CAPITULO VI

 LOS COMITES VOLUNTARIOS DE AUTODEFENSA CIVIL

      I.  Sus orígenes o naturaleza 

     Los Comités Voluntarios de Autodefensa Civil, más conocidos por su nombre anterior de Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), fueron creados por el régimen militar de facto que encabezaba el Gral. Efraín Ríos Montt, a finales del año 1981, dentro de su política de exterminio de la guerrilla a través de la reubicación de la población indígena y la erradicación o muerte de toda persona o comunidad de personas sospechosas, a través de procedimientos violatorios de los derechos humanos.[69] 

     Inicialmente fueron creadas en el Departamento del Quiché, y en 1982 fueron generalizadas a los de Huehuetenango, Sololá, Totonicapan, Chimaltenango, Alta Verapaz, Peten, San Marcos, y Suchitepequez.  Un alto vocero del Ejército explicaba sus propósitos en 1987 así: 

     ... (Las PAC) tenían el objetivo de aislar a la insurgencia de la población, y garantizar la presencia de la institución castrense en las zonas afectadas denominadas áreas de conflicto.[70]70] 

     Según fuentes del Ejército, en algunos períodos las patrullas estaban integradas por más de 800.000 miembros.  Una fuente sindical campesina (la Coordinación Unica Campesina), describe así las prácticas de las patrullas: 

     La práctica ha sido, por nueve años, de acompañar al Ejército en sus rastreos y operaciones militares, a veces de guías, a veces en el centro de una columna uniformados de kaibiles (tropa de élite) o con ropa campesina.  Hay PAC organizadas por los destacamentos en patrullas que llaman "especiales" que son como puro ejército.  Los manda a atacar a los guerrilleros.  Las PAC patrullan los cantones y aldeas, carreteras, puentes, hacen vigilancia en los puestos del ejército.  Llevan leña a los cuarteles, a los comisionados militares.  Los tienen para avisos, para controlar los pasos de cada dirigente de la comunidad y de las organizaciones populares..., religiosos, desplazados, maestros.  Tienen que cumplir turnos de 12 hasta 24 horas, y si no cumplen tienen que pagar quien les haga el turno o pagar multa, o irse a la cárcel, como ha ocurrido en muchos pueblos.
 

     ... Son múltiples las violaciones a los derechos humanos: masacres de ancianos, mujeres y niños, secuestros en casas y en caminos, violaciones de mujeres, amenazas, cobros ilegales de impuestos y robos.  Han prohibido la circulación, las reuniones, las organizaciones, las salidas a trabajar a la costa.  El Procurador Adjunto Lic. Alvarez Guadamuz fue víctima de sus agresiones, diputados indígenas que se han atrevido a pedir su disolución y denunciar sus acciones han sido atacados por las PAC... 

     II.      El rechazo a participar en las patrullas y sus consecuencias.  El caso Chunimá 

     En un caso en el que intervino la Comisión tres residentes de Chunimá que rechazaron participar en las patrullas voluntarias fueron asesinados el 27 de febrero de 1991.  Los mismos habían recibido amenazas poco antes de su asesinato por parte de los jefes de las patrullas civiles Manuel Perebal Ajtzalam III y Manuel León Lares, amenazas que denunciaron ante las autoridades.  Tal es el poder de los líderes de las patrullas que una orden de arresto contra los Jefes emanada del Juez de Paz el 17 de enero de 1991 no fue concretada.  Igualmente, cuando la Policía, en base a una reiteración de dicha orden judicial de arresto, trató de detener a dichos jefes el 26 de abril y el 13 de junio no lo pudo hacer pues las patrullas se lo impidieron.  Sólo cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó --a pedido de la Comisión--medidas cautelares contra otros vecinos amenazados, la Policía de Guatemala los arrestó en julio de 1991.  Pese al arresto y el procesamiento judicial de los jefes, los residentes de la zona han seguido denunciando amenazas de muerte por parte de los patrulleros, incluyendo los nuevos jefes de patrulla. 

     III.    Evolución reciente.  Su progresiva eliminación.  El resurgimiento desde agosto de 1992 

     Uniéndose a las voces de la gran mayoría de las organizaciones populares, de congresistas, organizaciones intergubernamentales, el relator de Naciones Unidas para Guatemala, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Conferencia Episcopal de Guatemala en su documento "500 Años Sembrando el Evangelio" (agosto de 1992)  han rechazado esta militarización del país, especialmente en el área rural, denunciando el reclutamiento forzado en las patrullas, sus abusos contra la población, la sustracción de campesinos de sus trabajos ordinarios, que causan la división de las comunidades indígenas. 

     Durante el Gobierno del Gral. Mejía Victores el nombre de las patrullas fue cambiado y se enfatizó en los documentos, aunque no así en la práctica, el carácter de voluntarias.  Durante el período 1987 a 1990 las mismas fueron desapareciendo en muchos lugares, coincidiendo con la reducción geográfica de las áreas de conflicto y de operación de los grupos armados irregulares. 

     En reunión efectuada en México el 8-8-92 entre representantes del Gobierno y de la UNRG se firmó un acuerdo sobre las Patrullas de Autodefensa Civil.  En dicho acuerdo el Gobierno se compromete a no crear nuevas patrullas, mientras que la URNG se compromete a no efectuar ataques o provocaciones a las existentes. 

     Tres días después, el 11 de agosto de 1992, el Ministro de Defensa Gral. García Samayoa declaró que "la autodefensa civil no será cancelada" y que los CAVC "son una necesidad en las comunidades rurales".  Se ha revertido desde entonces la tendencia a su desaparición y el Ejército viene reactivando las CAVC.  Al haberse restringido la presencia de la guerrilla, la explicación del Ejército para rearmarlas es la existencia de hechos de violencia común. 

     En algunos casos, y sin declaración legal de estado de excepción, las patrullas han establecido toques de queda de seis de la tarde a seis de la mañana, restringiendo el derecho de circulación y reunión de la población. 

     En sus observaciones a la versión preliminar de este informe el Gobierno indica que en muchas aldeas los habitantes decidieron la formación de comités, y que existe actualmente un mecanismo de control de la voluntariedad en el que participa el Procurador de los Derechos Humanos.

     IV. La remilitarización en las zonas rurales.  Las violaciones por las patrullas. 

     Desde agosto de 1992, la Comisión ha recibido denuncias que señalan las distintas formas que estaría tomando esta remilitarización de las zonas rurales.  De los muchos testimonios que ha recibido la Comisión se han seleccionado algunos que transcribe respetando su redacción original porque reflejan en detalle los problemas aludidos. 

     a)     Transcripción de una presentación ante el Juez de Paz de una ciudad del Quiché, firmada por veinte vecinos de un cantón, con fecha 23 de octubre de 1992.

     DENUNCIAMOS: 

     I.  Que el día 1^o de septiembre del año en curso el señor ex-soldado tomó el cargo de jefe de patrulla civil del cantón, dicho cargo no se lo dio la comunidad sino que él mismo lo tomó, desde ese entonces reorganizó las patrullas de nuestro cantón, el día 13 de octubre el señor organizó una reunión en nuestro cantón la cual consistía para dar aviso que todos los varones que cumplieran 15 años tenían que participar en la patrulla civil y hacer sus turnos como los adultos, dijo también que si los jóvenes de 15 años no se decidían por sí solos a prestar dicho servicio serían obligados por los demás patrulleros y que si no querían hacer sus turnos serían arrojados al río que pasa cerca del cantón o algún barranco cercano.
 

     Desde el día que él tomó ese cargo empezaron muchos problemas en nuestro cantón ya que él quiere mandar a las autoridades y así mismo a los comités ya que les dijo que tenían que cumplir todo lo que él diga, una de las órdenes que le dio a los del comité es de que le quiten sus chorros a todos los miembros del cantón que no estén prestando su servicio en la patrulla civil, dichos comités hicieron lo que él les mandó ya que le tienen temor, los miembros del comité obedecieron al señor ya que arrancaron tres chorros de agua potable, dichos chorros pertenecían a una persona que no participa en su patrulla civil y los otros dos a las personas que están atrasadas en las contribuciones del agua potable; el señor arriba indicado está vendiendo el agua potable de las personas que fueron quitadas.
 

     Actualmente el señor tiene un plan de eliminar a los que no están haciendo su patrulla, y a los que no cumplan sus órdenes, también a los miembros del cantón que estén en los Derechos Humanos; los mismos miembros de las patrullas que estuvieron en una reunión nos comunicaron de lo anteriormente descrito, ante todo lo denunciado anteriormente. 

     b)     Transcripción de una serie de denuncias recibidas el 30 de octubre de 1992, por la Comisión en su visita a Guatemala, sobre la reactivación de las PAC a partir de agosto de 1992.   

     -   En la segunda quincena de agosto y la primera de septiembre, el ejército intensificó la represión por medio de las patrullas civiles de diferentes aldeas y municipios, siendo ellos Nentón, Jacaltenango, Santa Ana Huista, La Democracia, La Libertad, San Ildelfonso, Ixtahuacán, Colotenango, San Pedro Necta, Santiago Chimaltenango, San Juan Atitán y San Sebastián Huehuetenango.  Cuando estaban en las aldeas salían a patrullar en las noches al mismo tiempo a controlar los líderes de las comunidades, tales como: catequistas, alcaldes auxiliares, pastores evangélicos, grupos de mujeres, etc.
 

     -   Los comisionados militares y comandantes de las patrullas civiles de la aldea Bella Vista del municipio de Santiago Chimaltenango, cada día están amenazando a todos los habitantes de dicha aldea, y quieren imponer a la fuerza nuevamente a las patrullas civiles, que en meses anteriores, los mismos habitantes decidieron ya no seguir patrullando.  Estos comisionados y comandantes, amenazan a la gente de cobrar multas si no cumplen los patrullajes, al mismo tiempo están diciendo que los que ya no quieren patrulla son guerrilleros.
 

     -   El comandante de las PAC de Colotenango, el comandante de las PAC de la aldea de Barranca del mismo municipio, Juan López Ramírez, han amenazado diariamente a todos los habitantes de las aldeas Xemal, Icala, Tixel, Tojlate e Ixconlaj, porque los acusan de ser guerrilleros, al mismo tiempo ponen puestos de registros de toda la gente los días sábados para ver qué cosas compra la gente en el mercado y a mucha gente le roban sus pertenencias.
 

     -   En la primera quincena de septiembre, los comisionados militares y comandantes de las PAC, del municipio de San Ildelfonso Ixtahuacan, de la aldea de San Miguel del municipio de San Ildelfonso Ixtahuacán, obligaron nuevamente a la gente para seguir con las patrullas civiles.
 

     -   En la aldea Buena Vista de la Democracia, el 23 de agosto, el ejército llegó a la aldea para decir a la gente que todos deben prestar servicio militar.  Al mismo tiempo obligaron a la gente a seguir en las patrullas civiles, esto bajo amenaza, por lo que la gente aceptó nuevamente los patrullajes, pero obligados por el ejército.
 

     -   El día 23 de agosto, el jefe del destacamento militar de la aldea Valparaíso, la Democracia, llegó a la finca Santa Rosa del mismo municipio a obligar a la gente a seguir las patrullas, y dijo que si llega el Procurador de los Derechos Humanos al lugar no hay que dejarlo entrar porque este señor es guerrillero y es politiquero, por lo que no hay que hacerle caso de lo que él dice.
 

     -   El 15 de agosto, el teniente del destacamento de Valparaíso y los comandantes de las patrullas civiles de la aldea Camojaíto, la Democracia, obligaron a la gente a poner 24 horas de turno a las patrullas civiles, esto sucedió porque los habitantes de la aldea solamente patrullaban en las noches.  En esta misma fecha el ejército colocó una manta en la aldea de Buena Vista del mismo municipio.  La manta estaba a nombre de la URNG.  Horas más tarde una persona de la aldea quitó dicha manta porque estaba en su terreno; este señor fue castigado en el destacamento militar y lo encerraron 24 horas allí.
 

     -   El día 9 de agosto, los patrulleros civiles (grupo 15) de Xemal capturaron al señor Juan Domingo Godínez, acusándolo de participar en grupos de la subversión.  Hicieron intentos de torturarlo en la garita de patrullas civiles y le preguntaban quiénes son los demás que están participando en la subversión.  Después de interrogatorios lo obligaron a firmar un acta en donde dice que si algo les pasara a los patrulleros, el señor Juan Domingo G. es el responsable; además en el acta dice que el señor Juan Domingo G. se comprometiera a no decir nada de la captura que le hicieron.
 

     - El 10 de agosto, el grupo número 17 de las PAC de la misma aldea de Xemal, más o menos a la 1:00 pm. empezaron a escandalizar en la aldea haciendo disparos con las armas.
 

     -   El 23 de agosto, el grupo número de 2 las PAC, de Xemal, a eso de medio día, sin justificación alguna empezaron a disparar sus armas de fuego sobre una señora.
 

     -   El día 3 de septiembre, un grupo de judiciales del ejército, llegaron a controlar a la gente en la aldea de Ical, municipio de Colotenango.
 

     -   El día 6 de septiembre los patrulleros de Xemal, capturaron al señor Juan López de la aldea de Tojlate, que estaba visitando algunos de sus familiares que vivían en dicha aldea, lo amenazaron de muerte y lo acusaron de guerrillero, el señor Juan López les pidió que lo soltaran porque lo que le decían es totalmente falso.  En ese mismo momento, le dijeron que estaban buscando al señor síndico Alfonso Morales Jiménez, para darle muerte en cualquier lugar donde lo encuentren.
 

     -   El 9 de septiembre, en la aldea La Cumbre, municipio de San Ildelfonso, Ixtahuacán, llegaron a la casa de José Velásquez, lo amenazaron de muerte diciéndole que deje de participar en grupos u organizaciones.  Al mismo tiempo, le preguntaron si sabía quiénes son guerrilleros en la aldea.  Finalmente, lo amenazaron de muerte si don José contaba de la llegada de ellos a su casa.
 

     -   El día 10 de septiembre una patrulla del ejército llegó en la aldea de Ical, amenazando a toda la gente de la comunidad y dijo al señor Marcos Aguilar que si no se organizan nuevamente en las patrullas civiles, que se fueran a refugiar en territorio mexicano o que se fueran de una vez con los guerrilleros en las montañas.
 

     -   El 15 de septiembre en la aldea de Xemal, los comandantes de las PAC Efraín Domingo Morales y otros amenazaron con arma de fuego al señor Alberto Velázquez de la misma aldea, acusándolo de ser guerrillero, antes de darle muerte al señor, llegó su esposa para prestarle ayuda, pero estos patrulleros dispararon 3 tiros de armas sobre ella y por suerte no le pegaron por lo que ella se defendió con todas sus fuerzas y pudo llevar a su esposo a la casa.
 

     -   El día 16 de septiembre, una patrulla del ejército llegó en la aldea La Cumbre, del municipio de Ixtahuacán ocuparon la escuela, destruyeron los pupitres de los niños.
 

     -   El 24 de octubre en horas de la mañana en el municipio de Colotenango, Huehuetenango;  los patrulleros civiles junto con soldados vestidos de civil, agarraron jóvenes forzadamente para el servicio militar, amenazándolos con armas de fuego entraron a la parroquia, sin respetar, los padres y madres de familia se fueron a exigir a los patrulleros que dejaran a sus hijos en libertad, los patrulleros al ver a la gente dispararon 40 cartuchos contra todos cuando estaban concentrados en la plaza (esto fue a las 11:30 am).  La gente a pesar de todo continuó exigiendo a sus hijos, por lo que los patrulleros llamaron a soldados del destacamento de Ixtahuacán, llegando 70 elementos militares como a la 1:30, también ellos encañonaron a todo el pueblo que estaba presente.  El teniente y soldados del destacamento militar de Ixtahuacán capturaron a un maestro y otras siete personas (por indicaciones que les dieron los patrulleros) los capturados fueron acusados de ser miembros de la guerrilla.
 

     c)     Transcripción de una presentación a la Comisión firmada por más de cien vecinos del Cantón Chupol, municipio de Chichicastenango del Quiché.
 

     1^o    Que a finales del mes de septiembre del presente año, apareció una carta anónima en una de las casas de nuestro cantón; la misma contenía un listado de nombres, diciendo que a las personas mencionadas se les debe de capturar a un plazo de 15 días.
 

     2^o  A partir del mes de octubre y lo que va del presente mes, el ejército ha estado orientando a los ex-jefes y jefes de patrulla, a los ex-comisionados y comisionados militares, al comité pro-mejoramiento y al de energía eléctrica, que funcionan en el cantón, para que obliguen a la gente a hacer de nuevo las patrullas, ya que desde el año de 1988 la mayoría de pobladores dejamos de patrullar y durante este año ya casi sólo los jefes de patrulla continúan haciéndola.  Además de ésto el ejército nos ha estado intimidando, haciendo grandes movilizaciones de tropa y embocándose cerca de nuestras casas durante el día y la noche; también a través de los ex-jefes y jefes de patrulla, ex-comisionados y comisionados militares y de los dos comités del cantón, dicen, que los que no hacen la patrulla son subversivos.
 

     Queremos manifestar que desde que ya no hacemos la patrulla (1988), nuestra situación ha mejorado y había tranquilidad en nuestro cantón, la que se ha perdido con el aparecimiento de la carta anónima y las amenazas que nos hacen para que hagamos las patrullas nuevamente.
 

d)     Transcripción de una denuncia pública de fecha 2 de septiembre de 1992.
 

     DENUNCIA:  Que el día 26 de agosto de este año en el Cantón San Pablo, de San Pedro Jocopilas, Quiché, en horas de la noche fue asesinado con arma blanca el señor Catarino Chanchavac Larios, de 21 años de edad, originario de la misma comunidad.
 

     El Sr. Chanchavac Larios ha resistido de no pertenecer a los "Comités Voluntarios de Autodefensa Civil", por tal razón según amigos y familiares, ha venido recibiendo control y amenazas de muerte de parte de Jefes y patrulleros del Cantón Santabal II y San Pablo del mismo municipio.  Este nuevo hecho de violencia se suma a los varios asesinatos ocurridos en ese lugar por las mismas circunstancias, por los mismos responsables denunciados anteriormente que siguen actuando en la impunidad.
 

     CONCLUSIONES 

     La Comisión considera que la creación de cuerpos de seguridad no reglamentados ni disciplinados, por fuera de la estructura, entrenamiento y supervisión interna y externa que deben ser el marco de las fuerzas del orden, es una fuente de conflicto y violaciones a los derechos humanos.  En primer lugar en la mayoría de los casos ni dependen ni están controlados por las autoridades civiles democráticamente electas de la comunidad, lo cual las hace una fuente alternativa de poder que exacerba tensiones y divisiones internas de la comunidad. 

     En segundo lugar, en tanto estén fuera del control de la estructura democrática de poder, se vuelven centros alternativos de poder local, fuentes de favoritismos, acciones ilegales y asumen ilegalmente poderes para su prestigio o provecho personal, apoyándose en su conexión real o pretendida con autoridades del Ejército o las fuerzas de seguridad.  En vez de ser una fuente de tranquilidad, pasan a ser la causa del miedo y angustia comunitaria.  Más aún, en las restringidas áreas donde aún subsisten movimientos irregulares armados, la reacción civil contraria a las patrullas de autodefensa reduce el apoyo de la población civil a las operaciones de contrainsurgencia, y lleva a la población asolada entre dos fuegos.  El Ejército, al percibir la frialdad del apoyo, lo interpreta como colaboracionismo con la guerrilla y en consecuencia castiga a la población. 

     La trágica y continua experiencia de violaciones a los derechos humanos originadas en la existencia y naturaleza de las patrullas civiles militarizadas, lleva a la Comisión a recomendar al Gobierno de Guatemala su inmediata disolución, y a la implantación de un servicio de policía plenamente organizada, profesional, dependiente de la autoridad civil, razonablemente remunerada, y capacitada para cumplir su acción por la seguridad y tranquilidad de la población con pleno respeto por los derechos humanos, y la ley guatemalteca. 

     Por último la Comisión quiere llamar la atención sobre el ejemplo de Santiago Atitlán, población de 38.000 habitantes, donde los mismos están experimentando un sistema de seguridad muy particular, desde que el Gobierno sacó el destacamento militar del área después de la masacre de trece paisanos por fuerzas militares el 2 de diciembre de 1990.  En el período en que el cuartel militar estuvo allí de 1975 a 1990, hubo 800 muertes violentas o desaparecimientos.  A partir del retiro del cuartel, en un experimento democrático y realmente voluntario de autodefensa, los atitlecos han creado un Comité pro Seguridad y Desarrollo electo por 78 grupos locales, que mantiene nueve rondas de doce personas cada una en turnos, patrullando los cantones que les corresponde.  También han puesto en práctica un sistema democrático de supervisión de su propia "policía".  Cada segundo día de cada mes, los pobladores se reúnen frente a la iglesia de Santiago y además de rememorar sus "trece mártires", escuchan los informes del alcalde y de presidente del Comité pro Seguridad y Desarrollo.  Durante esas reuniones las autoridades dan cuenta de su administración y allí con la participación de buena parte de la población de Santiago Atitlán se toman las decisiones importantes, se recuerdan a cada habitante sus responsabilidades en la defensa del pueblo y se buscan soluciones a los problemas de la comunidad.  En palabras de unos de sus habitantes: "Ya no vienen más encapuchados de noche ni ha habido más secuestros ni muertes."[71]71]

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