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CAPÍTULO
I
EL
SISTEMA LEGAL Y POLÍTICO EN HAITÍ
Consideraciones
Generales
1. El 17 de septiembre de 1988, un
grupo de oficiales retirados derrocó al presidente Henri Namphy y puso en su
lugar al Teniente General Prosper Avril. Como
estos hechos acaban de ocurrir es imposible, en estos momentos, evaluar sus
efectos o predecir cómo evolucionará la situación.
No obstante, debe señalarse que estos oficiales han pedido la restitución
de la Constitución de 1987, que debe ser modificada, aunque insisten en que
quede vigente el Artículo 291. En
este capítulo se discute la importancia de la Constitución de 1987.
A.
SITUACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO CON EL GOBIERNO MILITAR
DEL TENIENTE GENERAL HENRI NAMPHY
2. El 20 de junio de 1988, el
Teniente General Namphy anunció al pueblo haitiano que los militares habían
tomado el poder porque el Presidente de la República, Leslie Manigat, había
violado la Constitución al atacar al Ejército con el fin de convertirlo en
"un instrumento dócil de su poder personal".
El Teniente General Namphy suprimió el poder legislativo, abrogó la
citada Constitución y gobernó por decreto.
3. El Teniente General Namphy
manifestó que el pueblo haitiano no estaba preparado para las elecciones y que
solamente el Ejército podía implantar la democracia.
A juicio del Teniente General Namphy, las soluciones políticas se
producirían a medida que se normalizara la situación.
4. El 8 de julio de 1988, el
Teniente General Namphy anunció que se elaboraría una nueva constitución que
"debe ser fuerte y lo suficientemente eficaz como para dirigir a la nación
y asegurar su futuro en cualquier circunstancia.
Este debió haber sido el objetivo de la Constitución de 1987 pero,
desafortunadamente, al ser elaborada y ratificada en una atmósfera pasional y
emotiva, la Constitución se apartó demasiado de nuestras tradiciones".
Los militares no mencionaron fecha alguna para la presentación de esta
nueva constitución.
5. El reverendo Sylvio Claude, uno
de los destacados líderes políticos de la oposición, negó el poder legal del
Teniente General Namphy para abolir la Constitución de 1987 y solicitó que se
celebraran nuevas elecciones de conformidad con el Artículo 149 de la
constitución, que lee:
En
el caso de que la Presidencia de la República quedara vacante por cualquier
motivo, el Presidente de la Corte Suprema de la República o, en su ausencia, el
Vicepresidente de esa Corte o, en su ausencia, el juez de mayor antigüedad, será
investido temporalmente del cargo de Presidente de la República por la Asamblea
Nacional debidamente convocada por el Primer Ministro.
La elección de un nuevo Presidente por el término de cinco (5) años
tendrá lugar en un plazo no menor de cuarenta y cinco (45) días y no mayor de
noventa (90) después de ocurrida la vacante, de conformidad con la Constitución
y la Ley Electoral.
6. Tal como manifestó la Comisión
en su Informe Anual 1985-1986 en relación con el CNG:
A
modo de conclusión, la Comisión considera que el Consejo Nacional de Gobierno
por el momento ha logrado evitar mayores manifestaciones de protesta y una aguda
confrontación, como parecía en un momento, debido en gran parte a que ha
anunciado un cronograma político para la transición hacia un gobierno democráticamente
electo. Con todo, aún subyacen problemas en el sentido de que las
diversas actuaciones del Consejo carecen de base jurídica.
El Consejo ha decidido emitir leyes sin que el país cuente con un cuerpo
legislativo y enjuiciar personas acusadas de cometer crímenes bajo el régimen
de Duvalier sin un poder judicial independiente.
A no ser que el proceso de transición sea prontamente democratizado
permitiendo una mayor participación de los distintos sectores haitianos, puede
preverse que las manifestaciones de protesta volverán inevitablemente a suceder.
7. En la reunión mantenida con el
Brigadier General Hérard Abraham, Ministro de Relaciones Exteriores, el 29 de
agosto de 1988, los delegados de la Comisión le preguntaron cuáles eran los
motivos del golpe de estado, a lo que éste respondió que el Gobierno de
Manigat había atacado la estabilidad de las instituciones del país, intentando
socavar la autoridad del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Haití. De acuerdo con la Constitución de 1987, el presidente sólo
es jefe "nominal" de las Fuerzas Armadas mientras que el Presidente
Manigat intentaba destituir al Teniente General Namphy quien, de acuerdo con la
Constitución de 1987, debía permanecer en ese cargo por un plazo de tres años.
El Presidente Manigat "violó la Constitución" y consecuencia,
manifestó el Canciller, fue derrocado a fin de evitar la implantación de una
dictadura civil. Además, el Canciller subrayó el hecho de que el
derrocamiento del Presidente Manigat había sido tomado con total indiferencia
en Haití, agregando que, "en todo caso", la única manifestación había
sido "la alegría del pueblo".
8. A juicio del Ministro de
Relaciones Exteriores, cuando los haitianos aprobaron la Constitución en
realidad votaron únicamente el Artículo 291 (que descalifica por diez años a
los duvalieristas como candidatos a cargos públicos), añadiendo que los
haitianos habían sido "engañados" y que el gobierno militar "mejoraría"
la Constitución.
9. En lo que refiere a las fechas
para introducir estos cambios, que según el Ministro "tendrán algunos
opositores", informó a la Comisión que la nueva Constitución estaría
lista "muy pronto", agregando que el retorno a la democracia dependía
de varios factores, como el establecer las cámaras legislativas, crear un
consejo electoral, elaborar un registro de votantes, etc.
El Canciller insistió, sin embargo, en que el gobierno militar es un
gobierno democrático, aunque sea de facto, y "no una dictadura".
Además, expresó que el problema del país residía en la "interferencia
extranjera", añadiendo que había planes para modificar el Concordato con
el Vaticano porque la Iglesia había interferido indebidamente.
La Iglesia, que desde la visita del Papa a Haití ha liderado el
movimiento pro cambio del status quo, ha sido objeto, en los meses
recientes, de reiterados ataques por parte de miembros del régimen militar.
En cuanto a la actual
abrogación de la Constitución, el Canciller expresó que "sólo les
preocupa a los extranjeros" y que, a su entender, "los haitianos son
ya libres y gozan de derechos humanos".
10. A juicio del Ministro de Justicia, Brigadier
General Fritz Antoine, con quien la delegación también se reunió el 29 de
agosto de 1988, el hecho de que la Constitución no esté vigente carece de
importancia porque "es sólo un marco".
Las leyes, tales como el Código Penal y el Código de Procedimiento
Penal, aún están vigentes. El
gobierno militar, cuando cree necesario legislar, lo hace mediante decretos. El Ministro de Justicia agregó que como la Constitución había
sido derogada, la policía está actualmente a las órdenes del Ministerio del
Interior y no del de Justicia, como lo establece la Constitución, aunque ello
no se había logrado por decreto. Además,
expresó que se había abolido la pena de muerte por decreto, abolición también
prevista en la Constitución de 1987.
11. La estructura del estado democrático que
permaneció intacta durante el Gobierno de Leslie Manigat -con todas sus
probables imperfecciones- fue abolida y remplazada por un gobierno militar que
se autodenomina "democrático". El
Coronel Jean-Claude Paul, Comandante del Cuartel Dessalines, informó a la
Comisión, durante una extensa reunión mantenida entre ambos el 1 de septiembre
de 1988, que los militares "son demócratas" que "aman y
defienden" al pueblo haitiano.
12. Es cierto que después del derrocamiento del
Presidente Manigat no ha habido demostraciones públicas y que su remoción fue
acogida con total indiferencia por parte de la población haitiana, así como
que tampoco hubo demostraciones en favor de la Constitución de 1987 que, de
hecho, quedó suspendida con el golpe militar.
Pero de ello no puede inferirse que el pueblo haitiano haya acogido con
beneplácito la nueva era del derecho ejercido por autorización militar.
A fin de que se entienda la importancia de la Constitución de 1987 en el
proceso político de los aproximadamente tres últimos años, es decir desde la
caída del régimen de Jean-Claude Duvalier, este capítulo contiene
un análisis de dicha Constitución que, como expresión de la soberanía
nacional, enmarca las aspiraciones del pueblo de Haití.
La Constitución de 1987 que, según el Brigadier General Abraham, muchos
haitianos identificaron con el Artículo 291, es inherentemente antiduvalierista.
La Comisión opina que esta Constitución no puede entenderse sin una
descripción de los casi tres decenios de constituciones duvalieristas que la
precedieron.
13. Las constituciones duvalieristas a través de
diversas maneras hicieron posible veintinueve años de gobierno autoritario de
la familia Duvalier, el que comenzó en 1957 y terminó en 1986 constituyendo así la última dinastía hereditaria en las Américas
después de la caída de los Somoza en 1979.
B. LAS CONSTITUCIONES DE LOS
DUVALIER
a. El Poder Ejecutivo según las
Constituciones de los Duvalier
14. François
Duvalier, o "Papa Doc" como lo llamaban, asumió el poder después de
haber "ganado" una elección el 22 de septiembre de 1957;
fue investido Presidente el 22 de octubre siguiente y permaneció en el poder
hasta su muerte, ocurrida en abril de 1971.
Jean-Claude, su hijo, que entonces tenía diecinueve años, a quien luego
se conoció como "Baby Doc", fue nombrado sucesor por su padre y dado
que para su familia el número 22 era simbólico, asumió oficialmente el poder
el 22 de abril de 1971, permaneciendo en el poder hasta el 7 de febrero de1986,
fecha en la cual partió hacia el exilio.
15. La primera Constitución promulgada por la
dinastía Duvalier es del 19 de diciembre de 1957.
El Artículo 87 de esa Constitución disponía que el término
presidencial fuese de seis años, comenzando y terminando el 15 de mayo. El Título XV de la Constitución disponía explícitamente
que "el mandato del actual Presidente de la República (François Duvalier),
electo el 22 de septiembre de 1957 caducará el 15 de mayo de 1963".
16. La historia haitiana demuestra que los jefes
de Estado anteriores habían sido depuestos cuando, al aproximarse el fin de su
período constitucional, había evidencias de que no abandonarían el poder.
François Duvalier no esperó terminar, en 1963, su período de seis años
para hacer una maniobra sin precedentes.
17. Las papeletas para votar en las elecciones
legislativas de 1961 se imprimieron en la forma habitual.
En la parte superior de cada una se leía; "François Duvalier,
President de la République", pero no se había hecho modificación alguna
para indicar que se trataba de una elección presidencial (la Sección II de la
Constitución de 1957 establecía el procedimiento para las elecciones de
presidente). Se estimó que sólo
votaron los empleados de gobierno pero el Gobierno anunció que se habían
emitido 1.320.748 votos. El anuncio,
hecho por François Duvalier mismo, de que había resultado electo por otros
seis años fue una sorpresa total.
18. En 1964, François Duvalier creó el medio de
prescindir totalmente de las elecciones. Aduciendo
que respondía a la demanda popular, alentó al poder legislativo a adoptar una
nueva constitución, lo que se hizo el 25 de mayo de 1964, declarándolo "Presidente
Vitalicio" (la Sección II de la Constitución de 1964 todavía contenía
disposiciones para las elecciones presidenciales, que supuestamente se celebrarían
después de muerto François Duvalier, pero no contenía los procedimientos
detallados que figuraban en la de 1957).
19. El título de "Presidente Vitalicio"
no se originó con François Duvalier sino que se introdujjo por primera vez en
la Constitución de 1807, que hizo de Henri Christophe el primer Presidente
Vitalicio de Haití.
La institución de presidente vitalicio apareció por última vez en la
Constitución de 1846. Después de esa fecha ningún jefe de Estado intentó
gobernar como presidente vitalicio hasta que se promulgó el Artículo 196 de la
Cosntitución de 1964, donde se declara que:
La
cámara legislativa constituida por las elecciones del 30 de abril de 1961,
ejercerá el poder legislativo hasta el segundo lunes de abril de 1967, día en
que expira el período por el cual fueron electos los diputados actuales.
En
esas circunstancias, el Dr. François Duvalier, jefe supremo de la nación
haitiana, habiendo creado, por primera vez desde 1804, un espíritu nacional por
medio de un cambio radical en la situación política, económica, social,
cultural y religiosa de Haití, es elegido presidente vitalicio a fin de
asegurar los logros y la permanencia de la Revolución Duvalier en nombre de la
unidad nacional.
20. La Constitución de 1964 declara a François
Duvalier "Presidente Vitalicio", "líder incuestionable de la
Revolución", "Apóstol de la unidad Nacional", "Noble
Heredero de los Fundadores de la Nación Haitiana" y "Restaurador de
la Patria".
21. En abril de 1971, al morir François Duvalier,
su título de Presidente Vitalicio pasó a monos de Jean-Claude, su hijo de
diecinueve años. La sucesión quedó
legalizada con la promulgación de las modificaciones de 1970 y 1971
introducidas a la Constitución de 1964 (especialmente los Artículos 91 y 100)
mediante las cuales se reducía de 40 a 18 la edad mínima requerida para ocupar
la presidencia y se confería a François Duvalier el poder para designar
sucesor a su hijo. De conformidad
con el Artículo 104, la presidencia de Jean-Claude también debía ser
vitalicia.
El Artículo 104 lee:
El sucesor designado
ocupará el cargo de presidente del Estado de acuerdo con la autoridad que le
confiere el Artículo 99 de la Constitución, instituyendo, de acuerdo con la
voluntad del pueblo soberano, el cargo de presidente vitalicio, y de
conformidad con las disposiciones contenidas en el citado Artículo 99.
Disposiciones
análogas se introdujeron en la Constitución de 1083, que nombraba Presidente
Vitalicio a Jean-Claude Duvalier y le confería el derecho de designar a su
sucesor, quien, a su vez, se convertiría en Presidente Vitalicio después de
ser “ratificado” por el pueblo. El
Artículo 107 dice:
El
Presidente Vitalicio de la República, ciudadano Jean-Claude DUVALIER, tiene el
poder de designar como sucesor a cualquier ciudadano que cumpla las condiciones
establecidas en el Artículo 102 de la presente Constitución.
La
designación será proclamada por el presidente Vitalicio quien, por orden (arrêtê),
convocará a reuniones generales del pueblo para que vote la ratificación de su
elección de sucesor designado.
22. Los requisitos para ser designado sucesor
estaban establecidos en el Artículo 102, que lee:
Para
ser electo (textual) Presidente de la República, será necesario:
1.
Haber nacido en Haití y no haber renunciado jamás a la nacionalidad
haitiana;
2.
Haber cumplido 18 años de edad;
3.
Tener derechos civiles y políticos;
4.
Residir en Haití;
4.
Estar exento de toda responsabilidad legal si el candidato ha manejado
fondos públicos.
23. En resumen, las constituciones promulgadas
tanto por François como por Jean-Claude Duvalier institucionalizaban el poder
hereditario en Haití. El poder político
quedaba exclusivamente en manos del Presidente Vitalicio y la Constitución servía
para legitimizar el estricto control que ejercía el Presidente sobre los
poderes ejecutivo, legislativo y judicial, las Fuerzas Armadas y virtualmente
todas las instituciones de Haití.
b. La Organización Política del
Estado de Duvalier
24. La Constitución de 1983 (modificada)
declaraba que Haití era una “república indivisible, soberana, independiente,
democrática y social”.
Sus Artículos 58, 59, 60 establecían que la soberanía pertenecía al
pueblo y que éste delegaba el ejercicio de dicha soberanía a los poderes
ejecutivo, legislativo y judicial, cada uno de los cuales era independiente del
otro.
El Poder Ejecutivo
25. Las modificaciones introducidas a la
Constitución de 1983 establecían que el poder ejecutivo fuera ejercido por dos
órganos: por el Presidente de la
República y por el Gobierno. El
Gobierno está subordinado al Jefe de Estado, que es el Presidente, y que ejerce
la “autoridad suprema”.
26. Entre las funciones de Jefe de Estado, al
jefe del gobierno se le confiere la responsabilidad de “dirigir la política
nacional de acuerdo con la voluntad expresa del pueblo”.
27. El control que el Presidente ejerce sobre el
poder ejecutivo está establecido en el Artículo 113 de la Constitución de
1983 (modificada), como sigue:
El
Presidente de la República nombra al Primer Ministro, a los Ministros y a los
Secretarios de Estado. El él quien
recibe las renuncias individuales o colectivas de los miembros del gobierno que
puedan ser ordenadas para cuerpos gubernamentales enteros o individuos. Es él quien convoca al Gabinete cuya forma de operar está
determinada por ley, y es él quien lo preside.
Es él quien nombra o despide a los funcionarios civiles y militares del
Estado de acuerdo con las condiciones y formas establecidas en el estatuto
general de funciones públicas y otras leyes.[11]
28. Los “Secretarios de Estado” y otros
miembros del gabinete, por influyentes y poderosos que pudieran parecer, estaban
sujetos a restauraciones periódicas, lo que constituía un medio más para que
los Duvalier se aseguraran de que nadie adquiriría el poder suficiente como
para desestabilizar el status quo y mantuvieran apaciguada a la clase que
apoyaba al Presidente. Hubo al
menos diez restructuraciones de gabinete desde que la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos redactara su Informe sobre la Situación de los Derechos
Humanos en Haití, en 1979, hasta la caída de Jean-Claude Duvalier:
en noviembre de 1979; abril de 1980; febrero de 1982; julio de 1982;
septiembre de 1982; enero de 1983; noviembre de 1984; septiembre de 1985 y
diciembre de 1985.
29. El Artículo 116 de la Constitución de 1983
(modificada) confería al presidente Vitalicio Duvalier el poder exclusivo de
determinar cuándo “estaban seriamente amenazadas las instituciones de la República
y el funcionamiento normal de los poderes públicos establecidos en la
Constitución y las leyes”, momento en el cual estaba autorizado a tomar todas
las medias de excepción dictadas por las circunstancias “para garantizar la
existencia de la nación, la seguridad del Estado, la tranquilidad pública,
etc.”. No existía fiscalización
alguna de este ejercicio absoluto de poder, ni mecanismo de revisión acorde con
las cortes o el poder legislativo, así como tampoco había estándares o pautas
para determinar qué constituye una amenaza para el Estado ni límites para las
medidas que el Presidente pudiera tomar. El
Artículo 116 básicamente anulaba el Artículo 119 sobre la declaración de un
estado de sitio puesto que según éste, dicha declaración estaba sujeta a la
aprobación de la cámara legislativa. No
obstante, el Artículo 116 confería al presidente el poder exclusivo de tomar
todas las medidas que juzgara necesarias para mantenerse en el poder.
El Poder Legislativo
30. El poder legislativo era ejercido por un solo
órgano llamado Chambre Législative (Cámara Legislativa).
Este cuerpo legislativo unicameral estaba integrado por 59 diputados
elegidos por un plazo de seis años.
El Artículo 68 establecía que para ser electo diputado, el individuo
debía tener una propiedad en la zona que buscaba representar o bien ejercer una
profesión o administrar un negocio. Entre
los poderes que podía ejercer la cámara se contaban los de dictar las leyes
por iniciativa propia o del poder ejecutivo, administrar el cumplimiento de la
Constitución y las leyes y votar anualmente el presupuesto nacional.
31. Cuando los
miembros de la Cámara Legislativa se reunían con carácter de Asamblea
Nacional,
le eran conferidos los siguientes poderes adicionales:
dar aprobación previa a la decisión del Presidente de declarar la
guerra o negociar la paz; modificar la Constitución en su totalidad o en parte,
o votar una nueva constitución; sancionar tratados, convenciones y acuerdos
internacionales; y actuar en calidad de Tribunal Superior de Justicia de
conformidad con las disposiciones contenidas en la presente Constitución.
32. Las reuniones de la Cámara Legislativa y la
Asamblea General eran públicas a menos que un mínimo de cinco miembros
solicitase la celebración a puertas cerradas.
Los miembros de esa Cámara tenían el derecho constitucional a la
inmunidad a partir del día en que prestaban juramento como diputados y hasta
que expiraba su mandato.
33. En teoría, la Cámara Legislativa debía
dictar leyes y someterlas al Jefe Ejecutivo para su aprobación y promulgación,
pero en la práctica, el dictado de las leyes estaba concentrado en la
presidencia. Durante los períodos
de los Duvalier, la Cámara Legislativa jamás propuso legislación alguna sino
que se limitó a ratificar las iniciativas y los decretos presidenciales.
34. Durante la
Presidencia de Jean-Claude Duvalier hubo elecciones legislativas pero los
partidos de la oposición fueron proscritos y los candidatos independientes
expatriados o arrestados y hostigados para que retiraran sus candidaturas antes
de las elecciones.
En consecuencia, todos aquellos que “ganaron” las elecciones y fueron
diputados tenían vínculos con la presidencia y sólo sirvieron para endosar
las leyes que el Presidente quería promulgar.
35. La Cámara Legislativa comenzaba a sesionar
el segundo lunes de abril por un período de tres meses.
En caso de necesidad, el propio poder legislativo o el ejecutivo extendían
ese período por uno o dos meses. El
Presidente podía suspender las actividades de la Cámara por un período no
superior a un mes o no inferior a quince días y no podía haber más de dos
suspensiones en un período de sesiones dado.
36. Además, la
constitución confería al Presidente el poder de disolver la Cámara
Legislativa en el caso de existir “graves conflictos entre el Poder
Legislativo y el Gobierno”.
El decreto por el cual se disolvía
la Cámara debía, al mismo tiempo, disponer la celebración de nuevas
elecciones. En el caso de que el
Poder Legislativo fuese disuelto por decreto, el Presidente estaba autorizado a
satisfacer las necesidades de los servicios públicos.
37. La adopción de la Constitución de 1983
trajo como consecuencia la disolución de la Cámara Legislativa
y permitió que, para las elecciones del 12 de febrero de 1984, los candidatos
fueran elegidos a dedo. De igual
forma, las modificaciones introducidas a la Constitución de 1983 el 6 de junio
de 1985 disolvieron la Cámara Legislativa existente en 1986 para abrirle camino
a la nueva que surgiría de las proyectadas elecciones de 1987.
Las remociones periódicas de legisladores, a pesar de los períodos de
seis años que debían cumplir, fue otro medio del que se valieron los Duvalier
para asegurarse el control incuestionable del Estado.
38. Durante los
nueve meses de receso de la Cámara Legislativa, el Presidente tenía “plenos
poderes” (pleins pouvoirs), conferidos por el Artículo 216 de la Constitución
de 1983, que lo habilitaban para gobernar por decreto por un lapso de ocho meses,
lapso durante el cual, como manifestó la CIDH en su Informe Anual (1981-1982),
“el pueblo haitiano se ve privado de las garantías constitucionales que
consagran los derechos humanos”. El
Artículo 216 lee:
El Jefe del Poder
Ejecutivo, el Jefe de Estado, durante el intervalo entre las sesiones
legislativas, está investido de plenos poderes para dictar decretos que tendrán
fuerza de ley a fin de garantizar la seguridad y la integridad del territorio
nacional y de la soberanía del Estado, la consolidación del orden y la paz, el
mantenimiento de la estabilidad económica y financiera de la nación, el
incremento del bienestar de las poblaciones rurales y urbanas y la defensa de
los intereses generales de la República.
39. Anteriormente,
este poder le había sido conferido al Presidente por Decreto Legislativo
emitido al término de cada sesión legislativa anual.
Estos decretos suspendían, en efecto, los derechos individuales
garantizados por los Artículos 17, 18, 20, 21, 31, 48, 11, 122(2) y 125(2) de
la Constitución de 1964 (modificada en 1971).
En efecto, tal como lo señalara la Comisión en su Informe Anual
(1983-1984), con la promulgación del Artículo 216 de la constitución de 1983,
se institucionalizó en Haití “un virtual estado de excepción, en el cual el
ciudadano no tiene otra garantía ni respaldo que los que quiera voluntariamente
otorgarles el Poder Ejecutivo”.
El Poder Judicial
40. El Poder Judicial era ejercido por un alto
tribunal denominado Cour de Cassation (Tribunal de Casación), los
tribunales de apelaciones, de primera instancia y los de paz.
La Constitución, en su Artículo 147, et. Seq., contemplaba la
creación de un alto tribunal de justicia para casos como Asamblea Nacional y
actuando como Alto Tribunal de Justicia, tenía poderes para someter al
presidente a juicio público en casos de traición y de cualquier otro crimen en
el desempeño de sus funciones.
41. Teóricamente,
el Presidente no podía dirigir las decisiones de los tribunales, pero su
influencia era muy grande dado que era él quien nombraba personalmente a los
presidentes, vicepresidentes y jueces de todos los tribunales del país,
aunque de hecho, el Poder Judicial no tenía independencia del Poder Ejecutivo
puesto que el Artículo 136 de la Constitución de 1983 nombraba al Presidente
“garante de la independencia del Poder Judicial”.
42. Los jueces del Tribunal de Casación y de los
de Apelaciones eran nombrados por períodos de diez años; los de los demás
tribunales lo eran por plazos de siete años.
El mandato se iniciaba con el juramento del juez quien, una vez nombrado,
no podía ser removido del cargo por el Poder Ejecutivo por ninguna causa.
43. De acuerdo con el Artículo 133 de la
Constitución de 1983 (modificada), podían crearse por ley tribunales
especiales para tratar cuestiones concretas.
Mediante un decreto presidencial del 22 de noviembre de 1984, se creó
una sección del Tribunal Civil en Puerto Príncipe, que se conoció como el
Tribunal de la Seguridad del Estado (Tribunal de Sûreté de l'Etat), con
jurisdicción en todo el territorio nacional, con “competencia para todos los
crímenes y delitos cometidos contra la seguridad interna y externa del Estado y
todas las violaciones que, por circunstancias de propósitos o de motivos, se
consideren de carácter político”. Sin
embargo, rara vez se recurrió a esta jurisdicción tanta amplitud.
c. Derechos y
Garantías Contenidos en la Constitución de Duvalier (1983)
44.
A primera vista, la Constitución parecía establecer una república
democrática cuya separación de los poderes gubernamentales, con los controles
y equilibrios necesarios, estaba destinada a evitar el abuso de poder, pero el
estudio más profundo de ella revelaba el establecimiento de un sistema
autoritario, altamente personalizado, que confería poderes absolutos al Jefe
del Poder Ejecutivo.
45. La Constitución de 1983, modificada, consistía
en un preámbulo y catorce títulos con 225 artículos, y fue aprobada por la Cámara
Legislativa en menos de ocho horas. Por
recomendación del Presidente Jean-Claude Duvalier, la Cámara modificó por
voto unánime, veintinueve de estos artículos el 6 de junio de 1985.
46. De los Catorce títulos de la Constitución,
el II, denominado “Los Derechos y Deberes de los Haitianos y Extranjeros”,
trata de los derechos individuales. La
Constitución de 1983 concedía a todos los haitianos igual trato legal
pero otorgaba ciertas ventajas a los (haitianos de origen), a los que se definía
como aquellos con, al menos, un padre haitiano; nacido en Haití o en el
extranjero, o los nacidos en Haití, de padres extranjeros, siempre que fueran
de raza negra.
Para ser presidente o diputado había que ser haitiano de origen; para
ser primer ministro no hacía falta que se fuera haitiano de origen; y los
ministros debían ser ciudadanos haitianos, aunque no todos lo eran.
47.
La Constitución establecía los derechos civiles y políticos,[28]
los derechos y garantías individuales,[29]
y los deberes de los ciudadanos.[30]
Las libertades individuales estaban garantizadas y nadie podía ser
perseguido, arrestado o detenido excepto en los casos expresamente prescritos
por ley. Nadie podía ser arrestado
o detenido salvo que mediara una orden escrita, emitida por un funcionario
competente.[31]
Nadie podía permanecer arrestado por más de cuarenta y ocho horas, a
menos que compareciera ante un juez que debía determinar la legalidad del hecho,
y éste confirmara el arresto por dictamen fundamentado.[32]
48. La Constitución de 1964 (modificada en 1971)
prohibía la tortura y toda otra clase de malos tratos a los detenidos,
pero la Constitución de 1983 no contenía disposición similar alguna.
49. El allanamiento de casas y la confinación de
documentos estaban prohibidos, excepto cuando estaban prescritos por ley y de
acuerdo con los procedimientos legales establecidos.
No podía establecerse, excepto por ley, ni aplicarse pena alguna,
excepto en los casos previstos en la ley (nulla poena sine lege).
No podía obligarse a nadie a testificar en su contra cuando se trataba
de asuntos delictivos.
50. El derecho a la propiedad estaba garantizado
pero existía la expropiación por motivos públicos o sociales.
La compensación estaba contemplada por el Estado, y reglamentada por ley,
para los casos de expropiación para bien público.
51. El derecho al trabajo y el derecho del
trabajador a tener un salario justo, adiestramiento laboral, protección
sanitaria, seguridad social y bienestar de su familia estaban garantizados
siempre que así lo permitiera la situación económica del país.
Todos los trabajadores tenían el derecho a proteger sus intereses
participando en las actividades sindicales y en negociaciones colectivas.
52. La pena de muerte no podía ser impuesta por
delito político alguno, excepto por traición, que se definía como el
levantamiento en armas contra la República de Haití, la unión a enemigos
declarados de Haití o la ayuda y el consuelo prestado a estos.
53. Todas las personas tenían garantizado el
derecho a expresar sus opiniones sobre cualquier tema y por cualquier medio. La expresión de pensamiento, en cualquier forma que se
hiciera, no estaba sujeta a censura previa, excepto en el caso de guerra
declarada. Los abusos cometidos en
materia del derecho a la libertad de expresión debían ser definidos y
castigados por ley.
Sin embargo, en casos de juicios por crímenes o por delitos políticos
cometidos a través de la prensa o de cualquier otro medio, debía nombrarse un
jurado.
54. Estaba garantizada la libertad de religión y
de culto, y el derecho a profesarlos estaba sujeto a la no perturbación del
orden público.
55. El derecho a reunirse pacíficamente sin
autorización previa estaba garantizado de acuerdo con la ley que normaba el
ejercicio de ese derecho.
56. Los haitianos tenían garantizado el derecho
de asociarse y formar partidos políticos, sindicatos o cooperativas, sin sujeción
a ninguna medida preventiva. Nadie
podía ser obligado a convertirse en miembro de una asociación o partido político.
La ley regulaba las condiciones de funcionamiento de estos grupos y debía
fomentar su formación.
57. La correspondencia era inviolable, aunque las
cartas y los documentos privados podían ser interceptados por las autoridades
con el único fin de reunir evidencia que pudiera ser utilizada en los
tribunales y de conformidad con una orden judicial.
d. Mecanismos
Establecidos para Proteger los Derechos Individuales durante el Gobierno de Duvalier
58.
La Constitución de 1983 (modificada) establecía que no podían hacerse,
por ley, añadidos o supresiones a la Constitución y que la letra de la
Constitución siempre tenía prevalencia.[45]
59. El Presidente, antes de asumir el cargo,
juraba “observar y hacer cumplir la Constitución y respetar y asegurar que
fueran respetados los derechos del pueblo de Haití”,
(disposición algo anacrónica dado que el Presidente Vitalicio no “asumía el
cargo”). El Presidente tenía la
responsabilidad de hacer cumplir la Constitución y no podía suspenderla ni
interpretarla, así como tampoco podía dejar de hacerla cumplir.
60. El Tribunal de Casación tenía el poder de
decidir acerca de la constitucionalidad de las leyes cuando el litigio en cuestión
se refiriera a ella, litigio que no podía estar sujeto a ningún requisito de
depósito, multa u honorario.
En los casos en que se tratara de delitos políticos o cometidos por la
prensa, la sesión debía ser pública.
e. Restricciones
Impuestas por la República Gubernamental del Régimen de Duvalier al Ejercicio de los Derechos Humanos
61. En la práctica, la gran mayoría de los
derechos individuales garantizados por las constituciones de Duvalier no se
respetaban.
62. Las fuerzas gubernamentales, en particular
los Voluntarios para la Seguridad Nacional (los VSN, conocidos más
corrientemente como los Tontons Macoutes) eran generalmente identificados
como los responsables del hostigamiento, la persecución, el secuestro (ya que
estos “arrestos” se hacían sin orden judicial), la tortura y la matanza de
una gran variedad de individuos –aspirantes líderes políticos, periodistas,
sindicalistas, organizadores de grupos juveniles, abogados y activistas en
derechos humanos- que intentaban ejercer sus derechos humanos.
Las prácticas de hostigamiento y extorsión de los VSN, especialmente en
las zonas rurales, constituían una interferencia difundida y constante en el
ejercicio de los derechos humanos.
63. El régimen de Duvalier parecía haber
introducido ciertos ciclos predictibles en su manera de gobernar.
Al inicio del ciclo, el Gobierno prometía una “liberalización o
democratización” del régimen, permitiendo que funcionaran los partidos políticos,
se realizaran elecciones, y hubiera amnistía para quienes habían cometido
delitos políticos y una mayor libertad de prensa.
Cuando el ejercicio de esos derechos empezaba a cobrar auge y se
estudiaban en detalle y criticaban las políticas y condiciones gubernamentales,
comenzaban los castigos violentos, con arrestos, torturas y matanzas.
A los individuos arrestados se los expulsaba del país o se los sometía
a largos períodos de detención ilegal, y a menudo brutal, aplicándoseles
torturas para que “confesaran”. El
clima de terror resultante ponía fin al período de “liberalización y
democratización” hasta que se iniciara el ciclo siguiente.
(continúa...)
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