye el primer análisis profundo de la situación de los derechos humanos en Guatemala por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la “Comisión”, la “CIDH” o la “Comisión Interamericana”) desde la firma del Acuerdo Final de Paz en diciembre de 1996.  Es en el contexto de ese acto de inestimable importancia para la protección de los derechos humanos en Guatemala que la Comisión ha examinado los significativos avances alcanzados y los desafíos vitales que quedan por enfrentar en la implementación del temario nacional de la paz y la reconciliación y en la consolidación de una democracia participativa. 

         2.         En respuesta a las violaciones de los derechos humanos realizadas  en el curso del conflicto armado, la Comisión ha seguido con especial atención la situación de los derechos humanos en Guatemala desde sus primeros años de operación.  Después del inicio  del enfrentamiento armado en 1962, la Comisión comenzó a recibir numerosas comunicaciones en las que se denunciaban presuntas violaciones de los derechos individuales fundamentales.  El seguimiento de la situación hecho por la Comisión durante los primeros años del conflicto condujo a la publicación en 1966 de sus “Solicitudes de Información Transmitidas al Gobierno de Guatemala”,[2] seguida por la publicación de informes especiales del país en 1981, 1983, 1985, 1993 y 1994[3] e informes de seguimiento sobre la situación general correspondientes a cada año desde 1983 hasta 1991 y a 1993, 1994, 1996 y 1997.[4]  La Comisión ha realizado un total de diez visitas in loco a Guatemala desde 1982[5] hasta la fecha y ha tramitado y publicado numerosos informes de casos individuales en sus Informes Anuales. 

         3.         Corresponde reconocer desde el comienzo de este Informe que el Estado y la sociedad guatemaltecos han logrado valiosos avances en su tarea de construir una sociedad más justa a partir de la firma de la paz.  Entre estos avances se cuentan la eliminación del patrón y la práctica de violaciones sistemáticas de los derechos humanos perpetradas por el Estado durante el conflicto, como parte de una política de Estado, la apertura de nuevos espacios vitales para la participación política, la incorporación de sectores de la sociedad civil anteriormente excluidos en el desarrollo e implementación de la política pública, la iniciación de un proceso de desmilitarización y la implementación de acciones decisivas para establecer la verdad sobre las violaciones fundamentales que fueron tanto causa como consecuencia del conflicto. 

         4.         Sin embargo, la meta de crear una Guatemala en la cual toda la población pueda ejercer libre y plenamente sus derechos y libertades fundamentales no se alcanzará sino cuando se resuelvan ciertos desafíos pendientes, de crucial importancia.  El presente informe se centra particularmente en el desafío primordial de crear un sistema judicial que ofrezca una protección efectiva de los derechos de la población.  Es necesariamente el sistema judicial el que sirve como primera línea de defensa de los derechos y libertades individuales.  Aunque el Estado de Guatemala ha iniciado algunas acciones positivas encaminadas a fortalecer este sistema, la impunidad en casos de violaciones de los derechos humanos -tanto pasadas como presentes- sigue siendo la regla.  Esta impunidad se opone a las obligaciones del Estado emanadas de la legislación interna y el derecho internacional, subvierte los más básicos principios que sustentan los acuerdos de paz y debilita el régimen de derecho.  La incapacidad del sistema judicial de proporcionar protección de los derechos básicos y la falta de confianza pública en los mecanismos del Estado exacerban el potencial de conflicto social, como se manifiesta en el ejemplo extremo de los linchamientos.  Estos y otros desafíos son analizados en detalle en los capítulos que siguen. 

         5.         A la fecha de aprobación de este Informe, la Comisión, por una parte, aprecia profundamente la labor del Estado y la sociedad guatemaltecos para salir de los 36 años de conflicto, habiendo definido los compromisos integrales y, en muchos aspectos, visionarios de los acuerdos de paz.  El avance logrado hasta la fecha en muchos aspectos de estos compromisos, asumidos con energía y dedicación por muchos guatemaltecos y sustentados por el respaldo de la comunidad internacional a través de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (“MINUGUA”) y un conjunto de otros participantes, demuestra tanto un importante progreso como un potencial muy real de consecución de nuevos avances. 

         6.         Por otra parte, la Comisión concluye con profunda preocupación que actualmente existe una contradicción, que se está profundizando, entre la expresión del compromiso y la realidad de las acciones sobre el terreno.  Estas contradicciones radican, por ejemplo, en el compromiso expreso de reformar la administración de justicia y proteger a los defensores de los derechos humanos y la realidad actual de repetidas y serias amenazas y ataques contra víctimas, testigos, abogados y jueces como represalia por su búsqueda de justicia, para lo cual no ha habido una respuesta adecuada.  Estas contradicciones amenazan con debilitar el importante progreso logrado y pueden revertirse solamente con una voluntad política y una acción fuertes y sostenidas. 

         7.         Las recomendaciones específicas presentadas por la Comisión en relación a cada conjunto de temas tratados más adelante están encaminadas a asistir al Estado en su empeño de trabajar con toda la sociedad consolidar los avances logrados y superar los serios desafíos que aún existen, con el fin de construir una sociedad en donde se respeten y protejan los derechos fundamentales. 

B.       Alcance del Informe 

         8.         Este informe toma la firma del Acuerdo Final de Paz como su punto de partida temporal, concentrándose, al mismo tiempo, de manera más específica, en el período desde 1998 hasta la aprobación del proyecto de informe en octubre de 2000.  En consecuencia, el informe revisa en detalle tres años del Gobierno del Presidente Alvaro Arzú Irigoyen, y los primeros diez meses del Gobierno del Presidente Alfonso Portillo.  Además, aborda las observaciones pertinentes del Estado al proyecto de informe, y ciertos recientes y relevantes desarrollos. 

         9.         En virtud de su competencia como órgano principal de la Organización de los Estados Americanos encargado de proteger y promover los derechos humanos en las Américas, y de conformidad con su mandato establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y más específicamente definido en su Estatuto y Reglamento, la Comisión hace un seguimiento de los desarrollos en materia de derechos humanos en cada Estado miembro de la OEA.  La Comisión periódicamente considera útil informar sobre los resultados de su estudio en un país en particular, formulando las correspondientes recomendaciones encaminadas a ayudar a ese Estado a garantizar el más pleno goce de los derechos y libertades protegidos por parte de todas las personas sujetas a su jurisdicción. 

         10.         Este informe fue elaborado sobre la base de un conjunto diverso de información y materiales recopilados y analizados por la Comisión, inclusive durante su visita in loco llevada a cabo en Guatemala en agosto de 1998, por invitación del Gobierno.  Además de reflejar las percepciones obtenidas en esa ocasión, el informe se refiere a información recopilada como preparación para esa visita y en virtud de la misma.  El material al que se hace referencia incluye también información actualizada proporcionada por fuentes gubernamentales, intergubernamentales, no gubernamentales y académicas y los medios de comunicación, a través de los procedimientos normales de seguimiento de la Comisión y de la tramitación de peticiones individuales.  La recepción de esta información permite a la Comisión estar continuamente al tanto de los actuales avances en la situación de los derechos humanos en Guatemala. 

         11.         Como el Estado ha invitado al Relator Especial de la CIDH sobre trabajadores migratorios y miembros de sus familias a realizar una visita in loco en Guatemala en el año 2001, la Comisión no ha abordado este importante tema en el presente informe.  La Comisión y su Relator Especial se pronunciarán oportunamente sobre el mismo con base en la información y conclusiones desarrollados como resultado de dicha visita.

C.         La visita in loco 

         12.         En virtud de la invitación del Estado de Guatemala, la Comisión llevó a cabo una visita in loco a Guatemala desde el 6 hasta el 11 de agosto de 1998, con el fin de recoger información de primera mano relativa a la situación de los derechos humanos.  Esta información, sometida a investigación, análisis y actualización posterior, ha constituido una de las bases del presente informe.  Los siguientes miembros de la Comisión participaron en la visita:  Dr. Carlos Ayala Corao, Presidente de la CIDH en ese entonces, Decano Claudio Grossman y Profesor Hélio Bicudo.  La Comisión contó con el apoyo técnico de su Secretario Ejecutivo, Embajador Jorge E. Taiana, de su Secretario Ejecutivo Adjunto, doctor David Padilla, y de los abogados doctores Elizabeth Abi-Mershed, Osvaldo Kreimer y Verónica Gómez.  Las señoras Martha Keller y Ana Cecilia Adriazola brindaron apoyo administrativo. 

         13.         Durante su estadía en Guatemala, la Comisión se reunió con el Presidente de la República, Licenciado Alvaro Arzú Irigoyen, y con el Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Eduardo Stein Barillas, el Ministro de Gobernación, Licenciado Rodolfo Adrián Mendoza Rosales, el Ministro de Trabajo y Previsión Social, Licenciado Luis Felipe Linares, la Ministra de Educación, Licenciada Arabella Castro Quiñónez, el Ministro de Defensa, General de Brigada Héctor Mario Barrios Celada, y el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Ingeniero Marco Tulio Sosa Ramírez.  La Comisión también celebró reuniones con el Presidente de la Corte Suprema, Licenciado Angel Alfredo Figueroa, y varios de sus Magistrados, el Presidente de la Corte de Constitucionalidad, Licenciado Rubén López Mijanjos, y otros miembros de este organismo, y con el Presidente del Tribunal Supremo Electoral, Licenciado Félix Castillo Milla y miembros de ese Tribunal. 

         14.         Además, la Comisión se reunió con el Presidente del Congreso, Licenciado Rafael Barrios Flores, y miembros de las Comisiones Legislativas de Estudios para la Paz, de Derechos Humanos, de la Mujer y la Familia y de Asuntos Indígenas, el Fiscal General de la Nación y Jefe del Ministerio Público, Licenciado Adolfo González Rodas, la Presidenta de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH), Licenciada Marta Altolaguirre, el Procurador de los Derechos Humanos, Licenciado Julio Eduardo Arango, la Coordinadora de la Secretaría de la Paz (SEPAZ), Licenciada Raquel Zelaya Rosales, el Director del Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ), Licenciado Enrique Godoy, el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional para Atención de Repatriados, Refugiados y Desplazados (CEAR), Arquitecto José Luis Gándara, y autoridades de la Dirección de Migraciones. 

         15.         Además, la Comisión se reunió con una amplia gama de representantes de la sociedad civil guatemalteca, entre ellos, representantes de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), Coordinador Nacional de las Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), Centro para Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Fundación Mack, Fundación Rigoberta Menchú Tum, Alianza contra la Impunidad, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Guatemala, Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, Comité de Unidad Campesina, Academia de Lenguas Mayas, COPRODIMU, Grupo Guatemalteco de Mujeres, GRUFEPROMEFAM, COALM, Área de la Mujer del CALDH, Foro Nacional de la Mujer, CIPRODENI, CCOIPINGUA, Casa Alianza, Consejo Nacional para la Atención a las Personas con Discapacidad, Asociación de Periodistas de Guatemala, Cámara Guatemalteca de Periodistas, Asamblea Consultiva de Poblaciones Desarraigadas, Unión para el Desarrollo Alternativo del Área Kaqchikel, Centro para la Defensa de la Constitución, UNSITRAGUA, Unión Guatemalteca de Trabajadores, CACIF y Guardianes del Vecindario. 

         16.         En la Ciudad de Guatemala, la Comisión también celebró reuniones con la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) y con organismos internacionales, en particular, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 

         17.         La Comisión visitó la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, los centros de detención preventiva “Pavoncito”, Santa Teresa y Zona 18 y los centros de detención de menores “Los Gorriones” y “Las Gaviotas”. 

         18.         La delegación de la CIDH se trasladó al interior del país y visitó Nebaj, El Quiché, en donde se reunió con cientos de personas y representantes de comunidades indígenas, así como con funcionarios de la Alcaldía, grupos no gubernamentales, el Movimiento de Desarraigados Organizados para el Desarrollo en el Norte del Quiché, la Defensoría Maya, CONAVIGUA, CIEDEG, el Comité para Desarrollo Integral y otros grupos populares.  La Comisión también visitó la ciudad de Quetzaltenango, en donde se reunió con el Alcalde Rigoberto Quemé y representantes de grupos comunitarios. 

         19.         Conforme a su práctica, la Comisión recibió a personas que deseaban denunciar presuntas violaciones de los derechos humanos o que buscaban información sobre el sistema regional de derechos humanos, en una oficina establecida temporalmente para tal propósito.  Las denuncias recibidas están siendo tramitadas de conformidad con las disposiciones aplicables de la Convención Americana, el Estatuto y Reglamento de la Comisión. 

         20.         El Gobierno de Guatemala brindó completa asistencia y cooperación durante la visita, permitiendo así a la Comisión llevar a cabo un vasto programa de actividades en cumplimiento de su mandato.  La Comisión también contó con información y asistencia de un amplio grupo de representantes de la sociedad civil guatemalteca.  El valioso trabajo realizado por las organizaciones no gubernamentales de Guatemala en materia de derechos humanos constituye un factor decisivo para la capacidad de la Comisión de hacer un seguimiento de la situación de los derechos humanos en el país.  La Comisión desea nuevamente agradecer al Gobierno de Guatemala y sus funcionarios, así como a los miembros de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, por su amable recibimiento y su cooperación y asistencia durante la visita.[6] 

D.         Preparación y Aprobación del Informe 

         21.         El proyecto de “Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala” fue aprobado por la Comisión el 8 de diciembre de 2000.  De conformidad con el artículo 62 del Reglamento de la Comisión, este informe fue transmitido al Gobierno de Guatemala el 27 de diciembre de 2000, con la solicitud de que presentara las observaciones que considerara pertinentes dentro de un plazo de dos meses. 

         22.         El 26 de febrero de 2001, por Nota Ref. P-072-01 de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH), el Estado guatemalteco presentó sus observaciones.  La Comisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de su Reglamento, estudió tales observaciones y procedió a incluir aquellas que consideró pertinentes.  La Comisión aprobó la versión final de su Informe el día 6 de abril de 2001.