INFORME Nº 57/00
CASO 12.050
LA GRANJA, ITUANGO
COLOMBIA
2 de octubre de 2000 

I.                   RESUMEN 

1.                 El 14 de julio de 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”) recibió una petición presentada por el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos y la Comisión Colombiana de Juristas (en adelante ”los peticionarios”), en la cual se alega que el 11 de junio de 1996 miembros de grupos ilegales, conocidos como paramilitares ejecutaron, con la aquiescencia de agentes del Estado, a William Villa García, Graciela Arboleda viuda de García, Héctor Hernán Correa García y Jairo Sepúlveda (en adelante “las víctimas”) como resultado de una anunciada incursión en el corregimiento de La Granja, Municipio de Ituango, Departamento de Antioquia, en la República de Colombia (en adelante “el Estado”, “el Estado colombiano” o “Colombia”). 

2.                 Los peticionarios alegan que el Estado es responsable por la violación de los artículos 4(1) (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 7 (libertad personal), 17 (obligación de proteger a la familia) y 1(1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la “Convención” o la “Convención Americana”). En cuanto a la admisibilidad del presente caso, invocaron la aplicación de las excepciones al requisito del previo agotamiento de los recursos internos, previstas en el artículo 46(2) de la Convención Americana. 

3.                 El Estado solicitó a la Comisión que declarara el caso inadmisible sobre la base del incumplimiento con el requisito del previo agotamiento de los recursos internos previsto en el artículo 46(1)(a) de la Convención Americana. 

4.                 Tras analizar las posiciones de las partes y el cumplimiento con los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención, la Comisión declaró el caso admisible. 

II.  TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN 

          5.          El 9 de septiembre de 1998, la Comisión procedió a abrir el caso bajo el número 12.050 y transmitió las partes pertinentes de la denuncia al Estado colombiano con un plazo de 90 días para presentar información.  El Estado presentó su respuesta el 30 de diciembre de 1998, la cual fue debidamente transmitida a los peticionarios.  El 1° de febrero de 1999 la Comisión se dirigió al Estado con el fin de solicitar información relativa a la situación de uno de los familiares de las víctimas. 

6.          El 1° de marzo de 1999, durante su 102° período de sesiones, la Comisión celebró una audiencia con la participación de los peticionarios y representantes del Estado.  El 17 de marzo de 1999 la Comisión dio traslado al Estado de la respuesta de los peticionarios y de la información adicional presentada durante el curso de la audiencia.  El 10 de junio de 1999 el Estado presentó sus observaciones, las cuales fueron remitidas a los peticionarios. 

7.                 El 1° de octubre de 1999, durante el 104° período ordinario de sesiones de la Comisión, se celebró otra audiencia con la participación de las partes en la cual se presentaron alegatos de hecho y de derecho sobre el caso. 

8.                 El 2 de marzo de 2000, durante el 106° período ordinario de sesiones de la Comisión, se celebró una audiencia con la participación de ambas partes, con el objeto de recoger el testimonio de un ex miembro de la entonces Fiscalía Regional de Medellín.  Los peticionarios asimismo presentaron un alegato por escrito el cual fue debidamente transmitido al Estado.  El 9 de marzo de 2000 el Estado presentó sus observaciones las cuales fueron enviadas al peticionario. 

9.                 El 11 de abril de 2000 la Comisión hizo llegar a las partes copia de la transcripción del testimonio recogido durante el 106° período de sesiones.  El 24 de abril de 2000 los peticionarios presentaron sus observaciones, las cuales fueron debidamente transmitidas al Estado.  El 6 de junio de 2000 el Estado presentó su respuesta. 

III.  POSICIONES DE LAS PARTES  

A.    Posición del Peticionario 

10.            Desde 1995 la creciente incursión de grupos armados disidentes en el Municipio de Ituango trajo aparejado el incremento de la actividad del Ejército en la zona así como de las asociaciones CONVIVIR y las estructuras denominadas “paramilitares” o de “autodefensa”. 

11.            En este contexto, los peticionarios sostienen que el 11 de junio de 1996 aproximadamente veinte hombres, provistos de armas de fuego de corto y largo alcance, se dirigieron al municipio de Ituango en dos camionetas con el fin de llevar a cabo una incursión armada.  El grupo habría partido desde las cercanías del municipio de San Andrés de Cuerquia, donde pasaron a escasos dos metros del Comando de Policía, sin que la fuerza pública adoptara acción alguna.  Asimismo, fueron divisados por habitantes de sitios tales como El Filo de la Aurora y Chapineros, donde normalmente funcionan retenes del Ejército Nacional, sin que se los haya detenido. 

12.            Los peticionarios alegan que al llegar al Corregimiento de la Granja, el grupo “paramilitar” “ordenó” el cierre de los establecimientos públicos, tras lo cual se inició una cadena de ejecuciones selectivas que se prolongó por cinco horas, sin intervención de las autoridades. 

13.            El grupo armado ilegal se habría dirigido en primer término, al lugar donde se encontraba trabajando el señor William Villa García, quien en ese momento se desempeñaba como conductor del vehículo de la parroquia del Corregimiento, donde fue inmediatamente asesinado con ráfagas de armas de fuego.  Los peticionarios alegan que el señor Villa García habría sido señalado por autoridades del Ejército, quienes le habrían recriminado el que hubiese transportado, bajo amenazas, a miembros de grupos armados disidentes. 

14.            Acto seguido, el grupo armado ilegal se dirigió a la finca del señor Hugo Espinal Lopera donde encontraron a Graciela Arboleda viuda de García, quien se encontraba sola en la casa, con dos niños.  Tras ser interrogada sobre el paradero del señor Hugo Espinal Lopera, la señora Arboleda fue asesinada.  Los peticionarios sostienen que el señor Espinal Lopera habría solicitado al Ejército que se retirara de sus predios debido a que su presencia causaba daños apreciables a su propiedad. 

15.            Los peticionarios alegan que a continuación los hombres armados se dirigieron a la morada del señor Adán Enrique Correa.  Una vez allí derribaron la puerta de entrada, lo que llevó a la señora María Libia (Elvia) García Roldán, esposa del señor Correa, a esconderse junto a su hijo discapacitado, Héctor Hernán Correa García, y uno de sus nietos en la cocina de la casa.  Tras descubrir a Héctor Hernán Correa García en la cocina, uno de los hombres armados lo llevó por la fuerza a la sala donde lo habría asesinado.  Mientras tanto, otro miembro del grupo armado exigió a la señora García Roldán que señalara la ubicación de armas de fuego en la casa, a lo cual esta respondió que no poseían armas de fuego.  Antes de abandonar el lugar, se habrían apoderaron del dinero y la vestimenta de la familia y destruido el mobiliario. 

16.            Antes de retirarse del Corregimiento, los hombres armados habrían amenazado a los pobladores diciendo: “Guerrilleros hijueputas, este pueblo y Santa Rita nos pertenecen, volveremos” mientras efectuaban disparos al aire.  Acto seguido, habrían abandonado el área en dirección del casco urbano de Ituango pasando por El Gadual, Rastrojitos y El Líbano, donde fueron identificados por pobladores que los habrían visto anteriormente junto al Ejército Nacional. 

17.            Una vez en el casco urbano de Ituango, se dirigieron al “Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid” en busca de su rector, Licenciado Jairo Sepúlveda.  Una vez allí, se lo llevaron en presencia de funcionarios de la Contraloría General de Antioquia.  Al ser informados del secuestro, los miembros de la Policía y el Ejército destacados en Ituango habrían decidido llevar acabo un operativo en la zona geográficamente opuesta a la dirección en la cual, conforme a declaraciones de testigos, partieron los hombres armados.  El cuerpo sin vida del Licenciado Sepúlveda fue hallado al día siguiente en un paraje de El Líbano, con huellas de tortura.  Con anterioridad a su ejecución, el Licenciado Sepúlveda había sido investigado por el Ejército por acusaciones de colaboración con grupos armados disidentes y habría sido hostigado con el fin de que abandonara su cargo y se marchara de la región. 

18.            Los peticionarios alegan que el Estado es responsable por los actos cometidos por el grupo armado ilegal debido, en primer lugar, a que no adoptó acción preventiva alguna con el fin de poner freno a la incursión, a pesar de que la presencia paramilitar en la región era bien conocida por las autoridades civiles, militares y de policía de Ituango.[1]  Dicha presencia habría sido denunciada en forma reiterada, entre otras personas, por el Párroco de la Iglesia del Corregimiento de Santa Rita, quien debió abandonar la región por causa de las amenazas sufridas, y por el abogado Jesús María Valle Jaramillo, quien fuera asesinado poco tiempo después.[2]  Afirman que la presencia paramilitar en la zona fue abordada en el curso de las sesiones de los Comités de Seguridad que tuvieron lugar en Ituango durante los meses de mayo y junio de 1996 y que por lo tanto las autoridades encargadas de mantener el orden público se encontraban al tanto de la situación e incluso manifestaron estar dispuestas a enfrentar el problema.  Agregan que las investigaciones de la Fiscalía confirman que las autoridades locales y departamentales tuvieron conocimiento oportuno de la presencia y propósito de las fuerzas paramilitares en Ituango.[3] 

19.            En segundo lugar señalan que en ese contexto, y a pesar de ese compromiso, se habrían producido una serie de graves omisiones entre las que destacan la ausencia de autoridades en los retenes que la Policía y el Ejército mantienen en las entradas y salidas de las carreteras que conducen a la cabecera municipal.  La presencia estatal habría sido inexplicablemente suspendida entre el 9 y el 11 de junio de 1996, reanudándose sólo tras la masacre, y los retenes habrían sido atravesados a voluntad y a plena luz del día por 20 hombres visiblemente armados con fusiles R15. 

20.            Los peticionarios alegan que las omisiones de la fuerza pública permitieron que tras la masacre objeto del presente caso, se sucedieran una cadena de incursiones armadas que dejaron como saldo numerosas y brutales ejecuciones extrajudiciales de personas, perpetradas con sierras eléctricas, cuyos restos fueron arrojados al río Cauca.  Asimismo, las “Autodefensas de Colombia” se permitieron convocar al Alcalde y al personero de Ituango, así como a un número de hacendados y comerciantes, a una reunión sobre la situación en el Municipio, sin que las autoridades adoptaran acción alguna.  

21.            Como consecuencia de los hechos alegados, los peticionarios han solicitado a la Comisión que declare al Estado responsable por la violación de los artículos 4(1) (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 7 (libertad personal), 17 (obligación de proteger a la familia) y 1(1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

22.            En cuanto al cumplimiento con el requisito de admisibilidad relativo al previo agotamiento de los recursos internos previsto en el artículo 46(1) de la Convención Americana, los peticionarios alegan que resulta aplicable la excepción prevista en el artículo 46(2)(c) del mismo Tratado. 

23.            En sus alegatos iniciales, señalaron que la Fiscalía General de la Nación abrió las investigaciones previas 582 y 641 en la Fiscalía Seccional de Ituango, tras un precario levantamiento de cadáveres, y que existen investigaciones conexas en la Fiscalía Regional de Medellín (ahora Especializada) y ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos.  En esa oportunidad alegaron que, a pesar del tiempo transcurrido desde la fecha de la masacre –casi tres años— la causa se encontraba en etapa de investigación previa.  Como consecuencia, alegaron que se verificaba un retardo injustificado en el desarrollo de los recursos internos a los que se refiere el artículo 46 de la Convención Americana.[4] 

24.            Posteriormente alegaron que los argumentos del Estado con relación a la inadmisibilidad del caso por falta de agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna (ver posición del Estado infra) no tienen sustento en los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos.  Recordaron que la Corte Interamericana ha señalado que no basta que los recursos internos tengan existencia formal sino que deben ser eficaces en producir el resultado para el cual han sido concebidos.[5] 

25.            En este sentido señalaron durante la audiencia celebrada el 1° de marzo de 1999 que los miembros de la familia Jaramillo Correa que habían prestado testimonio ante la Fiscalía se vieron, en algunos casos, obligados a abandonar el país con el fin de proteger su vida.  Alegaron también que el abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle fue asesinado el 27 de febrero de 1998 por causa del asesoramiento legal que había brindando algunos de los familiares de las víctimas en el presente caso.[6] 

26.            Posteriormente alegaron que la expedición de una serie de órdenes de captura (ver alegatos del Estado infra) tras una etapa de investigación preliminar que se prolongó por casi tres años a pesar de la claridad de las pruebas, tuvo como consecuencia el que tres fiscales dedicados a investigar el paramilitarismo en Ituango y sus relaciones con el Ejército Nacional debieran abandonar el país en septiembre de 1999 por motivos de seguridad personal.  Resaltaron el hecho que estas órdenes de capturas que afectan a jefes paramilitares y miembros de la fuerza pública no se habrían hecho aun efectivas.[7]  En soporte de esta alegación, los peticionarios presentaron el testimonio de uno de los fiscales, quien actualmente reside en la Confederación Suiza con el status de refugiado, durante la audiencia celebrada el 2 de marzo de 2000, en el marco del 106° período de sesiones de la Comisión. 

27.            Los peticionarios también llamaron la atención de la Comisión sobre el asesinato de la doctora Margarita María Pulgarín Trujillo el 3 de abril de 2000.  La doctora Pulgarín se desempeñaba como Fiscal Delegada ante los Jueces Penales Especializados de Medellín y Antioquia y era parte de la Unidad de Antiparamilitarismo de la Fiscalía Regional y, conforme a la versión de los peticionarios, habría trabajado conjuntamente con los fiscales que debieron exiliarse con motivo de la investigación del paramilitarismo en Ituango y al momento de su asesinato investigaba hechos relativos al accionar de estos grupos. 

28.            Con relación a los avances en la investigación tras la emisión de las órdenes de captura, los peticionarios alegaron que el Estado no había adoptado las medidas necesarias para darles eficacia.  En este sentido, hicieron referencia al silencio oficial con relación a la diligencia de detención del jefe de las AUC, Carlos Castaño quien se encuentra formalmente vinculado a la investigación, a pesar del hecho que su lugar de residencia pareciera ser de público conocimiento.[8]  Asimismo, señalaron que el Estado tampoco habría ejecutado la orden de captura expedida contra un oficial de su propia Policía Nacional, también vinculado a la investigación. 

29.            Desde su punto de vista, los recursos disponibles en la jurisdicción interna para esclarecer el caso son incapaces de alcanzar los objetivos para los cuales fueron previstos y a los efectos de la admisibilidad del caso sólo constituyen una formalidad que carece de sentido. 

B.   Posición del Estado 

          30.          En su respuesta a la petición inicial el Estado señaló que la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía se encontraba adelantando una investigación por los hechos violentos de Ituango y que “por lo tanto de ninguna manera se puede predicar el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna” según ha sido previsto en el artículo 46(1) de la Convención Americana.[9] 

          31.          Con relación al fondo del asunto señaló que las autoridades habían determinado la 

presencia de grupos armados al margen de la ley que se han adjudicado directamente las muertes violentas acaecidas en el referido municipio[..] 

y afirmó que  

no se puede inferir de manera alguna que existen agentes del Estado involucrados por acción u omisión en tan atroces hechos por lo que las afirmaciones del reclamante que intentan vincular a miembros de la Policía y el Ejército en el presente caso, no dejan de ser simples especulaciones sin sustento probatorio alguno  

En consecuencia, solicitó a la Comisión que se abstuviera de continuar con el trámite del caso. 

          32.          Durante la audiencia celebrada el 1° de marzo de 1999, el Estado respondió los argumentos de los peticionarios relativos a la aplicación de la excepción al requisito del previo agotamiento de los recursos internos, prevista en el artículo 46(2)(c) de la Convención Americana.  En este sentido, alegó que el retardo de casi tres años en cerrar la investigación preliminar se encontraba justificado a la luz de los parámetros establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Genie Lacayo, dada la complejidad del asunto y la escasa cooperación de las víctimas. 

          33.          Posteriormente, el Estado informó sobre la expedición de órdenes de captura contra una serie de personas vinculadas como resultado de la investigación del caso, entre ellos, jefes paramilitares y agentes del Estado.  Concretamente señaló que 

el Fiscal de conocimiento profirió medida de aseguramiento contra Carlos Castaño Gil por conformación de grupos de justicia privada en calidad de determinador en concurso con homicidio agravado por fines terroristas; Hernando de Jesús Alvarez Gómez y Manual Remigio Fonnegra Piedrahita por conformación de grupos de justicia privada y homicidio agravado por fines terroristas; Subteniente José Vicente Castro  (comandante de la subestación de policía de Ituango) y Teniente Jorge Alexander Sánchez Castro (comandante de la base militar de la zona) como autores del delito de conformación de grupos de justicia privada y homicidio agravado.[10] 

El Estado admitió, sin embargo, que las autoridades competentes aun no habían logrado ejecutar en su totalidad las órdenes de captura pero señaló que el hecho de que aun no existieran condenas en virtud de la investigación emprendida no era producto de su falta de compromiso.[11] 

          34.          El Estado agregó que la “grave situación de orden público” en la zona dificultaba la actividad investigadora y señaló que  

estos obstáculos implicaron que el proceso penal en sus etapas iniciales fuera de bastante complejidad y que, para rodearlo de condiciones de seguridad, fuera remitido a la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación en Santafé de Bogotá, Unidad en la que se han presentado innegables avances en el esclarecimiento de los hechos, con los cuales se demuestra la seriedad con la que el Estado ha asumido la investigación y la sanción de los hechos.[12] 

          35.          El Estado reiteró que la complejidad de la investigación encuadraba dentro de los criterios identificados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como determinantes de la razonabilidad de la extensión de un proceso judicial en el ámbito interno.  En este sentido alegó que en el presente caso no se verificaba una dilación injustificada que permitiera aplicar la excepción consagrada en el artículo 46(2)(c) de la Convención Americana. 

          36.          El Estado también alegó, como en otras oportunidades, que el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna no sólo descansa en la determinación de la responsabilidad penal de los individuos que perpetraron los hechos denunciados sino que los peticionarios debían también agotar los recursos de orden disciplinario y contencioso administrativos disponibles conforme a la legislación interna por cuanto “todos ellos, en conjunto, están destinados a clarificar los hechos y a hacer justicia [..] de acuerdo a su diferente naturaleza”.[13] 

IV.  ANÁLISIS SOBRE COMPETENCIA Y ADMISIBILIDAD 

A.    Competencia 

          37.          La Comisión es competente prima facie para examinar la petición en cuestión.  Los hechos alegados en la petición afectaron a personas físicas que se encontraban bajo la jurisdicción del Estado cuando la obligación de respetar y garantizar los derechos establecidos en la Convención ya se encontraba en vigor para éste.[14]  La Comisión procede entonces a analizar si el presente caso satisface los requisitos establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. 

B.   Requisitos de Admisibilidad 

a.   Agotamiento de los recursos internos y plazo de presentación de la petición 

38.            El Estado alega que el reclamo de los peticionarios debe ser declarado inadmisible por incumplir con el requisito del previo agotamiento de los recursos internos previsto en el artículo 46(1) de la Convención Americana.  El Estado considera que la noción de recurso interno no sólo abarca la investigación penal de los hechos denunciados y el juzgamiento de los responsables, sino que los recursos de orden disciplinario y contencioso administrativos disponibles conforme a la legislación interna debían ser también agotados antes de considerar habilitada la jurisdicción de la Comisión. 

39.            Los peticionarios, por su parte, alegan que la investigación se ha prolongado por un lapso excesivo y que los acontecimientos que causaron el exilio de algunos de los testigos y fiscales involucrados en la investigación y el dictado de órdenes de captura, así como el asesinato de la Fiscal Pugiarín y el abogado Jesús María Valle, sumados a la falta de ejecución de las medidas de dichas órdenes prueban que los recursos disponibles no constituyen un medio eficaz para juzgar y sancionar a los responsables por las graves violaciones a la Convención Americana presuntamente cometidas en el presente caso.  Solicitan, por lo tanto, se declare el caso admisible conforme a la causal prevista en el 46(2)(c) de la Convención Americana. 

40.            En primer término, corresponde aclarar cuáles son los recursos internos que deben ser agotados en el presente caso.  La Corte Interamericana ha señalado que sólo deben ser agotados los recursos adecuados para subsanar las violaciones presuntamente cometidas.  El que los recursos sean adecuados significa que 

la función de esos recursos dentro del sistema de derecho interno sea idónea para proteger la situación jurídica infringida.  En todos los ordenamientos internos existen múltiples recursos, pero no todos son aplicables en todas las circunstancias.  Si, en un caso específico, el recurso no es adecuado, es obvio que no hay que agotarlo.  Así lo indica el principio de que la norma está encaminada a producir un efecto y no puede interpretarse en el sentido de que no produzca ninguno o su resultado sea manifiestamente absurdo o irrazonable[15]. 

La jurisprudencia de la Comisión reconoce que toda vez que se cometa un delito perseguible de oficio, el Estado tiene la obligación de promover e impulsar el proceso penal hasta sus últimas consecuencias[16] y que, en esos casos, ésta constituye la vía idónea para esclarecer los hechos, juzgar a los responsables y establecer las sanciones penales correspondientes, además de posibilitar otros modos de reparación de tipo pecuniario.  La Comisión considera que los hechos alegados por los peticionarios en el presente caso involucran la presunta vulneración de derechos fundamentales no derogables, como la vida y la integridad personal, que se traducen en la legislación interna en delitos perseguibles de oficio y que por lo tanto es este proceso, impulsado por el Estado mismo, el que debe ser considerado a los efectos de determinar la admisibilidad del reclamo. 

          41.          El Estado considera que los recursos de orden disciplinario y contencioso administrativo disponibles conforme a la legislación interna deben ser también agotados antes de considerar habilitada la jurisdicción de la Comisión.  Sin embargo, la CIDH ha establecido en casos similares al presente que los pronunciamientos de carácter disciplinario no satisfacen las obligaciones establecidas por la Convención en materia de protección judicial, ya que no constituyen una vía eficaz y suficiente para juzgar, sancionar y reparar las consecuencias de la ejecución extrajudicial de personas protegidas por la Convención.  Por lo tanto, en el contexto del presente caso no pueden ser considerados como recursos a ser agotados conforme al artículo 46(1).  En cuanto al agotamiento de la jurisdicción contencioso administrativa, la Comisión ya ha señalado que este tipo de proceso constituye exclusivamente un mecanismo de supervisión de la actividad administrativa del Estado encaminado a obtener indemnización por daños y perjuicios causados por abuso de autoridad.[17]  En general, este proceso no constituye un mecanismo adecuado, por sí solo, para reparar casos de violaciones a los derechos humanos, por lo cual no es necesario que sea agotado en un caso como el presente cuando existe otra vía para lograr tanto la reparación del daño como el juzgamiento y sanciones exigidos.[18] 

          42.          En lo que respecta a la excepción del cumplimiento con el requisito del agotamiento de los recursos internos interpuesta por los peticionarios, el artículo 46(2)(a) de la Convención establece que este requisito no resulta aplicable cuando: 

a.       no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados;

b.       no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y

c.       haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.

43.          En su petición inicial, los peticionarios invocaron la aplicación de la excepción relativa al retardo injustificado de justicia basados en la duración de la etapa de investigación previa en el proceso abierto por los hechos materia del presente caso, la cual se extendió por más de tres años.  El Estado, por su parte, alegó que la extensión de la etapa preliminar resultaba razonable a la luz de la complejidad de la investigación y el contexto en el cual se desarrolló. 

44.            Según surge de la información aportada por ambas partes, la investigación previa culminó con el dictado de medida de aseguramiento contra una serie de personas, incluyendo a conocidos líderes de grupos paramilitares y agentes del Estado.  Sin embargo, según han señalado los peticionarios y ha reconocido el Estado, las órdenes de detención no han sido en su mayoría ejecutadas después de transcurridos más de cuatro años de los graves hechos denunciados, lo cual constituye una manifestación de retardo.  Como regla general, una investigación penal debe realizarse prontamente para proteger los intereses de las víctimas, preservar la prueba e incluso salvaguardar los derechos de toda persona que en el contexto de la investigación sea considerada sospechosa.  Según ha señalado la Corte Interamericana, si bien toda investigación penal debe cumplir con una serie de requisitos legales, la regla del previo agotamiento de los recursos internos no debe conducir a que la actuación internacional en auxilio de las víctimas se detenga o se demore hasta la inutilidad.[19]

45.            A este hecho se suma el contexto de violencia y amedrentamiento en el cual se ha desarrollado la investigación el cual, presumiblemente, afecta su eficacia como recurso para el esclarecimiento judicial de los hechos.  Las amenazas de las que han sido víctima los familiares sobrevivientes de las víctimas y los fiscales encargados de la investigación, que los llevaron al exilio, demuestran que las perspectivas de efectividad de la investigación judicial distan de ser equivalentes a las de un recurso que necesariamente debe ser agotado antes de recurrir a la protección internacional de los derechos humanos. 

46.            Por lo tanto, dadas las características y el contexto del presente caso, la Comisión considera que resulta aplicable la excepción prevista en el artículo 46(2)(c) de la Convención Americana, además de ciertas consideraciones con relación a las perspectivas de efectividad de los recursos disponibles, por lo cual los requisitos previstos en la Convención Americana en materia de agotamiento de los recursos internos y, en consecuencia, el plazo de seis meses para la presentación de la petición, no resultan aplicables. 

          47.          Sólo resta señalar que la invocación de las excepciones a la regla de agotamiento de los recursos internos previstas en el artículo 46(2) de la Convención se encuentra estrechamente ligada a la determinación de posibles violaciones a ciertos derechos allí consagrados, tales como las garantías de acceso a la justicia.  Sin embargo el artículo 46(2), por su naturaleza y objeto, es una norma con contenido autónomo vis á vis las normas sustantivas de la Convención.  Por lo tanto, la determinación de si las excepciones a la regla de agotamiento de los recursos internos previstas en los acápites (a), (b) y (c) de dicha norma resultan aplicables al caso en cuestión debe llevarse a cabo de manera previa y separada del análisis del fondo del asunto, ya que depende de un estándar de apreciación distinto de aquél utilizado para determinar la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención.  Cabe aclarar que las causas y los efectos que impidieron el agotamiento de los recursos internos serán analizados en el Informe que adopte la CIDH sobre el fondo de la controversia, a fin de constatar si configuran violaciones a la Convención Americana. 

b.   Duplicación de procedimientos y cosa juzgada 

          48.          No surge del expediente que la materia de la petición se encuentre pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, ni que reproduzca una petición ya examinada por éste u otro órgano internacional. Por lo tanto, corresponde dar por cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 46(1)(c) y 47(d) de la Convención. 

c.   Caracterización de los hechos alegados 

          49.          La Comisión considera que las alegaciones de los peticionarios relativas a la presunta violación del derecho a la vida, a la integridad personal, así como la demora en la investigación y la falta de juzgamiento y sanción efectiva de los responsables, podrían caracterizar una violación de los derechos garantizados en los artículos 4, 5, 7, 8 y 25 en concordancia con el 1(1) de la Convención Americana.  Por cuanto la falta de fundamento o la improcedencia de estos aspectos del reclamo no resultan evidentes, la Comisión considera satisfechos los requisitos establecidos en los artículos 47(b) y (c) de la Convención Americana. 

          50.          Con relación a la alegada violación al artículo 17 de la Convención, que establece inter alia que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado”, la Comisión encuentra que no ha sido específicamente sustentada por los peticionarios.  En todo caso, los efectos que los hechos alegados podrían haber tenido en la familia de las presuntas víctimas, en particular la familia Correa, parecieran derivarse de la presunta violación de los artículos 4 y 5 de la Convención y serán analizados por la Comisión dentro de ese contexto.[20] 

V. CONCLUSIONES 

          51.          La Comisión concluye que es competente para examinar los reclamos presentado por los peticionarios sobre la presunta violación de los artículos 4, 5, 7, 8 y 25 en concordancia con el 1(1) de la Convención Americana y que éstos son admisibles, conforme a los requisitos establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. 

          52.          Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 

DECIDE: 

1.     Declarar admisible el presente caso con relación a los artículos 4, 5, 7, 8 y 25  de la Convención Americana. 

2.     Notificar esta decisión al Estado colombiano y al peticionario. 

3.     Continuar con el análisis del fondo de la cuestión. 

4.     Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA. 

Dado y firmado en la sede de la CIDH en la ciudad de Washington, D.C., en el segundo día del mes de octubre del año 2000. (Firmado):  Hélio Bicudo, Presidente; Claudio Grossman, Primer Vicepresidente; Juan Méndez, Segundo Vicepresidente; Comisionada Marta Altolaguirre, Comisionados Robert K. Goldman, Peter Laurie y Julio Prado Vallejo.