HAITÍ: ¿JUSTICIA FRUSTRADA O ESTADO DE DERECHO?

DESAFÍOS PARA HAITÍ Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

II.         ANTECEDENTES

A.         Hechos ocurridos en Haití, 2003 - 2005

14.       Desde 2003 se han producido en Haití numerosos hechos significativos, que constituyen un importante antecedente para analizar el estado actual de la administración de justicia, así como otras cuestiones de derechos humanos existentes en el país.

15.       El año 2003 se caracterizó por un aumento de la crisis política en Haití, con crecientes expresiones de descontento con el Gobierno del ex Presidente Jean-Bertrand Aristide, que había sido reelecto para el cargo en noviembre de 2000 y situaciones crecientes de violencia politizada.[15]  La crisis se profundizó a fines de 2003 y principios de 2004, ocurriendo protestas más violentas,[16] algunas de las cuales fueron acompañadas por actos de sabotaje y activos de los medios de difusión.[17]

16.       El 5 de febrero de 2004 estalló un conflicto en la ciudad septentrional de Gonaïves, cuando opositores armados al Gobierno atacaron estaciones de policía y juzgados, lo que obligó a huir a las autoridades policiales y locales.  Entre los dirigentes de la insurrección figuraron ex miembros de la Policía Nacional de Haití (PNH) y grupos paramilitares, como el Front Révolutionnaire Armé pour le Progrès (FRAPH).  En las tres semanas siguientes la violencia aumentó y se propagó a otras partes del país.  La policía y otras autoridades gubernamentales fueron expulsadas; se saquearon y destruyeron juzgados, estaciones de policía, prisiones y otros bienes gubernamentales; y hubo varias fugas de presos.  Se estima que el número de muertos superó las 200 personas.  En ese período la Comisión instó a las partes a resolver sus diferencias pacífica, democrática y constitucionalmente, en observancia de la Carta Democrática Interamericana y de la Convención Americana.[18]

17.       El 29 de febrero de 2004, cuando los insurgentes amenazaban con avanzar sobre Puerto Príncipe, el ex Presidente Aristide dejó Haití, en circunstancias sobre las que existen versiones contradictorias.[19]  Pocas horas después de la partida de Aristide, el Presidente de la Corte Suprema, Boniface Alexandre, prestó juramento como nuevo Presidente Provisional.  El 4 de marzo de 2004 se estableció un Consejo Tripartito de tres miembros: un representante del partido Fanmi Lavalas del ex Presidente Aristide, un representante de la Plataforma Democrática, partido opositor al ex Presidente Aristide, y un representante de la comunidad internacional.  Al día siguiente, el Consejo Tripartito seleccionó a siete personas eminentes de sectores clave de la sociedad, para crear un Consejo de Notables, y le encargó la selección de un Primer Ministro Provisional.  Gérard Latortue, empresario y consultor de las Naciones Unidas que vivía en los Estados Unidos, fue designado Primer Ministro el 9 de marzo de 2004, y una semana más tarde se creó un gobierno de transición.

18.       A los efectos de lograr un amplio acuerdo político, el 4 de abril de 2004 suscribieron un “Pacto para un consenso sobre la transición política” el Ministro Latortue en nombre de los 13 miembros del gabinete de transición, los miembros del Consejo de Notables y representantes de diversas entidades políticas y organizaciones de la sociedad civil, con excepción de Fanmi Lavalas.  En el Pacto se establecían las medidas que debían adoptarse en relación con temas tales como seguridad, lucha contra la impunidad y la corrupción, elecciones, reforma judicial, reincorporación de ex elementos armados, profesionalización de la Policía Nacional de Haití y asistencia en forma de respaldo para las víctimas.  En el Pacto se preveía también la celebración de elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales en 2005, previstas, respectivamente, para el 9 de octubre, el 6 de noviembre y el 11 de diciembre de 2005, y el nuevo gobierno debía asumir el poder el 7 de febrero de 2006.  Para avanzar hacia esas metas se estableció un Consejo Electoral Provisional (CEP). 

19.       Fueron arduos, sin embargo, los esfuerzos tendientes a organizar elecciones, y se produjeron demoras al respecto.  La ley electoral recién se sancionó en febrero de 2005; el proceso de registro de votantes recién se inició en abril de 2005, y a mediados del verano aún no se habían establecido muchos centros de registro.  En agosto de 2005 el plazo para el registro se prorrogó del 15 de agosto al 15 de septiembre, y se postergaron las elecciones locales previstas anteriormente para el 9 de octubre de 2005.  A la fecha del presente informe, aproximadamente 2,7 millones de un total estimado de 4 millones de ciudadanos habilitados para votar se habían registrado, más de 40 dirigentes políticos habían anunciado su candidatura para la Presidencia, y 40 partidos políticos –incluido Fanmi Lavalas–se habían registrado y habían sido autorizados a participar en las elecciones. 

20.       Tal como se describe en mayor detalle más abajo, en 2004 y 2005 la población haitiana siguió confrontada con graves amenazas para la vida y la seguridad personal, lo que obedece a varios factores, como la proliferación de armas ilegales en el país, una creciente violencia de parte de grupos y bandas armadas, falta de presencia del Estado en muchas partes del país y grave escasez de personal y recursos policiales.[20] 

21.       Los hechos ocurridos en el ámbito local en Haití en los dos últimos años han sido acompañados por hechos importantes en cuanto a la participación de la comunidad internacional en el país.  En especial, el 29 de febrero de 2004, fecha de la polémica partida de Haití del ex Presidente Aristide, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1529 (2004),[21] en que autoriza el despliegue inmediato de una fuerza multinacional provisional (MIF), que debía permanecer en Haití durante un período de tres meses.  Las tropas comenzaron a desplegarse ese mismo día.  A ello siguió la adopción de la Resolución 1542 (2004) por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el 30 de abril de 2004.  Dicha resolución creó la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), fuerza de estabilización de ese organismo formada, según lo previsto, por 6.700 efectivos militares, 1.622 policías civiles y personal civil local adicional.[22]  La misión fue autorizada inicialmente durante seis meses, contados a partir del 1º de junio de 2004, y desde entonces el plazo ha sido prorrogado en tres ocasiones, una vez el 29 de noviembre de 2004, previéndose una prórroga hasta el 1º de junio de 2005, nuevamente el 31 de mayo de 2005, con una breve prórroga hasta el 24 de junio de 2005, y la más reciente, el 22 de junio de 2005, con una prórroga hasta el 15 de febrero de 2006.[23]  Esta última resolución reforzó “por un período temporal” el componente militar de la MINUSTAH, que pasó de 6.700 a un máximo de 7.500 efectivos, y su componente de policía civil de 1.622 a un máximo de 1.897 miembros.  El mandato de la MINUSTAH ha sido definido por el Consejo de Seguridad en forma de incluir el logro de un entorno seguro y estable para el proceso constitucional y político haitiano, para ayudar al Gobierno de Transición a reformar la Policía Nacional de Haití y colaborar en la ejecución de programas generales y sostenibles de desmovilización y reintegración, entre otras tareas.  Al 31 de julio de 2005 se habían desplegado hacia Haití 6.264 efectivos militares y 1.401 policías civiles.[24]

22.       Otros organismos intergubernamentales también han reaccionado frente a las circunstancias imperantes en Haití.  La Comunidad del Caribe (CARICOM), de la que Haití es miembro, condenó las circunstancias que condujeron a la partida del ex Presidente Aristide en febrero de 2004, y ulteriormente decidió no autorizar al Gobierno de Transición a participar en sus Consejos.  Finalizada la Vigésimo sexta Reunión General de Jefes de Gobierno, en julio de 2005, la Comunidad no readmitió a Haití a sus reuniones, pero decidió que la CARICOM estaría en condiciones de participar en la observación internacional de las elecciones “cuando las condiciones sobre el terreno fueran propicias”.[25]

23.       Por su parte, la Asamblea General de la OEA adoptó dos resoluciones sobre Haití, la primera, la resolución AG/RES.2058 (XXXIV)-O-04,[26] durante su trigésimo cuarto período ordinario de sesiones, convocado entre el 6 y el 8 de junio de 2004, en Quito, Ecuador, y la segunda, la AG.RES.2147 (XXXV)-O/05,[27] durante su trigésimo quinto período ordinario de sesiones, convocado entre el 5 y el 7 de junio de 2005, en Fort Lauderdale, Florida.  En ambas resoluciones, la Asamblea General identificó la preocupación principal que experimenta la OEA con respecto a Haití, consistente en la plena restauración de un orden democrático duradero y el bienestar económico y social, así como político, de los ciudadanos de dicho país.  La Asamblea General también encomendó a su Secretario General el establecimiento de la coordinación necesaria con el Secretario General de las Naciones Unidas, y la identificación de los ámbitos de colaboración entre la Misión Especial de la OEA y la ONU, especialmente los relacionados con el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la celebración de elecciones y la promoción de los derechos humanos.  Además, la Asamblea General de la OEA instó a la CIDH a seguir realizando el seguimiento de la situación de los derechos humanos en Haití e informar al respecto, y a trabajar con la Misión Especial de la OEA en la promoción y observación de esos derechos. 

24.       Desde junio de 2004 los órganos e instituciones de la OEA han emprendido numerosas iniciativas tendientes a aplicar lo dispuesto en la resolución de la Asamblea General.  Una delegación del Consejo Permanente de la OEA realizó una visita a Haití entre el 9 y el 11 de septiembre de 2004 para evaluar la situación y persuadir a sus interlocutores sobre la necesidad de promover el pleno restablecimiento de la democracia.  Además, el 3 de noviembre de 2004 las Secretarías Generales de la OEA y de las Naciones Unidas suscribieron un acuerdo de cooperación en la organización, el seguimiento y la realización de elecciones en Haití, previstas para 2005.  A este respecto, la OEA, en cooperación con las Naciones Unidas y el CEP, proporcionó asistencia estratégica, recursos, capacitación y respaldo técnico para el proceso de registro cívico.  Esta labor comprendió la creación y emisión de credenciales que se utilizarán no sólo para las elecciones sino como credencial nacional de identidad para los ciudadanos haitianos.  Además, los días 5 y 6 de julio de 2005, el recientemente electo Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, encabezó una delegación de la Secretaría General en una visita a Haití, en que se efectuaron reuniones con autoridades públicas y representantes de la sociedad civil, partidos políticos, la comunidad internacional y entidades del sistema interamericano, y se instó a todas las instituciones políticas y sociales a participar activamente en el proceso electoral. 

25.       En 2004 Haití padeció asimismo graves desastres naturales; primero en mayo, en virtud de las inundaciones causadas por lluvias torrenciales en la zona fronteriza con la República Dominicana, en que fallecieron más de 1.700 personas.  A ello siguió la tormenta tropical Jeanne, uno de los más graves desastres naturales sufridos por Haití, que provocó, según se estima, 1.900 muertos y 900 desaparecidos y presuntos muertos.  Esos desastres, y sus secuelas, como falta de alimentación, refugios, higiene y servicios sanitarios adecuados, y la consiguiente propagación de enfermedades, han exacerbado los problemas que enfrenta Haití y su necesidad de firme y decisiva asistencia internacional. 

26.       A este respecto, durante una conferencia internacional de donantes que tuvo lugar en Washington, D.C. en julio de 2004, se comprometió la entrega de más de US$1.000 millones para Haití.  Ello fue seguido por dos reuniones de seguimiento de donantes: la Reunión Ministerial sobre la Ayuda para la Reconstrucción de Haití, celebrada en Cayena, Guyana Francesa, en marzo de 2005; y la Conferencia Internacional de Montreal sobre Haití, en Canadá, los días 16 y 17 de junio de 2005.  Según el Director a cargo de operaciones en países del Caribe del Banco Mundial, en mayo de 2005 aproximadamente US$400 millones del total de recursos financieros comprometidos se habían desembolsado en Haití a través de un Marco de Cooperación Provisional.  Esos fondos se han destinado, inter alia, a proyectos sobre reparación de edificios públicos e infraestructura, educación pública y capacitación policial.

27.       En los dos últimos años, Haití experimentó, por lo tanto, numerosos y arduos cambios; el gobierno y el pueblo del país siguen enfrentando graves dificultades.  La situación de seguridad es grave, y no se han adoptado medidas adecuadas para poner fin a la violencia y desarmar a los grupos y bandas armados ilegales.  Además, la política haitiana sigue estando sumamente polarizada, y son muy pocos los esfuerzos eficaces realizados para tratar de reunir a todos los sectores de la sociedad haitiana a fin de crear una senda más pacífica para el futuro.  No obstante, siguen abiertas las oportunidades de cambio y progreso a través de elecciones y cooperación proactiva y sostenida a cargo de la comunidad internacional.  En ese contexto, la Comisión realizará un análisis de la situación de la administración de justicia en Haití. 

B.         Fuentes de información para el informe

28.       El análisis del presente informe se basa en numerosas fuentes de información.  Se aprovecharon, entre otros, datos recopilados en cuatro visitas realizadas a Haití entre agosto de 2003 y julio de 2005, y provenientes de otras fuentes de información a disposición del público.

29.       Antes de los hechos de febrero de 2004, la Comisión realizó una visita in loco a Haití entre el 18 y el 22 de agosto de 2003, por invitación del Gobierno anterior y con la valiosa asistencia de la Misión de la OEA en dicho país.  En el curso de esa visita la Comisión se reunió con funcionarios del Gobierno anterior, incluidos miembros de la policía y de la judicatura, así como representantes de organizaciones no gubernamentales, asociaciones de abogados y partidos políticos.  Un objetivo central de la visita consistió en reunir información referente a la situación de la administración de justicia en el Gobierno anterior.  En el comunicado de prensa que emitió después de la visita,[28] la Comisión expresó múltiples preocupaciones referentes al sistema judicial, incluido el gran número de personas que permanecían detenidas en cárceles sin haber sido llevadas ante un juez; considerables limitaciones a la independencia de los jueces haitianos; y la falta generalizada de asistencia letrada para los procesados penales. 

30.       Tras la instalación del Gobierno de Transición en marzo de 2004, la Comisión siguió realizando el seguimiento de los acontecimientos de Haití y reuniendo información a través de diversas actividades, incluidas las tres visitas realizadas por la Comisión en 2004 y 2005 por invitación del Gobierno de Haití y con el apoyo financiero del Gobierno de Francia: la primera del 1º al 3 de septiembre de 2004; la segunda del 18 al 22 de abril de 2005; y la tercera del 11 al 15 de julio de 2005.  Esas visitas se realizaron conforme con el mandato y las funciones de la CIDH en el marco de la Carta de la OEA y de la Convención Americana, y de lo dispuesto por las resoluciones de la Asamblea General de la OEA, AG/RES.2058 de 8 de junio de 2004 y AG.RES.2147 de 7 de junio de 2005.  En esas visitas, las delegaciones de la Comisión procuraron obtener información sobre la situación de los mecanismos de protección de los derechos humanos en Haití tras los hechos de febrero de 2004, así como la situación especial de la administración de justicia en el país.  A esos efectos, las delegaciones se reunieron con representantes del Gobierno de Transición,[29] el Consejo de Notables, Jueces del Tribunal de Primera Instancia, del Tribunal de Apelaciones y de la Corte Suprema, miembros de la sociedad civil,[30] asociaciones de jueces, abogados y magistrados y representantes de otros organismos internacionales, incluidos la MINUSTAH y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, visitaron la Penitenciaría Nacional y otros establecimientos pertinentes y reunieron documentación apropiada.  En el curso de esas visitas la Comisión realizó también tres seminarios de capacitación sobre el sistema interamericano de derechos humanos con autoridades y funcionarios de diversos ministerios y organismos gubernamentales y representantes de diversas organizaciones no gubernamentales.[31]

31.       La Comisión emitió comunicados de prensa[32]  después de cada una de las visitas y, en relación con sus visitas de septiembre de 2004 y abril de 2005, publicó observaciones preliminares sobre la situación de los derechos

humanos en Haití,[33] las primeras de las cuales fue presentada formalmente el 7 de septiembre de 2004 ante el Consejo Permanente de la OEA en el curso de una sesión ordinaria de este órgano.[34]

32.       Además de sus visitas in loco, la Comisión reunió documentación y otra información en audiencias generales sobre la situación de los derechos humanos en Haití, convocadas en Washington, D.C. durante el 121º y 122º períodos ordinarios de sesiones de la Comisión,[35] y ha recurrido a otras fuentes de información a disposición del público.  Esa documentación ha incluido informes y otros documentos emitidos por otros organismos intergubernamentales, como las Naciones Unidas,[36] y organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales, como International Crisis Group,[37] Amnistía Internacional,[38] Robert F. Kennedy Memorial Center for Human Rights,[39] Haiti Democracy Project,[40] IFES,[41] el Defensor del Pueblo,[42] Forum Citoyen Pour la Reforme de la Justice,[43] y Le Comité des Avocats pour le Respect des Libertés Individuelles (CARLI),[44] así como información publicada por la prensa y otros medios generales de difusión.  Además, cierta información considerada en este informe se obtuvo en fuentes que la Comisión considera confiables, pero que la proporcionaron con la condición de anonimato o de confidencialidad, por razones de seguridad y otras.

C.         Preparación y aprobación del Informe

33.       El proyecto de Informe sobre la situación de la administración de justicia en Haití correspondiente a 2005 fue aprobado por la Comisión el 26 de octubre de 2005. De acuerdo con el Artículo 58 del Reglamento de la Comisión, este informe fue remitido al Gobierno de Haití el 7 de diciembre de 2005, con la solicitud de presentar las observaciones y comentarios que considerase pertinentes dentro del período de un mes.

34.       Al 7 de enero de 2006, la Comisión no había recibido respuesta del Estado. Pese a la ausencia de observaciones del Estado, la Comisión considera importante mencionar varios hechos significativos registrados en Haití desde la aprobación del Informe, el 26 de octubre de 2005 hasta el 1º de febrero de 2006. A continuación se resumen esos hechos.

Elecciones

35.       A la fecha de la redacción del presente texto, la primera ronda de elecciones presidenciales y parlamentarias, que había sido fijada para el 8 de enero fue postergada, por cuarta vez, para el 7 de febrero de 2006. Según la información disponible, las demoras son resultado de varios factores, inclusive de complicaciones en la distribución de 3,5 millones de tarjetas electorales, otras dificultades técnicas y de organización en el establecimiento de los centros de votación y en la base de datos electrónica sobre de electores y, como se indica más adelante, de la permanente preocupación por la situación de seguridad del país.

36.       La Comisión, como otros miembros de la comunidad internacional, está preocupada por los atrasos de las elecciones y por los obstáculos que enfrentan las autoridades para garantizar que el acto electoral sea justo y efectivo. En consecuencia, la Comisión aprovecha esta oportunidad para recalcar una vez más la importancia de celebrar elecciones oportunas, libres e imparciales en Haití para que el Estado pueda emprender la tarea de fortalecer las instituciones democráticas y el régimen de derecho y aprobar las medidas necesarias para mejorar unas condiciones sociales y económicas en permanente deterioro. A juicio de la Comisión, es de suma importancia que las elecciones se celebren en forma expedita y, al mismo tiempo, cumpliendo con las normas internacionales, por lo cual, insta a los encargados de organizar las elecciones a tomar debidamente en cuenta estos aspectos fundamentales en la preparación del proceso electoral.

Situación de inseguridad

37.       La Comisión recibió informes en los que indican que la situación de seguridad en Haití seguía siendo grave en las semanas previas a las elecciones programadas. De acuerdo con información de prensa y de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales locales e internacionales, el narcotráfico sigue siendo un problema serio, y otros civiles y miembros de la Fuerza de la ONU para la estabilización de Haití resultaron heridos o perdieron la vida. Además, el número de secuestros sigue siendo sustancial, pese a los esfuerzos de la PNH por reducir este tipo de delitos. De acuerdo con informes públicos, se habrían registrado 40 casos de secuestro entre el 20 de noviembre y el 5 de diciembre de 2005. De particular preocupación para la Comisión a este respecto fue el secuestro de dos funcionarios electorales empleados por la OEA, el 29 de diciembre de 2005. En una declaración de prensa del 30 de diciembre, el Secretario General de la OEA José Miguel Insulza expresó su firme condena de este crimen. El 31 de diciembre de 2005, la OEA anunció la liberación de las víctimas sanas y salvas y reiteró su condena ante este incidente violento contra personas que trabajan en la organización de las elecciones nacionales en el país.

38.       La Comisión recibió información de acuerdo a la cual, en respuesta a la inseguridad, el recientemente designado Director General de policía Mario Andresol había tomado medidas concretas para investigar y detener a sospechosos de secuestros. La PNH también divulgó públicamente las conclusiones de su investigación de los asesinatos de Martissant, de agosto de 2005, que costaron la vida a más de una decena de personas, en el curso de un enfrentamiento entre la policía y bandas armadas, con ocasión de un partido de fútbol en el barrio Martissant de Puerto Príncipe. Las conclusiones del informe señalan la participación y culpabilidad de varios funcionarios policiales durante la operación de arresto de sospechosos de estos homicidios y recomiendan sanciones contra 20 funcionarios, incluida la suspensión y exoneración. Además, la PNH anunció la apertura de dos nuevos destacamentos policiales en Puerto Príncipe.

39.       Si bien estos hechos positivos alientan a la Comisión, el caso es que sigue siendo necesario desplegar mayores esfuerzos para contener la violencia en Haití, enfrentar debidamente el desafío de la impunidad por los secuestros y demás delitos graves, y garantizar la seguridad pública que permita celebrar las elecciones nacionales en un clima de justicia y sin intimidación. Como se describe en el informe de la Comisión, estas medidas deben incluir una nueva investigación y un procesamiento oportuno e imparcial de los delitos graves; una capacitación profesional y en derechos humanos más adecuada y permanente; el suministro de equipo a la policía; así como establecer una estructura de mando y control más firme para asegurar el respeto estricto por las políticas y los reglamentos de la policía.

Sistema judicial

40.       La Comisión tomó conocimiento de que el 9 de diciembre de 2005 el Presidente provisional de la República de Haití  dictó una orden ejecutiva por la que “jubiló” oficialmente a cinco jueces de la Suprema Corte. Aunque en la orden se citaban varios artículos de la Constitución nacional, no queda claro a partir de la información disponible que se hubieran satisfecho los requisitos constitucionales que rigen la exoneración de los magistrados de la Suprema Corte. En particular, la sección 174 de la Constitución dispone un mandato de 10 años para cada uno de los 12 jueces de la Suprema Corte, y la sección 177 requiere el consentimiento del juez para transferir su cargo o prueba de incapacidad física o mental para terminar su mandato antes de los diez años. No parece, a estar a las circunstancias de la “jubilación” de los cinco jueces, que se haya satisfecho alguna de estas condiciones.

41.       En respuesta a la exoneración de los cinco ex jueces y a la orden dictada de inmediato por el Presidente para designar al Vicepresidente de la Corte y a cinco jueces sustitutos, la asociación de magistrados conocida por la sigla ANAMAH y la asociación de magistradas mujeres declararon una huelga de cinco días a partir del 13 de diciembre de 2005, en protesta por lo que interpretaban como un acto inconstitucional, lo cual paralizó el sistema judicial del país. Asimismo, grupos de la sociedad civil y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos formularon declaraciones públicas críticas del acto, se organizó una manifestación para impedir que asumieran el cargo los nuevos jueces y el Consejo de Notables amenazó con desintegrarse en protesta por la decisión del ejecutivo.

42.       Por su parte, a la luz de este acontecimiento, la Comisión emitió un comunicado de prensa el 16 de diciembre de 2005,[45] en el cual expresaba su alarma por la jubilación de los jueces y subrayaba la importancia de la independencia e imparcialidad de la justicia para lograr una efectiva administración de justicia en Haití. Pese a estas expresiones de preocupación nacionales e internacionales, el ejecutivo procedió a tomar juramento a los cinco nuevos jueces de la Suprema Corte.

43.       Como lo indicara la Comisión en su comunicado de prensa, estos hechos recientes amenazan los esfuerzos por fortalecer el sistema judicial de Haití y ponen en tela de juicio el compromiso del actual gobierno con la independencia judicial y el Estado de derecho. Asimismo, resaltan la importancia de las conclusiones y recomendaciones del presente informe que indican que la justicia haitiana exige reformas adecuadas para garantizar más su independencia, imparcialidad e integridad a efectos de ser una institución creíble e imparcial que inspire la confianza de la ciudadanía en la justicia.

Cárceles

44.       En noviembre de 2005, la Comisión realizó una visita conjunta a Haití con la Oficina de UNICEF para América Latina y el Caribe, que se centró en la evaluación de la situación de violencia contra los menores en el país, al cabo de la cual se emitió un comunicado de prensa conjunto.[46] En el curso de la visita, la Comisión observó la reciente terminación de un centro de detención para menores en Delmas. Las instalaciones son de las más modernas de Haití y, pese a que la sobrepoblación y el acceso a una recreación y educación adecuadas siguen siendo problemas pendientes, las condiciones han mejorado sustancialmente desde la época en que los menores eran mantenidos en celdas viejísimas, destruidas y disfuncionales, detrás del destacamento policial 33, en Delmas. Un aspecto observado por la Comisión durante la visita fue el vinculado al constante problema de la prolongada detención previa al juicio, incluida la prolongada detención de menores. En particular, los menores denunciaron a la Comisión que el asistente jurídico los visitaba ocasionalmente, pero no se informó de avance alguno en sus causas. Algunos jóvenes indicaron también que estaban detenidos por más de un año sin acusación formal de delito y agregaron que no sabían por cuanto más estarían detenidos en esas condiciones. En consecuencia, la Comisión reitera su exhortación a la adopción de medidas urgentes para resolver el problema de la detención prolongada sin juicio en Haití, e insta al Gobierno a dar prioridad especial a la situación de los menores, habida cuenta de las protecciones especiales a que tienen derecho según la legislación haitiana y la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de la ONU para la Administración de Justicia a jóvenes y otros instrumentos internacionales de derechos humanos.