|
|
|
DESAFÍOS PARA HAITÍ Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
RESUMEN EJECUTIVO
1. Desde hace más de cuarenta años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza el seguimiento de la situación de los derechos humanos en la República de Haití. En gran parte de ese período, la población haitiana ha padecido múltiples dificultades, tales como inestabilidad política y violencia; graves abusos contra los derechos humanos sin que se haya hecho efectiva la responsabilidad de los culpables, y explotación y degradación de la economía y la infraestructura del país. Lamentablemente la historia reciente de Haití no revela avances significativos hacia el objetivo de revertir a ese proceso. Basándose en su dilatada experiencia en Haití y otros países del Hemisferio, la Comisión considera que los esfuerzos tendientes a hacer frente a los problemas actuales y de larga data que experimenta el país no tendrán éxito, a menos que se adopten reformas urgentes tendientes a reforzar la administración de justicia y el imperio del derecho en el país.
2. En tal contexto en este informe presenta una evaluación de la situación actual de la administración de justicia en la República de Haití a la luz de los derechos y libertades fundamentales protegidos en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en otros instrumentos de derechos humanos pertinentes a los que Haití ha adherido. El informe se basa en investigaciones realizadas por la Comisión entre 2003 y 2005, incluida información recopilada durante cuatro visitas al país, así como informes y otros datos proporcionados por diversos organismos gubernamentales y no gubernamentales, internacionales y locales.
3. En el informe se presenta un análisis detallado de tres aspectos clave de la administración de justicia en el país: el cumplimiento de la ley y la Policía Nacional de Haití; el sistema judicial, y el sistema de establecimientos de detención y prisiones. Como parte de ese análisis, la Comisión se refiere al problema especial de la impunidad y la falta de confianza pública en el sistema de justicia, así como a la presencia de la comunidad internacional en Haití.
4. Basándose en su análisis, la Comisión llegó a las siguientes conclusiones principales:
• La Policía Nacional de Haití se ve afectada por los problemas de insuficiencia de personal y de recursos; falta de programas de selección y capacitación y de una jerarquía de comando y control claramente delineada y que se haga cumplir; así como actos de corrupción y abusos contra los derechos humanos perpetrados por oficiales de policía, que han mancillado gravemente a la institución policial y no han sido objeto de una eficaz investigación ni han dado lugar, cuando corresponde, a medidas disciplinarias y procesamientos penales.
• Las condiciones de trabajo de los magistrados de todas las instancias no alcanzan el nivel debido, hay escasez de espacio y de recursos básicos, falta de adecuada capacitación para los jueces e inadecuada seguridad para los jueces y los locales judiciales. Además, la independencia del Poder Judicial sigue estando comprometida, entre otros factores, por potenciales fallas en materia de inamovilidad, alegaciones sobre interferencia del Poder Ejecutivo en la asignación de casos específicos entre los tribunales, y ausencia de un mecanismo adecuado y eficaz de supervisión del Poder Judicial.
• Esas y otras imperfecciones del sistema judicial haitiano, entre las que se cuenta lo anticuado de muchas de las leyes del país, la falta de acceso efectivo a asistencia letrada y el incumplimiento de las órdenes judiciales por parte de la policía, han suscitado demoras crónicas e inaceptables en la tramitación judicial de casos, y han dado lugar a un problema generalizado de prolongada tardanza en la iniciación de los juicios en virtud del cual, en cifras estimativas, entre el 85% y el 90% de los detenidos no hayan sido juzgados. Además, esas fallas van en detrimento de la capacidad del sistema judicial haitiano de garantizar y proteger eficazmente los derechos y libertades fundamentales a los que tiene derecho la población, lo que da lugar a una estructura de impunidad frente a violaciones de derechos cometidas por agentes del Estado y particulares.
• Varias cárceles y otros establecimientos de detención del país -- incluida la cárcel para mujeres y niños de Fort National-- no funcionan debidamente, y en las cárceles en funcionamiento se presentan problemas de superpoblación y carencia de los recursos necesarios para cumplir normas mínimas de saneamiento y otros requisitos fundamentales, como acceso a aire puro, luz y agua potable, camas y ropa de cama, nutrición y asistencia sanitaria. Hay graves fallas en cuanto a seguridad en las cárceles y a la correspondiente capacitación de los guardias penitenciarios, lo que en los dos últimos años dio lugar a graves incidentes que afectaron a la seguridad pública, con muertes y lesiones de reclusos y fuga de cientos de presos, muchos de los cuales aún no han sido recapturados.
• La ausencia de un centro de rehabilitación para menores que funcione debidamente, junto con el hecho de que el tribunal de menores no ha logrado funcionar por problemas de seguridad, hacen que las condiciones de reclusión de los menores sea incompatible con el artículo 5(5) de la Convención Americana y con las correspondientes disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño.
• Los esfuerzos realizados por la comunidad internacional para ayudar a corregir las fallas del sistema judicial haitiano no han suscitado cambios duraderos, lo que obedece en parte a que algunos proyectos, y el financiamiento correspondiente, son de corta duración; a la ausencia de apoyo continuo de carácter técnico y de otro género, y a la falta de coordinación en torno a temas y actividades comunes entre diversas entidades de organismos internacionales y regionales que operan en Haití, y dentro de cada una de ellas. Además, buena parte de los fondos prometidos a Haití por donantes en julio de 2004 aún no se han entregado, pese a la urgente necesidad de proyectos que permitan atender servicios básicos como electricidad, saneamiento y servicios hospitalarios y de enseñanza, así como iniciativas a más largo plazo en materia de inversiones de capital y creación de capacidad entre protagonistas e instituciones públicos y privados.
5. A la luz de esas conclusiones, la Comisión formuló a la República de Haití, entre otras, las siguientes recomendaciones:
• Proporcionar urgentemente a la policía y al sistema judicial las instalaciones y recursos básicos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, inclusive capacitación y supervisión apropiadas a través de un funcionamiento adecuado y eficaz de la Academia de Policía, la Oficina del Inspector General, el Departamento de Policía Judicial, la PNH, el Colegio de Magistrados y el Consejo Superior de la Magistratura.
• Hacer frente de inmediato a la situación de las personas puestas a disposición del sistema judicial que permanecen privadas de la libertad por períodos prolongados sin ser llevadas ante jueces o juzgadas, a través de revisiones independientes e imparciales de sus casos por jueces u otros funcionarios dotados por la ley de potestades judiciales, y de un eficaz sistema de asistencia letrada o de defensoría pública
• Poner fin a la impunidad de quienes hayan cometido violaciones de derechos humanos, en cuyo contexto puede establecerse un panel constituido especialmente o una cámara de tribunales civiles y promoverse la participación internacional en la investigación de esos delitos y los juicios correspondientes.
• Mejorar urgentemente las condiciones de vida y de seguridad en las cárceles y otros establecimientos de detención de todo el país, incluso poniendo en condiciones operativas al centro de detención de mujeres y niños de Fort National y al centro oficial de rehabilitación de menores, el Instituto de Bienestar Social.
6. La Comisión formuló asimismo, entre otras, las siguientes recomendaciones referentes al papel que debería cumplir en Haití la comunidad internacional, incluidos otros Estados miembros de la OEA
• Adoptar medidas expeditivas tendientes a garantizar la urgente entrega y distribución de los fondos comprometidos a Haití, a través de proyectos que permitan atender las necesidades más inmediatas del pueblo haitiano en materia de asistencia sanitaria, educación y capacitación para el trabajo, y creación de empleo.
• Que los organismos y agencias internacionales procuren elaborar enfoques coordinados y multidisciplinarios tendientes a brindar asistencia y apoyo a Haití para evitar duplicación de esfuerzos y lograr el máximo impacto posible. Por otra parte, los mandatos impartidos a las instituciones y agencias deberían implicar el reconocimiento y ser la expresión de la interrelación entre seguridad, el derecho a la participación política, la administración de justicia y la realización de derechos económicos, sociales y culturales, cuestiones todas que deben abordarse para lograr la estabilidad a largo plazo en Haití.
7. La Comisión desea expresar su agradecimiento al Gobierno y al pueblo de Haití por la colaboración, los servicios y la hospitalidad que le proporcionaron en el curso de su visita; a las organizaciones no gubernamentales, las instituciones de la sociedad civil y las entidades internacionales interesadas, notablemente la Misión Especial de la OEA, por su valiosa ayuda y participación; y al gobierno de Francia por su aportes financieros.
|
