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SURINAME
Desde 1983 la Comisión ha realizado dos observaciones in loco
en Suriname y preparado como resultado de ellas dos informes especiales
sobre la situación de los derechos humanos en ese país.
El primer informe fue el resultado de una denuncia recibida por la
CIDH la cual urgía que ésta investigase la muerte de quince prominentes
ciudadanos surinameses por parte de las autoridades militares de Suriname.
La investigación in loco de ese caso y el análisis sobre la
situación de los derechos humanos en general se realizó del 20 al 24 de
junio de 1983. Seguidamente,
la Comisión aprobó el “Informe sobre la Situación de los Derechos
Humanos en Suriname” el 5 de octubre de 1983 concluyendo en el mismo que
altas autoridades del Gobierno habían sido responsables de la muerte de
estas quince personas.
Luego de una segunda observación in loco realizada del 12
al 17 de enero de 1985, la Comisión aprobó su “Segundo Informe sobre
la Situación de los Derechos Humanos en Suriname” el 2 de octubre de
1985.
En dicho informe la Comisión, además de reiterar al Gobierno de
Suriname que se investigasen los trágicos acontecimientos del 8 de
diciembre de 1982, volvió a insistir en la necesidad de que se
restablezca “a la brevedad posible un sistema de democracia
representativa, el que, como lo ha declarado la CIDH en repetidas
ocasiones, es la garantía más segura de respeto de todos los derechos
humanos contenidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre”. Debe anotarse
que tal recomendación aún no ha sido implementada.
Desde la publicación de dicho informe, la Comisión ha continuado
observando el desarrollo de los acontecimientos en Suriname en lo que
respecta a la situación de los derechos humanos.
Durante el período al que se refiere este Informe han acaecido en
Suriname importantes hechos en relación a la vigencia de los derechos
humanos, a los cuales la Comisión se referirá a continuación.
Tal como lo señaló en su anterior Informe Anual, en el mes de
julio de 1986 surgió un movimiento guerrillero llamado Jungle Comando
dirigido por el ex Sargento Ronnie Brunswijk, y en el cual la mayoría de
sus seguidores son maroons (descendientes de esclavos africanos escapados)
como él.
Los maroons de Suriname, llamados bosnegers en holandés, o
bush negroes en otros idiomas, forman un total de aproximadamente 50.000
personas y representan alrededor del 12 por ciento de la población total
de Suriname que es de alrededor de 400.000 personas.
Se estima que aproximadamente otros 200.000 ciudadanos de Suriname
han emigrado desde la independencia de 1975, en su mayoría a los Países
Bajos.
Ya en noviembre de 1986, la insurrección de los maroons,
especialmente en la sección oriental del país entre Moengo y el pueblo
fronterizo de Albina, y al sur hasta Brokopondo, había adquirido
importantes proporciones. Moengo
y Albina, en general, han sido abandonados por sus respectivos habitantes.
En noviembre de 1986, el Gobierno declaró el estado de emergencia
en Maroni, Commewijne, Brokopondo, Para y parte de Sipoliwini, abarcando
aproximadamente las tres cuartas partes del
país. El estado de emergencia prohibía a los medios de comunicación
informar sobre la lucha armada. El
Gobierno también restringió los viajes en la mayor parte de los caminos
y carreteras e instituyó los viajes en la mayor parte de los caminos y
carreteras e instituyó a partir de comienzos de diciembre, el toque de
queda entre las 6:00 p.m. y las 5:00 a.m.
La lucha armada que se ha suscitado en Suriname ha generado, a su
vez, una situación que ha afectado la vigencia de los derechos humanos y
que la Comisión ha procurado seguir con atención.
Así, en el curso del segundo semestre de 1986 la Comisión ha
recibido denuncias según las cuales las tropas del Gobierno habían
atacado pueblos maroons, y al no distinguir entre civiles no armados y
guerrilleros, habían dado muerte a no combatientes.
Asimismo, en esa época, según las denuncias, se habrían
producido verdaderas masacres en varios pueblos de maroons incluyendo
Morakrondre, Distrito de Marowigne, en donde se denunció un número de
personas que murieron incluyendo un niño (Caso Nº 9820).
Según los denunciantes también el ejército tomó prisioneros no
armados, especialmente a jóvenes de 16 a 17 años de edad.
Moengotapoe, el hogar de Ronmnie Brunswijk, fue otro de los pueblos
donde presuntamente tuvo lugar una masacre. Un
informe sobre las pérdidas de vidas en estos ataques da una cifra de más
de 200 civiles muertos durante el mes de diciembre de 1986.
De acuerdo a las estadísticas gubernamentales actualmente hay 120
hombres prisioneros de guerra en los dos pabellones de Fort Zeelandia
- uno de estos conocido como “el demonio”. Dos de los prisioneros son extranjeros, uno italiano y otro
argentino. Además, se ha
acusado que durante las redadas a esos pueblos el ejército había robado
90.000 guilders (US$50.000) en efectivo y numerosas alhajas pertenecientes
a los maroons.
El 6 de julio de 1987 el Gobierno respondió, sosteniendo que era víctima
de “actividades terroristas” de un grupo cuyo objetivo era derrocar al
Gobierno. Sostuvo también que las acciones del ejército eran de
naturaleza defensiva y que solamente atacó después de haber advertido a
la población civil que abandonara el área.
Con respecto a las denuncias de muertes de civiles el Gobierno señaló
que: “Fue sumamente
lamentable que algunos habitantes civiles que no abandonaron estas áreas
fueron atrapados en el cruce del fuego”.
El Gobierno, en cambio, no proporcionó ninguna respuesta en cuanto
al asunto de la propiedad personal confiscada.
El 4 de diciembre de 1986 se prohibieron las reuniones públicas
bajo el estado de emergencia y se suspendió el tráfico por los ríos.
Dos semanas más tarde, en respuesta a la inquietud internacional
sobre la situación en Suriname, el Ministro de Relaciones Exteriores,
Hendrik Herrenberg, declaró que las organizaciones internacionales
gubernamentales incluyendo a la CIDH podrían visitar Suriname, donde
serian bien recibidas, a fin de evaluar la situación de los derechos
humanos en el país.
En su reunión de marzo de 1987, la Comisión citando la invitación
del Ministro Herrenberg, solicitó la anuencia del Gobierno para emprender
una observación in loco a Suriname, y el 10 de abril, en una rápido
respuesta, el Gobierno consintió en autorizar esa investigación. La
visita ha sido programada para la semana del 5 al 9 de octubre de este año
y ella será la tercera visita in situ de la Comisión a Suriname
desde 1983. La CIDH desea
dejar constancia de su reconocimiento al Gobierno por haber consentido en
esa visita, a la cual la Comisión le concede la mayor importancia.
Una de las principales consecuencia de la agitación civil en
Suriname ha sido el éxodo masivo de los refugiados maroons y amerindios a
la vecina Guayana Francesa. Se
estima que alrededor de 9.000 refugiados de Suriname viven en varios
campamentos cerca de St. Laurent en la Guayana Francesa.
De éstos, alrededor de 8.000 son maroons o bush negroes y 1.000
amerindios. (Los amerindios
totalizan alrededor de 5.000 en Suriname y representan alrededor del 1.2
por ciento de la población nacional).
En vista de las circunstancias que condujeron a esta evasión de
Suriname, la Comisión solicitó al Gobierno de Francia autorización para
visitar el campamento de refugiados de la Guayana Francesa para
entrevistar allí a los maroons y amerindios sobre las presuntas
violaciones a sus derechos humanos por parte del ejército de Suriname.
Además de las denuncias a que se ha hecho referencia antes, la
Comisión también recibió información acerca de ayunos forzados, cortes
a la asistencia social y discriminación racial contra los grupos étnicos
mencionados. Estas
acusaciones también serán investigadas por la Comisión, tanto in
situ como en la Guayana Francesa.
Otra consecuencia importante de la insurrección ha sido la
exacerbación de la ya mala situación económica en Suriname, a la cual
la Comisión no se referirá en este documento –pero que, sin dudar, ha
aumentado las tensiones sociales y afectado la observancia de los derechos
humanos.
Así, a partir de febrero de 1985, los estudiantes de secundaria de
Paramaribo y sus alrededores comenzaron unas demostraciones pacíficas
reclamando reformas democráticas, quejándose del estado crítico de la
economía y protestando por la falta de materiales de enseñanza.
Estas marchas se unieron a una huelga estudiantil y fueron
recibidas por una severa represión policial.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Suriname (creado por
Decreto A-18 el 24 de mayo de 1986) investigó los acontecimientos de la
semana del 17 al 20 de febrero en la Escuela Prima Técnica donde
comenzaron las protestas estudiantiles.
El informe del Instituto Nacional, de fecha 26 de marzo de 1987,
adjudica la responsabilidad inicial a “agitadores” anónimos para
luego concluir que: “los estudiantes recibieron severas golpizas;
…”en total desacato de la autoridad de la administración, los
estudiantes fueron bárbaramente sometidos a maltratos en los lugares
donde buscaron refugio”; debiendo las lesiones recibidas por los
estudiantes “caracterizarse como ‘graves abusos’”.
El
Instituto Nacional de Derechos Humanos recomendó entonces que “El
gobierno deberá considerar procesar y castigar a los individuos que
fueron responsables…” de las violaciones en cuestión.
La CIDH, por su parte, tiene la intención de averiguar acerca de
la voluntad del Gobierno de poner en ejecución esta recomendación,
durante su visita in situ en octubre.
Luego de prolongadas negociaciones entre los líderes estudiantiles
y el Gobierno, las clases se reanudaron en abril de 1987.
De acuerdo a las informaciones recibidas de la Comisión, al menos
murió un estudiante durante esas protestas.
Un aspecto del malestar existente en Suriname es la falta de
información a la ciudadanía sobre lo que está sucediendo en su país.
El único periódico que de hecho existe en el país, De West,
funciona todavía bajo el Decreto 310 (en vigor desde el 7 de mayo de
1984) que restringe la libertad de prensa.
El otro periódico de circulación masiva De Ware Tijd, tuvo
que cerrar por falta de papel. La
estación de televisión del país es propiedad del Gobierno y las
diferentes estaciones de radio están sujetas a la censura.
El órgano de censura del Estado es la Agencia de Noticias de
Suriname (SNA). Las
restricciones sobre los viajes internos hacen, además, casi imposible la
información sobre lo que acontece en el país.
En suma. Debido a la falta de noticias exactas y confiables, los
rumores son abundantes, lo cual ha contribuido a un gran sentido de
inseguridad social.
Algunos críticos del régimen como Linus Rensch, bush negro
y profesor universitario (Caso Nº 9778), que se han atrevido a formular
críticas han sido hostigados e intimidados.
Al Profesor Rensch le confiscaron su pasaporte y se le advirtió
que no podía abandonar el país. Se
le prohibió también enseñar o publicar sus trabajos.
En respuesta a la denuncia de este caso el Gobierno sostuvo que las
publicaciones del Profesor Rensch eran sediciosas y contrarrevolucionarias.
En lo que se refiere a los derechos políticos ha habido
importantes desarrollos en Suriname durante el período que abarca este
informe. El 31 de marzo la
Asamblea Nacional, en donde los militares y los tres partidos políticos
tradicionales (Partido Nacional Surinamés – MPS Partido Progresista
Reformado – VHP y el Partido Agrario Indonésico – KTPU) así como las
principales organizaciones sindicales y empresariales estuvieron
representados, aprobaron por unanimidad un proyecto de Constitución
Nacional. El proceso de
negociación y estudio ha estado en curso desde 1985.
La Constitución está sujeta a un referéndum programado para el
30 de septiembre de este año y será seguido de la elección de una
Asamblea Nacional compuesta de 51 miembros.
La fecha de las elecciones se ha trasladado para finales de
noviembre de 1987.
A su vez, la Asamblea Nacional elegirá a un Presidente con amplios
poderes.
Una disposición ambigua y perturbadora de la nueva Constitución
establece que “el ejercicio nacional es la vanguardia militar del pueblo
de Suriname (Art. 177)”. El
significado de este lenguaje resulta de gran importancia en vista del
papel preponderante desempeñado por el ejército
desde el golpe de estado de 1980, y en especial, la parte de
liderazgo asumida por el Comandante de las Fuerzas Armadas, Teniente
Coronel Bouterse.
En el curso del presente año el Teniente Coronel
Bouterse ha sido citado numerosas veces por los medios de
comunicación expresando que no tiene la intención de ser candidato a la
presidencia, o, en otras oportunidades, que aún no ha tomado una decisión. No obstante, debe destacarse que el Movimiento 25 de febrero,
sustento del actual Gobierno y que tiene como líder al Teniente Coronel
Bouterse, se convirtió oficialmente en un partido político en junio de
1987 bajo el nombre de Partido Nacional Democrático. Dicho partido indicó su intención de participar en las próximas elecciones nacionales, aunque no
ha hecho ningún anuncio sobre quién será su candidato. Actualmente cuelga una gran bandera del partido en una de las
calles principales de Paramaribo frente al Ministerio del Ejército y
Policía.
El 3 de agosto de 1987 tuvo lugar en Paramaribo la primera gran
reunión pública de los tres antiguo partidos tradicionales.
Uno de los estimados dice que asistieron 60.000 personas, aunque
esta cifra ha sido discutida. De
todos modos la multitud fue enorme, especialmente teniendo en cuenta la
población relativamente pequeña del país en su totalidad.
En esa concentración los dirigentes de los tres partidos políticos
instaron a sus seguidores a usar las próximas elecciones para restablecer
la democracia en Suriname.
Esta demostración de fuerza política coincidió con la creación
del llamado Frente de la Democracia y Desarrollo conducido por los tres
partidos políticos principales. Posteriormente,
los dirigentes del Frente, al verse fortalecidos, se reunieron con el
Teniente Coronel Bouterse. A
continuación de es reunión el Teniente Coronel Bouterse anunció su
renuncia como Presidente del Consejo Supremo Deliberante, el órgano
ejecutivo de hecho más importante del Gobierno.
Al mismo tiempo, el Comandante Ivan Graanoogst, el segundo en mando
del ejército, se retiró también de dicho órgano.
Los acontecimientos descritos culminaron en el llamado Acuerdo
Leonsburg, suscrito entre los dirigentes militares y de los partidos políticos. El compromiso produjo un llamado al reconocimiento de
actividades conjuntas para colaborar hacia el logro de la estabilidad y
unidad nacionales como base para el logro el establecimiento de la
democracia. También se
comprometieron a continuar el diálogo.
En resumen, a juicio de la Comisión, la situación de los derechos
humanos en Suriname continúa siendo precaria.
No existe libertad de prensa y el estado de emergencia ha
restringido aún más el flujo de información y otros derechos de
asociación y libre tránsito. La
detención arbitraria de algunos disidentes continúa ocurriendo y ha
habido atropellos y maltratos a ciudadanos por la policía y el ejército
como en el caso de la brutal represión de las protestas estudiantiles.
En concepto de la Comisión, la más grave de las violaciones a los
derechos humanos en el período a que se refiere este informe ha sido el
trato dado a la población civil no combatiente de maroons y amerindios,
en el noreste del país, la que ha llegado a tener características
alarmantes. Por otra parte,
debe destacarse un aspecto positivo de la situación de los derechos
humanos en Suriname. La
aquiescencia del Gobierno de Suriname, de invitar al Comité Internacional
de la Cruz Roja, el Relator
Especial de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos a visitar el país, constituye un paso altamente positivo.
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