ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE INCRIMINAN AL CAPITAN ARDILA.  

La Procuraduría tomó en consideración (1) la declaración del ex-soldado GONZALO ORTEGA PARRA quien sindica al capitán Ardila de haberle pedido, como informante, seguir y vigilar al Alcalde y haberle dado la orden de matarlo ofreciéndole para tal fin la suma de cien mil pesos, orden ésta que se negó a cumplir. Además de esta declaración y de (2) poseer un carro Mazda, el indicio más comprometedor lo constituye (3) el ingreso a su oficina de los sujetos MEDINA TIRADO LUIS, TRASLAVIÑA LUIS HORACIO, ROA MENDOZA LUIS FRANCISCO y CARREÑO ESTEVEZ ISIDRO el 15 de agosto de 1987, víspera del homicidio del Alcalde de Sabana de Torres y (4) el dictamen pericial sobre la constancia expedida por su unidad militar a nombre de RAUL BERMUDEZ ALCANTARA para portar revólver SW Nº 7489, pues si bien no fue positivo en cuanto a su firma, sí lo fue en cuanto a la impresión del sello en el documento de la Quinta Brigada S-2 Batallón Ricaurte. (5) Otra prueba acusatoria lo constituye el que se haya corroborado la versión de ORTEGA PARADA sobre las amenazas de que fue víctima por parte del capitán ARDILA ORJUELA luego de la muerte del Alcalde, con la declaración de RODRIGO ORTIZ MONTERO (folio 87 del cuaderno de reserva). Concluye que, frente a la importancia de la prueba testimonial y documental, no puede esgrimirse la sola manifestación del inculpado para desvirtuarla.

ELEMENTOS DE CONVICCION QUE INCRIMINAN AL MAYOR ECHANDIA.  

La Procuraduría consideró (1) que las inculpaciones del el ex-soldado GONZALO ORTEGA PARADA contra el mayor Echandía no había sido desvirtuadas con sus propias manifestaciones; (2) que habían quedado demostrado que fue el mayor Echandía quien recluyó en la Clínica Santa Teresa de la localidad de Bucaramanga a LUIS FRANCISCO ROA MENDOZA, implicado en la muerte del Alcalde de Sabana de Torres e inclusive le canceló los gastos de hospitalización; (3) que obraba en su contra también la rectificación que le hizo la Dra. LINDA JENNY DE ARTEAGA, quien al contestar sus descargos lo desmentía al declarar que no había ido a recoger a nadie a la calle con el mayor ECHANDIA...

DECISIÓN. En base a estos hechos y a que los oficiales implicados no lograron desvirtuar los cargos en su contra por los hechos ocurridos en el Municipio de Sabana de Torres en el cual resultó muerto el señor Alcalde Dr. ALVARO GARCES PARRA, se les impone la máxima sanción, o sea la de DESTITUCION. (firma) MANUEL SALVADOR BETANCUR, Procurador Delegado Fuerzas Militares.

3) ANTE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN.  2do. expediente que resuelve el recurso de reposición contra la antes citada resolución Nº 20 de 18 de enero de 1989 y que la confirma mediante Resolución Nº 406 de 23 de noviembre de 1989.

El Procurador Delegado para las Fuerzas Militares, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 143 de la Constitución Nacional, Ley 25 de 1983 y artículo 217 del Decreto 85 de 1989, después de considerar las razones de la destitución contenidas en la resolución Nro. 20 de 18 de enero de 1989 y coincidir con la parte considerativa de dicha resolución,  RESUELVE:  NO REPONER y en consecuencia CONFIRMAR la sanción disciplinaria de destitución y separación absoluta a los oficiales del Ejército Nacional mayor OSCAR ECHANDIA SANCHEZ y capitán LUIS ORLANDO ARDILA ORJUELA, por los hechos ocurridos con relación a la muerte del alcalde del Municipio de Sabana de Torres el 16 de agosto de 1987.  (Firma) JOSE PLINIO MORENO RODRIGUEZ., Procurador Delegado Fuerzas Militares.

4) ANTE EL FUERO PENAL MILITAR

a)  EL JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL MILITAR 11vo. de Bucaramanga, Colombia, que concluyó el 23 de febrero de 1989, se pronunció de la siguiente manera sobre la responsabilidad de los oficiales ECHANDIA SANCHEZ y ARDILA ORJUELA;

Luego de una recapitulación de los hechos probados en la investigación, el juzgado de instrucción penal militar, llegó a la conclusión que los hechos siguientes quedaban ciertos e incuestionables:

Sobre las víctimas: El día 16 de agosto de 1987 en horas de la madrugada fue muerto violentamente el Alcalde ALVARO GARCES PARRA, así como también JOHN JAIRO LOAIZA PAVAS, CARLOS RODRIGUEZ GAMBOA y ELIDA ANAYA DUARTE, quien falleció a consecuencia de las heridas recibidas en los hechos investigados. Igualmente resultaron lesionadas la señora LORENZA CASTRO DE SUAREZ y MYRIAM CASTRO DE ALVAREZ.

Sobre el autor material. Está probado que quien mató al Alcalde de Sabana de Torres disparándole un tiro en la cabeza fue RAUL BERMUDEZ ALCANTARA, quien igualmente resultó muerto durante la ejecución de su criminal acción.

Comprobación de participación múltiple.  Es evidente que RAUL BERMUDEZ ALCANTARA al ejecutar su crimen no se encontraba solo, por lo que se deduce que eran varios los que participaron por la balacera que se generó dentro de la caseta y luego fuera de ella.

Identificación de los sicarios.  Sobre los otros sicarios que acompañaban a RAUL BERMUDEZ ALCANTARA, el Dr. VICTOR ENRIQUE NAVARRO JIMENEZ, en calidad de Fiscal Especial dentro de las sumarias, dice que tuvo conocimiento que desde San Juan Bosco Laverde habían salido con rumbo a Sabana de Torres para dar muerte al Alcalde los siguientes sujetos: AUGUSTO AMADO RUIZ, LUIS HORACIO TRASLAVIÑA, RAUL BERMUDEZ ALCANTARA, LUIS ROA MENDOZA y SERVIVILIO CEPEDA QUIROGA de los cuales Raúl Bermúdez resultó muerto durante el asesinato y heridos Luis Roa Mendoza y Augusto Amado Ruiz.

Vinculación entre los sicarios.  De las investigaciones surge una relación entre BERMUDEZ ALCANTARA, asesino del Alcalde, y los otros individuos que concurrieron el 15 de agosto al Batallón, basada en el hecho que, ya en el año de 1982 y según obra en el expediente, se los vinculaba a todos con el "grupo paramilitar" MAS, siendo además evidente que entre BERMUDEZ ALCANTARA y AMADO RUIZ existía relación por cuanto al sicario muerto se le encontró un papel con el teléfono del  hermano de aquél.  Además ARNULFO AMADO RUIZ, hermano de AUGUSTO AMADO RUIZ, según se establece, tenía una relación con Luis Francisco Roa Mendoza.

Vínculos entre los sicarios y el capitán Ardila:  (1) Esta relación se hace evidente con la visita que, tal como lo consigna el libro de Guardia, efectuaron a su oficina en la Sección Segunda del Batallón Ricaurte, de la cual era Jefe, las personas que han quedado  identificadas como sicarios el 15 de agosto. (2) Resulta doblemente acusador e inexplicable que siendo el capitán ARDILA Jefe de Inteligencia Militar del Batallón, viéndose comprometido con una acusación tan grave, no hubiese desplegado a sus agentes investigadores y demás medios a su disposición para establecer y determinar exactamente qué fue lo que hicieron y en dónde estuvieron los citados visitantes el día que vinieron a la Unidad, sin limitarse como lo hizo, simplemente a negar ese hecho, solicitando al funcionario investigador que se lo probase.  (3) Además, se confirman los vínculos del capitán ARDILA con los sicarios, cuando a BERMUDEZ ALCANTARA, muerto en la balacera, se le encuentra en el bolsillo la constancia para portar un revólver con el sello auténtico de la Sección Segunda del Batallón Ricaurte que, como ha quedado acreditado por declaraciones de sus subordinados, permanecía en su escritorio y sólo lo utiliza él o personas debidamente autorizadas por él y en su presencia, lo que indica que personalmente puso ese sello o fue puesto por orden suya.

Vínculos entre los sicarios y el mayor Echandía: Se derivan de lo siguiente (1) el propio mayor Echandía admitió que conocía a ROA MENDOZA desde épocas pasadas cuando se desempeñaba como Alcalde Militar de Puerto Boyacá.  Existiendo esta relación (2) resulta inconsistente su versión de que ROA MENDOZA viene el 15 de agosto de 1987 al Batallón Ricaurte y no habla con su "amigo o conocido", sabiendo que éste se encontraba en la Unidad. (3) ROA MENDOZA estuvo en el Batallón en la mañana del 15 de agosto y precisamente horas después resulta herido con arma de fuego y ahí sí recurre a su amigo el mayor ECHANDIA quien inmediatamente corre a recogerlo para llevarlo a la Clínica Santa Teresa. (4) Con la finalidad de que lo tratasen quirúrgicamente, el mayor Echandía miente presentándolo como soldado herido en acción militar. (5) Después, vuelve a mentir en la investigación y dice que lo recogió del barrio rojo herido en un reyerta callejera porque había sido un antiguo informante suyo y le tuvo compasión; (7) En lugar de llevar al sicario herido a un hospital del Estado, acorde con su modesta condición económica de muchacho de extracción campesina y carente de familia, lo lleva a una clínica privada costosa. (8) Asume personalmente el compromiso de pagar sus gastos girando para tal fin un cheque personal de garantía. (9) Llega a comprometer en el pago también al Batallón Ricaurte. (10) Finalmente resulta inculpatorio para el mayor ECHANDIA el que, en su calidad de tercer Oficial al mando del Batallón Ricaurte, no hubiese desplegado una acción para verificar en dónde y qué estuvieron haciendo ROA MENDOZA, HORACIO TRASLAVIÑA e ISIDRO CARREÑO ESTEVEZ en la Unidad Técnica el día inmediatamente anterior en que ocurrieron los hechos, estando su situación tan comprometida en el proceso.  Esta conducta demuestra que sí era efectivo que entre el mayor ECHANDIA y ROA MENDOZA existía un compromiso que obligaba al Oficial a preocuparse por el bienestar del sicario, diferente a las alegadas razones de compasión y pone de manifiesto que era conocedor del plan y que participó desde un principio y también después del asesinato de GARCES PARRA.

Otras pruebas acusatorias.  Las declaraciones del ex-soldado ORTEGA deben considerarse válidas en cuanto se encuentran confirmadas por otras declaraciones como las de JAIME CASTRILLON BLANDON, ALVARO LOPEZ MIRANDA, ERNESTO ACEVEDO MENDOZA y BRUNO VASQUEZ MENDEZ, en el sentido de que días antes a los hechos, ORTEGA les estaba avisando que el capitán ARDILA iba a mandar a matar al Alcalde de Sabana de Torres.  Además, también se encuentra corroborado el incidente de la Calle 33  con carrera 18 de la ciudad de Bucaramanga, en el aspecto de que el mayor ECHANDIA y el capitán ARDILA pretendían subir por la fuerza a ORTEGA en un carro (como el de Ardila) de "color amarillo".  También, que precisamente el libro de minuta de Guardia en que se registró la entrada de personal al Batallón Ricaurte estuviera manchado por vertimiento de un líquido, como pretendiendo destruir la prueba, en el folio que indica que FRANCISCO MENDOZA, LUIS HORACIO TRASLAVIÑA e ISIDRO CARREÑO ESTEVEZ estuvieron el día 15 de agosto en el Batallón, lo que indica que se pretendía ocultar ese hecho.por los oficiales implicados. También acusa al capitán Ardila su actitud de odio y declarada enemistad contra los miembros de la Unión Patriótica, al extremo que su conducta le mereció llamada de atención de su Comandante.

Tipificación. Probada la materialidad de los hechos y dilucidada la responsabilidad que por los mismos compete al mayor ECHANDIA y al capitán ARDILA, se concluye que los hechos se encuentran tipificados dentro del Título VII, Capítulos II y III del Libro Segundo del Código Penal Militar, bajo la denominación genérica del HOMICIDIO y de las LESIONES PERSONALES, siendo como corresponde al Juzgador determinar si los implicados obraron como coautores, copartícipes, cómplices o encubridores dentro de un fallo definitivo.

Resolución. En mérito de lo expuesto, el JUZGADO 9 DE INSTRUCCION PENAL MILITAR, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley: 1ro.  DECRETA la detención preventiva en contra de los Oficiales del Ejército Nacional, mayor OSCAR DE JESUS ECHANDIA SANCHEZ y capitán LUIS ORLANDO ARDILA ORJUELA, ambos de anotaciones personales y militares conocidas en autos, sindicados como presuntos autores responsables de los delitos de homicidio  de que fueran víctimas ALVARO GARCES PARRA, JOHN JAIRO LOAIZA PAVAS, ELIDA ANAYA DUARTE y de lesiones personales LORENZA CASTRO DE SUAREZ y MYRIAN CASTRO DE ALVAREZ; conductas tipificadas y sancionadas en el Libro Segundo, Título VII, Capítulos II y III del Código de Justicia Penal Militar, y de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia; 2do. FIJA como sitio para cumplir la detención el lugar de detención del personal de Oficiales del Comando de la Quinta Brigada.  3ro. solicita al Comando del Ejército, la suspensión de funciones y atribuciones de los militares implicados. Firma: Oscar Vicente Pedraza Durán, Juez de Instrucción Penal Militar.

b) EL CONSEJO VERBAL DE GUERRA de la Quinta Brigada de Bucaramanga que juzgó al mayor Echandía y al capitán Ardila falló el 3 de octubre de 1989, declarando la no responsabilidad de ambos oficiales en el asesinato del alcalde de Sabana de Torres;

El Consejo ponderó, entre otras, las siguientes consideraciones: que el Fiscal se abstuvo de solicitar veredicto de responsabilidad por creer que no existía prueba plena de la participación de los sindicados; las consideraciones de la defensa en el sentido de que ambos oficiales presentaban una foja de servicios que demostraba su lealtad y abnegación por la institución; que no estaba comprobada la verdadera identidad del sicario muerto; que el arma homicida nunca había aparecido; que pese a que el sicario quedó todo ensangrentado el permiso para portar el arma no presentaba mancha alguna lo que hacía suponer que había sido fabricada y puesta en el muerto para sindicar a oficiales del ejército; que ninguno de los agentes de la Procuraduría que hicieron las investigaciones previas merecía credibilidad; que había un montaje fabricado para inculpar a oficiales del Ejército colombiano; que este proceso había sido utilizado por la extrema izquierda para desacreditar el buen nombre y prestigio de la Institución militar y que declarar responsables a los oficiales sería continuar haciendo el juego a la subversión; que el ingreso de civiles a las instalaciones del Batallón Ricaurte el 15 de agosto de 1987 no podría tenerse como prueba de cargo contra los oficiales; que las imputaciones contra el capitán Ardila en verdad no lo comprometían y tampoco las alegaciones contra el mayor Echandía por haber realizado un acto de caridad con un herido que era antiguo conocido e informante del Ejército; y que debería de tenerse en cuenta el principio "indubio pro reo".

Resolución.  En mérito a tales consideraciones, el Consejo Verbal de Guerra, declaró por  unanimidad de votos:  1ro. NO RESPONSABLES al mayor OSCAR DE JESUS ECHANDIA SANCHEZ y al capitán LUIS ORLANDO ARDILA ORJUELA,  por el delito de homicidio en la persona de ALVARO GARCES PARRA, en la modalidad de autoría intelectual, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.  2do.  Como consecuencia de lo anterior, absolver al mayor ECHANDIA SANCHEZ (reo ausente) y al capitán ARDILA ORJUELA, por el delito de homicidio de que fuera víctima ALVARO GARCES PARRA. 3ro.  Ordenar cesar todo procedimiento en contra de los señores mayor OSCAR DE JESUS ECHANDIA SANCHEZ (reo ausente) y capitán LUIS ORLANDO ARDILA ORJUELA,  por el delito de homicidio en las personas de JOHN JAIRO LOAIZA PAVAS, CARLOS RODRIGUEZ GAMBOA y ELIDA ANAYA DUARTE, y por los delitos de lesiones personales de que fueran víctimas las señoras  LORENZA CASTRO DE SUAREZ y MYRIAN CASTRO DE ALVAREZ,  4to. Otorgar al mayor ECHANDIA SANCHEZ (reo ausente) y al capitán ARDILA ORJUELA el beneficio de la libertad provisional, previo pago de 50 mil pesos de caución prendaria;  5to. Si el reo ausente mayor ECHANDIA SANCHEZ se hiciera presente y cumpliera con las obligaciones previas al otorgamiento de la libertad provisional, consignadas en el numeral anterior, se deberán cancelar las órdenes de captura que obran en su contra.  6to. Liberar al capitán ARDILA ORJUELA, una vez cumpla con todos los requerimientos del numeral cuarto de esta providencia.

c)  EL TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR DE BOGOTA.  Con fecha 18 de diciembre de 1989 expidió resolución absteniéndose de conocer la sentencia elevada en consulta, dejando, en segunda instancia, sin modificación alguna la sentencia absolutoria del Consejo Verbal de Guerra de Bucaramanga.

5) ANTE EL ORGANISMO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.  Con fecha 5 de febrero de 1992, el Tribunal Administrativo de Santander condenó a la Nación colombiana a pagar indemnización en favor de los familiares de las víctimas, la que finalmente, mediante conciliación entre las partes concluyó obligando al Estado a pagar 30 millones de pesos a los familiares del ex alcalde Garcés Parra y 18 millones a los del agente de seguridad Carlos Gamboa.

El Tribunal, luego de considerar, entre otros, los fundamentos de hecho relacionados con el asesinato del alcalde de Sabana de Torres contenidos en las investigaciones efectuadas por la Procuraduría General de la Nación (Resoluciones 20 y 406 de 18 de enero y 23 de noviembre de 1989) y el Juzgado de Instrucción Penal Militar (de 23 de febrero de 1989) y los de derecho, contenidos en las normas que regulan el procedimiento contencioso administrativo y otras relacionadas con la responsabilidad extracontractual del Estado por actos de extralimitación en sus funciones por los servidores públicos, los que se dan en el presente caso configurando la inconducta en el servicio, el Tribunal Administrativo de Santander, Sala de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,  RESUELVE:

Declarar que la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional es responsable administrativamente de los daños materiales y morales causados a la familia, con ocasión de la muerte del Dr. ALVARO GARCES PARRA;  Declarar que la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, es responsable administrativamente de los daños materiales y morales causados a la familia de CARLOS GAMBOA RODRIGUEZ;  Condenar a la Nación colombiana, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, a pagar la familia de Alvaro Garcés la cantidad de 1.000 gramos de oro al precio que certifique el Banco de la República a la fecha de esta providencia;  Condenar a la Nación colombiana, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, a pagar a la madre de Alvaro Garcés 1.000 gramos oro al precio que certifique el Banco de la República a la fecha de esta providencia, para ella como resarcimiento por los daños morales causados por la muerte de su hijo;  Condenar a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, al pago de los daños materiales en la cantidad de $6' 547.575.31 a la familia de Alvaro Garcés, como resarcimiento de los perjuicios causados a título de lucro cesante;  Condenar a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, a pagar a la familia de Carlos Gamboa la cantidad de 1.000 gramos oro, al precio que certifique el Banco de la República a la fecha de esta providencia, como resarcimiento por los daños morales causados por la muerte de su esposo y padre,  Condenar a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional en abstracto, al pago de los perjuicios materiales ocasionados a la familia Gamboa los cuales se liquidarán a través de incidente teniendo como fundamento las bases que han sido previamente establecidas en la parte motiva de esta providencia.

La sentencia dispuso que en caso de no ser apelada fuese consultada con el superior.  En esta etapa del procedimiento se llevó a cabo una negociación de conciliación entre las partes, acordándose el pago de 30 millones por parte del Estado en favor de los familiares del ex-alcalde Garcés Parra y de 18 millones en favor de los deudos del ex miembro de la seguridad Carlos Gamboa, fórmula ésta que habiendo sido aceptada y aprobada por los magistrados de la sala contencioso administrativa con fecha 9 de marzo de 1992, adquirió efecto de cosa juzgada.

9. En relación con estos procedimientos, las partes han expresado sus correspondientes alegatos, un resumen de los cuales se citan a continuación:

VI.LO QUE DICE EL GOBIERNO DE COLOMBIA SOBRE LAS INVESTIGACIONES

Sobre la investigación administrativa disciplinaria

Que las investigaciones administrativas disciplinarias no tienen como objetivo descubrir a los autores materiales o intelectuales de hechos punibles sino vigilar la conducta de los funcionarios y sancionar sus faltas disciplinarias; de esclarecer el incumplimiento de los deberes de los empleados oficiales mientras que las investigaciones penales pretenden aclarar delitos. Concretamente, la investigación contra los Oficiales del Ejército Ardila Orjuela y Echandía Sánchez demostró que como funcionarios estatales incumplieron sus deberes, pero, desde ningún punto de vista jurídico se puede tomar la decisión de ese proceso disciplinario para basar una determinación jurisdiccional;  Que no puede confundirse el derecho penal con el disciplinario.  Aquél tiene como propósito mantener el orden jurídico social o general, en tanto que el disciplinario tiene el objetivo específico de vigilar la conducta de los funcionarios públicos, referida a un orden administrativo; el primero busca investigar hechos punibles, para lo cual recurre a pruebas recaudadas con todas las formalidades legales, mientras que el segundo pretende observar la disciplina en los organismos estatales y para ello hace uso de sanciones correctivas, y   Que los procesos administrativo-disciplinarios constantemente recurren a los institutos y a las pruebas recaudadas en los procesos penales, ya que se sabe de las formalidades legales que se deben tener en cuenta para recaudar las pruebas en ellos, pero que las decisiones dictadas en lo administrativo no tienen ningún efecto jurídico en un proceso penal ya que la transgresión de una norma de carácter disciplinario no implica la transgresión de una norma del código penal.