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CAP�TULO
III
EL
DERECHO A LA VIDA, LIBERTAD PERSONAL E INTEGRIDAD PERSONAL1
A.
CONSIDERACIONES GENERALES
1.
Los derechos a la vida, a la libertad personal y a la integridad personal
son los m�s fundamentales de todos los derechos humanos.
Como manifest� un editor: �De ellos dependen todos lo dem�s y sin
ellos, poco o nada valen los dem�s�.2
Estos
derechos est�n protegidos por el Art�culo 3 de la Declaraci�n Universal de
Derechos Humanos y el Art�culo I
de la Declaraci�n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
En la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos est�n estipulados en
los Art�culos 4, 5 y 6. Estas
disposiciones de la Convenci�n Americana forman parte de la legislaci�n
nacional de Hait�.
2.
Los derechos a la vida, a la libertad personal y a la integridad personal
en Hait�, han estado en peligro. Para
muchos haitianos, la era Duvalier represent� la ausencia del estado de derecho
y, consecuentemente, el desagravio por la violaci�n de estos derechos no podr�a
ser apelado dentro del sistema judicial interno.
Puede considerarse que el Consejo Nacional de Gobierno (CNG), a pesar de
los incipientes, y ambiguos, intentos de someter a la justicia a algunos altos
ex funcionarios, ha protegido a los duvalieristas.
Con la constituci�n de 1987 se intent� erradicar a los duvalieristas de
la vida pol�tica de Hait� por un
per�odo de diez a�os pero la masacre del 29 de noviembre de 1987 y el
derrocamiento del Presidente Leslie Manigat demostraron que el gobierno militar
est� dispuesto a proteger a los duvalieristas en su cronograma pol�tico.
3.
Las violaciones de los derechos humanos y la represi�n
institucionalizada durante el r�gimen de Fran�ois Duvalier (Papa Doc)
fueron notorias.3
Las matanzas
ocurridas en Hait� no causaron indignaci�n en el �mbito internacional.
Los derechos civiles, pol�ticos, econ�micos, sociales y culturas no
exist�an. Hait� ha sido
considerado el caso perdido del continente y muchos organismos internacionales
la han comparado m�s con naciones africanas que americanas.
La consecuencia, en t�rminos humanos, ha sido el �xodo de casi un mill�n
de haitianos que componen la �di�spora�, como la llaman los haitianos a su
poblaci�n en el exilio. Durante
los a�os de dictadura, muchos de estos haitianos asumieron cargos importantes
en los gobiernos de pa�ses africanos nacientes.
En un momento dado se estim� que eran alrededor de 1.000 los haitianos
que ocupaban cargos oficiales en el Congo.4
Dado que la poblaci�n de Hait� no llega a los seis millones, la relaci�n
del gobierno m�s la di�spora es de gran importancia, especialmente porque
entre esos exiliados se encuentra un importante sector de la gente educada del
pa�s. El �xodo de haitianos, en particular el fen�meno de los que se lanzaban
al mar en botes, constituye un bar�metro �til para medir el clima pol�tico.
El n�mero de solicitudes de visados para los Estados Unidos en 1986 fue
tres veces mayor que el registrado en 1987, lo que indica la desilusion y la
desesperaci�n de la poblaci�n ante una nueva dictadura.5
4.
La ca�da del Presidente Vitalicio Jean-Claude Duvalier, el 7 de febrero
de 1986, cre� grandes expectativas en torno al fin de la era Duvalier.
Los haitianos consideraron el 7 de febrero de 1986 el d�a de su segunda
independencia y �Haiti Lib�ree� se convirti� en la expresi�n p�blica del
momento, reproducida en las paredes, camisetas y hasta en el nombre de uno de
los diarios. Pero impl�cita en
esta liberaci�n se encontraba la predecible demanda de justicia mezclada con
venganza. El llamado a dechoukaj,
es decir, a la erradicaci�n, significaba el deseo de extirpar el duvalierismo.
5.
Ya el 20 de marzo de 1986, el Sr. G�rard Gourgue, el miembro m�s
popular del CNG, y tambi�n Ministro de Justicia, por haber sido el �nico
miembro del nuevo gobierno en oponerse activamente a Duvalier, renunci� a modo
de protesta porque el CNG no satisfac�a las demandas de justicia del pueblo
haitiano. A los colaboradores de
Duvalier, como el General Albert Pierre, conocido como Ti Boul�, jefe de
la polic�a secreta, se les hab�a permitido exiliarse subrepticiamente.
Estos sucesos fueron discutidos en detalle por la Comisi�n en su Informe
Anual 1985-1986. Sin embargo, tanto
entonces como ahora, preocupa m�s a la Comisi�n el hecho de que el CNG no ha
sometido a la justicia a los responsables de los numerosos asesinatos ocurridos
el 7 de febrero de 1986.
a.
Violaciones al derecho a la vida y fracaso del gobierno en investigar y
castigar a los responsables
6.
Entre 1985 y 1987 hubo numerosos asesinatos, cuya intensidad creci� en
el per�odo que culmin� con las elecciones presidenciales y legislativas del 29
de noviembre de 1987. El �ltimo
per�odo del gobierno del Presidente Manigat, desde aproximadamente mediados de
abril hasta el 20 de junio de 1988, fecha del golpe, tambi�n estuvo
caracterizado por una ola de violencia �asesinados, robos armados, secuestros
y tiroteos nocturnos en distintos lugares, pero de rutina, cuyos resultantes cad�veres
se encontraban en las calles al d�a siguiente- violencia que ces� al asumir el
poder los militares.
7.
En un informe sobre la �ndole ejecutoria de los asesinatos se declaraba
que:
De
acuerdo con los registros oficiales del hospital estatal, durante un per�odo de
dos semanas, entre mediados de abril y comienzos de mayo de 1988, ingresaron 17
cad�veres despu�s de los tiroteos habidos.
Cabe se�alar que esta cifra no incluye ni las personas que fallecieron
de heridas de bala despu�s de ser admitidas en el hospital, ni los cuerpos que
fueron trasladados por sus atacantes despu�s de ser baleados ni aquellos que
fueron sacados de sus casas, por la noche, por civiles armados y jam�s han
vuelto a ser vistos.
Poco
se sabe de los asesinados, y menos de los asesinos.
Pero las muertes perpetradas a modo de ejecuci�n dieron pie a la
sugerencia de que podr�an tener car�cter pol�ticos o constituir ajustes de
cuentas pendientes y de viejas enemistades.6
8.
No fue sino hasta hace poco que grupos locales de derechos humanos
comenzaron a compilar datos precisos sobre el n�mero de muertes ocurridas
mensualmente y los nombres de las v�ctimas, pero no se dispone de esos datos
para el per�odo que se considera en este informe.
El Sr. Robert Duval, Jefe de la Liga de Ex Prisioneros Pol�ticos de Hait�
(LAPPH), testific� en marzo de 1988 ante la Comisi�n de Derechos Humanos de la
ONU que la Liga estimaba que desde el 7 de febrero de 1988, unos 1.500
ciudadanos hab�an muerto a manos de las Fuerzas Armadas y los Macoutes.7
9.
Seg�n se informa, algunas v�ctimas de las matanzas fueron Macoutes
relacionados con militares que estaban saldando cuentas, y otras, personas
seleccionadas por haber participado en las operaciones de dechoukaj.
La prensa inform� sobre el siguiente caso:
Un
cuerpo encontrado el 1 de abril de 1988 en la Ruta 1, cerca de Laffiteau, result�
ser el de Jean Richard Alphonse, de 25 a�os, residente del barrio de Fontamara.
Alphonse hab�a sido l�der de un grupo que, en noviembre de 1987, se vio
implicado en el dechoukaj de la casa de Lafontaine Dominique, muy
conocido duvalierista y sacerdotes vud�. Durante
el incidente hab�a resultado herido un oficial de un cercano destacamento
naval.
Justo
antes de su muerte, Alphonse hab�a recibido la solicitud de personarse en la
base naval, solicitud que cumpli� pero nunca regres� a su hogar.
Un
amigo de Alphonse, Charles Edouard Desgrottes, junto con otros dos amigos,
Adrien Berthol y Jean Fleurant, fueron detenidos por la brigada de
investigaciones criminales en relaci�n con el asesinato de Alphonse.
Desgrottes
fue puesto en libertad dos semanas despu�s, y se refugi� de inmediato en Nueva
York, pero Berthol y Fleurant permanecen detenidos sin hab�rseles acusado de
ning�n crimen.
Aunque
Desgrottes admite que Alphonse, Berthol y Fleurant participaron en el saque de
la casa de Lafontaine, neg� haber tenido nada que ver con la muerte de
Alphonse, aduciendo que unos macoutes relacionados con los militares
estaban haciendo ajustes de cuentas y matando a quienes hab�an participado en
la operaci�n de dechoukaj.8
10.
La �ndole pol�tica de esta ola de violencia queda demostrada por el
hecho de que las autoridades militares pueden comenzarla o pararla.
La campa�a de terror que caracteriz� al per�odo que culmino con las
elecciones del 29 de noviembre de 1987, incluido el mismo 29, contrasta
marcadamente con la ausencia de violencia durante el per�odo que culmin� en
las elecciones del 17 de marzo de 1988, incluido el mismo 17.
Durante ambos per�odos, el gobierno era militar pero, en el primero, el
terror sirvi� para que los militares alcanzaran su objetivo de cancelar las
elecciones. De igual manera, tan
pronto como el Presidente Manigat dej� de servir los prop�sitos de los
militares, nuevamente se desat� una campa�a de terror para desestabilizarlo, y
una vez que el Presidente Manigat hubo sido derrocado, el terror ces�.
Con excepci�n del controvertido arresto hecho por el Coronel Jean-Claude
Paul en mayo de 1988, de once individuos (diez militares y un civil) supuestos
integrantes de los escuadrones de la muerte, nadie ha sido arrestado por actos
cometidos en estas campa�as de terror. Tampoco
se sabe cu�l ha sido el destino de esos once individuos.
11.
La Comisi�n, durante las conversaciones mantenidas con el General de
Divisi�n Williams Regala, Ministro del Interior y Defensa Nacional, durante la
visita de agosto de 1988 a Hait�, mencion� el asunto de los escuadrones de la
muerte, el estado de inseguridad y la aparente impunidad otorgada a los
terroristas. El General Regala neg�
que fueran los macoutes quienes perpetraban esos actos de terror y expres�
que quien visita Hait� puede sentirme m�s seguro en las calles de Puerto
Principe que en las de Nueva York, Washington, D.C. o Kingston, en Jamaica.
A juicio del Ministro, los militares garantizaban la seguridad de la
poblaci�n y Hait� se encontraba entonces en calma. La seguridad de la Comisi�n, dijo, estaba garantizada.
La Comisi�n le record� que hab�a ofrecido las mismas garant�as justo
antes de las elecciones del 29 de noviembre de 1987.
12.
El hecho de que el CNG no haya investigado y castigado a las personas
responsables de estas muertes ocurridas con la impronta de los escuadrones de la
muerte ha sido una preocupaci�n constante de la Comisi�n y la conduce a
concluir que esos escuadrones operan por la impunidad que les conceden los
militares. A continuaci�n se
discuten ciertos casos presentados a la Comisi�n y sobre los cuales del
Gobierno de Hait� ha respondido. Se trata de muertes ocurridas durante el per�odo del primer
gobierno militar, 1986-1988, el CNG y durante el lapso en el que el Gobierno no
hizo investigaciones o, si las hizo, no encontr� a los responsables.
Martissant
13.
La Comisi�n declar� en su Informe Anual 1985-1986 que:
El
19 de marzo de 1986 cinco civiles resultaron muertos de bala por miembros de una
tropa ��lite� del ej�rcito, denominada Leopardos, y 48 horas m�s tarde
dos personas murieron durante la realizaci�n de una manifestaci�n pac�fica.
El 26 de abril 6 civiles resultaron muertos por agentes de seguridad y 48
heridos, muchos de ellos de gravedad, durante una celebraci�n de ex presos pol�ticos
de Fort Dimanche. La Comisi�n no ha tomado conocimiento de que estos actos,
cuya responsabilidad ha sido atribuida a las fuerzas de seguridad, hayan sido
investigados.
14.
En cuanto concierne a las muertes ocurridas en Martissant el 19 de marzo
de 1986, la Comisi�n abri� el caso N� 9699 y solicit� del Gobierno de Hait�
que le proporcionara cualquier informaci�n que juzgara adecuada.
El Gobierno respondi� lo siguiente:
El
conductor de un veh�culo de transporte p�blico, llamado Jean-Claude Roc,
provoc� un atasco de transito en la ruta a Martissant por querer, ilegalmente,
adelantarse al coche del Capit�n del Ej�rcito Lyonel D. Sylvian. De conformidad con el Art�culo 31 del Manual de Justicia y 6
� 3 de los Reglamentos de las Fuerzas Armadas, el Capit�n estaba autorizado a
desempe�ar las funciones un oficial de polic�a. El conductor habi�ndose negado a aceptar las �rdenes
impartidas por el Capit�n y habi�ndolo insultado, era responsable, de acuerdo
con las disposiciones contenidas en el Art�culo 51 del Decreto 4 de abril de
1979 sobre el tr�nsito de veh�culos. La
oposici�n de la gente presente al arresto del conductor, su agresi�n contra el
militar utilizando palos, piedras y otras armas improvisadas y la reacci�n del
militar causaron:
1.
Dos muertes y tres heridos en el bando civil
2.
La hospitalizaci�n de 7 militares
3.
Da�os a los veh�culos, de los cuales uno era una ambulancia
15.
Este caso ilustra el alto grado de frustraci�n social y de animosidad
sentido contra los militares en Hait� a s�lo un mes de haber abandonado el pa�s
Jean-Claude Duvalier. Asimismo, el
Gobierno desconf�a de la poblaci�n civil y favorece a los militares en cuanto
se refiere a adjudicar responsabilidades acerca de las muertes.
16.
La Comisi�n tuvo muchas oportunidades de hablar con militares durante su
visita en agosto de 1988. En esas
conversaciones se puso de manifiesto que los miembros de las Fuerzas Armadas se
consideran superiores a los llamados l�deres pol�ticos, quienes, a sus ojos,
carecen de seguidores y de apoyo popular. Tambi�n
fue evidente que los militares se sintieron amenazados por la campa�a de rache
manyiok (solicitando el derrocamiento del CNG durante el verano de 1987) y
que no volver�an a permitir que las circunstancias alcanzaran un grado de
amenaza tal que pudieran quitarles el poder.
el comandante de un centro de detenci�n expres� su desprecio por los
grupos de derechos humanos y la prensa, indicando que las v�ctimas de varios
asesinatos atroces hab�an sido elevadas al nivel de m�rtires por estos grupos
cuando, en realidad, �stas hab�an sido responsables de delitos peores.
Los grupos de derechos humanos eran claramente sospechosos para estos
militares y, en algunos casos, aunque ambiguamente, los tomaban como enemigos.
El
Sr. Charlot Jacquelin (Caso N� 9784)
17.
En 1986, el caso de la �desaparici�n� del Sr. Charlot Jacquelin,
maestro de la campa�a de alfabetizaci�n MISYON ALFA de la iglesia Cat�lica,
fue puesto en conocimiento de la Comisi�n.
18.
El caso fue presentado a la Comisi�n en octubre de 1986, abriendo la
Comisi�n de inmediato el expediente con el n�mero 9784.
Se inform� a la Comisi�n que el Sr. Charlot Jacquelin hab�a sido
arrestado el 18 de septiembre de 1986 en su casa particular, situada en Cit�
Soleil. Dos individuos, uno vestido
de civil y el otro luciendo el uniforme caqui del ej�rcito, entraron a su casa
a eso de las 22 horas, mientas dos oficiales de polic�a, vistiendo el uniforme
azul, montaban guardia afuera. El
Sr. Jacquelin fue sacado de la cama, ordenado a vestirse y conducido a la
comisar�a local de Cit� Soleil y se dice que, posteriormente, ocho oficiales
de polic�a fueron a buscarlo y lo llevaron a un destino desconocido.
Desde entonces se desconoce su paradero.
19.
En el transcurso de la visita realizada en enero de 1987 a Hait�, la
Comisi�n pudo confirmar que hab�a habido varios testigos oculares del arresto
del Sr. Charlot Jacquelin y que una multitud hab�a seguido a las autoridades
que lo conduc�an a la comisar�a de Cit� Soleil.
Las autoridades, a modo de respuesta, lanzaron tiros al aire para
dispersar al grupo que, de hecho se disolvi�.
20.
Otro testigo ocular aleg� haber visto que el Sr. Jacquelin escoltado por
ocho soldados, era sacado de la comisar�a de Cit� Soleil en un jeep
verde, reconocido como el jeep que normalmente viaja de la comisar�a a
Fort Dimanche.
21.
Otro testigo atestigu� que el arresto obedeci� a dos razones.
Cuando hay un ataque contra los militares o la polic�a �y la misma
semana del arresto del Sr. Jacquelin hab�a habido uno contra la comisar�a
local- las autoridades arrestan a una gran cantidad de personas como
�venganza� o �para quitarles dinero�.
Este testigo manifest� que toda persona arrestada debe pagar dinero para
salir en libertad y el arresto le permite a las fuerzas de seguridad extorsionar
a la familia de los arrestados. En
consecuencia, afirm� el testigo, �una muerte ocurrida en un barrio puede
permitir que el gobierno obtenga $10.000, extorsionando a 100 personas mediante
el ofrecimiento de protecci�n obligada�.
22.
El Gobierno de Hait� respondi� a la solicitud de informaci�n que sobre
este caso le hiciera la Comisi�n, declarando que �Charlot Jacquelin jam�s
hab�a sido arrestado por la polic�a�, a pesar de los numerosos testigos
oculares del hecho. La Comisi�n no
ha recibido informaci�n adicional sobre este caso a pesar de que el Gobierno
expres� su intenci�n de investigar los hechos conducentes a esta desaparici�n.
Las
muertes ocurridas en 1986-1987
23.
En su Informe Anual 1986-1987, la Comisi�n analiza nuevamente el
creciente estado de violencia generalizado en Hait� y los ataques sistem�ticos
al derecho a la vida. En el, la
Comisi�n destaca la incapacidad del gobierno militar de poner fin a la
violencia que constitu�a una amenaza para el proceso democr�tico y, en
particular, para el movimiento de los candidatos por todo el pa�s en la
realizaci�n de sus campa�as pol�ticas. La
Comisi�n declara en ese Informe:
En
lo que se refiere a las violaciones al derecho a la vida ocurridas desde la
aprobaci�n del �ltimo Informe Anual de la Comisi�n, cientos de personas habr�an
muerto en manos de agentes de las fuerzas armadas a partir del 29 de junio de
1987. Asimismo, cientos de personas
habr�an resultado heridas. Informaciones
procedentes de la Comisi�n Gubernamental de Investigaci�n de Hait� dieron la
cifra de 255 muertos en el pueblo de Jean Rabel.
Por su parte, la prensa haitiana ha informado recientemente que en las
calles de Puerto Principe la aparici�n de cad�veres en las calles se ha
tornado una pr�ctica rutinaria. La
Comisi�n considera que Hait� vive en la actualidad en un estado de violencia
generalizado.
El clima de violencia se manifiesta en el
hecho de que la poblaci�n de Puerto Principe no sale a la calle despu�s de las
9 de la noche. Tanto personas como
veh�culos son atacados, especialmente en los barrios populares de Bolosse, Cit�
Soleil y Ber Air de la capital. En
la ma�ana del 2 de septiembre de 1987, por ejemplo, fueron encontrados los
cuerpos de Rony Ambroise y Frequenz Charles, acribillados a balazos. Un testigo ocular declar� que hab�an sido sacados de sus
hogares durante la noche por la polic�a, muertos y sus cuerpos arrojados en una
ruta hacia el aeropuerto. La Comisi�n
ha sido informada de que la aparici�n de cuerpos en las calles de Puerto
Principe se ha tornado un espect�culo rutinario.
Este clima de violencia ha afectado el panorama pol�tico del pa�s.
Aunque las elecciones est�n fijadas para el pr�ximo mes de noviembre,
ning�n candidato osa organizar una campa�a electoral y viajar a las provincias
desde que le dieron muerte a Louis Eugene Athis, a principio del mes de agosto
pr�ximo pasado, durante un encuentro pol�tico.
El 3 de agosto, Louis Eugene Athis, de 46 a�os, fundador y coordinador
general del Movimiento Democr�tico para la Liberaci�n de Hait� (MODEHL) fue
asesinado junto con dos de sus compa�eros, Oscar Dorgevil y Fran�ois Jean.
Athis hab�a viajado a Leogane, un pueblo a 20 millas de distancia de
Puerto Principe, a los efectos de participar en un encuentro pol�tico. Athis hab�a escrito al comandante de la regi�n con dos
semanas de antelaci�n solicitando protecci�n.
Un grupo de personas armadas con machetes, picos y piedras, los atac� a
pedradas y machetazos hasta darles muerte acus�ndoles de comunistas.
Otro acompa�ante, Dominique Mercena, fue golpeado en la cabeza, los
brazos y la pierna izquierda, pero escap� y pudo atestiguar los hechos.
La Comisi�n ha tenido conocimiento de que los cuerpos de Athis y sus
compa�eros fueron rociados con gasolina y prendidos fuego.
Athis, quien hab�a fundado su partido en 1964 en la Rep�blica
Dominicana, hab�a sido un activo defensor de los derechos humanos de los
braceros haitianos quienes cortaban ca�a de az�car en ese pa�s.
Tambi�n hab�a sido una de las personas que m�s contribuyeron al
surgimiento del centro democr�tico en Hait� que hoy cuenta con importantes
candidatos presidenciales como Dejoie, Manigat y Bazin.
Su muerte puede ser interpretada como una se�al dirigida a los pol�ticos
de Hait� y ha tenido como resultado que sean muy pocos en el pa�s quienes est�n
conduciendo una campa�a pol�tica.
En conclusi�n con respecto al derecho a la vida, en relaci�n a los
actos de violencia imputados a autoridades del gobierno, la Comisi�n ha
recibido, en general, informaci�n del Gobierno de Hait� exonerando a sus
agentes de toda responsabilidad. La
convicci�n y sentencia del oficial de las fuerzas armadas Robes Metellus por la
muerte de un obrero del transporte, Jules Louis, constituye una excepci�n a lo
anterior, aunque debe se�alarse que los trabajadores del transporte hicieron
una huelga de cinco d�as, en noviembre de 1986, para asegurar que Metellus ser�a
injuiciado.
24.
En cuanto se refiere al caso del Sr. Louis Eugene Athis, a pesar de que
uno de los testigos oculares vivi� para contar este brutal triple asesinato,
nadie, hasta la fecha, ha sido sometido a la justicia.
El chef de section9 de esta �rea fue detenido a fin de ser
interrogado acerca del crimen pero despu�s fue puesto inesperadamente en
libertad. El aparato judicial se ha
mantenido mudo, nadie ha sido investigado ni acusado.
En cuanto al sistema legal de Hait� se refiere, pareciera no haberse
cometido ning�n crimen.
25.
Es ahora evidente que el clima de temor generalizado de Hait� era creado
sistem�ticamente por el gobierno militar y las fuerzas auspiciadas por �ste.
La diaria aparici�n de cad�veres en las calles constituye un mensaje
potente a la poblaci�n para que no desafiara ni a las autoridades ni al status
quo. La incapacidad del
gobierno de investigar estas muertes y conducir a alg�n responsable ante la
justicia concede impunidad a los perpetradores y evidencia la complicidad del
gobierno en estos actos.
Las
muertes ocurridas los d�as 28 y 29 de noviembre de 1987
26.
Las muertes ocurridas los d�as 28 y 29 de noviembre de 1987 fueron
necesarias para que el CNG rescatara el control del proceso electoral de manos
del Consejo Electoral Provisional. El
3 de diciembre de 1987, el CNG cre� una Comisi�n Investigadora Especial
destinada a investigar los hechos ocurridos en las elecciones del 29 de
noviembre (v�ase el cap�tulo II). Esta
Comisi�n, integrada por Luc Michel (presidente), Ives Decady, Ivan Richard
Maurasse, Lous Thony Fils (coronel), Fritz Coudet (coronel) y Ulrick Noel,
someti� ostensiblemente su informe a las autoridades el 15 de enero de 1988,
aunque no se dio a publicidad en esa fecha.
Radio Metropole anunci� el 4 de abril de 1988, que la Comisi�n hab�a
emitido su informe.
27.
El Informe de la Comisi�n Investigadora Especial tiene 25 p�ginas y es
el primero de su g�nero con apariencia de seriedad.
El mandato de este cuerpo era examinar las causas y las circunstancias en
torno a los hechos acaecidos el 29 de noviembre de 1987 e identificar a sus
autores.10
28.
La Comisi�n cumpli� su mandato entrevistando a testigos tanto en Puerto
Principe como en las provincias, visitando el hospital de la universidad estatal
para hablar con las v�ctimas de la masacre ocurrida en la fecha en cuesti�n,
entrevist�ndose con l�deres pol�ticos para escuchar sus puntos de vista sobre
la situaci�n nacional y visitando el hospital de Canap�-Vert.11
29.
El informe en particular en cuanto a su voluntad de criticar las fuerzas
Duvalier-Macoutes y a su an�lisis de las causas y circunstancias que rodearon
los sucesos citados pero su examen de las fuerzas envueltas obedece al impl�cito
mandato gubernamental de no implicar a los militares.
En cuanto se refiere al Ej�rcito, en el se dice:
El Ej�rcito no particip� en la contienda por el poder puesto que no
tiene ambiciones pol�ticas�12
30.
En cuanto concierne al papel de los duvalieristas dice:
Los duvalieristas, por ser los herederos de la conquista revolucionaria
de 1946, est�n decididos a conquistar el poder�13
31.
En el Informe se declara que es imposible identificar a los autores
individuales de los actos de violencia y sabotaje.
En muchas provincias, muchos de ellos eran individuos procedentes de
otras regiones y la mayor�a ten�a puestas m�scaras para proteger la
identidad. Adem�s, �la estrategia adoptada por los autores de los actos de
violencia y sabotaje, objeto de la presente investigaci�n, parece haber sido la
de no dejar pista alguna.14
32.
El informe atribuye responsabilidad al Commissaire de Gouvernement cuya
tarea consiste en investigar los delitos cometidos; a la Polic�a, por no haber
establecido un cord�n de seguridad; al Ministerio de Informaci�n y Coordinaci�n,
por no haber elevado el nivel educativo de las masas mediante programas sobre
educaci�n c�vica; a las Autoridades P�blicas, por no haber tenido una pol�tica;
y, por �ltimo, al Consejo Electoral Provisional, por haber permitido la
injerencia de poderes extranjeros en los asuntos internos y por no haber
reconocido �la imposibilidad de realizar estas elecciones antes de la masacre
que tuvo lugar en la calle Vaillant.15
33.
El Informe concluye que es posible creer que (il est permis de croire)
las fuerzas Duvalier-Macoute hayan sido las autoras de estas atrocidades.
No obstante, intenta justificar los actos atribuy�ndolos a la defensa
propia, al decir que:
Decapitados, acosados, perseguidos y quemados vivos despu�s del 6 de
febrero de 1986 y, ante la inminente resurgencia de tales actos despu�s de los
resultados de las elecciones de noviembre pasado, como consecuencia de su
voluntad de vivir, los macoutes, se encontrar�an obligados a defenderse.16
34.
En lo que se refiere a la acusaci�n de que tambi�n hab�an participado
fuerzas integradas por macoutes y soldados del ej�rcito, en el informe
se expresa que no es posible �establecer que las fuerzas integradas por
macoutes y soldados estuvieran implicadas en los actos de noviembre�, aunque
se evita una negativa categ�rica explicando que es �inapropiado acusar al Ej�rcito
en general, a pesar del continuo conflicto entre �ste y el CEP, de la violencia
electoral de la cual son culpables algunos elementos cuya identificaci�n ha
sido muy dif�cil.17
35.
La Comisi�n concluye que no ha podido identificar a los culpables porque
los testigos, tales como los miembros del CEP, se negaron a testificar ante la
Comisi�n, y las v�ctimas, temiendo represalias, rehusaron decir la verdad.
Dado que dos coroneles formaban parte de la Comisi�n Investigadora, es f�cil
entender la reticencia de los miembros del CEP y de las v�ctimas.
La Comisi�n Investigadora expresa en su informe que aunque no ha podido
identificar a los culpables de forma individual, si ha podido identificarlos
�colectivamente� y pide al Commissaire du Gouvernement que investigue
y castigue estos cr�menes.18
36.
Esta raza traza de �legalismo� endosando el problema al Commissaire
du Gouvernement, est� en curiosa contradicci�n con anteriores conclusiones
contenidas en el Informe acerca de que el sistema judicial hab�a sido �pusil�nime
e impotente� en cuanto a someter a la justicia a los participantes en el dechokaj
que quemaron vivos a conocidos macoutes.
37.
En el Informe se recomienda que la investigaci�n quede abierta y que se
compense a aquellas personas que sufrieron da�os materiales y f�sicos el 29 de
noviembre de 1987.
38.
Durante la visita de agosto de 1988 a Hait�, la Comisi�n hizo al
Ministro de Justicia algunas preguntas relacionadas con ciertas conclusiones y
recomendaciones contenidas en ese Informe, en particular, con las causas por las
cuales no se hab�a procesado a los responsables de las muertes ocurridas el 29
de noviembre y acerca de s� se hab�a instituido alguna pol�tica de compensaci�n
para las v�ctimas y sus familiares que hubieran sufrido da�os materiales
corporales en los sucesos del 29 de noviembre.
El Ministro respondi� que no se hab�an iniciado procesos contra los
perpetradores de las muertes y otros actos de violencia el d�a de las
elecciones porque el Ministerio �no puede encontrar a las v�ctimas�.
En lo que concierne a la pol�tica de compensaci�n, el Ministerio no hab�a
visto el Informe de la Comisi�n Investigador ay no estaba familiarizado con sus
recomendaciones. El Sr. Ivan
Richard Maurasse, Presidente del
Departamento de Detenciones del Ministerio de Justicia estaba presente en la
reuni�n de la delegaci�n de la Comisi�n con el Ministro de Justicia, por lo
cual pudo pregunt�rsele c�mo era posible que un miembro del Ministerio de
Justicia que tambi�n hab�a sido miembro de la Comisi�n Investigadora, no
hubiera comunicado los resultados de ese Informe al Ministro de Justicia.
El Sr. Maurasse respondi� que la Comisi�n Investigadora hab�a sometido
su Informe al CNG y que este no lo hab�a
comunicado a�n a los ministros respectivos.
La delegaci�n de la CIDH le proporcion� al Ministro su ejemplar de ese
Informe, el cual se hizo una fotocopia. La
delegaci�n pregunt� al Ministro si �l dar�a su apoyo a una pol�tica de
compensaci�n para las v�ctimas de la violencia registrada el 29 de noviembre,
respondiendo el Ministro que el asunto no era de su competencia.
39.
En el Informe tambi�n se recomiendan algunas medidas radicales para
tratar los problemas de seguridad, a saber, que �la Polic�a tome medidas en�rgicas
y apropiadas a fin de eliminar a toda persona perturbadora del orden p�blico, o
susceptible de perturbarlos, y de desmantelar los reconocidos centros donde se
engendra el crimen, que sirven como medio de cultivo para la conducta
antisocial.19 Esta recomendaci�n constituye, a todas luces, una carta
blanca para las autoridades a fin de que puedan eliminar toda reuni�n de grupos
de obreros sindicalizados, estudiantes, trabajadores de �rdenes religiosa, y
otros similares, que est�n contra el gobierno.
Otra medida excesiva contenida en el Informe es la que recomienda la
realizaci�n de �registros peri�dicos� en todo el pa�s para localizar o
incautar armas ilegales.20
Los
registros hechos no se han ajustado a las disposiciones pertinentes de la
Constituci�n de 1987 (infra).
40.
Si bien el Brigadier General H�rard Abraham, Ministro de Relaciones
Exteriores, estado vestido de civil cuando se reuni� con la delegaci�n de la
CIDH, en agosto de 1988, el Ministro de Justicia Brigadier General Fritz
Antoine, luc�a uniforme. El Ministro de Justicia relat� a la Comisi�n sus esfuerzos
por mejorar la administraci�n de justicia en Puerto Principe y en las
provincias, entreg�ndole copias de dos discursos pronunciados el 26 de agosto
de 1988, uno en Saint-Marc y el otro en Gonaivez, en los que solicita de los
funcionarios del Ministerio de Justicia en la regi�n de Artibonite que sirvan a
la ley y la justicia, diciendo: �Es hora de que la justicia haitiana sea
transparente en todos los niveles de nuestras instituciones judiciales�.
El Ministro de Justicia manifest� que piensa visitar las 15
jurisdicciones judiciales del pa�s y que dada la �violencia end�mica� de
la regi�n de Arbonite, el Teniente General Namphy piensa poner fin a las
�bajezas de ciertos funcionarios y agentes del Ministerio de Justicia� de
modo que vuelva a reinar la paz en la regi�n.
41.
En realidad, como se comenta detalladamente en el Cap�tulo IV (infra),
el Gobierno del Presidente Manigat destituy� al Capit�n Ernst Ravix del cargo
de Comandante del distrito de St. Marc, en la regi�n de Arbonite, y despu�s de
derrocado Manigat, el Teniente General Namphy lo reintegr� a ese cargo.
Lo mismo sucedi� con el Suboficial Gabriel Finasse, quien despu�s de
derrocado Manigat fue reintegrado a su cargo de Comandante del Subdistrito de
Thomonde.
42.
En Resumen, la Comisi�n es de la opini�n que para el Ministerio de
Justicia mejore la administraci�n de la justicia en Hait�, el sistema judicial
debe ser desmilitarizado. Al presente, el Ministro de Justicia pronuncia discursos
relativos a sus buenas intenciones de hacer una purga en los niveles bajos del
funcionariado del Ministerio de Justicia mientras los comandantes militares de
esas regiones, cuyas poblaciones los consideran �tiranos�, son reintegrados
a sus cargos y contin�an aterrorizando a los habitantes.
Para que la tarea de las comisiones investigadoras tenga alg�n
significado, sus conclusiones deben ser comunicadas a los ministerios
pertinentes a fin de que tomen las acciones apropiadas.
43.
Es dif�cil no llegar a la conclusi�n de que estas medidas de
�reforma� se toman para apaciguar la opini�n internacional y no por un
verdadero inter�s en mejorar la situaci�n.
El
asesinato del Sr. Lafontant Joseph (Caso N� 10.209)
44.
El 11 de julio de 1988 se encontr� el cuerpo del Sr. Lafontant Joseph
detr�s del volante de su coche, cerca de la ruta que conduce al aeropuerto
internacional. El Sr. Joseph, de 54
a�os, era un destacado abogado en cuestiones de derechos humanos que hab�a
defendido a las figuras pol�ticas de la oposici�n, arrestadas durante los dos
a�os de gobierno del CNG. Su asesinato es el primer ataque aparentemente pol�tico
ocurrido desde el golpe militar del 20 de junio de 1988 y el primer asesinato de
un individuo cuyo nombre consta en una lista de condenados a muerte a manos de
los escuadrones de la muerte.
45.
Esta supuesta lista fue entregada a la Comisi�n durante su visita de
agosto de 1988. Est� fechada el 25
de mayo de 1988 y su t�tulo, en cr�ole, es: �OPERASYON BALEWOUZE TOUT
KOMINIS ANACHIS MACHAN�N PEYI� (OPERACI�N LIMPIEZA DE TODOS LOS COMUNISTAS
Y ANARQUISTAS QUE EST�N VIENDIENDO EL PA�S).
La lista consta de 164 nombres, aunque en algunos se incluye tambi�n a
la familia, como, por ejemplo �XX, su esposa e hijos� (XX, sa femme et
enfants). En vista de que ciertos ministros han dicho desconocer esta lista, se
la publica para alertar a las autoridades competentes a fin de que protejan a
las v�ctimas potenciales:
Jean Bertrand Aristide
Antoine Adrien
William Smarth
Jean-Marie Vincent
Liliane Pierre-Paul
Willy Romulus
Anthony Pascal (Konp� Filo)
V�nel R�marais
Thony B�lizaire
Marcus Plaisimont
James Rosefort
Ardy Jean-Gardy
Jean Max-Blanc
Marie Laurence Lass�que
Ben Dupuis
Evans Paul (Konp� Plim)
Jean Dominique
Jean-Robert Aupont
Dominique Levanti
Konp� Molosk�t
Hail�
Alix Damour
Suzy
Castor
Claudette Wourley
Joseph Senat
Georges Honorat
Odette Fonbrum
Gladys Lauture et son mari
Mme. Lina MacNally et son mari
Yves D�jean-Los
Michel Soucar
R�nald Trouillot
Jean Claude Pierre-Louis
Cajuste Lexius
Joubert Fran�ois
Carl Henri Guito
Lafontant Joseph
Joseph Manicy Pierre
Jean-Jacques Honorat
Daniel Narcisse
Eddy Volel
Rose-Marie Biamby-Volel
Michel Hector
Guy Pierre
Max Chancy
G�rard Jean-Juste
Manno Charlemagne
Didier Dominique et Rachelle
Alain Rocourt
Emmanuel Ambroise
Jean Robert Sabala
Michel Roy
Louis Roy
Andr� Arcelin
Chavannes Jean-Baptiste
Jean-Paul Duperval
Elie Cantave
Paul Latortue
Edzer Dprsaomvo�
Konp� Z�bey
Patrix Dacius
Suzette Fan�m Vanyan
Mme. Cath�rine Roley
Joseph Maxi
Paola
Tet. Ansan�m Jean Rabael
Agustin Feneh
Marcel Mondesir
Sylvain Jolibois
Abner Fran�ois
Cliford Larose
M�sidor G�rard
Jean-Marie Salvant
Jean-Laurent Nelson
Mirabeau Louis
Ogesse St. Jean
Sylvio C. Cluade
Louis D�joie II
Gerard Gourgue
Marc L. Bazin
Hubert De Ronceray et femme
Luc B. Innocent
Paul Arcelin
Benard
San�arig, femme et enfants
Ren� Th�odore
Max
Bourjolly
Alexandre Azard
Pasteur
Desarmes
Joachin Pierre
Jean
Marie Benoit
Serge Gilles
Victor
Benoit
Jean Claude Bajeux
F�lix
Paul
Arnold Antonin
Turneb
Delp�
Gilles Hendrick
Fran�ois Pierre-Louis
Frantz L. Jean
Jean
Robert Lalane
Paul D�jean
Robert
Duval
Yves Antoine Richard
Gerard
Pierre Charles
Gerard Troussaint
Claude
Ren�
Yves Champagne
Auguste
Mesyeux
Maire-Paul Jeune
Mme.
Lafontant Joseph
Rockfeller Guerre
Idly
Cameau
Blain Kennedy
Jean-Baptiste Hilaire
Gabriel Miracle
Eddy
Jeune
Jonas Pierre-Louis
Yves
Sanon
Lesly Ambroise
Michelle
Montas
Raymond Joseph
Frantz
Jean-Marie
Jude L. Jean-Jacques
Jacques
Pascal-Zet
Ronald St. Jean
Roselaine Gilbert
R�nald Cl�rism�
Frantz Grandois
Ernst Verdiu
Rom�o
� Radio Lumi�re
Monique Jean Baptista
Maria
Terentia Dehoux
Karline Champagne
Joel
Lorquet
Harry Louis
Ren�
Exum�
Absalon-Radio Centre ville
Robert
Angalde
Clitandre Piedrre
Cajuste
Linhardt
Roger Gaillard
N�gre
Lakay
Duly Brutus
Sincius Deli (Milo)
Dutel Lamour
Carlo
D�sinor
Alex Ettiene
Eilson
D�sir
M�c�ne Richemond
Guy
Gilbert
Marc Garcia
Nicole
Magloire
Kyle Richemond
Jacquelin
(Prensa Latina)
Point du jour yves (kamokin nan p�yi blanc)
Pasteur
Porris Jean-Baptiste
G�rad Dorm�vil (Gonaives)
Serge
Jovein
Moises Senatus
Franck
Tomas
Larneck Hurbon
(contin�a...)
[ �ndice
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1.
El Art�culo 4 de la Convenci�n Americana dispone: 1. Toda
persona tiene derecho a que se respete su vida.
Este derecho estar� protegido por la ley y, en general, a partir del
momento de la concepci�n. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
2. En
los pa�ses que no han abolido la pena de muerte, �ste s�lo podr� imponerse
por los delitos m�s graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de
tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena,
dictada con anterioridad a la comisi�n de delito. Tampoco se extender� su
aplicaci�n a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.
3. No
se restablecer� la pena de muerte en los Estados que la han abolido.
4. En
ning�n caso se puede aplicar la pena de muerte por delito pol�tico ni comunes
conexos con los pol�ticos.
5. No
se impondr� la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisi�n del
delito tuvieren menos de dieciocho a�os de edad o m�s de setenta, ni se le
aplicar� a las mujeres en estado de gravidez.
6. Toda
persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnist�a, el indulto o
la conmutaci�n de la pena, los cuales podr�n ser concedidos en todos los casos.
No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud est�
pendiente de decisi�n ante autoridad competente.
El Art�culo 5 dice: 1.
Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad f�sica, ps�quica
y moral. 2.
Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos
o degradantes. Toda
persona privada de libertad ser� tratada con el respeto debido a la dignidad
inherente al ser humano.
3. La
pena no puede trascender de la persona del delincuente.
4. Los
procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias
excepcionales, y ser�n sometidos a un tratamiento adecuado a su condici�n de
personas no condenadas. 5.
cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los
adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad
posible, para su tratamiento. 6.
Las penas privativas de la libertad tendr�n como finalidad esencial la
reforma y la readaptaci�n social de los condenados.
El
Art�culo 7 dispone: 1.
Toda persona tiene derecho a la liberta y a la seguridad personales.
2. Nadie puede ser privado de su libertad f�sica, salvo por las causas y
en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Pol�ticas de los
Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.
3. Nadie
puede ser sometido a detenci�n o encarcelamiento arbitrarios.
4. Toda
persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detenci�n y
notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.
5. Toda
persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro
funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendr�
derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad,
sin perjuicio de que continu� el proceso.
Su libertad podr� estar condicionada a garant�as que aseguren su
comparecencia en el juicio.
6. Toda
persona privada de la libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal
competente, a fin de que �ste decida, sin demora, sobre la legalidad de su
arresto o detenci�n y ordene su libertad si el arresto o la detenci�n fueran
ilegales. En
los Estados Partes cuyas leyes prev�n que toda persona que se viera amenazada
de ser privada de su libertad tiene
derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que �ste
decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recursos no puede ser
restringido ni abolido.
Los recursos podr�n interponerse por s� o por otra persona.
7. Nadie
ser� detenido por deudas.
Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente
dictados por incumplimiento de deberes alimentarios.
2.
Yoram Dinstein: �The Right to Life, Physical Integrity and Liberty�,
en The International Bill of Rights, Ed. Louis
Henkin (1981).
3.
V�ase por ejemplo, Bernard Diederich y Al burt:
Papa Doc and the Tontons Macoutes, (edici�n 1986).
4.
Id. p. 370.
5.
Comunicado de USIS �Procedures � suivre pour l�obtention du visa de
non�immigrant�, en Le Petit Samedi Soir, No. 723, agosto 6-12, 1988.
6.
Jean-Pierre Cloutier: �Crime or politics�, Haiti Times, el
peri�dico de habla inglesa de Hait�, junio, 1988.
7.
LAPPH: Le Militant, No. 8, mayo, 1988.
8.
V�ase la nota 6 (supra).
9.
El chef de section en la estructura pol�tica de Duvalier era el
jefe del sector territorial m�s peque�o.
Estos chefs eran elegidos por el propio presidente.
10.
V�ase Rapport de la Commission d�Enqu�te, enero, 1988.
11.
Id.
12.
Id. en p. 6.
13.
Id.
14.
Id. en p. 17.
15.
Id. en pp. 19-20.
16.
Id. en p. 21.
17,
Id. en p. 22.
18.
Id. en p. 24.
19.
Id. en p. 25.
20.
Id.
|
