CAPÍTULO VI

LIBERTAD DE CONCIENCIA Y RELIGIÓN¹

 

 A.     Consideraciones generales

1. Como se expresa en el Capítulo I de este Informe, la Constitución de Guatemala garantiza la libertad de conciencia y religión, reconociendo el libre ejercicio de los cultos.

El Texto Constitucional dispone que se garantiza la libertad para el ejercicio de todas las religiones, agregando que toda persona tiene derecho a practicar su religión o creencia, tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, el culto y la observancia, sin más límite que la paz, la moral, el orden público y el respeto debido a los símbolos patrios. A las asociaciones y agrupaciones religiosas se les prohibe intervenir en política partidista y militar en dicha política a los ministros de los cultos.²

2. Por otra parte, la Constitución reconoce como personas jurídicas a la Iglesia Católica y a las de los otros cultos, las que podrán adquirir y poseer bienes y disponer de ellos "siempre que los destinen a fines religiosos, de asistencia social o de educación". Esta disposición señala, además, que los bienes inmuebles de las iglesias gozarán de exención de impuestos, contribuciones y arbitrios. Expresa también que la personería de las iglesias se determinará por las reglas de su institución o bases constitutivas; y que el Estado extenderá a la Iglesia Católica títulos de propiedad de los bienes inmuebles que actualmente y en forma pacífica posee para sus propios fines. Se prescribe, asimismo, que "no podrán ser afectados los bienes inscritos a favor de terceras personas, ni los inscritos a favor del Estado, que hubiesen sido destinados para sus servicios".³

 

B. Vigencia de este derecho en la práctica

1. La Comisión no ha tenido conocimiento de que los preceptos constitucionales citados hayan dejado de aplicarse, con carácter general, es decir, permitir el ejercicio de los cultos por parte de los ministros de distintas congregaciones religiosas y de la población del país, aunque sí conoce de muchos casos en que religiosos han sido víctimas de la violencia política y de la represión gubernamental.⁴

2. En los últimos años, paulatinamente se ha incrementado un clima de riesgo y peligro para los sacerdotes, especialmente para los que trabajan en las zonas rurales e indígenas en sus labores de asistencia religiosa y social. Las condiciones referidas se han agravado de tal manera que con fecha 1° de noviembre de 1980, el Papa Juan Pablo II se dirigió a los Obispos de Guatemala, expresando su preocupación. La Carta del Sumo Pontífice, expresa lo siguiente:

Las noticias sobre las condiciones de vuestra nación y, en particular, de vuestras comunidades eclesiales, encuentran en mi ánimo un eco profundo, que se hace plegaria y se traduce en el deseo de estar cerca de vosotros, de modo muy especial en vuestra misión pastoral, expresándoos confortamiento y aliento.

Conozco las preocupaciones que en más de una ocasión habéis manifestado, incluso públicamente, en estos últimos meses, por los muchos, ya demasiados actos de violencia que han perturbado el País, como también vuestras repetidas llamadas para que se pusiera término a lo que justamente habéis denominado "camino de autodestrucción", que viola todo derecho humano –primero entre todos el derecho sagrado de la vida- y que no ayuda a resolver los problemas sociales de la nación.

Comparto vuestro dolor por el trágico balance de sufrimiento y de muertes que grava, y no da señales de disminuir, sobre tantas familias y sobre vuestras comunidades eclesiales depauperadas no sólo de no pocos catequistas, sino también de sacerdotes, muertos en circunstancias obscuras, a veces de manera vil y alevosa.

Me entristece, en particular, la grave situación que se ha producido en la diócesis de El Quiché, donde, a causa del multiplicarse de acciones criminales y de amenazas de muerte contra eclesiásticos, la asistencia religiosa a la comunidad eclesial sigue faltando del todo.

La raíz del malestar que turba la sociedad guatemalteca la habéis visto, Venerables Hermanos, en una "crisis profunda de humanismo", que ha llevado a que fueran desplazados los valores del espíritu, dejando paso abierto al egoísmo, la violencia y el terrorismo.

En unión con vosotros y por medio de vosotros deseo exhortar y suplicar a cuantos tienen responsabilidad en el País a no omitir esfuerzo alguno para que se ponga remedio a esta oleada de discordia y de odio; hágase todo lo posible para asegurar tranquilidad y seguridad a los ciudadanos; se garantice a la Iglesia la posibilidad de desarrollar su misión evangelizadora, la cual se propone educar a todos para una profunda conversión interior y para la reconciliación de los ánimos.

Es un deseo general, desde hace tiempo, que se realicen las reformas sociales necesarias para una vida, en Guatemala, más justa y más digna de todo hombre. En armonía con estas aspiraciones ratifico lo que he repetido varias veces, en mis viajes apostólicos: que la Iglesia debe animar a los responsables del bien común a emprender oportunamente tales reformas, con decisión y valentía, con clarividencia y eficacia, ateniéndose a criterios de justicia y a los principios de una ética social auténtica. Una vez más es el caso de recordar que la Iglesia quiere ofrecer su colaboración específica, en vistas a un progreso social que respete en el hombre las exigencias tanto espirituales como materiales. El camino que ella indica para lograr dichos objetivos es el del compromiso solidario de todos, para sustituir las ideologías de egoísmo, de prepotencia y de interés de grupos o de parte, con los valores genuinos de la fraternidad, de la justicia y del amor.

A los sacerdotes, a los religiosos y a las religiosas, a los seglares comprometidos en los diversos sectores del apostolado, envío mi palabra de estímulo a actuar en estrecha unión con vosotros, Venerables Hermanos, para ofrecer el testimonio de fe y de unidad, de valentía y de abnegación, que debe caracterizar a todo discípulo de Cristo.

A los queridos hijos de la Iglesia de Guatemala, hago una llamada a la esperanza, que los sostenga en las difíciles circunstancias actuales y les ayude a permanecer fieles a su propia vocación cristiana.

Sobre todo invoco la asistencia y la ayuda de Dios, por intercesión de María, Madre de Cristo y de la Iglesia. A vosotros, Venerables Hermanos, a cuantos colaboran con vosotros en la actividad pastoral y a toda la comunidad eclesial, imparto de corazón mi paternal Bendición Apostólica.

Vaticano 1° de noviembre de 1980
Juan Pablo II

3. Muchas son las organizaciones internacionales y las asociaciones religiosas que han denunciado las condiciones de permanente amenaza en contra de los religiosos, que prevalecen en Guatemala. El 11 de enero de 1980 el Superior Provincial de la Compañía de Jesús en Centroamérica y Panamá, el Consejo Nacional de los Jesuitas en Guatemala y los Superiores de Comunidades de Jesuitas en Centroamérica y Panamá, emitieron una Declaración en la que expresan que "En esta hora dolorosa y a la vez esperanzada del pueblo de Guatemala, los jesuitas que firmamos esta Declaración nos ubicamos en el sentir de la Iglesia Latinoamericana en Puebla que ha puesto su evangelización en este continente bajo el signo de la opción preferencial por los pobres"; afirmando que "declaraciones como la presente disgustan a los poderosos y pueden atraer la represión hacia nosotros". En esta Declaración se reitera la determinación de trabajar en favor de los necesitados de dicho país "con miras a su liberación integral".⁵

Hace algunos meses, la Fraternidad de Cristianos Evangélicos del Pueblo, se dirigió al pueblo evangélico y al pueblo cristiano de Guatemala y del mundo, denunciando el asesinato el 19 de noviembre del pastor Santos Jiménez Martínez "mientras celebrara el culto de adoración a Dios, en el parcelamiento 'La Esperanza' de Santo Domingo Suchitepequez". "Denunciamos –expresa la congregación referida—este nuevo hecho de sangre en contra de los cristianos que siguiendo el mandato evangélico han querido anunciar la buena nueva a los pobres, a los maltratados, proclamando que ya llegó el tiempo de su libertad, el año favorable del Señor".

El 24 de julio de 1980 la Iglesia Católica en Guatemala, representada por sus Obispos reunidos en Conferencia Episcopal, expuso al pueblo de Guatemala lo siguiente:

1. Su profunda preocupación por la situación de persecución por la cual atraviesa la Iglesia especialmente en la Diócesis de El Quiché, agravada últimamente por el asesinato alevoso de dos sacerdotes, por las amenazas de muerte que continuamente reciben los sacerdotes, religiosos y otros agentes de pastoral, y por un clima de inseguridad que hace imposible toda labor evangelizadora y pastoral.

2. Su solidaridad fraterna con el señor Obispo, Sacerdotes, Religiosos, agentes de pastoral y fieles de dicha Diócesis, haciendo propios los sufrimientos que padecen.

3. Su voluntad de establecer un diálogo con las autoridades para lograr, con la ayuda de Dios la Iglesia pueda desarrollar su misión en el marco de la libertad religiosa, derecho humano sancionado inclusive por nuestra ley constitutiva.

4. Pide a todos los sacerdotes, religiosos y fieles de Guatemala que oren constantemente al Señor para que este gravísimo problema pueda solucionarse lo más pronto posible.

5. Dada la gravedad de la situación y a petición unánime de la Conferencia Episcopal, el Señor Obispo de la Diócesis de El Quiché expondrá personalmente al Santo Padre Juan Pablo II la situación por la cual atraviesa la Diócesis.

Con fecha 6 de agosto de 1981, la Conferencia Episcopal de Guatemala emitió un nuevo Comunicado, el cual contiene los siguientes conceptos:

La Iglesia Católica, que durante más de 400 años, ha estado presente en la vida del pueblo guatemalteco, le ha acompañado en sus alegrías y en sus penas y le ha guiado en la búsqueda de los más altos valores, es hoy, como tal nunca en su historia, víctima de injustos ataques y de violentas agresiones.

Según lo hemos señalado en otras oportunidades, la Iglesia sufre persecución, como lo comprueba la historia por su fidelidad en cumplir la misión que Cristo le ha confiado de salvar al hombre del pecado y de todas sus consecuencias, anunciando la Redención y denunciando con vigor todo lo que se opone a la realización plena, temporal y eterna, de todo el hombre y de todos los hombres.

En el caso concreto y presente de Guatemala, además del asesinato o desaparición de 12 sacerdotes (siete de ellos solamente en lo que va del año 1981) y de la muerte violenta de numerosos catequistas y miembros de nuestras comunidades cristianas, es de todos conocido que, en los últimos días, se ha desatado una campaña publicitaria que tiende a desacreditar ante sus hijos a la Iglesia, que es Madre y Maestra.

Ante la desorientación y perplejidad que, sin duda alguna, está causando en el pueblo católico esta tendenciosa campaña, elevamos nuestra voz de Pastores con firme serenidad, para aclarar algunas falsas informaciones y orientar con nuestra reflexión a los fieles.

PRIMERO. Por todos los medios de comunicación y con inusitado despliegue publicitario, se ha propalado la noticia, basada en las supuestas declaraciones de un moribundo, de que "dos sacerdotes extranjeros" actuaban como comandantes de una facción guerrillera y murieron en un enfrentamiento armado con las fuerzas de seguridad del país. Nos ha llamado poderosamente la atención la forma reiterativa con que voceros oficiales han catalogado como "sacerdotes" a estas dos personas, cuando al misma documentación presentada a los comunicadores sociales indica su calidad de laicos. Afirmamos, entonces, categóricamente que los señores Raúl Joseph Leger, de nacionalidad canadiense, y Angel Martínez Rodrigo, de nacionalidad española, no eran sacerdotes, ni pertenecían a comunidad religiosa alguna, si bien habían ingresado hace algunos años al país como voluntarios para colaborar en el campo de la promoción humana. Aunque, durante su actuación como misioneros laicos, desarrollaron una meritoria labor, desde hacía algún tiempo se encontraban desvinculados de la acción pastoral de sus respectivas diócesis.

SEGUNDO. Se ha dado también una gran difusión a las supuestas declaraciones de Donald McKennan, quien durante algún tiempo, ejerció el ministerio sacerdotal en la diócesis de Quiché y que publica una revista mexicana. Según dichas declaraciones, pareciera que esta persona está enrolada en una organización guerrillera obedeciendo "precisas instrucciones de un obispo" Monseñor Juan Gerardi. Al respecto, tenemos que manifestar, con igual claridad, que si un sacerdote o religioso toma la opción – a nuestro juicio equivocada – de enrolarse en cualquier facción política o grupo subversivo, deja de pertenecer a los organismos pastorales de la Iglesia y por tanto la jerarquía no puede ser responsabilizada por sus actuaciones posteriores. Por otra parte, conociendo el sentir de Monseñor Gerardi Conedera, su clara actuación evangélica y su fidelidad total a las directrices de la Iglesia, rechazamos con toda firmeza las supuestas declaraciones de Donald McKennan, que pretenden denigrar al Obispo de Quiché y Presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala.

TERCERO. Entre la documentación presentada por voceros oficiales en reciente conferencia de prensa, aparecen diversas cartas del antiguo obispo de Quezaltenango, Monseñor Luis Manresa Formosa y de Monseñor Oscar García Urízar, actual obispo de esta Diócesis, en las cuales se solicita la permanencia en el país del señor Raúl Joseph Leger, en calidad de colaborador laico en la Parroquia de Concepción Chiquirichapa. Al respecto manifestamos que dichas cartas se escribieron obedeciendo las leyes migratorias de la Nación y los obispos daban su aval al referido señor Leger solamente durante el tiempo que el mismo estuvo al servicio de la Diócesis.

CUARTO. Como Obispos, lamentamos profundamente que personas, en una u otra forma ligadas a la actividad pastoral de la Iglesia, hayan optado por el camino de la lucha armada para resolver los ingentes problemas sociales, económicos y políticos que aquejan a nuestra patria. Cualquier acción terrorista merece nuestra condena y nosotros jamás podríamos avalar con nuestro apoyo moral a quienes la cometen, como tampoco podemos propiciar acciones que conduzcan a la implantación del comunismo en nuestra Patria. En numerosos documentos hemos expresado muy claramente nuestro pensamiento a este mayoría de nuestros sacerdotes, religiosos y demás agentes de pastoral. Se comete por eso una gravísima injusticia cuando se acusa y se pretende denigrar a la Iglesia Católica – por tantos títulos merecedora del aprecio y la gratitud del pueblo guatemalteco – por la opción personal de algunos de sus miembros.

QUINTO. Creemos conveniente exponer a la consideración del pueblo católico de Guatemala y de los hombres de buena voluntad algunas situaciones que no facilitan nuestras relaciones normales con las Autoridades y que van en detrimento de la paz que urgentemente necesita nuestra patria:

1) En diversas oportunidades los Obispos de Guatemala hemos buscado caminos para un diálogo franco, respetuoso y sereno con las Autoridades del país, con el objeto de clarificar situaciones ambiguas, desvanecer posibles prejuicios mutuos y aunar esfuerzos en pro del pueblo guatemalteco. Tenemos la dolorosa impresión de que esos esfuerzos no han alcanzado el éxito apetecido. A solicitud nuestra, personeros del Gobierno Central nos habían ofrecido gentilmente, que, al presentarse problemas o acusaciones contra alguno de nuestros agentes de pastoral, sería puesto en conocimiento del Obispo respectivo y se buscaría de común acuerdo una eficaz solución. También la Conferencia Episcopal de Guatemala nombró una comisión de tres Obispos con quienes las autoridades ofrecieron dialogar cuando se presentaran situaciones conflictivas con miembros de la Iglesia. Hasta ahora estas líneas de diálogo no han funcionado en la práctica. Con todo, de parte nuestra, y porque creemos que es la mejor forma de evitar o resolver conflictos innecesarios, mantenemos nuestra apertura al diálogo ofrecida desde el principio.

2) El señor Ministro de Educación, según informaciones de prensa, ha anunciado que "todos los sacerdotes y religiosos del país serán investigados por el Gobierno para determinar si no tienen vinculación con grupos extremistas". (Diario El Gráfico 5 de agosto de 1981). No tememos a esta investigación –si es objetiva y veraz pero la consideramos altamente ofensiva a la Iglesia Católica, pues con ello pretende colocarla en un plano de ilegalidad. Como ciudadanos o residentes en el país, sabemos que estamos sujetos a las leyes de Guatemala y tratamos de obedecerlas y por eso no podemos aceptar que, tanto nosotros como nuestras instituciones, seamos objeto de continuas suspicacias y de constante vigilancia. Aceptamos sin embargo, que si alguno de nosotros quebranta la ley, sea juzgado, ya que en un estado de derecho debe haber tribunales competentes para juzgar los presuntos transgresores y castigar a quienes son encontrados culpables en un juicio legal.

SEXTO. Tenemos que ser muy claros al expresar a todos los que se precian de ser católicos, que la situación en Guatemala ha llegado a tal grado, que exige una definición categórica de cada uno de nosotros, como nos lo exige Cristo cuando nos dice que "no se puede servir a dos señores" (Mt, 6.24) y "el que no está conmigo está contra Mí" (Lc. 11,23). Es inconcebible que haya católicos que asisten a misa y aún se acercan a recibir el Cuerpo de Cristo y luego permanecen indiferentes cuando se asesina a sus sacerdotes o se tortura y masacra a sus hermanos. Algunos incluso aprueban estos hechos y unen sus voces a los que denigran a su madre, la Santa Iglesia. Recordamos a este respecto que los que atentan contra los ministros de la Iglesia quedan excomulgados. Las generaciones futuras nos recriminarán, si por nuestra indiferencia y pasividad, se llega a cerrar nuestros templos y a suspender toda la obra educativa y asistencial que realiza la Iglesia y nuestro pueblo queda abandonado como ovejas sin pastor.

SÉPTIMO. A los hechos dolorosos que hemos señalado, se añaden en los últimos días, el asesinato del Padre Francisco Stanley Rother, celoso párroco y generoso benefactor de la parroquia de Santiago Atitlán, y el secuestro del Padre Carlos Pérez Alonso, de la Compañía de Jesús, hombre virtuoso que se ha ganado el cariño de innumerables personas por su celo apostólico y su multifacética acción pastoral. Al condenar estos nuevos hechos de violencia, queremos manifestar nuestra solidaridad a las Diócesis de Sololá y Oklahoma y hacer llegar a los religiosos de la Compañía de Jesús nuestra palabra de apoyo y de solidaridad fraterna en estos momentos en que están siendo objeto de una despiadada campaña de difamación y amedrentamiento.

No podemos menos de manifestar también nuestra preocupación constante por la vida y la integridad física de nuestros sacerdotes, religiosos y catequistas, porque, en las actuales circunstancias, a causa precisamente de las campañas de desprestigio contra la Iglesia y por la impunidad con que se han cometido los sacrílegos crímenes cualquier persona, aún por asuntos sin importancia, se siente autorizada y animada a proferir amenazas y hasta llevarlas a la práctica contra los miembros del clero y de las comunidades religiosas.

 

C.     Algunos ejemplos de violaciones a este derecho

1. Como se ha expresado, en los últimos años se ha incrementado la persecución y el hostigamiento contra los sacerdotes conociéndose varios casos de expulsiones, secuestros, desapariciones y asesinatos. Algunos ejemplos de estos hechos son los siguientes:

a) Caso 7377: Desaparición del sacerdote Miguel Conrado de la Cruz

Fechada el 30 de mayo de 1980, la Comisión recibió la denuncia, cuyas partes pertinentes expresan lo siguiente:

Se denuncia la desaparición del padre Miguel Conrado de la Cruz, sacerdote y miembro activo de la Comisión Justicia y Paz. Según nuestra información fue detenido el 1° de mayo de 1980 en la ciudad de Guatemala, pero no se ha reconocido su detención.⁶

b) Caso 7378: Detención y Expulsión del sacerdote Carlos Stetter⁷

c) Caso 7778: Situación del Obispo Juan Gerardi

Fechada el 24 de noviembre de 1980, la Comisión recibió la denuncia, cuyas partes pertinentes son las siguientes:

Al Obispo Juan Gerardi, Presidente de la Conferencia de Obispos de Guatemala y oriundo de dicho país, le fue negado el reingreso a Guatemala el 22 de noviembre.

El Obispo Gerardi regresaba de Roma donde participó en el Sínodo de la Iglesia Católica Romana y donde, a solicitud de la Conferencia de Obispos de Guatemala, presentó un informe personal al Papa Juan Pablo II sobre la situación de la Iglesia en Guatemala.

El Obispo Gerardi escapó de un intento de asesinato el 19 de julio de 1980. En compañía de los sacerdotes y monjas de la diócesis del Quiché, abandonó dicha diócesis para preservar sus vidas.⁸

Este caso continúa bajo la consideración de la CIDH.

2. A partir del mes de mayo de 1981 se han producido nuevas desapariciones y asesinatos de sacerdotes, sobre los cuales la Comisión ha recibido diversas informaciones. Entre esos casos se encuentran los siguientes: Sacerdote Franciscano Tulio M. Maruzzo, asesinado en la localidad Los Amates, Departamento de Izabal; Sacerdote Jesuita Luis Eduardo Pellecer, secuestrado y desaparecido en la ciudad de Guatemala; Sacerdote Misionero Diocesano, Stanley Rother, asesinado en la localidad de Santiago Atitlán.

3. Estos casos que han sido citados son algunos de los ejemplos concernientes a la situación de los religiosos en Guatemala. Por otra parte, la Comisión tiene en su poder y ha analizado documentos e informaciones relativos al hostigamiento, el secuestro, la desaparición y el asesinato de varios religiosos, sacerdotes y auxiliares seglares. No obstante lo anterior, y pese a los requerimientos de la Comisión, en los casos cuyo trámite ha concluido, el Gobierno de Guatemala no le ha enviado documentos y evidencias en los que conste que se hayan iniciado investigaciones serias el respecto, tendientes a esclarecer los hechos y a castigar a los responsables de los mismos.⁹

4. En conclusión, en concepto de la Comisión, si bien en Guatemala no existe ninguna limitación formal respecto del libre ejercicio de los distintos cultos religiosos, las condiciones creadas por la violencia existente en el país –las que, en esta materia, se han traducido en persecuciones y aún asesinatos de religiosos y sacerdotes- han significado en la práctica, serios obstáculos para el ejercicio de las libertades de conciencia y religión.