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CAPÍTULO XI CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES GENERALES
1. Para definir la situación de los derechos humanos en el Brasil, la Comisión considera indispensable resaltar que existen diferencias en cuanto a su vigencia interna y que en el país están teniendo lugar cambios profundos. Las diferencias oponen a las áreas donde los derechos básicos del ser humano son respetados y garantizados, con áreas donde la inseguridad y el temor a la violación de esos derechos son comunes. Esos contrastes se dan, a veces, entre Estados, a veces entre grupos humanos de determinada región del país y, aún, entre el texto legal y su aplicación por demás laxa. 2. Las transformaciones en curso, muchas de ellas positivas, surgen de movimientos históricos de lucha popular por los derechos humanos y del innegable impulso empleado por el Gobierno que preside el doctor Fernando Henrique Cardoso y la implantación del Plan Nacional de Derechos Humanos. 3. Existe una gran distancia entre la estructura de las disposiciones constitucionales y de las instituciones legales creadas para defender los derechos humanos, y la persistente violencia y la falta de garantías prácticas que asolan algunos ámbitos sociales y geográficos. En el Brasil hay una amplia variedad de leyes y de instituciones públicas y privadas que defienden los derechos humanos, así como una amplia libertad de expresión, de prensa y de asociación, en un sistema político abierto y operante para la solución de los conflictos sociales. No obstante, tal como lo reconoce el Gobierno, existen también graves problemas de violación de los derechos humanos, cuya solución requiere el compromiso máximo del Estado y de la sociedad. 4. Los ámbitos donde es más frecuente la violación de los derechos humanos y donde la red legal de protección es menos eficaz, son aquellos donde se manifiestan los ataques a los sectores más vulnerables de la sociedad brasileña, a saber: los campesinos empobrecidos, los menores carentes de lazos familiares de protección y crecimiento, los indígenas, las personas sospechosas de participación en actividades ilícitas y las que por mera presencia en determinado lugar se ven envueltas en situaciones de violencia. 5. Sin desconocer los progresos logrados por el Gobierno actual, el Estado aún no ha brindado las garantías necesarias a sectores importantes de la población brasileña con objeto de asegurar sus derechos humanos, sea por medio de sus instituciones preventivas, como la policía o la justicia, o merced a esfuerzos institucionales para mejorar la discriminatoria desigualdad de oportunidades socioeconómicas y culturales. La profundidad de esas desigualdades, en el Brasil, crea la obligación de colocar todo el aparato del Estado y la voluntad política de sus dirigentes en favor de la desaparición gradual y lo más rápida posible, de esa discriminación. 6. La Comisión destaca que esta desigualdad discriminatoria también genera violaciones, sea porque los perjudicados se rebelan frente a la injusticia y son reprimidos ilegalmente, sea porque provoca situaciones de ilegalidad generalizada (como las favelas controladas por traficantes, o las zonas rurales sometidas al control impune de intereses que recurren a pistoleros). 7. El sistema judicial, primera salvaguardia de las garantías que debe ofrecer el Estado, padece de lentitud, formalismos complejos e innecesarios y debilidades institucionales. Éstas son resultado de la impunidad institucionalizada de funcionarios policiales por sus propios abusos o de grupos de delincuentes protegidos por la policía o de la inoperancia del sistema judicial. Se recurre a las barreras jurisdiccionales entre los Estados y la Unión para demorar la acción de la justicia y burlarla, facilitando de esta forma la acción de los delincuentes. Fueros especiales y no justificados, como el de la justicia militar para juzgar los abusos o delitos de los funcionarios policiales, coadyuvan a la impunidad. 8. Existen en el Brasil zonas de violencia que generalmente suscitan abusos contra los derechos humanos. La situación rural, tanto en relación con la pobreza como a la distribución de oportunidades, lleva a situaciones explosivas como las que facilitan el trabajo forzado o esclavo, los enfrentamientos en torno al acceso a la tierra y a las posibilidades productivas, y el éxodo de las jóvenes del medio rural que se convierten en víctimas de la explotación sexual. 9. Los pueblos indígenas, aunque hayan obtenido el reconocimiento legal y la propiedad de tierras entre otras reivindicaciones efectivas, padecen la demora del Estado en llevar a cabo la demarcación y escrituración definitiva de sus predios, y éstos aún son objeto de continuas intrusiones. 10. Muchos niños brasileños carecen de la protección natural de sus familias, de la comunidad y del Estado, y sufren las consecuencias de la marginación, la explotación sexual y la represión abusiva y los malos tratos en establecimientos especializados. Esto debe constituir una prioridad para la acción actual de los gobiernos, aunque la profundidad y urgencia de los problemas exigen una intensificación de los esfuerzos. 11. El tratamiento de la población carcelaria, tanto de los detenidos que aguardan ser juzgados como de los presos que cumplen condena, constituye otra fuente permanente de violencia y abusos contra los derechos humanos. La superpoblación de las cárceles, las instalaciones inadecuadas y la formación deficiente del personal se suman a la actitud de reacción de las autoridades frente a las crisis constantes. Las autoridades deben acordar prioridad a la negociación como política normal de solución de los conflictos y a la adecuación del sistema penal a las necesidades reales de seguridad de la población interna y general. 12. No siempre los esfuerzos del gobierno federal y de sus instituciones encuentran la adhesión esperada de los gobiernos estatales o de los órganos de sus distintos poderes. 13. En distintos capítulos de este informe, la Comisión analiza situaciones problemáticas, comenta los esfuerzos del Gobierno y ofrece recomendaciones concretas. El Plan Nacional de Derechos Humanos, trazado en forma participativa por el Estado brasileño, presenta propuestas serias y potencialmente eficaces para hacer frente a estas situaciones. Su puesta en práctica comienza a rendir resultados y mejoras de algunos indicadores. Algunas iniciativas estatales también están determinando cambios positivos. No obstante, cabe resaltar que sólo la voluntad política de aplicarlo a fondo y utilizando todos los recursos federales, estatales y municipales, hará que su éxito sea creciente y permanente. 14. De acuerdo con su mandato, la Comisión, complementando sus recomendaciones concretas presentadas en los distintos capítulos que configuran este informe, recomienda, asimismo, que:
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