INFORME ANUAL 1991
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HAITI Introducción La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos ha continuado observando con especial
atención la situación de los derechos humanos en Haití.
Las sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales de los
haitianos durante la dictadura duvalierista llevaron a la Comisión a
elaborar un informe especial en 1979. Después
de la salida del Presidente Jean Claude Duvalier, el 6 de febrero de 1986,
la Comisión continuó presentando un informe de seguimiento sobre la
situación de los derechos humanos en Haití. El
Consejo Nacional de Gobierno, que había sucedido a Duvalier, dirigió el 29
de julio de 1986 una invitación a la Comisión para que llevase a cabo la
visita in loco, la cual fue realizada por el pleno de la Comisión en
enero de 1987. La segunda
visita de la CIDH se efectuó después del derrocamiento del Presidente
civil Leslie Manigat en agosto de 1988.
Como Frente a
la escalada de violencia y deterioro de los derechos humanos, el Consejo
Permanente de la OEA fue convocado el 23 de febrero de 1990 a fin de
analizar la situación de Haití y resolvió solicitar a la Comisión que
continuara dando atención prioritaria a la situación de los derechos
humanos en Haití y con el acuerdo del Gobierno realizara otra visita in
situ y preparara un informe especial.2 La agravación de los conflictos en Haití impidieron que el
Gobierno del General Prosper Avril concretara la invitación antes de ser
substituido por el Gobierno provisional de la Dra. Ertha Pascal Trouillot,
con quien la Comisión acordó que la visita de observación se llevaría a
cabo del 17 al 20 de abril de 1990. Como
resultado de la observación efectuada, la CIDH presentó su tercer informe
especial a la Asamblea General de la OEA, reunida en Paraguay en junio de
1990. Este informe cubre el período
del Gobierno del General Prosper Avril y señala en forma especial la
preocupación de la CIDH por el problema de la seguridad en que se
desarrollarían los comicios.3 Por
invitación del Gobierno, la Comisión en pleno realizó una visita a Haití
del 14 al 16 de noviembre de 1990, con la finalidad de observar la situación
de los derechos humanos en el país y en particular los derechos políticos,
dentro del marco del proceso electoral que se estaba llevando a cabo. En su
Informe de seguimiento sobre la situación de derechos humanos en Haití4,
la Comisión mencionó que las elecciones generales se llevaron a cabo en
forma pacífica, con la presencia de observadores internacionales de la
Organización de los Estados Americanos y de la Organización de las
Naciones Unidas (ONUVEH), así como la presencia de representantes de
organizaciones no gubernamentales. Los observadores declararon haber percibido algunas
irregularidades de poca importancia, debido a la desorganización o a la
falta de medios del Consejo Electoral, pero manifestaron que las elecciones
habían sido libres y democráticas. El 23 de
diciembre, el Consejo Electoral proclamó oficialmente a Jean Bertrand
Aristide Presidente de Haití, al obtener la mayoría absoluta de los votos.
Jean Bertrand Aristide ganó con el 67.39% de los votos depositados
en los comicios del 16 de diciembre, que contaron con la participación del
75% del electorado.
Faltando
un mes para la transmisión del poder al Presidente electo, un intento de
golpe de Estado se produjo durante las primeras horas del 7 de enero.
El dirigente neoduvalierista Roger Lafontant, apoyado por un sector
del ejército obligó a renunciar a la Presidenta Provisional Dra. Ertha
Pascal Trouillot y se autoproclamó, por la radio nacional, Presidente de la
nación. El intento de golpe
había sido precedido por una balacera en la zona de la sede de la
Presidencia y del cuartel Dessalines, colindante al Palacio.
Los Tontons-Macoutes circulaban en vehículos blindados
efectuando disparos para intimidar a la población, quien en respuesta se
lanzó inmediatamente a la calle y comenzó a levantar barricadas con neumáticos
incendiados, en diversos barrios de la ciudad, para impedir la circulación
de la ex militia duvalierista y exigir que se respetara el resultado de las
elecciones.
El Jefe de las Fuerzas Armadas, General Abrahams, puso fin al golpe
de Estado encabezado por Lafontant que pretendía evitar la llegada al poder
de Aristide. Lafontant y 15
seguidores, tanto militares como civiles fueron conducidos al Cuartel
General de las Fuerzas Armadas. EL
General Abrahams declaró que los detenidos serían presentados ante la
justicia. Asimismo informó que
una Comisión de Investigaciones había sido formada para aclarar los
sucesos y descubrir eventuales cómplices.
La comunidad internacional repudió el intento de usurpación del
poder en Haití. El mismo día
7 de enero de 1991, el Consejo Permanente de la OEA fue convocado de
urgencia para discutir la situación de Haití y resolvió respaldar el
Gobierno Provisional de la Presidenta Dra. Ertha Pascal Trouillot y apoyar
al proceso democrático en el que resultó Presidente electo el Dr. Jean
Bertrand Aristide por manifiesta voluntad del pueblo.5
El Gobierno de Haití decretó el toque de queda con motivo de los
ataques continuados contra personas que se les consideraba vinculadas a los
sucesos del día 7. Por su
parte, Jean Bertrand Aristide hizo un llamado a la disciplina a sus
partidarios y al pueblo en general, para que retornara la calma al país,
lamentando la violencia de que habían sido objeto las sedes religiosas.
A pesar del clima de violencia e intimidación que prevalecía en el
país, suscitado por rumores de una tentativa de golpe de Estado de parte de
los neoduvalieristas, el 7 de febrero se llevó a cabo la transmisión del
poder al nuevo Presidente, Jean Bertrand Aristide.
Situación de los derechos humanos durante el Gobierno del
Presidente Aristide
Las elecciones presidenciales del 16 de diciembre de 1990 marcaron
una nueva etapa dentro del espectro político de Haití.
La toma de posesión del Presidente Jean Bertrand Aristide significó
la esperanza del pueblo haitiano
Durante su Gobierno, el Presidente Aristide tuvo que hacer frente a
diversos problemas y presiones como las provenientes de los sectores
conservadores, duvalieristas, políticos y militares, que percibían grandes
cambios y reformas sociales que pondrían en peligro sus intereses.
Al iniciar su mandato, el Presidente Aristide se comprometió a
adoptar medidas concretas para garantizar el respeto de los derechos
humanos. Así, uno de los primeros pasos de su Gobierno fue el de
solicitar al Comandante de las Fuerzas Armadas, General Abrahams, el retiro
de seis Generales y un Coronel del Ejército y su reemplazo por algunos de
los coroneles que supervisaron las elecciones presidenciales. Una semana más tarde, los Generales Gérard Lacrète, Serge
St. Elio, Acédious St. Louis, Fritz Romulus, Jean-Claude Laurenceau,
Roland Chavannes y el Coronel Christophe Dardompré pasaron a retiro. El Coronel Raoul Cédras, quien dirigió el Comité de
Seguridad Electoral, fue ascendido a Mayor General, algunos meses más tarde
sería nombrado Comandante en Jefe de la Fuerza Armada. Asimismo, el Presidente Aristide solicitó la transferencia
de un grupo de oficiales que tenían un conocido récord de abusos a los
derechos humanos a remotas localidades del país y concedió ascensos a
oficiales y soldados que habían sido objeto de abusos durante el régimen
del General Prosper Avril. Estos
actos no fueron bien recibidos por las Fuerzas Armadas.
Otra de las primeras decisiones adoptadas por el nuevo Gobierno, fue
la de prohibir la salida del país a varios funcionarios del Gobierno
anterior. Durante la ceremonia
de toma de posesión del Presidente Aristide, el Fiscal de la Nación,
Bayard Vincent, quien sería designado más tarde Ministro de Justicia, dio
a conocer dos listas con nombres de 162 personas, algunas de las cuales no
podían dejar el país hasta que sus estados de cuentas fueran revisados,
como el caso del señor Jean-Robert Sabalat, Presidente del Consejo
Electoral y dos antiguos alcaldes, Irene Ridoré y Widner Vital.
Una de estas listas incluía el nombre de la señora Ertha Pascal
Trouillot, ex-Presidenta Provisional, a quien relacionaban con el
intento de golpe de Estado del 7 de enero de 1991.
Otros de los nombres contenidos en esas listas eran de personas
involucradas en violaciones de derechos humanos.
Durante los dos primeros meses del Gobierno de Aristide la violencia
continuó y se presentaron varios casos de "justicia popular".
Uno de ellos tuvo lugar el 19 de marzo, en Montrouis, región de la
Artibonite, cuando dos policías mataron a Phanor Mérantus, de 14 años de
edad, por negarse a darles la cantidad de 150 dólares.
Al enterarse de este acto, la gente de la localidad se dirigió al
puesto policial, donde se encontraban los dos policías y les dieron muerte,
mediante el suplicio del "Père Lebrun", que consiste en colocar
un neumático en el cuello de la víctima y prenderle fuego.
Tratando de buscar soluciones a
los crímenes y violaciones de derechos humanos de los Gobiernos anteriores,
el 25 de febrero se formó una Comisión Especial que revisaría connotados
casos, como los de las masacres de Jean Rabel, Danti y Labadie.
Dicha comisión estaba integrada por los Ministros de Justicia,
Asuntos Sociales, Agricultura y Planificación.
Posteriormente, se formaría una segunda Comisión que investigaría
los abusos de derechos humanos entre los años 1986-1990.
Esta vez, la Comisión Investigadora quedó integrada por
personalidades independientes como el señor Necker Dessables, miembro de la
Comisión de Justicia y Paz, Jean Claude Bajeux, Director del Centro Ecuménico
para los Derechos Humanos, Lucien Pardo, político de la Artibonite y
Patrick Henry y Georges Moises, miembros de organizaciones populares.
A mediados de marzo, el Gobierno de Aristide comenzó una campaña de
persecución en contra de aquellos duvalieristas considerados culpables de
la violencia política. El 26
de marzo de 1991, Anthony Virginie Saint-Pierre, antiguo Ministro de
Información del Gobierno del General Prosper Avril y el señor André
Isidore Pongnon, antiguo Comandante de Fort Dimanche, fueron detenidos y
acusados de conspirar contra la seguridad del Estado.
(La CIDH inició la tramitación del caso del señor Virginie
Saint-Pierre).
Entre las personas buscadas por la justicia se encontraban el General
Williams Regalá, antiguo Ministro de Defensa durante el Gobierno de Namphy,
acusado de organizar las masacres perpetradas durante las elecciones de 1987
y el ex-alcalde de Puerto Príncipe, Frank Romain, acusado de haber
organizado la masacre de la Iglesia de San Juan Bosco en 1988.
A pesar de los esfuerzos del Ministro de Justicia, Bayard Vincent,
para extraditar a esas personas no hubo respuesta de parte de las
autoridades de la República Dominicana.
También los terratenientes Nicole Poitevien y Polynice Volcy fueron
acusados de participar en la masacre de campesinos en Jean Rabel en 1987 y
en Gervais a principios de 1991.6
Dentro de este contexto de detenciones, el 4 de abril se libró una
segunda orden de comparecencia a la doctora Ertha Pascal Trouillot, para que
declarase ante el Tribunal sobre su presunta complicidad en el intento de
golpe de Estado del 7 de enero de 1991.
La señora Trouillot permaneció una noche en prisión y
posteriormente fue sometida al régimen de arresto domiciliario.
El 10 de abril se suspendió dicho arresto.
La violencia y los abusos de autoridad cometidos en las áreas
rurales de Haití llevaron al Gobierno del Presidente Aristide a tratar de
eliminar el sistema de Jefes de Sección.
El 4 de abril se anunció, mediante un comunicado de prensa, el
licenciamiento de los Jefes de Sección y la transferencia de sus funciones
de las Fuerzas Armadas al Ministerio de Justicia.
Los Jefes de Sección entregaron sus armas al Ejército y se
nombraron
nuevos agentes rurales, quienes fueron instalados por los Jueces de Paz.
A pesar de las buenas intenciones del Gobierno, en la práctica se
presentaron varios problemas: Si
bien existía la decisión de suprimir el sistema de Jefes de Sección, no
se habían creado las estructuras adecuadas para el procedimiento de selección
de los nuevos agentes y en muchas localidades la población no llegó a
ponerse de acuerdo sobre las personas que representarían el cargo.
Por una parte, los nuevos agentes rurales enfrentaron graves
problemas al no contar con armas para combatir la delincuencia y ésta
proliferó de tal manera que los delincuentes actuaban con total impunidad.
Por otra parte, los militares seguían operando en las áreas
rurales, obstaculizando la acción de la justicia.
Durante el mes de junio se produjeron varias manifestaciones de
organizaciones populares, tanto en la capital como en provincia, en protesta
por las medidas adoptadas por el Primer Ministro, René Preval sobre el alza
de precios en los productos alimenticios básicos.
En este contexto de crisis económica se sumó el problema de las
expulsiones colectivas de los haitianos que se encontraban trabajando en la
República Dominica.
El 11 de junio de 1991, organizaciones no gubernamentales denunciaron
ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos las violaciones de
derechos humanos que sufrían los cortadores de caña haitianos, empleados
en la República Dominicana, señalando en particular lo que consideraban el
régimen de trabajo forzado que sufrían los niños haitianos en las
plantaciones del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
Días después de las renovadas denuncias sobre maltratos de
haitianos y de que la cadena de televisión estadounidense ABC mostrara imágenes
de las deplorables condiciones de vida de los cortadores de caña haitianos,
el Presidente Balaguer emitió el Decreto 233, el 13 de junio de 1991,
mediante el cual se repatriaría a los haitianos indocumentados menores de
16 años y mayores de 60 años que se encontrasen en la República
Dominicana.
A partir del 18 de junio, el Gobierno dominicano llevó a cabo
expulsiones masivas de haitianos, las que hasta la fecha se cuentan por
miles y en ellas se denunciaron prácticas por parte del Gobierno dominicano
y sus agentes que son violatorias a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
El Gobierno de Haití solicitó la intervención de la Organización
de los Estados Americanos y de la Organización de las Naciones Unidas en un
esfuerzo por buscar una solución al grave problema que enfrentaba al
recibir intempestivamente miles de nacionales.
Una Delegación Especial de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos realizó una visita a la República Dominicana del 12 al 14 de
agosto de 1991, para observar la forma en que se estaban llevando a cabo las
repatriaciones.
La información proporcionada por
la Delegación Especial fue analizada por la Comisión en pleno durante su
80 período de sesiones (23 de septiembre al 4 de octubre 1991), decidió
seguir observando la situación de los haitianos en la República Dominicana
y solicitó al Gobierno dominicano que informara sobre la situación actual
de proceso de las repatriaciones que se seguía en el país.
El 18 de diciembre el Gobierno dominicano informó a la CIDH lo
siguiente: "A raíz de los acontecimientos que se produjeron en Haití
a partir del 30 de septiembre de este año, el Poder Ejecutivo suspendió
las deportaciones".
El 26 de julio se produjo el asesinato de cinco jóvenes por parte de
miembros de la policía. Según
información proporcionada a la CIDH, los jóvenes se encontraban en el
estacionamiento de un supermercado en Puerto Príncipe, cuando uno de ellos
fue agredido y ejecutado públicamente por el Capitán Neptune, Jefe del
Servicio de Investigaciones de la Policía, los cuatro restantes fueron
conducidos al cuartel por varios policías.
Al día siguiente, se encontraron sus cuerpos abandonados en
diferentes lugares de la ciudad, con claras señas de torturas y múltiples
balas. Según se mencionó a la
Comisión no hubo investigación alguna sobre el crimen.
En medio de un ambiente de violencia y de descontento por la grave
situación económica, las relaciones entre el Ejecutivo y el Parlamento se
deterioraron aún más. Según
diversas declaraciones, este conflicto tenía su origen a principios del
nuevo Gobierno, cuando el Presidente Aristide nombró al Primer Ministro,
René Preval, sin consultar al Parlamento.
De acuerdo con el artículo 158 de la Constitución, el Primer
Ministro debía presentarse ante el Parlamento con la finalidad de obtener
un voto de confianza para su declaración de política general.
El 14 de febrero, el Primer Ministro recibió la aprobación del
Parlamento.
Posteriormente, según se señaló a la Comisión, en el mes de marzo
se agravaron las tensiones entre el Ejecutivo y el Parlamento cuando el
Presidente nombró los Jueces de la Corte de Casación sin informar de ello
al Senado, quien en respuesta declaró los nombramientos nulos en base al
artículo 175 de la Constitución. No
obstante, los jueces ejercieron sus funciones hasta el mes de octubre.
Más tarde, el Presidente Aristide llevó a cabo el nombramiento de
Embajadores y miembros del Tribunal de Cuentas y del Tribunal Contencioso
Administrativo sin consultar, tampoco esta vez,
al Senado. En respuesta
a la actitud asumida por el Ejecutivo, varios Senadores presentaron su
dimisión.
La tensión política se presentó también entre los miembros del
Frente Nacional para el Cambio y Democracia (FNCD), partido que apoyó la
candidatura de Aristide y miembros del Movimiento "Lavalas".
Los dirigentes del FNCD criticaban los nombramientos de puestos
claves dados a personas con poca experiencia política.
Por su parte, los dirigentes del "Lavalas" acusaban al FNCD
de querer ocupar cargos en el Gobierno y repartir posiciones administrativas
entre sus partidarios. En
realidad el origen del
Los conflictos entre el Ejecutivo y el Parlamento continuaron cuando
la Cámara de Diputados llamó al Primer Ministro, René Preval, a
comparecer el 13 de agosto, y cuestionar su política de gobierno.
Esta interpelación se desarrolló en un ambiente de tensión, dado a
que cientos de manifestantes habían rodeado el Palacio Legislativo y proferían
amenazas en contra de los parlamentarios.
El 29 de agosto, los diputados convocaron nuevamente al Primer
Ministro, sin obtener respuesta. Esta
negativa deterioró aún más las relaciones entre el Gobierno y el
Parlamento, pero en un esfuerzo por evitar una crisis mayor el Presidente de
la Cámara de Diputados, Duly Brutus, propuso al Presidente Aristide que se
reuniera con los Presidentes de las Comisiones de la Cámara Baja o que
recibiera una Comisión parlamentaria en el Palacio Nacional.
El Presidente Aristide decidió acompañar al Primer Ministro cuando
éste fue convocado ante la Cámara de Diputados, el 3 de septiembre.
Al día siguiente, los diputados decidieron suspender la votación
sobre la interpelación del Primer Ministro, que debía concluir en un voto
de confianza o voto de censura, hasta enero de 1992, donde se tomaría la
decisión final.
Durante los últimos días del mes de julio se llevó a cabo el
juicio en contra de Roger Lafontant y de sus cómplices, por el intento de
golpe de Estado del 7 de enero de 1991.
El Gobierno designó defensores de oficio a los acusados, ya que la
mayoría de los abogados entrevistados por los familiares de los acusados se
negaban a defenderlos, por temor a las amenazas de "dechoukage"
proferidas contra ellos. El señor
Lafontant se negó a ser representado en el juicio por el defensor de
oficio. El juicio se desarrolló en un ambiente de tensión, ante las
amenazas de la muchedumbre reunida afuera del Tribunal que clamaba con
aplicarles el "suplicio del Père Lebrun".
Los procesados fueron sentenciados a cadena perpetua, aún cuando el
Código Penal señala un máximo de 10 a 15 años para los delitos que
atentan contra la seguridad del Estado.
Sólo a uno de ellos se le concedió el recurso de apelación.
Este proceso fue percibido por el pueblo como el fin del duvalierismo
y del macoutismo en Haití.
A pesar de los problemas enfrentados por el Gobierno del Presidente
Aristide, existía una voluntad de llevar a cabo reformas sociales y de
ayudar a satisfacer las necesidades esenciales del pueblo haitiano.
Por ejemplo se trató de reformar el poder judicial y el sistema
penitenciario. Se envió al
Congreso un proyecto de ley que establecía la separación entre las Fuerzas
Armadas y la Policía, el cual desafortunadamente no prosperó. Se trató también de eliminar el sistema de Jefes de Sección.
Se creó una Comisión de Derechos Humanos del Senado y una Comisión
Especial para
La situación de los derechos humanos en Haití a partir del golpe
de Estado del 29 de septiembre de 1991
El 29 de septiembre de 1991, las Fuerzas Armadas de Haití depusieron
mediante un golpe de Estado al Presidente democráticamente electo, Jean
Bertrand Aristide. Después de
un tiroteo en la casa del Presidente, éste buscó refugio en el Palacio
Nacional junto con 150 soldados y policías que se mantuvieron leales a él.
Sin embargo, las fuerzas leales fueron reducidas y el Jefe de la
Guardia Presidencial fue muerto. El
Presidente fue forzado a abandonar el Palacio Nacional y conducido a los
cuarteles militares, donde fue obligado a dimitir.
Posteriormente le fue otorgado un salvoconducto para viajar a
Venezuela, junto con algunos oficiales de su Gobierno, gracias a la mediación
de los embajadores de Francia, Estados Unidos y Venezuela acreditados en
Haití.
Inmediatamente una Junta Militar, compuesta por el General Raoul Cédras,
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas haitianas, Coronel Alix Sylva,
Sub-Comandante en Jefe y el Coronel Henri Robert Marc Charles, antiguo
militar asignado en Washington, declaró tener el control del Gobierno.
La Comisión fue informada de los hechos ocurridos como consecuencia
del golpe de Estado, así como de la reacción popular.
La población haitiana, al enterarse del golpe de Estado, salió a
las calles y en algunos sectores de Puerto Príncipe levantaron barricadas.
Algunas organizaciones llamaron a huelgas generales y
manifestaciones, pero los militares reprimieron violentamente las protestas
callejeras con disparos indiscriminados, impidiendo así que la población
organizara un levantamiento popular como había ocurrido anteriormente en el
intento de golpe de Estado del 7 de enero de 1991.
Diversas fuentes señalaron a la Comisión que centenares de personas
habían resultado muertas y heridas en los enfrentamientos de los primeros días,
especialmente en los barrios pobres. La
Junta Militar estableció un toque de queda.
El golpe militar que derrocara al Presidente Aristide provocó el
rechazo inmediato del sistema interamericano.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos
se reunió de urgencia, el 30 de septiembre, expresando en su Resolución
567 (870/91) su más enérgica condena a tales hechos y a sus autores y
demandó el respeto a la Constitución y al
Ante la gravedad de la situación, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos expresó su profunda consternación, mediante un comunicado
de prensa emitido el 1°
de octubre de 1991, sobre los hechos producidos en Haití el 29 de
septiembre que provocaron la pérdida de vidas humanas y que interrumpieron
el proceso democrático que se iniciara con las elecciones del 16 de
diciembre de 1990, las cuales reflejaron de manera auténtica la voluntad
del pueblo haitiano en legítimo ejercicio de sus derechos políticos, tal
como están reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En este sentido, la Comisión señaló que el golpe ocurrido en Haití
constituía una clara vulneración de esos derechos políticos y de otros
derechos y libertades fundamentales reconocidos también en la mencionada
Convención. Asimismo, la
Comisión señaló que la carencia de orden legal así generada podía
conducir a violaciones de muchos de los derechos humanos garantizados
internacionalmente.
En ese mismo comunicado de prensa, la Comisión encontró oportuno
recordar que la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos de 1990 había considerado que el "régimen de la democracia
representativa es fundamental para el establecimiento de una sociedad política
donde se puedan realizar plenamente los derechos humanos y que uno de los
elementos esenciales de tal régimen es la efectiva subordinación del
aparato militar al poder civil". Igualmente,
la Comisión manifestó su esperanza a que se procediera a un rápido
restablecimiento del régimen democrático, restituyendo en su cargo a las
autoridades constitucionales con un irrestricto respeto a los derechos
humanos, se concediera especial protección a los grupos que se dedican a la
defensa y protección de esos derechos e indicó su intención de continuar
observando con especial atención la evolución de los derechos humanos en
Haití.
Ante la gravedad de los acontecimientos ocurridos en Haití, la Reunión
de Ministros de Relaciones Exteriores se llevó a cabo en Washington, el 2
de octubre de 1991. En esa
reunión el Presidente Aristide tuvo la oportunidad de describir la forma en
que se sucedieron los hechos en su país.
La Reunión de Ministros reiteró su enérgica condena al golpe de
Estado y aprobó
1. Reiterar la enérgica condena efectuada por el Consejo Permanente
respecto a los graves hechos que suceden en Haití que ocasionan el
desconocimiento del derecho a la libre determinación de su pueblo y exigir
la plena vigencia del estado de derecho, del régimen constitucional y
la inmediata restitución del Presidente Jean-Bertrand Aristide
en el ejercicio de su legítima autoridad.
2. Solicitar al Secretario General de la Organización que en unión de
un grupo de Ministros de Relaciones Exteriores de Estados miembros se
traslade con urgencia a Haití y exprese a quienes detentan de hecho el
poder el rechazo de los Estados americanos a la interrupción del orden
constitucional y haga de su conocimiento las decisiones adoptadas en esta
Reunión.
3. Tener por únicos representantes legítimos del Gobierno de Haití
ante los órganos, organismos y entidades del sistema interamericano a los
designados por el Gobierno constitucional del Presidente Jean-Bertrand
Aristide.
4. Instar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que, de
acuerdo con la solicitud del Presidente Jean-Bertrand Aristide y de
manera inmediata, adopte todas las medidas a su alcance para tutelar y
defender los derechos humanos en Haití e informe al respecto al Consejo
Permanente de la Organización.
5. Recomendar, con el debido respeto a la política de cada uno de los
Estados miembros en materia de reconocimiento de Estados y Gobiernos, una
acción que procure el aislamiento diplomático de quienes detentan de hecho
el poder en Haití.
6. Recomendar a todos los Estados que suspendan sus vínculos económicos,
financieros y comerciales con Haití, así como la ayuda y cooperación técnica
que fuera del caso, con excepción de los aspectos estrictamente
humanitarios.
7. Solicitar al Secretario General de la Organización que adelante
gestiones tendientes a incrementar el Fondo Interamericano de Asistencia
Prioritaria a Haití, el que sin embargo no podrá ser utilizado mientras la
actual situación subsista.
8. Recomendar a la Secretaria General de la Organización la suspensión
de toda asistencia a quienes detentan de hecho el poder en Haití y
solicitar a los órganos e instituciones regionales tales como la Comunidad
del Caribe, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura y el Sistema Económico
Latinoamericano, adopten igual medida.
9.
Instar a todos los Estados que se abstengan de otorgar todo tipo de
asistencia militar, policial o de seguridad y de transferir bajo cualquier
modalidad, pública o privada, armamentos, municiones, y equipos a dicho país.
10. Mantener abierta la Reunión ad hoc de Ministros de Relaciones
Exteriores para recibir, con la urgencia que la situación requiere, el
informe de la Misión a que se refiere el párrafo dispositivo 2 de la
presente resolución y adoptar, de acuerdo con la Carta de la OEA y el
derecho internacional, las medidas adicionales que fueren necesarias y
apropiadas para asegurar la restitución inmediata del Presidente
Jean-Bertrand Aristide en el ejercicio de su legítima autoridad. 11.
Transmitir la presente resolución y exhortar a la Organización de
las Naciones Unidas y sus organismos especializados a que tengan en cuenta
el espíritu y sus objetivos. Posteriormente,
la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores exhortó a los Estados
miembros de la OEA al congelamiento de los activos del Estado haitiano y a
la aplicación de un embargo comercial a Haití, salvo excepciones de carácter
humanitario. Durante esta reunión,
se creó una misión de carácter civil (OEA/DEMOC), para el
reestablecimiento y fortalecimiento de las instituciones democráticas
(MRE/RES.2/91 del 8 de octubre de 1991). Durante
su 80°
período de sesiones, el 3 de octubre de 1991, la Comisión se reunió con
el señor Presidente de la República de Haití, Jean Bertrand Aristide,
quien fue acompañado por el señor Secretario General de la Organización
de los Estados Americanos, Embajador Joao Clemente Baena Soares y el señor
Embajador de Haití ante la Organización, Embajador Jean Casimir.
Durante esa reunión se produjo un fructífero intercambio de ideas
sobre la forma en que la Comisión Interamericana podría ser útil en la
defensa de los derechos humanos en Haití, frente a los acontecimientos
ocurridos a partir del 29 de septiembre pasado y contribuir a la pronta
restauración del régimen democrático y de sus autoridades legítimamente
electas. También se
intercambiaron ideas referidas a la forma de poner en práctica la solicitud
formulada por la Reunión ad-hoc de Ministros de Relaciones
Exteriores, por solicitud del Presidente Aristide, para que la Comisión
Interamericana adoptara las medidas a su alcance para tutelar y defender los
derechos humanos en Haití. Ese
mismo día el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, después de haber
escuchado al Presidente Aristide condenó el golpe de Estado y exigió el
restablecimiento del Gobierno legítimo.
El 11 de noviembre de 1991 la Asamblea General de Naciones Unidas
aprobó la Resolución A/46/L.8, relativa a la "Crisis de la democracia
y de los derechos humanos en Haití".
El
7 de octubre, el Parlamento haitiano, eligió al magistrado Joseph Nerette,
Decano del Tribunal de Casación, como Presidente Provisional en sustitución
del depuesto Presidente Aristide. La
votación se hizo en base al artículo 149 de la Constitución, que prevé
la posibilidad de que un miembro del Tribunal Supremo ocupe provisionalmente
la Jefatura del Estado en caso de que ese puesto quede vacante. Dicha elección se llevó a cabo después de que un
destacamento de soldados rodeara el Palacio Legislativo y disparara sobre el
edificio. El
Presidente interino fue encargado de formar un nuevo Gobierno y de organizar
elecciones en un plazo de 45 a 90 días.
El fundador y director del Centro Haitiano de Derechos Humanos y de
Libertades (CHADEL), señor Jean-Jacques Honorat fue designado Primer
Ministro del Gobierno Provisional. A
raíz de la situación producida por el golpe de Estado en Haití, se
registraron una serie de violaciones a los derechos humanos.
La Comisión tuvo conocimiento de la represión ejercida por los
militares en contra de algunos sectores de la población haitiana, en
particular del barrio Cité Soleil, donde la mayoría de sus pobladores son
partidarios del Presidente Aristide. La
Comisión recibió denuncias informando que grupos de militares habían
irrumpido en varios hospitales, uno de ellos en Carrefour, para atacar
aquellas personas que habían resultado heridas a causa de los
enfrentamientos callejeros. Atemorizando también, al personal de los
hospitales para evitar que se proporcionara atención médica a las víctimas
de las protestas contra el golpe de Estado. Después
del golpe de Estado, numerosas personas fueron detenidas ilegalmente,
maltratadas y torturadas por las Fuerzas Armadas y la Policía.
En algunos casos las víctimas formaban parte del personal
administrativo del Gobierno del Presidente Aristide, en otros casos,
simplemente se trataba de gente que apoyaba su política.
El Alcalde de Puerto Príncipe, Evans Paul fue detenido el 7 de
octubre, en el aeropuerto de la capital, cuando se preparaba para hablar con
los delegados de la Misión Civil de la OEA.
El señor Paul fue trasladado al Servicio de Investigaciones
Antigang, donde fue seriamente golpeado por los militares, doce horas más
tarde fue liberado. El cantante
Joseph Emmanuel Charlemagne, simpatizante del Presidente Aristide, fue
detenido en dos ocasiones y liberado días más tarde; el acaudalado
comerciante Antoine Izmery fue detenido el 15 de octubre y liberado 10 días
más tarde. Joseph Manucy
Pierre, Secretario de información de la CATH fue detenido el 20 de octubre
y no se han tenido noticias sobre su liberación.
Jean Claude Nord, Secretario General de la Liga de Derechos Humanos
fue detenido el 12 de octubre y liberado el mismo día. Raymond Toussaint,
miembro del Comité Nacional del Congreso de los Movimientos Democráticos
(KONAKOM), fue detenido el 24 de octubre y no se ha tenido tampoco
conocimiento de su liberación. EL
día 12 de noviembre, la Comisión recibió la denuncia sobre la detención
de 120 estudiantes, mientras estaba en Puerto Príncipe la Misión En
provincia también se llevaron a cabo detenciones arbitrarias por los
militares, como la del Alcalde y Juez de Paz de Cayes-Jacmel.
Senatus y Fritzner Nosther fueron detenidos en los cuarteles de
Thiotte, Jacmel y Patrick Bauchard y Sauveur Gomez en los cuarteles de
Hinche. El Padre Eddy Julien
también fue detenido sin mandato judicial en Jeremie. Grupos
de campesinos pertenecientes al "Grupo de Defensa de Agricultores"
fueron detenidos en Bocozelle. Numerosos
campesinos del "Mouvement Paysan de Papaye" fueron detenidos en
las poblaciones de Thomonde, Hinche, Maissade y Crochu y se les tiene por
desaparecidos. En la mayoría
de esas detenciones, los militares se llevaron los bienes de los campesinos
y quemaron las edificaciones comunitarias que el Gobierno del Presidente
Aristide ayudó a construir. La
Comisión fue informada sobre numerosas muertes a partir del 29 de
septiembre. Una de las primeras
víctimas de la violencia fue el Pastor Sylvio Claude, Presidente del
Partido Demócrata Cristiano (PDCH) quien fue linchado y quemado con el
collar del "Père Lebrun". Las
Fuerzas Armadas han responsabilizado al Presidente Aristide de dicho crimen.
Otra de las víctimas del 29 de septiembre fue Roger Lafontant, quien
se encontraba prisionero en la Penitenciaría Nacional cuando fue asesinado.
Los militares, en su "Memoria de las Fuerzas Armadas de Haití
sobre los hechos del 29 y 30 de septiembre de 1991" publicaron una
declaración firmada por el capitán que estaba a cargo de la guardia
en la Penitenciaría, donde éste afirmaba haber recibido órdenes por teléfono
del Presidente Aristide de ejecutar esa noche al señor Lafontant.
Ninguno de estos crímenes ha sido debidamente investigados ni las
acusaciones probadas. El
12 de noviembre, la Comisión fue informada sobre el descubrimiento de dos
fosas comunes, en donde se encontraron 60 cadáveres de hombres, mujeres y
niños. Según las denuncias
dichas fosas se encontraban al sur de Puerto Príncipe, la primera en
Lamentin y la segunda en Ti-Taynen. La
represión también fue ejercida en contra de los medios de comunicación y
la mayoría de las estaciones de radio dejaron de difundir información
debido a las amenazas recibidas de parte de los militares.
En algunos casos se les había destruido parte de sus equipos
transmisores. Algunos periodistas fueron detenidos, confiscando sus
documentos de identificación, notas y aparatos fotográficos, entre ellos,
se encuentran los casos de Miché Sully de Radio Galaxie, Fernand Billon de
Radio Soleil, Jean Robert Phillipe del Servicio Creole de la Voz de América,
Luciane Gani, periodista italiana; Edwige Balutansky de la agencia británica
Reuter, Ives La
Comisión también fue informada de los allanamientos de domicilios sin
mandamiento judicial, realizados por militares o agentes de la policía
sobre aquellas personas que se les consideraba vinculadas con el Movimiento
Lavalas. Las residencias de los
señores Jean Claude Nord, Leslie Delatour, Carl Braun, Gabriel Verret, Dr.
Rudolph Malbranche y Robert Jean-Louis, entre otras, fueron
registradas arbitrariamente. Las
manifestaciones en favor del Presidente Aristide fueron violentamente
reprimidas por los militares, quienes a su vez permitían y propiciaban las
manifestaciones en contra del Presidente Aristide y el embargo comercial de
la OEA. Numerosos manifestantes
en favor de Aristide fueron golpeados, detenidos y otros pasaron a la
clandestinidad. Tomando
en consideración las denuncias recibidas y el continuo deterioro de los
derechos humanos en Haití, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
reunida en su sede en Washington, D.C., el 21 de noviembre de 1991, analizó
nuevamente la situación de Haití y emitió el siguiente comunicado de
prensa: El 21 de noviembre de 1991 la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, reunida en su sede en Washington, D.C., analizó con profunda
preocupación informes sobre la situación de los derechos humanos en Haití,
según los cuales, la misma se ha venido deteriorando desde el golpe de
Estado del 29 de septiembre de 1991, y ha provocado, hasta la fecha, la pérdida
de más de 1500 vidas humanas. La Comisión ha sido informada, asimismo, de la represión que están sufriendo algunos sectores de la población haitiana, en particular de aquellos que simpatizan con el legítimo Presidente Jean Bertrand Aristide, por parte de autoridades de facto. Igualmente, se sabe que toda protesta o manifestación de disentimiento contra las actuales autoridades han sido reprimidas, dando como resultado un gran número de muertos y heridos. Las denuncias presentadas ante esta Comisión indican numerosas
detenciones arbitrarias, maltratos, torturas y hostigamientos cometidos por
agentes de las Fuerzas Armadas y la Policía en contra de algunos sectores
de la población. Asimismo, señalan
las repetidas violaciones ejercidas contra los medios de comunicación, a
través de la destrucción de equipos de transmisión y de amenazas y
muertes de sus periodistas. De
igual manera, la Comisión tomó La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está firmemente
decidida a trasladarse a Haití a fin de investigar sin limitaciones sobre
el terreno las graves situaciones denunciadas, entrevistarse con las
personas que deseen hacerlo sin temor a sufrir represalias y a viajar al
interior del país donde estarían teniendo lugar, según las informaciones
recibidas, graves violaciones a los derechos humanos.
Con tal objeto, la Comisión enviará una misión exploratoria tan
pronto existan las condiciones mínimas de operación requeridas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un llamado a
todos los organismos no gubernamentales de derechos humanos, particularmente
los que operan en Haití, así como a los familiares de las víctimas y en
general a todos aquellos que con motivo de la crisis política hayan sufrido
alguna violación de sus garantías individuales, para que transmitan sus
denuncias con el objeto de iniciar la tramitación correspondiente y se
establezcan responsabilidades una vez restaurado el Gobierno legítimo de
Haití. La Comisión desea señalar, que independientemente de la situación
política imperante en un Estado parte, no se suspende la vigencia de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En consecuencia, la Comisión enfatiza que quienes ejercen el poder
en un Estado, aunque sea de facto, están obligados a respetar los
derechos individuales reconocidos por la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos desea expresar su
esperanza de que las gestiones realizadas por la Misión Civil de la OEA, en
el sentido de lograr una negociación política que evite una confrontación
violenta, se alcance a la brevedad posible. Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un
llamado a las autoridades de facto de Haití y particularmente a las
Fuerzas Armadas para que cesen en la represión y sistemática violación de
los derechos humanos cuyas víctimas es el noble pueblo haitiano y
restituyan a la brevedad posible la total vigencia de las instituciones
democráticas previstas por la Constitución, en el marco del respeto a los
derechos y garantías reconocidos por la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. Visita
in loco El
26 de noviembre de 1991, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
teniendo en cuenta los graves acontecimientos ocurridos en Haití y La
Delegación Especial de la CIDH estuvo compuesta por el señor Presidente de
la CIDH, Dr. Patrick L. Robinson, el Vicepresidente, Dr. Marco Tulio Bruni
Celli y los abogados de la Secretaría Ejecutiva, Dra. Bertha
Santoscoy-Noro y Dr. Luis Jiménez.
La misión de exploración se realizó durante los días 5 y 6 de
diciembre de 1991. Durante
su estadía en Haití, la Comisión Especial se reunió con el Ministro de
Asuntos Exteriores y Cultos, señor Jean Jacques Honorat; miembros del
Parlamento: señor Senador Hebrane Cadet y los señores Diputados Duly
Brutus y Pierre Carel Rindal; así como con el Jefe de las Fuerzas Armadas,
General Raoul Cédras acompañado por el Estado Mayor. La
delegación de la CIDH también se reunió con representantes de
organizaciones de derechos humanos y de partidos políticos a fin de recabar
información sobre la situación política del país.
Se entrevistó con representantes de la prensa escrita y oral con el
objeto de informarse sobre el estado de la libertad de expresión.
Asimismo, la Comisión Especial sostuvo entrevistas con
representantes de sindicatos, de la Iglesia, así como con otras fuerzas
vivas de la nación. La
Comisión Especial visitó el centro de asistencia para la niñez "La
famille c'est la vie", donde se entrevistó con los encargados de dicho
establecimiento. Recogió
información acerca de las investigaciones de varios casos que le habían
sido sometidas, en particular los casos de detenciones arbitrarias cometidas
durante el régimen actual. También
escuchó a personas provenientes de diversos estratos sociales, de las
cuales recibió quejas, comunicaciones e informaciones relativas al respeto
de los derechos humanos. La
Comisión no fue informada que las personas entrevistadas hubiesen tenido
inconvenientes para llegar a prestar su testimonio y tampoco fue informada
que, hasta el momento de la partida, hubiesen sufrido represalias.
La Comisión fue informada que este era un cambio respecto a la
situación prevaleciente durante la visita anterior de la Misión Civil de
la OEA, durante la cual, según se manifestó, diversas personas habían
tropezado con serias dificultades para vincularse con ella. Durante
su estadía en Haití la delegación de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos no encontró obstáculos para desempeñar sus labores,
pudiendo desplazarse sin inconvenientes por diversos lugares
de Puerto La
delegación también observó que existía una profunda desconfianza y temor
por parte de importantes partidarios o funcionarios del Gobierno del
Presidente Aristide. Muchos de
ellos habían sido objeto de persecución y se encontraban en la
clandestinidad y sus familiares eran objeto de hostigamientos. Un
aspecto que fue insistentemente presentado a la Delegación de la CIDH fue
las restricciones que había sufrido y continuaba sufriendo la libertad de
expresión. Según información
proporcionada, de nueve radios que funcionaban en Puerto Príncipe, sólo
tres seguían transmitiendo: Radio Nationale (controlada por el Gobierno),
Radio Tropique y Radio Galaxie. La totalidad de las radios de Cabo Haitiano y Jeremie habían
cesado sus transmisiones ante los hostigamientos y ataques de que habían
sido víctimas. Si bien no
existía ninguna disposición especial vigente que impidiera que esas radios
continuaran con sus emisiones, las mismas habían sufrido ataques de parte
de soldados y contra ellas se había emitido amenazas, por lo cual habían
considerado que no existían garantías para funcionar normalmente.
Tanto en su reunión con el Ministro de Asuntos Exteriores del
Gobierno de facto, como el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió la seguridad de que
las radioemisoras contaban con todas las garantías para funcionar
normalmente. Pese a tal
declaración, la Comisión recibió el día 11 de diciembre de 1991, una
comunicación denunciando la desaparición del Director de Radio Galaxie,
Felix Lamy y la destrucción y saqueo de la radio difusora por un grupo de
militares. El ejercicio del
derecho a la libertad de expresión, garantizado por el Gobierno y Fuerzas
Armadas de Haití, es una de las áreas que la Comisión deberá observar
con especial atención. La
Delegación Especial recibió abundante información sobre numerosos
arrestos y detenciones ejecutadas por las Fuerzas Armadas a partir del 29 de
septiembre de 1991. Las
diversas fuentes consultadas coincidieron en que era muy difícil
proporcionar un número exacto sobre la cantidad de personas que habían
sido afectadas. La delegación
pudo percibir que en muchos casos se trataba de arrestos por períodos
cortos, acompañados de golpes y maltratos al momento de la detención, y
que seguían una pauta de hostigamiento a partidarios del Presidente
Aristide o familiares de ellos. La
Comisión recibió también información sobre el caso de 120 estudiantes
detenidos el 12 de noviembre pasado que se encontraban reunidos en el
interior de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad.
Según la información recibida, quedaban aún bajo arresto alrededor
de 50 estudiantes. Las
autoridades indicaron que todos los estudiantes habían sido liberados,
restando quizás algunas personas detenidas por no haber sido consideradas
como estudiantes. Las condiciones en que se ejerce el derecho Durante
su estadía, la delegación fue informada de la restauración de la
institución de los jefes de sección.
La explicación proporcionada por el Comandante en Jefe del Ejército
es que la eliminación del cargo de jefe de sección fue ejecutada por una
disposición administrativa y que no pudo dictarse la ley que los
reemplazara por otra institución, generándose así un vacío de poder que,
en muchos casos, dio lugar a una situación caótica. En
lo relativo al derecho a la vida, la Delegación continuó recibiendo
informaciones sobre el elevado número de personas que habrían perdido la
vida desde los acontecimientos del 29 de septiembre.
En esa oportunidad los esfuerzos realizados por la Delegación para
lograr mayores precisiones fueron infructuosos, habiendo sido informada que
resultaba especialmente difícil conseguir información exacta sobre lo que
estaba ocurriendo en el interior del país.
Se trata de un área prioritaria en la cual la Comisión deberá
continuar esforzándose por esclarecer lo ocurrido en el futuro inmediato y
colaborar para prevenir que nuevas violaciones ocurran en el futuro. La
delegación recibió informes coincidentes sobre las profundas dislocaciones
que se estaban produciendo en la sociedad haitiana como resultado de los
hechos posteriores al 29 de septiembre de 1991.
Uno de esos fenómenos era el éxodo masivo de habitantes de Puerto
Príncipe hacia las zonas rurales, considerándose que tal fenómeno habría
afectado alrededor de 300,000 personas.
Se mencionaron como causas de este fenómeno la grave represión
desatada en contra de los grupos que apoyan al Presidente Aristide, que fue
especialmente grave en los primeros días y en ciertos barrios de la
capital. Asimismo, el clima de
inseguridad y de temor que existía en la capital había llevado a muchas
personas a buscar refugio en las zonas rurales. Otra causa del desplazamiento masivo era el incierto futuro y
las previsibles restricciones provenientes del embargo económico, cuyas
manifestaciones eran especialmente agudas en lo referido a los combustibles
y que, por esa vía, terminaría por afectar la casi totalidad de la vida
social haitiana. La represión
y la degradación de la situación política y económica ha forzado también
a un gran número de haitianos a huir del país en pequeñas embarcaciones. Con
anterioridad al golpe de Estado en Haití, el 29 de septiembre de 1991, el
Gobierno de los Estados Unidos, basado en un acuerdo bilateral con Haití,
mantenía la política de interceptar pequeñas embarcaciones con nacionales
haitianos en aguas internacionales del mar del Caribe y su posterior retorno
compulsivo a su país de origen. A
partir del
golpe de
Estado miles
de haitianos
abordaron pequeñas e
inseguras embarcaciones con destino hacia los Estados Unidos.
La Guardia Costera estadounidense interceptó un gran porcentaje de Una
vez interceptadas, la gente de los barcos era llevada a la base naval
estadounidense en Guantánamo, Cuba, donde eran entrevistados por
representantes del Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados
Unidos para determinar si según el derecho internacional, calificaban para
el status de refugiados. Estos
acontecimientos trajeron como consecuencia un gran número de demandas ante
las Cortes Federales de los Estados Unidos en Florida, las que fueron
llevadas por asociaciones no gubernamentales de asesoría legal en
representación de los "boat people". Las reclamaciones estaban basadas en el posible peligro físico
a que serían expuestas estas personas, si se les retornaba compulsivamente
a Haití. El
Juez de la Corte del Distrito emitió una orden en este caso para la
suspensión de los retornos compulsivos.
Mientras tanto, los medios de comunicación y los abogados de los
"boat people" fueron autorizados a visitar Guantánamo.
Señalando que el porcentaje de casos de personas que podrían
obtener el status de refugiado era aproximadamente de un 33%. El
31 de enero de 1992, el Fiscal General solicitó el sobreseimiento de la
orden emitida por la Corte del Distrito y ésta fue concedida por la Corte
Suprema de los Estados Unidos. La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado en dos ocasiones
al Gobierno de los Estados Unidos que suspenda el regreso de los haitianos
por razones humanitarias. La
Comisión manifestó su esperanza de que las actividades de la Misión
Humanitaria de la Organización de los Estados Americanos contribuirían a
identificar y resolver los requerimientos más apremiantes, dentro de los
parámetros que habían sido establecidos para sus actividades por los órganos
de la OEA. La
delegación pudo percibir que existía una profunda polarización política
entre los partidarios del Presidente Aristide y los grupos que ejecutaron y
apoyaron su deposición. La Delegación recibió detallados informes sobre lo que se
consideraron abusos cometidos durante los ocho meses del Gobierno anterior y
de las formas en que resultaron afectadas las instituciones del régimen
constitucional. Con
posterioridad a la visita de exploración efectuada por la Comisión, ésta
fue informada del asesinato del señor Astrel Charles, diputado del PANPRA,
el 15 de diciembre de 1991. Según las denuncias recibidas, el asesinato fue perpetrado
por un ex-Jefe de Sección reinstaurado después del golpe
de Estado. Durante el mismo día,
las residencias de los diputados Mandenave, Fignole y Milord fueron
saqueadas y quemadas por agentes de las Fuerzas Armadas.
Dos días más tarde, el señor Duly Brutus, Presidente de la Cámara
de Diputados fue amenazado para que dejara su domicilio, como lo habían
hecho los otros diputados. El
18 de diciembre, la radio de Voluntarios de la Seguridad Nacional (VSN)
(perteneciente a los Macoutes) difundió un comunicado en el que se
exhortaba a "limpiar la administración pública", eliminando a
todos los "lavalassiens" e incitando a efectuar masacres en los
barrios marginales de Puerto Príncipe.
Con ese propósito se mencionaron nombres y direcciones de empleados
públicos que apoyaban el retorno del Presidente Aristide. El
25 de diciembre, la Comisión fue informada que el Gobierno de facto
había emitido un decreto concediendo amnistía plena, para todos los
ciudadanos que habían sido detendidos, juzgados y condenados por delitos
políticos, entre el 16 de diciembre de 1990 y el 27 de septiembre de 1991.
Esto fue percibido como un acto de intimidación contra la población
que apoyaba al Presidente Aristide, ya que la mayoría de los prisioneros
amnistiados habían sido juzgados por haber cometido violaciones a los
derechos humanos. Las
violaciones al derecho a la libertad individual y a la integridad física
continuaron con arrestos extrajudiciales y abusos cometidos por parte de los
militares en contra de jóvenes habitantes de los barrios populares de
Puerto Príncipe, tales como Tiburón, Bouzi, Plateau Central, Limbé,
Limonade, Fort-Liberté y St. Louis du Nord, entre otros. Un
ejemplo más reciente de la violencia e inseguridad que impera en Puerto Príncipe
fue el ataque ocurrido el 25 de enero de 1992 en las oficinas del Movimiento
de Reconstrucción Nacional, por miembros de la policía.
Según las denuncias recibidas por esta Comisión, ese día se
llevaba a cabo una reunión a la que habían asistido varios parlamentarios
y políticos haitianos, cuando fue irrumpida violentamente por miembros de
las Fuerzas Armadas, quienes insultaron y golpearon a las personas
presentes. Como consecuencia de
ese ataque, el señor Yves Jean-Pierre, guardaespalda del señor René
Theodore, fue asesinado por uno de los policías que formaba parte del
operativo. Ese acto constituía
el segundo ataque producido contra el local del MRN; el anterior había sido
perpetrado el 18 de enero del presente año. Tomando
en consideración la resolución MRE.RES.2/91 emitida por la Reunión
Ad-Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores el 2 de octubre de 1991,
mediante la cual resolvió en su numeral 4 lo siguiente: Instar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que, de
acuerdo con la solicitud del Presidente Jean-Bertrand Aristide y de
manera inmediata, adopte todas las medidas a su alcance para tutelar
y defender los derechos humanos en Haití e informe al respecto al Consejo
Permanente de la Organización. El
Presidente de la CIDH, señor Patrick L. Robinson y el Vicepresidente,
doctor Marco Tulio Bruni Celli presentaron la información obtenida durante
la visita de exploración en Haití al Consejo Permanente de la OEA, el 9 de
enero de 1992. La
Comisión debe reiterar su convencimiento de que es sólo a través de
procedimientos democráticos que deben resolverse los problemas que pudieren
haberse suscitado y que continuará investigando las denuncias recibidas
tanto con anterioridad como con posterioridad al 29 de septiembre de 1991. La
Comisión debe reiterar, asimismo, que el respeto a las instituciones
propias al régimen de la democracia representativa constituye la mejor
garantía para la vigencia de los derechos humanos y que éste es otro de
los aspectos que la Comisión continuará observando con especial atención.
En efecto, el ejercicio de los derechos políticos, reconocidos por
el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la
cual Haití es Estado parte, resultó de gran trascendencia en el curso de
las elecciones del 16 de diciembre de 1990, por lo cual los resultados
obtenidos deben ser escrupulosamente respetados; de allí que la Comisión,
en dos oportunidades anteriores, haya llamado a respetar tal resultado y el
ordenamiento constitucional en lo referido al período en que el Presidente
ejerce el poder, a través de la restitución del Presidente Aristide. La
Comisión debe manifestar su profunda preocupación por el restablecimiento
de los jefes de sección, los cuales han sido en el pasado responsables de
numerosas violaciones a los derechos humanos y son pieza clave del sistema
represivo que ha existido en Haití. La Comisión urge al Congreso haitiano a encontrar un sistema
que reemplace los jefes de sección por funcionarios elegidos por voto
popular y que los separe del Ejército. La
Comisión está consciente de la profundidad de los problemas que afectan a
la sociedad haitiana en materia de derechos humanos y este convencimiento ha
sido reforzado por las informaciones e impresiones que ha podido obtener
durante su misión exploratoria. La grave crisis institucional planteada, las negativas
condiciones de vida de gran parte de la población haitiana, la seria
polarización política existente, el tradicional recurso a la violencia
para resolver conflictos sociales y la ausencia de una práctica democrática
arraigada, hacen que la situación de los derechos humanos en Haití sea
altamente imprevisible y en extremo peligrosa.
Tan serios problemas sólo pueden ser resueltos por los ciudadanos
haitianos mismos, con la cooperación de la comunidad internacional.
En lo que toca al quehacer de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, su contribución será la de continuar trabajando con los otros órganos
de la Organización y con el Gobierno y pueblo haitiano para lograr el
irrestricto respeto de los derechos humanos y la total vigencia de La Comisión continuará observando la evolución de la situación de los derechos humanos en Haití.
1.
Cf. OEA/Ser.L/V/II. 74. doc. 9 rev. 1, del 7 de septiembre de 1988. 2.
Cf. OEA/Ser.G. CP/RES. 537/90 del 23 de febrero de 1990. 3.
Cf. OEA/Ser. L/V/II. 77, rev. 1, doc. 18 del 8 de mayo de 1990. 4.
Cf. Informe Anual de la CIDH 1990-1991 pp. 485-505. 5. Cf. CP/RES. 555 (842/91) 6.
Cf. Informe Anual de la CIDH, 1990-1991.
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