C.          PETICIONES Y CASOS DECLARADOS INADMISIBLES

INFORME Nº 6/98
CASO 10.382
ERNESTO MÁXIMO RODRÍGUEZ
ARGENTINA
21 de febrero de 1998 

          1.          El 25 de mayo de 1989, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”) recibió una denuncia presentada por Ernesto Máximo Rodríguez (en adelante “el peticionario”) en contra de la República Argentina (en adelante "el Estado" o "Argentina"), por violación de los siguientes derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención Americana"):  el derecho a ser oído, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un tribunal competente, para la determinación de sus derechos y obligaciones (artículo 8.1); el derecho de recurrir un fallo condenatorio ante tribunal superior (artículo 8.2.h); el derecho a la protección judicial (artículo 25); y, en el caso de determinarse la violación de los derechos anteriormente señalados, también el derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad (artículo 11); y el derecho de propiedad (artículo 21). 

          I.          HECHOS DENUNCIADOS 

          2.          El 22 de junio de 1987, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Especial Civil y Comercial No. 2 (en adelante "el juzgado de primera instancia"), en el curso del proceso radicado bajo el nombre “Banco Latinoamericano de Inversión S.A. c/ ELCER S.A. s/ ejecución hipotecaria”, ordenó la aplicación a dicha compañía y al letrado patrocinante, el aquí peticionario, de una multa equivalente al diez por ciento (10%) del importe de la liquidación final de la deuda en el proceso ya citado, en los términos de los artículos 551 y 598[1] del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.  Según el denunciante, dicho monto equivalía a U.S. $10.000. 

          3.            Dicha sanción fue impuesta, de acuerdo a lo señalado en la respectiva Providencia, en razón de que "la actitud asumida por la ejecutada ha sido dirigida a dilatar el cumplimiento de la (...) ejecución" y porque "indudablemente actitudes como la asumida por la ejecutada producen un desgaste jurisdiccional innecesario y perjuicios a la contraria, originados en obligadas presentaciones ineficaces y la dilación del proceso".  El juzgado consideró que tal conducta debía ser desalentada y debidamente sancionada. 

          4.          El 5 de agosto de 1987, el peticionario interpuso recurso de apelación contra la mencionada sentencia de primera instancia, que fue concedido por la juez de primera instancia para ser surtido por la Cámara Nacional de Apelaciones Especial en lo Civil y Comercial (en adelante "la Cámara"). 

          5.          El 2 de octubre de 1987, la Cámara declaró inapelable la resolución por cuanto el valor cuestionado no permitía la procedencia de dicho recurso, según lo establecido por el artículo 242 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en concordancia con la Resolución 130/87 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante "la Corte Suprema").[2] 

          6.          El peticionario interpuso recurso de revocatoria contra la providencia anteriormente indicada, argumentando que la Cámara había incurrido en un error de apreciación sobre el valor cuestionado en la apelación.  Luego de elaborar unos cálculos, el peticionario pretendía demostrar que cualquiera de los dos, el valor actualizado de la demanda o, alternativamente, el de la sanción, superaban la suma exigida por el artículo 242 arriba citado y, por lo tanto, la providencia era apelable.

           7.          El 5 de febrero de 1988, la Cámara resolvió dicho recurso en forma negativa aduciendo la no procedencia de la revocatoria en tanto no se trataba de una providencia simple y afirmando que, sin embargo, la decisión había sido dictada conforme a derecho.  El peticionario interpuso ante dicho tribunal recurso extraordinario contra la providencia del 2 de octubre de 1987.  Fundamentó su recurso insistiendo en que el monto de la sanción implicaba que la misma era apelable, de acuerdo al artículo 242. 

          8.          El 8 de febrero de 1988, el recurso extraordinario fue rechazado.  El argumento esencial de la Cámara fue que la providencia impugnada, por ser de hecho y derecho común, fundada en una simple operación algebraica, era ajena a la instancia extraordinaria y que, adicionalmente, la discrepancia se centraba en la interpretación de normas de naturaleza no federal. 

          9.          Subsecuentemente, el peticionario presentó ante la Corte Suprema un recurso de queja por denegación de apelación extraordinaria.  Adujo, en términos generales, que se le había violado su derecho de defensa en juicio al negársele la revisión de la sanción en segunda instancia. 

          10.          El 6 de septiembre de 1988, la Corte Suprema desestimó dicho recurso sobre la base que resultaba intempestivo por prematuro “...toda vez que el pronunciamiento definitivo a que alude el art. 14 de la Ley 48 es el que denegó la reposición y no aquél contra el cual se dirige la apelación [extraordinaria] federal.”[3] 

          11.          Posteriormente, el denunciante presentó ante la Corte Suprema recurso de revocatoria y aclaratoria contra el pronunciamiento del 6 de septiembre de 1988, dictado por el mismo tribunal.  El 24 de noviembre de 1988, la Corte Suprema desestimó la revocatoria por improcedente, considerando que no habían sido rebatidos los fundamentos de la decisión impugnada, y declaró inadmisible la petición de aclaratoria por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 166 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,[4] ni guardar relación con lo resuelto  por dicha Corte. 

          12.          El peticionario sustenta su denuncia ante la Comisión argumentando que le fue negado su derecho a apelar una sentencia condenatoria ante un tribunal o juez superior.  Afirma el peticionario que la negativa de conocer de su recurso de apelación por parte del juez de segunda instancia se debió a un error en la interpretación del valor cuestionado a que alude el artículo 242 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

          II.          TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN 

          13.          La Comisión remitió al Estado la petición el 13 de junio de 1989; éste contestó el 12 de septiembre de 1989 solicitando el rechazo de la denuncia por falta de agotamiento de los recursos internos. 

          14.          La respuesta del Estado fue remitida al peticionario el 20 de setiembre de 1989.  Este, a su turno, contestó el 19 de octubre de 1989, manifestando que sí había agotado los recursos internos. 

          15.          El 1º de noviembre de 1989, fueron remitidas al Estado las observaciones realizadas por el peticionario.  En su respuesta de 12 de enero de 1990, el Estado expresó que seguía pendiente el agotamiento de los recursos internos. 

          16.          El 25 de octubre de 1993, la Comisión solicitó información adicional al peticionario, en vista de que el mismo no había contestado el traslado de la respuesta del Estado, y que habían transcurrido tres años desde su última comunicación.  El 20 de diciembre de 1993, el peticionario respondió reiterando el contenido de la denuncia. 

          17.          En comunicación del 3 de mayo de 1994, el Estado contestó las observaciones efectuadas por el peticionario, informando que ya se habían agotado los recursos de la jurisdicción interna argentina. 

          18.          El peticionario respondió al pedido de información de la Comisión mediante escrito fechado el 28 de junio de 1994, nuevamente exponiendo los argumentos anteriores. 

          19.          El Estado respondió el 11 de agosto de 1994 a las observaciones del peticionario que le fueron transmitidas por la Comisión, solicitando la declaración de inadmisibilidad de la denuncia en virtud del artículo 47.b de la Convención Americana. 

          20.          El 19 de septiembre de 1994, la Comisión solicitó al peticionario la formulación de sus observaciones al escrito presentado por el Estado el 11 de agosto de 1994.  El 18 de enero de 1995 la Comisión reiteró dicha solicitud. 

          21.          El 8 de febrero de 1995, el peticionario presentó sus observaciones finales, insistiendo en las posturas anteriormente sostenidas ante la Comisión. 

          III.          POSICIÓN DE LAS PARTES 

          A.          El peticionario 

          22.          En sus primeras observaciones a la respuesta del Estado, el peticionario indicó que el recurso extraordinario a que se refería el Estado era el interpuesto por su anterior representada, ELCER S.A. contra la misma multa.  Argumentó que aún cuando la Corte Suprema resolviera favorablemente el recurso extraordinario interpuesto por ELCER S.A., la multa a él impuesta seguía vigente.  Insistió, además, en la solicitud de medidas cautelares en razón de que la parte actora podía en cualquier momento ejecutar la multa. 

          23.          El peticionario expresó posteriormente que la sanción impuesta contra él aun no había sido ejecutada y que esto se debía, a su entender, a la intervención de la Comisión y a la suspensión de los plazos en el juzgado de primera instancia. Agregó que el tiempo transcurrido sin que se le hubiera ejecutado la sanción implicaba, de por sí, una violación a las mínimas garantías jurídicas. 

          24.          Al responder la tercera comunicación del Estado, el peticionario reiteró que ya había agotado los recursos internos cuando efectuó su primera presentación a la Comisión.  Insistió en que no pudo recurrir la sanción que le fue impuesta y que ningún Tribunal se pronunció sobre el fondo del asunto.  Señaló que no cuestionaba la multa sino la imposibilidad de recurrirla.  Argumentó que no era cierto que los recursos de los que dispuso fueran los previstos en la legislación ordinaria y que las denegatorias de los mismos hubiesen tenido fundamento en normas legales. 

          25.          En sus últimas observaciones ante la Comisión, el peticionario sostuvo que sus derechos no podían ser afectados por un recurso del que no era parte, supuestamente pendiente ante la Corte, cuya existencia desconocía.  Insistió en que interpuso los recursos adecuados. 

          B.          El Estado 

          26.          El Estado contestó la denuncia solicitando la inadmisibilidad de la denuncia por falta de agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, ya que en ese momento se hallaba en trámite un recurso extraordinario ante la Corte Suprema.  Expuso también que todos los recursos interpuestos por el señor Ernesto Máximo Rodríguez descalifican “el agravio del recurrente en cuanto a que se le habría impedido el acceso a los recursos de la jurisdicción interna”. 

          27.          En su segunda comunicación a la Comisión, el Estado manifiesta que la sanción fue impuesta tanto al peticionario como a su representada, formándose así un litisconsorcio necesario o cuasinecesario.  a criterio del Estado, ello implicaba que una decisión afectando a ELCER S.A. también afectaba al denunciante y viceversa, por lo que, estando un recurso pendiente interpuesto por la patrocinada del denunciante, no se habían agotado los recursos internos.  Sin embargo, afirmó que el 31 de octubre de 1989, la Corte Suprema declaró mal concedido el recurso de apelación interpuesto por ELCER S.A., último recurso que, según el Estado en su primera respuesta a la Comisión, estaba pendiente de resolución.

           28.          Adicionalmente, manifestó que el denunciante no utilizó en tiempo y contra las resoluciones recurribles los remedios que el derecho interno argentino tenía a su disposición.  Luego de enumerar todos los recursos interpuestos por el peticionario y su patrocinada, fundamenta su tesis en que los recursos interpuestos por ELCER S.A., patrocinada por el denunciante, fueron prematuros y contra resolución que no era la definitiva y extemporáneos por no haber articulado en tiempo oportuno el respectivo remedio.  Por dichas razones consideró el Estado que no hubo violación del artículo 8 de la Convención Americana. 

          29.          En lo que concierne a la supuesta violación del artículo 25 de la Convención Americana, afirmó el Estado que en la legislación argentina existían recursos que amparan la violación de derechos fundamentales y que el peticionario no interpuso los recursos en tiempo y forma.  Agregó que el derecho de acceso no podía ser confundido con la pretensión de una resolución favorable.  El Estado justificó además la legalidad de las razones que llevaron a la juez de primera instancia a imponer la sanción procesal al denunciante y a su patrocinada. 

          30.          Posteriormente, el Estado sostuvo que el juez de primera instancia produjo un auto interlocutorio, es decir, sin alcance de sentencia definitiva, imponiendo multa a la demandada, ELCER S.A. y a su letrado, el peticionario en el presente caso.  Hizo un recuento de los recursos interpuestos por el peticionario y  reiteró que ya se habían agotado los recursos internos, de conformidad con los principios de derecho internacional generalmente reconocidos y expresó con claridad que se satisfacían los requisitos del artículo 46.1.a de la Convención Americana. 

          31.          Señaló el Estado que los recursos de que dispuso el peticionario eran los previstos en la legislación ordinaria nacional, que las denegatorias tuvieron fundamento en normas legales, que no hubo discriminación alguna respecto del peticionario quien, en ocasiones, por sus propios actos frustró la ocurrencia satisfactoria del recurso.  Solicitó que la Comisión declarara la inadmisibilidad al tenor de lo dispuesto por el artículo 47 de la Convención Americana y por el artículo 41 de su Reglamento. 

          32.          En su última comunicación a la Comisión respecto a este caso, el Estado apuntó que, si en gracia de discusión, se aceptara que la argumentación de recurso pendiente, resuelto en sentencia del 31 de octubre de 1989, efectuada por el Estado en su primer escrito, fuera improcedente por haber sido interpuesto por ELCER S.A. y no por el peticionario, esto no invalidaba los demás recursos presentados.  Afirmó que la decisión de la Corte tenía efecto respecto de la unidad de la decisión que impuso la multa y que afectaba a parte y a letrado.  Insistió en la formación de litisconsorcio necesario entre representada y letrado. 

          33.          Agregó el Estado que la decisión de la Corte Suprema sobre el recurso extraordinario planteado por ELCER S.A. estaba pendiente, por lo que la resolución que impuso la sanción procesal a dicha compañía y al peticionario no se encontraba firme.  Expresó que para ser procedente, el recurso extraordinario debió haber sido interpuesto contra la decisión del 5 de febrero de 1988 que denegó la reposición y no contra la resolución del 2 de octubre de 1987 que declaró mal concedido el recurso.  Más adelante señaló de nuevo que el peticionario sí había tenido acceso a los recursos internos y había podido agotarlos.  Finalmente solicitó que la Comisión declarara la inadmisibilidad de la petición con base en el artículo 47 de la Convención Americana y en el artículo 41 de su Reglamento. 

          IV.          ADMISIBILIDAD 

          A.          Requisitos del artículo 46 

          34.          El artículo 46 de la Convención Americana establece los requisitos para que una denuncia sea admitida.  La Comisión considera oportuno referirse, en primer lugar, a la manifiesta contradicción en que incurrió el Estado a propósito del agotamiento de los recursos internos. 

          35.          Si bien en las primeras observaciones presentadas ante la Comisión el 12 de septiembre de 1989, el Estado manifestó que el peticionario no había agotado los recursos de jurisdicción interna y, como prueba de su afirmación, presentó la constancia de un recurso pendiente ante la Corte Suprema, en la siguiente comunicación remitida a la Comisión el 26 de marzo de 1990, el Estado declaró que dicho recurso ya había sido resuelto, aunque expresó que el denunciante no había utilizado en tiempo y contra las resoluciones recurribles los remedios que el derecho interno argentino tenía a su disposición. 

          36.          En ulterior comunicación de fecha 3 de mayo de 1994, el Estado reiteró que ya se habían agotado los recursos de jurisdicción interna y afirmó que se satisfacían los requisitos del artículo 46.1. 

          37.          A pesar de lo indicado, el 11 de agosto de 1994, el Estado, en las últimas observaciones remitidas a la Comisión, apuntó que la decisión que impuso la sanción procesal al peticionario y a su representada no se encontraba firme, esto es, el recurso extraordinario de apelación interpuesto por ELCER S.A. estaba aún pendiente ante la Corte Suprema. 

          38.          El Estado sostuvo en el mismo escrito que el peticionario sí había tenido acceso a los recursos de jurisdicción interna y había podido agotarlos. 

          39.          De lo expresado se deduce que el Estado desconoció lo que ya había afirmado en anteriores escritos, incluido el último, referente al agotamiento de recursos de jurisdicción interna por parte del peticionario.  No podía el Estado, en virtud del principio de estoppel, afirmar primero que los recursos de jurisdicción interna estaban agotados, para luego manifestar lo contrario.  De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para tal conducta rige la regla de non concedit venire contra factum proprium.[5] 

          40.          En consecuencia, dado que el Estado finalmente renunció a la excepción prevista por el artículo 46.1.a., la Comisión da por sentado que el peticionario agotó los recursos de jurisdicción interna;[6] esto, sin perjuicio de que más adelante, en la determinación de la supuesta violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, vuelva a pronunciarse sobre dichos recursos.[7] 

          41.          La denuncia reúne los requisitos de admisibilidad contemplados en el artículo 46 de la Convención Americana y 32 de su Reglamento: 

          a.       El peticionario ha agotado los recursos de jurisdicción interna. 

          b.       La petición fue presentada dentro de los plazos establecidos por el artículo 46.b de la Convención Americana y el artículo 38 del Reglamento de la Comisión. 

          c.       La materia objeto de la petición no está pendiente de ningún otro procedimiento internacional.  

          B.          Requisitos del artículo 47 

          42.          El artículo 47 de la Convención Americana establece los casos en que la Comisión debe declarar inadmisible una petición.  El apartado "b" de dicho artículo se refiere a los casos en que la petición no exponga hechos que tiendan a caracterizar una violación de los derechos garantizados en la Convención Americana, aunque se hallen reunidos los requisitos del artículo 46. 

          43.          Atendiendo a la información disponible en el presente caso, la Comisión debe proceder al análisis de los hechos denunciados a fin de establecer si podrían configurar una violación de los derechos humanos protegidos por los artículos 8.1 y 8.2.h, 11, 21 y 25 de la Convención Americana, invocados por el peticionario. 

          V.          ANÁLISIS 

          A.      Derecho de recurrir un fallo condenatorio ante un tribunal o juez superior (artículo 8.2.h) 

          44.          El artículo 8.2 de la Convención Americana se refiere a las garantías mínimas que tiene toda persona inculpada de delito, como parte del derecho a la presunción de inocencia.  Para establecer la aplicabilidad del Artículo 8.2.h, la Comisión debe determinar si la sanción pecuniaria, impuesta por el juez al peticionario en este caso en razón de su conducta procesal, es de naturaleza penal. 

          45.          Como ya fue anotado, esta sanción estaba incluida en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; su ámbito de aplicación se restringe exclusivamente a la conducta procesal en un trámite de remate, como se deduce de los argumentos que el juez de primera instancia esgrimió al sustentar la medida.[8] 

          46.          Por otra parte, la Comisión estima que el monto de la multa no es suficiente criterio para determinar su naturaleza criminal.  El monto de U.S. $10.000, que según el peticionario constituye el valor de la multa que le impusieron, nunca fue establecido por un órgano jurisdiccional, por lo que no puede ser tomado como referencia. 

          47.          La Comisión destaca un aspecto fundamental que caracteriza a la sanción aplicada en este caso, que no ha sido mencionado por las partes: la multa se impone solamente a favor del ejecutante cuando el ejecutado hubiese demorado injustificadamente el trámite.  A ello debe agregarse que la misma norma citada[9] prevé que la multa impuesta lo será "...sobre la base del importe de la liquidación aprobada", es decir que se determina en la sentencia de remate. 

          48.          Los elementos mencionados llevan a considerar que la medida aplicada al peticionario en este caso no tiene carácter punitivo, sino más bien el de una indemnización complementaria para el ejecutante.  La ley otorga al magistrado la facultad de disponer esta medida para compensar al ejecutante por el perjuicio económico que le pudiera haber ocasionado la conducta de la contraparte.  La naturaleza sería más similar a la de las costas de un juicio, consecuencia jurídica que se impone a la parte perdidosa, y que ciertamente no tiene naturaleza criminal. 

          49.          Medidas como la impuesta al peticionario son un elemento más con que cuenta un Estado para garantizar una adecuada administración de justicia, dentro del adecuado engranaje del poder judicial en un régimen democrático. 

          50.          En mérito al análisis que antecede, la Comisión concluye que la medida procesal aplicada al peticionario carece de naturaleza penal.  En consecuencia, el artículo 8.2 resulta inaplicable al presente caso. 

          B.       Derecho a ser oído con las debidas garantías judiciales (artículo 8.1) 

          51.          El peticionario alega que no le fue permitido el acceso a los recursos de jurisdicción interna que hubieren hecho posible la revisión de la legalidad de la multa impuesta por el juzgado de primera instancia.  En el caso en particular, procede la Comisión a determinar si la negativa de conceder el derecho de apelación podría constituir una violación de las garantías procesales establecidas en el artículo 8.1.  

          52.          Se debe analizar, en primer lugar, si para la determinación de la legalidad de la sanción que le fuera impuesta, el peticionario tuvo derecho a ser oído, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley. 

          53.          En la imposición de la sanción pecuniaria al peticionario, la Comisión no observa ninguna violación del artículo 8.1 de la Convención Americana.  La misma fue impuesta en el curso de un proceso civil de ejecución hipotecaria, que cursaba en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Especial Civil y Comercial No. 2.  El peticionario no cuestionó en momento alguno la independencia e imparcialidad de la juez a cargo, como tampoco de los demás magistrados de distintas instancias que entendieron en la causa. 

          54.          En este caso en particular, la Comisión no considera susceptible de revisión las razones de derecho interno que llevaron a dicha magistrada a imponer una sanción de naturaleza procesal al peticionario. 

          55.          En principio, en sociedades democráticas en que rige el Estado de Derecho y en que los tribunales funcionan de acuerdo a un sistema constitucional de separación de poderes, son dichos órganos jurisdiccionales o, según el caso, los colegios de abogados y no los órganos internacionales, las instancias adecuadas y competentes para evaluar y definir la gravedad de la conducta procesal de un abogado y la procedencia de la imposición de determinada sanción, que, por supuesto, debe estar previamente definida por la ley, como en el presente caso. 

          56.          Es de advertir que el artículo 8.1 no contempla expresamente el derecho de apelación ni contiene un recurso judicial como tal, sino que incluye el conjunto de garantías que deben observarse en las distintas instancias procesales.  Este conjunto de garantías conforman el llamado debido proceso legal y no son otras que las condiciones que deben reunirse para asegurar una adecuada defensa de aquellas personas cuyos derechos y obligaciones están bajo consideración judicial.[10] 

          57.          De la lectura del expediente, la Comisión no encuentra constancias que podrían caracterizar una transgresión de las garantías procesales contempladas en el artículo 8.1 de la Convención Americana.  El peticionario acudió a distintas instancias judiciales con el fin de hacer revisar, de una parte, la resolución mediante la cual la juez de primera instancia le impuso una sanción procesal y de otra parte, la providencia que declaró mal concedido el recurso de apelación, dictada por la Cámara de Apelaciones. 

          58.          No encuentra la Comisión que las garantías previstas por el artículo 8.1 de la Convención Americana hayan sido conculcadas por los tribunales al decidir los distintos recursos interpuestos por el peticionario.  Como se desprende de lo señalado en el primer capítulo de este informe, los recursos fueron resueltos por tribunales establecidos previamente por la legislación argentina, cuya diligencia, competencia e imparcialidad no fueron cuestionadas por el peticionario. 

          59.          Respecto al derecho de apelación, la Comisión observa que las sucesivas denegatorias fueron decididas con base en la interpretación de las normas vigentes que hicieron los magistrados en las tres instancias. 

          60.          En el caso en concreto, considera la Comisión que el Estado argentino, al aplicar el artículo 242 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para negar el recurso de apelación interpuesto por el peticionario, ejerció una facultad legal plenamente establecida por dicha norma.  De la lectura de esta última resulta que la cuantía del capital reclamado en la demanda era el criterio que determinaba si una resolución judicial era susceptible de apelación. 

          61.          No corresponde a la Comisión analizar si el camino escogido por el peticionario en este caso fue o no el adecuado con el fin de obtener la apelación respectiva, ni evaluar las razones que llevaron a los tribunales a negar la apelación solicitada por el denunciante.  Si fuera cierto que la Cámara hizo una interpretación errónea del artículo 242 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación porque no calculó de manera adecuada el monto de la sanción para efectos de conceder la apelación, también es cierto que el peticionario tuvo la posibilidad de remediar tal situación.  La CIDH observa que el peticionario no solo tuvo oportunidad de hacer revisar la providencia que declaró mal concedida la apelación, sino que además interpuso varios recursos para tal fin. 

          62.          Los hechos del caso conducen a indicar que el peticionario optó por un camino procesal que, como lo estableció la Corte Suprema, obstaculizó la posibilidad de revisión de su proceso.  En el caso en particular, si la Corte Suprema manifestó que una falta de pericia procesal por parte del peticionario condujo a eliminar las posibilidades de revisión de la sanción a él impuesta, este criterio no puede ser cuestionado por la Comisión.  Las normas fijadas en el campo del derecho procesal, cuya aplicación corresponde a los magistrados, obedecen a criterios metodológicos orientados a ordenar la utilización de las acciones y hacer más efectivo el trabajo judicial.

           63.          Por otra parte, el peticionario no explicó si las razones que llevaron a los  tribunales a negarse a revisar el fallo que declaró mal concedida la apelación no encontraban asidero en normas legales. 

          64.          En el caso en particular, el denunciante nunca cuestionó la ausencia de garantías judiciales cuando las distintas instancias judiciales resolvieron los recursos por él interpuestos; tampoco existe en el expediente constancia alguna que conduzca a la Comisión a una conclusión en tal sentido.  El resultado sería diferente si la Comisión encontrara que, en la aplicación de las herramientas procesales, los tribunales domésticos hubieran violado algún derecho protegido por la Convención Americana. 

          65.          Por los motivos expuestos, la Comisión concluye que los hechos expuestos en la presente petición no caracterizan una violación del artículo 8.1 de la Convención Americana. 

          C.          Derecho a la protección judicial (artículo 25) 

          66.          El artículo 25 de la Convención Americana sólo puede considerarse violado ante la ausencia de un recurso sencillo y rápido que permita remediar una posible violación de un derecho reconocido en la Convención Americana o en la legislación nacional. 

          67.          Quedó establecido que los hechos expuestos en el presente caso no configuran una violación del artículo 8.1 de la Convención Americana.  La determinación de una posible violación del artículo 25 está íntimamente ligada, en este caso, con la determinación de la violación del artículo 8.1, pues el peticionario alegó la falta de acceso a los recursos de jurisdicción interna.  Sin embargo, en beneficio de lograr el análisis más claro posible, la Comisión analizará la cuestión del acceso a los recursos de jurisdicción interna en este caso a la luz del derecho a la protección judicial. 

          68.          De la lectura del expediente y del análisis de las normas pertinentes, en especial del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación aplicable al caso en particular, la Comisión reitera que el peticionario utilizó todos los recursos que la jurisdicción interna preveía para hacer revisar la legalidad de la multa que le fuera impuesta. 

          69.          Las legislaciones domésticas no codifican todos y cada uno de los casos, como tampoco las maneras de recurrir las providencias correspondientes.  Observa la Comisión que, en el presente caso, a pesar de la falta de definición legal sobre los recursos aplicables, el peticionario podía optar, como en efecto lo hizo, por un determinado camino procesal como estrategia de litigio. 

          70.          En el expediente del caso no se define expresamente cuáles eran los recursos adecuados para impugnar la sentencia que declaró mal concedido el recurso de apelación emitida por la Cámara.  A pesar de ello,  sí quedó en claro que el peticionario tuvo a su disposición varios recursos para tratar de remediar la denegatoria de la Cámara, y que los utilizó en más de una oportunidad.

          71.          El hecho que el peticionario no obtuviera resultados positivos en su objetivo de hacer revisar la sanción a él aplicada por la juez de primera instancia pertenece, en el caso concreto, a la esfera de los tribunales domésticos.  Estos últimos eran los más indicados, en principio, para determinar si el denunciante se había equivocado en la utilización de los recursos que el derecho argentino tenía a su disposición.  Al respecto, la Comisión ha establecido: 

          La protección judicial que reconoce la Convención comprende el derecho a procedimientos justos, imparciales y rápidos, que brinden la posibilidad, pero nunca la garantía de un resultado favorable.  En sí mismo, un resultado negativo emanado de un juicio justo no constituye una violación de la Convención.[11] 

          72.          Un posible error por parte de la Cámara en la interpretación del artículo 242 del Código Procesal y Civil de la Nación invocado por el peticionario no constituye suficiente argumento, en el caso concreto, para determinar la violación de un derecho protegido por la Convención Americana.  Si existió tal error --lo que no fue probado-- el mismo pudo haber sido remediado.  El peticionario, aparentemente,  escogió una vía procesal inapropiada para lograr su objetivo, según lo estableció la propia Corte Suprema de Argentina. 

          73.          Como ya se ha determinado en anteriores oportunidades al aplicar la llamada "fórmula de la cuarta instancia": 

          ... la Comisión no puede revisar las sentencias dictadas por los tribunales nacionales que actúen en la esfera de su competencia y aplicando las debidas garantías judiciales, a menos que considere la posibilidad de que se haya cometido una violación de la Convención Americana.[12] 

          74.          En el presente caso, el peticionario concurrió ante los tribunales con el objeto de ejercer los remedios judiciales que estaban a su disposición para hacer revocar el primer fallo de la Cámara.  Además de tener libre acceso a múltiples recursos, tuvo la oportunidad de ejercerlos.  La Comisión no encuentra elementos que conduzcan a determinar que el peticionario no tuvo acceso a un recurso efectivo, ante los tribunales competentes, para hacer revisar la legalidad de la medida procesal que le fue impuesta. 

          D.      Derecho a la protección de la honra y de la dignidad (artículo 11); derecho a la propiedad privada (artículo 21)  

          75.          El peticionario sustenta su denuncia en la imposibilidad de hacer revisar la sanción por un tribunal superior y de la falta de acceso a los recursos de la jurisdicción interna de su país.  Expresa que como consecuencia de las supuestas violaciones a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, también resultarían violados su derecho al respeto de su honra y reconocimiento de su dignidad, así como su derecho a la propiedad privada. 

          76.          La Comisión no ha encontrado en el caso en particular, violación alguna de las normas de debido proceso protegidas por la Convención Americana e invocadas por el peticionario.  Además, la petición no contiene argumentos que ameriten el análisis de las supuestas violaciones a los artículos 11 y 21, por lo que la Comisión estima que este aspecto de la denuncia carece de fundamento y de procedencia. 

          VI.          CONCLUSIÓN 

          77.          La CIDH concluye que la presente petición reúne los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 46 de la Convención Americana.  Igualmente, con base en el precedente análisis, la Comisión concluye que la petición no expone hechos que caractericen una violación de los derechos a las garantías judiciales o del derecho a la protección judicial, protegidos por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana.  Por lo tanto, resulta aplicable el artículo 47.b del citado instrumento. 

          78.          En cuanto a las supuestas violaciones al derecho a la protección de la honra y de la dignidad, y al derecho a la propiedad privada, protegidos en los artículos 11 y 21 de la Convención Americana, la Comisión concluye que la denuncia es manifiestamente infundada e improcedente, por lo que corresponde aplicar el artículo 47.c de dicha Convención. 

          79.          Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, 

               LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 

DECIDE: 

          A.          Declarar la inadmisibilidad del presente caso, conforme al artículo 47 de la Convención Americana. 

          B.          Transmitir el presente informe a las partes; hacerlo público; e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.