INFORME ANUAL 1991
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INFORME N° 16/92 GUATEMALA CASOS 10.111 y 10112, 10.113, 10.120 Y 10.518 4 de febrero de 1992
VISTO:
El contenido de los Informes Nrs. 25/91, 26/91, 27/91 y 28/91 sobre los casos Nos. 10.111 y 10.112, 10.113, 10.120 y 10.518, respectivamente, en cuya parte dispositiva se fijó un plazo para que el Gobierno de Guatemala diera cumplimiento a las recomendaciones formuladas y se previno asimismo al Gobierno de su eventual publicación en el Informe Anual, conforme a lo establecido en el Artículo 48 del Reglamento de la Comisión.
CONSIDERANDO:
1. Que el Gobierno de Guatemala no ha cumplido con las recomendaciones formuladas por la Comisión en cada caso;
2. Que tampoco ha dado respuesta a las comunicaciones efectuadas al respecto, y
3. Que no existen en esta Comisión nuevos elementos de juicio que ameriten modificar los informes originales.
LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, RESUELVE:
1. Publicar dichos Informes en su Informe Anual 1991. INFORME N° 28/91
CASO 10.518
GUATEMALA ANTECEDENTES:
1. El 12 de enero de 1990, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos fue informada que fueron encontrados los cadáveres del Dr. Héctor
Oqueli, abogado y político salvadoreño, y de la Lic. Gilda Flores,
abogada guatemalteca, con heridas de bala en la cabeza en un lugar cercano
a la frontera de El Salvador, luego de haber sido secuestrados por un
grupo de hombres fuertemente armados cuando se dirigían al aeropuerto.
Ese mismo día la Comisión envió un cable al Gobierno de
Guatemala solicitando información sobre los homicidios.
2. El 23 de enero de 1990, la Comisión recibió un cable del Gobierno
de Guatemala informando que los "terroristas" eran responsables
por los asesinatos y que se había formado una comisión investigadora de
alto nivel (el 20 de enero) en la que participarían el Procurador de
Derechos Humanos y el Ministro de Defensa y cuyas labores serían
supervisadas por el Presidente, Lic. Vinicio Cerezo:
Cuando se supo del secuestro de los señores Gilda Flores y Héctor
Oqueli Colindres, se inició su búsqueda.
Lamentablemente su localización se logró cuando ya habían sido
asesinados por los terroristas que los secuestraron, lo que dio origen a
una vigorosa investigación para dar con el paradero de los hechores.
Ante esta situación, el Gobierno y todas sus fuerzas de seguridad
están involucrados en la investigación, y para el efecto se integró una
Comisión encabezada por el Procurador General de la Nación y el señor
Ministro de Gobernación, contando con la representación del Ministerio
de la Defensa. Esta Comisión
está supervisada directamente por el señor Presidente de la República,
Licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo.
De los logros y hallazgos se le estará notificando en cuanto se
obtengan.
El 16 de enero de 1990, según informes de prensa de la agencia
EFE, el Gobierno guatemalteco solicitó la colaboración del FBI para
resolver estos crímenes.
3. El 19 de febrero de 1990, se presentó una denuncia formal a la
Comisión por parte de las víctimas.
La denuncia alegó que debido a que el Dr. Oqueli había sido
Subsecretario General del partido político salvadoreño "Movimiento
Nacional Revolucionario" (MNR) y Secretario del Comité para América
Latina y el Caribe de la Internacional Socialista y la Lic. Flores,
4. La denuncia presentada puede resumirse de la siguiente manera:
a.
En noviembre de 1989, durante la ofensiva militar del FMLN, el
Gobierno de El Salvador tomó bajo su control todas las instalaciones de
las radiodifusoras privadas del país, como parte de la suspensión de las
garantías constitucionales decretadas.
Estas radiodifusoras nacionalizadas sirvieron como medio para
difundir una serie de amenazas y acusaciones contra el Dr. Guillermo Ungo,
el Dr. Ignacio Ellacuría, S.J., el Arzobispo de San Salvador, el Obispo
Auxiliar de San Salvador y el Dr. Héctor Oqueli.
El Dr. Ellacuría y otros sacerdotes jesuitas fueron asesinados el
16 de noviembre de 1989 bajo circunstancias que actualmente son del
dominio público y en las que estuvieron involucrados oficiales y miembros
del ejército salvadoreño.
b.
El Presidente de Guatemala, señor Vinicio Cerezo, dijo públicamente,
el 29 de noviembre de 1989, que de acuerdo con información fidedigna, el
partido ARENA de El Salvador y el Mayor Roberto D'Aubuisson, su Presidente
Honorario, estaban suministrando armas en Guatemala y refugio en San
Salvador a miembros reconocidos de la extrema derecha guatemalteca,
relacionada con el movimiento político conocido como Movimiento de
Liberación Nacional (MLN).
c.
Guatemala es un lugar de refugio y centro de actividades políticas
de conocidos salvadoreños, militares y civiles, que en el pasado han sido
acusados de pertenecer a los escuadrones de la muerte.
Uno de ellos, un militar, está trabajando actualmente en la
Embajada de El Salvador en Guatemala.
Otro de ellos, un civil, fue visto en el aeropuerto de Guatemala el
10 de enero de 1990, o sea en la víspera del arribo del Dr. Oqueli a
Guatemala.
d.
En el momento de su secuestro
el Dr. Oqueli hacía menos de 24 horas que se encontraba en
Guatemala, camino a Nicaragua (donde formaba parte de un grupo de
observadores electorales de la Internacional Socialista) y a Ecuador (para
asistir a una reunión del Comité para América Latina y el Caribe de la
Internacional Socialista). El
día anterior, la Lic. Flores lo había acompañado en algunas gestiones
personales relacionadas con su actividad política y fue secuestrada
cuando lo llevaba en su automóvil al aeropuerto.
e.
El 11 de enero de 1990, el Dr. Oqueli arribó al aeropuerto
internacional de Guatemala, procedente de México, aproximadamente a las 8:30 a.m. Inmediatamente fue
retenido por más de una hora por autoridades de inmigración
guatemaltecas y supuso que habría un error con su autorización de
ingreso. Posteriormente, el
Dr. Oqueli se enteró que no había ningún error con su pasaporte y
presumió que había sido demorado para permitirle a las autoridades
fotografiar su pasaporte completo y tomar las medidas del caso para que
alguien lo siguiera. Al cabo
de una hora el Dr. Oqueli entró al automóvil de la Lic. Flores y comentó
que pensaba que alguien lo seguía porque una de las personas que lo
retuvo en el aeropuerto se encontraba fuera de la terminal observándolos.
f.
Según testigos, el 12 de enero de 1990 el automóvil en que
viajaban las víctimas fue interceptado en el camino del aeropuerto
aproximadamente a las 6:30 a.m., por hombres desconocidos fuertemente
armados que los secuestraron en el acto. El mismo día, horas más tarde, según la policía a media
mañana, el automóvil abandonado fue encontrado y registraba señales de
violencia. El equipaje del
Dr. Oqueli se encontraba en el interior del vehículo.
g.
En la tarde de ese mismo día aparecieron los dos cadáveres en uno
de los cuales se encontraba el pasaporte del Dr. Oqueli, en una camioneta
abandonada en el poblado de Japatagua, en el Departamento de Jutiapa,
cerca de la frontera con El Salvador.
Familiares del Dr. Oqueli llegaron al lugar y confirmaron su
identidad. Parecía que había
sido ultimado a causa de una herida de bala en la cabeza.
El peticionario llegó a la conclusión de que se trata de un
asesinato político. Presume que contó por lo menos con el consentimiento de las
autoridades guatemaltecas porque ocurrió cerca de importantes
instalaciones civiles y militares de ese país, en pleno día, y sospecha
que las autoridades de inmigración tenían alguna conexión con los
perpetradores de este asesinato político porque el Dr. Oqueli fue
detenido por más de una hora en el aeropuerto internacional, sin causa
justificada alguna.
El peticionario solicitó a la CIDH que investigara el alcance de
la implicación de las autoridades guatemaltecas y salvadoreñas en el
asesinato del Dr. Oqueli y de la Lic. Flores.
5. Durante la visita in situ a Guatemala realizada del 29 de
enero al 3 de febrero de 1990 con el fin de investigar otro caso, los
miembros de la delegación de la CIDH aprovecharon la oportunidad para
plantear personalmente su preocupación a las autoridades guatemaltecas
sobre el caso Oqueli/Flores. Las
autoridades guatemaltecas, a su vez, informaron a los miembros de la
delegación sobre las medidas adoptadas para investigar el caso para lo
cual contaban con la asistencia de los más calificados organismos técnicos
internacionales. La Comisión reiteró su solicitud de mantenerse informada
sobre los progresos que se logren en esta investigación.
6.
El 23 de febrero de 1990 la Comisión transmitió las partes
pertinentes de la denuncia al Gobierno de Guatemala y le solicitó que
presentara sus observaciones. No
habiendo recibido respuesta, la Comisión reiteró su solicitud de
información el 3 de julio de 1990.
7. Mediante nota del 10 de julio de 1990, el Gobierno de Guatemala
presentó a la Comisión un documento que calificó de
"preliminar". El Embajador John Schwank Durán, Representante Permanente de
Guatemala ante la Organización de los Estados Americanos, indicó en su
nota que continuaría informando a la Comisión sobre el progreso de este
caso ante los tribunales de Guatemala.
Hasta la fecha el Gobierno de Guatemala no ha presentado más
información sobre el caso.
8. El informe oficial "preliminar" del Gobierno sobre el
asesinato fue preparado por la Oficina de Seguridad Presidencial de
Guatemala. El informe sobre
los hechos en general coincide, al igual que la conclusión, con el relato
presentado por el peticionario, de que los perpetradores eran
probablemente miembros de la extrema derecha salvadoreña con por lo menos
el apoyo de algunos guatemaltecos. El
informe del Gobierno consiste de dos documentos, uno de fecha 16 de marzo
de 1990 y el otro de mayo del mismo año.
Aparentemente cada uno fue preparado por diferente(s) persona(s)
debido a que ciertos hechos se presentan en forma contradictoria.
El primer documento contiene un anexo que consta de varios partes
policiales.
9. El informe de marzo de 1990 puede resumirse de la siguiente manera:
a. Que el Dr. Oqueli arribó procedente de México el 11 de enero en
visita no oficial a Guatemala y fue demorado en el aeropuerto ("para
verificar la fecha de entrada en su pasaporte porque parecía que estaba
equivocada"). Allí se
encontró con su amigo el Embajador de Nicaragua en Guatemala.
Que la Lic. Flores fue a recibirlo y que a las 3:00 p.m. de ese
mismo día, la Lic. Flores y el Dr. Oqueli acompañaron al señor René
Flores al aeropuerto (a quien, según el informe, las autoridades de
seguridad guatemaltecas no pudieron entrevistar).
Que el 12 de enero la Lic. Flores llevó al Dr. Oqueli al
aeropuerto para su viaje a Nicaragua y según testigos, fueron
interceptados por un grupo de hombres desconocidos que bloquearon su automóvil
interponiendo un vehículo color café.
b.
Que a las 6:30 a.m. del 12 de enero
la policía recibió una llamada para verificar que un automóvil
había sido abandonado en el camino al aeropuerto.
Transeúntes declararon a la policía que una mujer había sido
sacada en forma violenta del vehículo y que otra persona saltó del automóvil
y escapó. La policía
verificó que el automóvil estaba registrado a nombre de la Lic. Gilda
Flores. fueron entrevistados
los empleados de un restaurant "Burger King" cercano que vieron
parar al vehículo, sacar a una mujer del mismo y meterla en otro automóvil
gris, y vieron a otra persona que intentó escapar y perdió sus anteojos, que fueron recogidos y entregados a la policía.
Los testigos declararon que las personas estaban vestidas con ropa
corriente y que parecían ser adultos de altura y complexión normales.
Los vehículos partieron y se pararon en la luz roja del semáforo
pero debido a la poca visibilidad los testigos no pudieron identificar los
números de las placas.
c.
La investigación policial correspondiente se inició de oficio.
Durante la investigación se supo que los cadáveres del Dr. Oqueli y de
la Lic. Flores se encontraron en una camioneta beige abandonada en la
Carretera Panamericana que se dirige hacia El Salvador.
La camioneta había sido robada al señor Mario Sánchez Urízar,
antes del mediodía del 12 de enero de 1990, por un grupo de hombres
armados que lo amenazaron de muerte.
d.
El Comisario Militar, Mario Antonio Grijalva, confirmó el hallazgo
de los cadáveres a la Policía del Tesoro.
El Juez de Paz de la municipalidad de Jalpatagua, Jutiapa, donde se
encontraron los cadáveres, ordenó que fueran trasladados a la morgue del
departamento de Santa Rosa donde
fueron identificados por el yerno de la Lic. Flores y por el abogado de la
familia, Dr. John Schwank Durán, actual Representante Permanente de
Guatemala ante la Organización de los Estados Americanos.
e.
Fueron entrevistados el
hijo de trece años de edad, la madre, la hija, el yerno y la empleada de
la Lic. Gilda Flores, quienes confirmaron los pormenores de los hechos
arriba mencionados. El yerno
de la Lic. Flores, Teniente de Aviación P.A. Jorge Ramón Rodríguez
Toledo, declaró que cuando su esposa llamó a la casa de su madre el 12
de enero de 1990 habló con
la empleada, Marta Lidia Pérez, quien le informó que "agentes de la
policía nacional" le habían informado que probablemente la Lic.
Flores había sido secuestrada. Incidentalmente,
señala el informe, el esposo de Gilda Flores, Ricardo Galindo Gallardo,
había "desaparecido" ocho años antes.
El yerno también declaró que el 12 de enero recibió una llamada
anónima en su domicilio en la que una persona le informó que estaba
llamando "desde el otro lado" y que debería llamar al teléfono
364 444, número de la funeraria de Guatemala adonde se habían llevado
los cadáveres. Se piensa que
es probable que la llamada haya sido hecha desde El Salvador y de allí la
referencia a "desde el otro lado".
f.
El informe de marzo de 1990 concluye que "casi sin lugar a
dudas" el ala derecha (radical) de El Salvador estuvo motivada a
perpetrar el secuestro y asesinato de Oqueli y Flores y basa esta conclusión
en el hecho de que Oqueli había recibido amenazas de muerte en El
Salvador entre los días 11 y 20 de noviembre, después de la ofensiva del
FMLN, y que debido a ello contempló la posibilidad de trasladarse a vivir
en forma permanente a México, donde había residido, y que su esposa al
enterarse del asesinato lo atribuyó a la derecha salvadoreña. El
documento de marzo de 1990 concluye con una declaración sorprendente y
sin fundamento que dice:
Fuentes de inteligencia guatemaltecas deducen que Roberto
D'Aubuisson y los hermanos Francisco Ricardo y Orlando de Sola son
responsables por la muerte de Oqueli y Flores
porque aquellos estuvieron recientemente en Guatemala.
. . .
También se cree que los autores materiales del crimen (...) son
salvadoreños, contratados específicamente para este hecho, sin dejar de
señalar que estas personas obviamente conocían muy bien la ciudad de
Guatemala o contaban con la ayuda de algunos guatemaltecos.
10. El informe de mayo de 1990 puede resumirse de la siguiente manera:
a.
Que el secuestro del Dr. Oqueli y la Lic. Flores ocurrió
aproximadamente a las 5:45 a.m. y los cadáveres fueron descubiertos a las
4:30 p.m. Los testigos
declararon que los cadáveres fueron abandonados en una camioneta robada
aproximadamente a la 1:00 p.m., por una persona que después de
abandonarla continuó su camino hacia la frontera con El Salvador en un
vehículo azul con placas salvadoreñas.
Viajaban otras personas en este vehículo.
b.
El Dr. Oqueli había venido a Guatemala procedente de México y
continuaba viaje a Nicaragua, aparentemente con el fin de obtener una
visa nicaragüense. El
Embajador Zambrana de Nicaragua fue a reci‑ birlo al aeropuerto el
11 de enero. La esposa del
Dr. Oqueli declaró
c.
Durante el día del 11 de enero, el Dr. Oqueli hizo llamadas telefónicas,
obtuvo su visa en la Embajada de Nicaragua y acompañó al Sr. René
Flores al aeropuerto. En la
noche el Dr. Oqueli y la Lic. Flores permanecieron en su casa.
El 12 de enero la Lic. Flores lo llevó al aeropuerto al Dr. Oqueli
y ambos fueron secuestrados y asesinados.
d.
Al día siguiente se realizó una reunión secreta en Guatemala
entre figuras políticas estadounidenses y miembros del FMLN, sin
conocimiento del Gobierno de Guatemala, el cual se enteró cuando se
estaba realizando para brindar protección y evitar problemas con
e.
Luego el informe intenta definir el motivo del secuestro y
asesinato y plantea las siguientes hipótesis:
i. La primera hipótesis
establece que fue obra de la extrema derecha salvadoreña que se opone a
un diálogo entre el FMLN y los estadounidenses y esperaba, por medio de
este secuestro, interrumpir el diálogo.
ii. La segunda hipótesis
plantea que fue obra de la extrema derecha salvadoreña, presente en
Guatemala debido al diálogo entre el FMLN‑EE.UU., y al verlo a
Oqueli en el aeropuerto decidieron, al ser este un "objetivo
oportuno", secuestrarlo para llevarlo a El Salvador, sacarle
información y vengarse por su supuesta participación en la ofensiva de
noviembre de 1989.
El informe establece que ambas hipótesis responsabilizan a grupos
salvadoreños aun cuando información no confirmada revela que se había
contratado a "Contras" mercenarios para este fin.
La forma en que se llevaron a cabo estos asesinatos revela que se
cometieron por razones políticas. Los
cadáveres no presentaban señales de tortura; por tanto, es evidente que
no fueron secuestrados para sacarles información.
El informe también propone una variante a la segunda hipótesis,
en el sentido de que los secuestradores intentaron llevar a Oqueli a El
Salvador, pero quizás luego recibieron una contraorden debido a los
problemas políticos que este secuestro causaría en los círculos políticos
salvadoreños. En todo caso, descarta la posibilidad de que las fuerzas de
seguridad guatemaltecas estuvieran comprometidas con los asesinatos
porque, "excepto por el hecho de que el pasaporte de Oqueli estuvo
retenido media hora en el aeropuerto" no había "otra
prueba" para fundamentar su participación.
f.
El informe apoya la primera hipótesis señalando que la extrema
derecha de El Salvador consideraba que Oqueli había "participado
directamente" en la ofensiva del FMLN de noviembre de 1989 y que él
y otros se encontraban en la Embajada de Venezuela "aguardando el éxito
de la ofensiva". El informe continúa diciendo que "no es la primera vez
que grupos terroristas salvadoreños han operado en Guatemala" y que
"inteligencia tiene información sobre personas relacionadas con los
grupos terroristas salvadoreños que probablemente estuvieron operando en
años recientes en Guatemala".
La investigación podría confirmar que por coincidencia se
encontraban en el país justamente los días en que ocurrieron el
secuestro y el asesinato, habiendo ingresado a Guatemala en vuelos
diferentes pero los dos procedentes de El Salvador el mismo día.
Luego el informe hace una acusación no fundamentada
contra el agregado militar salvadoreño en Guatemala, "cuyos
antecedentes podrían sindicarlo como sospechoso porque les podría haber
dado refugio a grupos terroristas clandestinos procedentes de El
Salvador". El informe
reconoce, sin embargo, que "aún no hay ningún hecho que lo señale
como un sospechoso y participante directo en el asesinato objeto de
investigación; sin embargo, no hay lugar a dudas que conversar con este
sujeto resultaría de gran utilidad para esta investigación, si lo
permitieran las autoridades salvadoreñas, dada la función diplomática
que el mismo ejerce".
g.
El informe indica que un informe forense establece que a Oqueli
h.
El informe de mayo de 1990 arriba a las siguientes conclusiones:
i. Las fuerzas de seguridad a
cargo de la investigación deben trasladar este caso al Fiscal General,
quien en cooperación con los tribunales correspondientes puede tomar las
medidas legales pertinentes.
ii. En este punto de la
investigación el informe debería ser sometido a la Comisión
Investigadora Presidencial, creada por el Gobierno y compuesta de
distinguidas figuras nacionales e internacionales, de manera que estos
puedan presentar sus observaciones o ampliar la investigación en los
campos que consideren apropiado.
iii. Este informe debería ser
sometido a las autoridades salvadoreñas, sin cuya cooperación no se
puede llegar a conclusiones definitivas.
iv. Es evidente que esta
investigación no es concluyente con respecto a las personas a quienes se
refiere, sino sólo con respecto al camino que debe seguirse.
v. El
o los autores del
informe (miembros de una fuerza de seguridad) están convencidos de que
las fuerzas de seguridad de Guatemala no participaron en estos actos,
porque no habría motivos ni pruebas de su participación excepto por la
demora del pasaporte en el aeropuerto "lo cual parece ser un hecho
estrictamente administrativo". Sin
embargo, el informe no descarta la posibilidad de que "algún
guatemalteco 11. Los anexos a estos informes, que incluyen los partes policiales, los informes del médico forense, el informe balístico, el informe biológico‑químico y la identificación de los documentos de Oqueli, constituyen parte de la respuesta oficial del Gobierno al caso y ofrecen una interesante información que se ignora en los informes oficiales:
El oficial de policía que hizo el parte sobre el vehículo robado
el 12 de enero (el vehículo abandonado en que se encontraron los cuerpos
de Oqueli y Flores) cita a Mario Antonio Sánchez Urízar, de 57 años de
edad, que dijo: "Que a
las 11:15 a.m., cuando dirigía su camioneta Toyota, color beige, por el
Bulevar San Cristóbal, Zona 8, Mixco, fue interceptado por tres
desconocidos, armados (con pistolas) que dirigían un automóvil blanco y
"quienes se identificaron como miembros de la Policía Nacional
enseñando sus carnets de identificación".
Le pidieron que les mostrara los documentos del vehículo y luego
"bajo amenazas de muerte lo despojaron de su vehículo" y
partieron con dirección desconocida. (El subrayado es nuestro).
12. El 23 de julio de 1990 la Comisión transmitió la respuesta del
Gobierno de Guatemala a los peticionarios para observaciones.
13. Los peticionarios sometieron dos documentos como respuesta: (1) un
informe presentado por el Movimiento Revolucionario Nacional (MNR), del
cual Oqueli era Subsecretario General, titulado "Observaciones al
Tercer Informe Presentado por el Gobierno de Guatemala con relación a los
Asesinatos de Héctor Oqueli y Gilda Flores" de fecha 12 de
septiembre de 1990, y (2) un informe sometido por la Internacional
Socialista, con sede en Londres, de la cual Héctor Oqueli era Secretario
del Comité para América Latina y el Caribe, preparado por los profesores
Tom Farer y Robert K. Goldman de la Facultad de Derecho de la American
University en Washington, D.C., titulado "Evaluación de la
Investigación y los Informes Preparados por el Gobierno de la República
de Guatemala", de fecha 2 de octubre de 1990. Como ambos
14. Los dos informes presentados por los peticionarios dicen que el
Gobierno de Guatemala no determinó los hechos de este crimen y no ha
responsabilizado a nadie por su autoría material o intelectual.
15. El informe del MNR puede resumirse así:
1.
El 22 de enero de 1990, el Presidente Vinicio Cerezo prometió a
una delegación de la Internacional Socialista que visitó Guatemala que
realizaría una investigación para determinar los hechos.
2.
El Gobierno Demócrata Cristiano (del Presidente Cerezo) circuló
tres informes (en enero, abril y mayo) y en ninguno de ellos se identifica
a los asesinos. Las
investigaciones no condujeron a nada.
3.
El estilo defensivo de la redacción de dichos informes procura
exculpar a toda costa al Gobierno de Guatemala de toda responsabilidad en
las muertes.
4.
El Presidente Cerezo integró una Comisión Presidencial de alto
nivel que aparentemente nada
tuvo que ver con la preparación de los informes gubernamentales, puesto
que los informes mismos recomiendan que se transmitan a la Comisión.
El o los
autores del informe se
identifican anónimamente como el "Estado Mayor Presidencial,
Departamento de Seguridad, Guatemala".
En realidad, parece que la Comisión Presidencial creada
especialmente para investigar el caso nunca funcionó.
5.
El informe gubernamental no investiga ciertas cuestiones
importantes tales como:
a. ¿Quién informó a los
secuestradores de la llegada de Oqueli a Guatemala?
Este punto es crucial en vista de que Oqueli estuvo apenas 24 horas
en el país, un lapso muy breve para preparar y ejecutar una operación de
esa índole.
b. El dueño de la camioneta
dijo que los individuos que le robaron el vehículo se identificaron como
miembros de la Policía Nacional de Guatemala mostrando sus carnets de
identidad. Este hecho nunca
fue investigado.
c. La camioneta fue devuelta a
su dueño sin haberse intentado tomar huellas digitales para identificar a
los sospechosos.
d. No se intentó
descubrir la nacionalidad de las personas que robaron el vehículo; no se
hicieron preguntas al dueño acerca del acento o la nacionalidad de tales
personas.
e. Los diferentes informes se
contradicen entre sí. Claramente,
el o los autores no se interesaron por llegar a la verdad, por ejemplo:
i. Se alega que Oqueli y René
Flores llegaron a Guatemala en el mismo vuelo.
Esto no es cierto. Oqueli llegó de México y Flores de El Salvador, lo que
revela que el o los autores no hicieron las más mínimas indagaciones con las
autoridades de inmigración.
ii. Se alega que el Embajador
de Nicaragua en Guatemala fue al aeropuerto a recoger a Oqueli.
Esto no es cierto. El Embajador de Nicaragua y Oqueli se
encontraron allí fortuitamente, pero sólo la Lic. Gilda Flores lo estaba
esperando.
iii. Se alega que
Oqueli, Guillermo Ungo del MNR y Luis Ayala de la Internacional Socialista
se encontraban en la Embajada de Venezuela en El Salvador a la
espera del triunfo de la ofensiva del FMLN.
Esto no es cierto. Luis
Ayala no se encontraba en El Salvador en esos momentos.
f. El informe forense dice que
los secuestradores inyectaron a Oqueli y Flores con alguna sustancia, pero
no se hizo ningún intento de averiguar qué era ésta.
g. Tampoco se trató de
entrevistar a Guillermo Ungo, el jefe del partido político de Oqueli, a
fin de determinar los motivos del viaje de Oqueli a Guatemala, con quién
se reunió, la duración de su estadía, etc.
h. No se trató de entrevistar
a René Flores, otra figura importante del partido, a quien se ha tratado
de tachar de posible sospechoso. Esta
es una intriga que se rechaza por ser irresponsable.
6.
En su informe, el MNR llega a la conclusión de que continúa
considerando que el asesinato se cometió por motivos "estrictamente
políticos" y
que la responsabilidad recae
en elementos político‑ militares
de la extrema
derecha salvadoreña. En
consecuencia, el MNR
solicita que
el Gobierno de
Guatemala emprenda
una "investigación seria
y responsable
a fin
de determinar
la autoría material e
intelectual del crimen". Añade
el informe del MNR que
7.
El segundo informe preparado por la Internacional Socialista evalúa
la respuesta del Gobierno de Guatemala y "no trata de identificar a
los autores del crimen", puesto que carece de "los medios y el
mandato para realizar una investigación para descubrirlos".
La opinión de los autores de este informe es que "la
responsabilidad final por su identificación y castigo evidentemente recae
sobre el Gobierno de Guatemala", y en virtud de que ejerce soberanía
sobre el territorio donde ocurrió el crimen, tiene más obligaciones que
las otras partes de cumplir su deber legal y moral, así como medios
superiores para hacerlo.
El informe de la Internacional Socialista llega a la conclusión de
que, aunque el Presidente Cerezo había prometido hacer todo lo que
estuviera a su alcance para resolver el crimen e identificar a quienes lo
perpetraron, la investigación "adolece de graves defectos" y
los autores encuentran que las "contradicciones, omisiones y
conclusiones erróneas son tan patentes" que se preguntan si el
Presidente Vinicio Cerezo realmente tiene la intención de que sea tomado
en serio. El Ministro del
Interior, General (R) Carlos Morales Villatoro, miembro de la Comisión
Presidencial de Investigación y encargado de la Policía Nacional, jugó
un papel obstruccionista porque contrariamente a las conclusiones del
informe del Gobierno, insistió ante los autores que quienes perpetraron
el crimen eran miembros de la izquierda salvadoreña e incluso insinuó
que René Flores, amigo y colega de Oqueli, fue uno de los responsables. CONSIDERANDO:
1. Que la denuncia cumple los requisitos formales de admisibilidad
establecidos en el Artículo 46 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, de la cual Guatemala pasó a ser parte cuando depositó su
instrumento de ratificación el 25 de mayo de 1978.
2. Que en este caso se han agotado los recursos internos conforme al
Artículo 26 (1) (a) de la Convención Americana, al haber sometido
Guatemala su respuesta a la denuncia mediante nota de fecha 10 de julio de
1990, sin presentar más documentos o información en torno al caso desde
entonces, lo que lleva a la conclusión de que las autoridades
guatemaltecas no han tomado otra acción administrativa o judicial.
El hecho de que no se ha tomado más acción en este caso ha sido
también confirmado verbalmente por las autoridades diplomáticas
guatemaltecas acreditadas ante la Organización de los Estados Americanos.
3. Que en cuanto al agotamiento de los recursos internos, el Ministro
del Interior, Carlos Morales Villatoro, hizo una declaración pública en
el curso de la investigación realizada por los abogados de la
Internacional Socialista en el sentido de que "el gobierno hizo lo
que pudo, y ahora el caso es estrictamente asunto para los
tribunales". Los
tribunales guatemaltecos no han tomado ninguna acción en este caso.
No podría esperarse que actuaran puesto que la investigación
gubernamental oficial atribuyó la responsabilidad por el crimen a los
escuadrones de la muerte salvadoreños, de la derecha, sin ofrecer
fundamento ni causa probable. Como
es de
esperar, las autoridades salvadoreñas han rechazado estas
acusaciones infundadas y las han desestimado, en efecto paralizando toda
acción en torno al caso tanto en Guatemala como en El Salvador.
4. Que la investigación realizada por la policía guatemalteca revela
la presunta participación de integrantes de la Policía Nacional en el
secuestro y asesinato de Oqueli y Flores y que no se realizó ninguna otra
investigación para determinar quiénes fueron los individuos
responsables. El propósito
de los informes oficiales del Gobierno de librar de toda responsabilidad a
las fuerzas de seguridad guatemaltecas se funda principalmente en la
afirmación de que las balas que se usaron para asesinar a Oqueli y Flores
no se encuentran corrientemente en Guatemala.
Es, no obstante, materia de público conocimiento que las armas de
calibre 7.65 son corrientes en todo el mundo ‑‑en Estados
Unidos se llama pistola automática de calibre 32.
Se trata de un arma liviana que usa un proyectil pequeño y es muy
eficaz a corta distancia. Esas
armas se compran con toda facilidad en Guatemala y en los Estados Unidos.
5. El papel que jugó el Ministro del Interior, General (R) Morales,
en el curso de la investigación en lo que se refiere a la colaboración
del agente del FBI, señor Joseph A. Gannon da validez a la presunción de
que el Ministro Morales ayudó a encubrir el papel de la Policía Nacional
en este crímen. El señor
Gannon pidió muestras de la sangre de las víctimas, de la ropa, huellas
digitales y cabellos encontrados en el vehículo y de las balas, y les
ofreció el uso de un detector de mentiras.
Los investigadores de la policía, según el señor Gannon,
acogieron la idea con entusiasmo, mientras que el General Morales
posteriormente negó que se hubieran tomado muestras de sangre y no
permitió al FBI analizar las pruebas sustanciales de la escena del crímen.
Según Gannon, los investigadores de la policía trataron de
cumplir sus obligaciones de forma profesional, pero sus esfuerzos se
vieron impedidos al más alto nivel.
Después de 10 días de espera, Gannon abandonó Guatemala
convencido de que no recibiría cooperación alguna.
No obstante, luego de la partida de Gannon el Presidente Cerezo
manifestó en declaraciones públicas que Guatemala había recibido
asistencia del FBI en la investigación del caso.
6.
Que las entrevistas con colegas de Oqueli revelaron que él mismo
estaba convencido de que retenerle el pasaporte en el aeropuerto tenía
por fin darle a las autoridades guatemaltecas suficiente tiempo para
arreglar que lo siguieran y que Oqueli creía que ya lo estaban vigilando
cuando partió del aeropuerto. Que
Oqueli también creía que cuatro personas más estaban apostadas para
vigilarlo cuando llegaron a la casa de Gilda Flores un rato después.
7. Que la responsabilidad final de individualizar y sancionar a los
autores del crimen corresponde al Gobierno de Guatemala, puesto que las
autoridades guatemaltecas tienen las pruebas bajo su control, ya que el
crimen ocurrió en ese país. LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, RESUELVE:
1. Declarar que el Gobierno de Guatemala ha incumplido bajo el Artículo
1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos con el compromiso
de respetar el derecho a la vida (Artículo 4), el derecho a la integridad
personal (Artículo 5), el derecho a la libertad personal (Artículo 7),
el derecho a la libertad de asociación política (Artículo 16) y el
derecho a protección judicial (Artículo 25) por el secuestro y asesinato
del abogado salvadoreño Dr. Héctor Oqueli y de la abogada guatemalteca
Lic. Gilda Flores.
2. Recomendar al Gobierno que disponga una investigación exhaustiva
de los hechos consignados en esta denuncia para determinar los hechos y
someter a la justicia a los responsables de este nefando crimen a fin de
que reciban las sanciones legales correspondientes y compensar justa y
debidamente a los familiares de las víctimas.
3. La Comisión solicita que el Gobierno de Guatemala le informe
dentro de un plazo de 90 días sobre las medidas tomadas para poner en práctica
esta recomendación.
4. Enviar este informe al Gobierno de Guatemala.
5. Considerar en el próximo período ordinario de sesiones de la
Comisión si las medidas tomadas por el Gobierno de Guatemala cumplen las
recomendaciones consignadas precedentemente y decidir en esa oportunidad
si se publica o no este informe. [
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