INFORME ANUAL 1991

  

SURINAME  

             El 22 de diciembre de 1990, el Teniente Coronel Desi Bouterse renunció como Jefe de las Fuerzas Armadas de Suriname, mas no por mucho tiempo.  Dos días después, su sucesor, el Comandante Interino Ivan Grangoost, llamó por teléfono al entonces Presidente Ramsewak Shankar y ordenó su renuncia y la de su Gabinete. Cumplida la orden, el nuevo Presidente, Johannes Kraag, volvió a instalar al Teniente Coronel Bouterse en su antiguo puesto, el 31 de diciembre de 1990.  Simultáneamente se prometió la realización de nuevas elecciones para la Asamblea Nacional dentro de un plazo de 100 días.  El plazo no se cumplió con precisión, pero 150 días después del golpe de Estado se realizaron elecciones bajo la vigilancia de observadores internacionales.  

             Entre los observadores de las elecciones figuró un equipo cuyos miembros fueron designados por el Secretario General de la OEA, Joao Clemente Baena Soares.  El equipo de la OEA llegó a Suriname en febrero, y llegado el día de la elección, 25 de mayo, contaba ya con 100 personas de 16 diferentes Estados miembros.  El equipo continuó su labor hasta el 18 de septiembre, en que asumió el cargo un nuevo Presidente, Ronald Venetiaan.  

             Las elecciones trajeron consigo una serie de novedades, siendo la más notable la creación de un nuevo partido, llamado Alternativa Democrática (DA91), que promovió una nueva y más estrecha relación del país con el Reino de los Países Bajos, Madre Patria y ex-autoridad colonial de Suriname.  

             En gran medida, el debate preelectoral se centró en la propuesta del Primer Ministro de Holanda, Lubbers, de que Suriname celebrara un acuerdo con los Países Bajos en cuanto al establecimiento de una Comunidad a fin de reducir la influencia del Ejército de Suriname en la vida política del país.  Otros beneficios anunciados eran la eliminación de restricciones de viaje (tales como las visas), un régimen de doble nacionalidad y una unión monetaria entre los dos países.  

             A los observadores de la OEA se agregaron representantes de los Estados de la CARICOM, Chile, Costa Rica y la Comunidad Europea, así como de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos como Americas Watch y Caribbean Rights.  

             El consenso general de todos los observadores fue que las elecciones fueron libres y honestas y que, en general, se realizaron eficientemente.  Inclusive se convinieron mecanismos para que pudieran participar los casi 10,000 surinameses refugiados en la Guayana Francesa, la mayoría de los cuales son Cimarrones que debieron huir del país ante la represión del Ejército, en 1986.  Ello fue posible merced a un acuerdo entre los Gobiernos de Suriname y Francia y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.  Sin embargo, algunos cimarrones cruzaron el Río Maroni para votar en el territorio surinamés.  

             El 25 de mayo, la mayoría abrumadora de los surinameses en edad de votar acudieron a los 452 centros de votación de todo el país para emitir su voto.  Las elecciones suscitaron varias sorpresas.  En primer lugar, el Frente, coalición de los tres partidos políticos tradicionales, el VHP, de base étnica, el NPS y el KTPI1, sufrieron la reducción del número de sus bancas en la Asamblea Nacional de 40 a 30, sobre un total de 51.  Por otra parte, los principales beneficiarios de esa merma de la participación en el poder fueron el partido NDP, dominado por el Ejército, y DA91, que conquistaron 11 y 9 bancas, respectivamente.  

             La Constitución de Suriname prevé que el Presidente y el Vicepresidente sean elegidos por la Asamblea Nacional por mayoría de 2/3.  Si ningún candidato logra esa proporción los Consejos de Distrito realizan la elección, requiriéndose una mayoría de sólo el 50%.  

             En consecuencia, tras varios meses de demora en la Asamblea Nacional, los Consejos, dominados por el ahora denominado "Nuevo" Frente, obtuvieron el 80% de los votos provinciales y escogieron a Ronald Venetiaan, miembro del NPS y ex Ministro de Educación, como Presidente, y a John Adhim, miembro del VHP, como Vicepresidente de la República.  

             Uno de los factores por los que la campaña electoral fue ordenada fue la tregua establecida entre los grupos insurgentes, el Comando de la Jungla, dirigido por Ronnie Brunswijk y el Ejército (y sus apéndices militares, Tukayama Amazona, Anguilas y Mandelas) en marzo de 1991.  Ambos partidos prestaron un juramento denominado sweri en lengua Saramacca, de poner fin a las hostilidades.  Esto fue seguido por un acuerdo firmado en abril, por el que todas las partes reconocieron solemnemente el derecho del Gobierno de gobernar en todo el territorio de Suriname, y su compromiso de permitir la libre circulación de los votantes, observadores y funcionarios electorales, así como de respetar el resultado de la elección.  

             Un hecho aún más favorable fue que a instancias de Granman Songo Aboikani, de los Cimarrones Saramacca y de la organización de derechos humanos Moiwana 86, encabezada por Stanley Rensch, tanto las tropas del Ejército como las de los Comandos de la Jungla se retiraron de las zonas oriental y centromeridional de Suriname en mayo durante el resto de la campaña electoral.  

             Pese a todos esos factores positivos, el período electoral no estuvo totalmente exento de dificultades.  Así, el Teniente Coronel Bouterse siguió  defendiendo el golpe de Estado del día de Navidad como una "medida de intervención constitucional", aunque el 8 de mayo de 1991 prometió que el Ejército se abstendría de nuevos golpes de Estado.  

             Por otra parte, en abril, miembros de DA91 se quejaron de haber sufrido hostigamiento de parte de elementos paramilitares dependientes del Ejército, en el interior.  En ese mismo mes el Teniente Coronel Bouterse criticó públicamente al Nuevo Frente y a DA91, sosteniendo que mantienen vínculos con el organismo de inteligencia de Estados Unidos, la CIA, y con el servicio de seguridad de Holanda.  En esa ocasión insistió en que el Ejército debe cumplir una función en la política nacional y prestar servicios policiales, aduaneros y de inmigración. Criticó además, como lesiva para la soberanía nacional, la propuesta de que Suriname mantenga con Holanda una relación de Comunidad.  

             Finalmente, en forma desafiante y cínica, el Teniente Coronel Bouterse se reunió personalmente con el Mayor Etienne Boerenveen, que fuera su segundo en el Comando, en el Aeropuerto Zanderij, al llegar el último de los nombrados a Suriname tras haber cumplido una sentencia de cinco años de reclusión en una prisión federal de Estados Unidos por tráfico de drogas.  El Mayor Boerenveen no tardó en ser nombrado Jefe del Servicio de Seguridad del Ejército.   

             En cuanto a la situación de los derechos humanos en Suriname, lo primero que cabe señalar es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha recibido quejas por supuestas violaciones de derechos desde que asumió sus funciones el Presidente Venetiaan.  

             Por otra parte, nada se ha hecho para investigar y castigar a los oficiales del Ejército responsables de la más notoria violación de derechos humanos ocurrida en la historia de Suriname:  el asesinato de 15 prominentes nacionales de ese país, en diciembre de 1982.  La Comisión ha insistido, y sigue insistiendo, en que se indague exhaustivamente ese hecho.  

             Por otra parte, ningún gobierno de Suriname --ni los anteriores, ni el actual-- ha adoptado medida alguna para poner en práctica ninguna de las recomendaciones efectuadas por la Comisión a través de cinco resoluciones publicadas en su Informe Anual de 1989, todas las cuales se referían a violaciones del derecho a la vida.  Lo mismo cabe decir con respecto a la represión en masa realizada por el Ejército en 1986 en la aldea de Moiwana y otros sitios, que provocó el éxodo en gran escala de Cimarrones y amerindios a la Guayana Francesa y a Paramaribo.  Esas personas --unas 10,000 de las cuales siguen viviendo en campamentos de refugiados cerca de St. Laurent, Guayana Francesa-- no han sido indemnizadas.  

             En relación con los dos casos contenciosos llegados a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, al amparo de la Convención Americana, que se refieren a violaciones del derecho a la vida, el representante de Suriname presentó un escrito de defensa de dicho Estado, así como una serie de objeciones de procedimiento.  Estas últimas se ventilaron en una audiencia pública celebrada ante la Corte el 2 de diciembre de 1991.  En esa ocasión, el Gobierno reconoció la responsabilidad del Estado por su conducta en uno de los casos.  

             En el caso N° 10.150, caratulado Aloeboetoe y otros c/Suriname, el Gobierno admitió que soldados de Suriname habían ejecutado arbitraria y sumariamente a siete Cimarrones en un lugar cercano a Pokigron, en la parte meridional del país, el 31 de diciembre de 1987.  En junio de 1992 la Corte escuchará alegatos referentes a la adecuada indemnización que ha de pagar el Gobierno a los parientes más próximos de las víctimas.  Con respecto al procesamiento y castigo de quienes cometieron los actos violatorios, el Gobierno guardó silencio.   

             En el segundo caso, Gangaram Panday c/Suriname, N° 10.274, la Corte rechazó las objeciones preliminares del Gobierno y a su debido tiempo celebrará una audiencia sobre el fondo del asunto el 24 de junio de 1992, en San José, Costa Rica.  

             Debe señalarse que el Gobierno ha omitido además investigar el asesinato del Inspector de Policía Herman Gooden, que según todas las apariencias puede atribuirse al Ejército.  Lo mismo puede decirse con respecto a cuatro amerindios que desaparecieron en 1989 tras haber sido detenidos por el Ejército.  

             Por otra parte se produjo un incidente consistente en el apaleamiento de tres jóvenes por parte de soldados, el 5 de enero de 1991.  Según informes presentados a la Comisión, los jóvenes estuvieron detenidos en una clínica, al Norte de la Capital, y luego en el comando del Ejército en Fort Zeelandia.  Se sostiene que los amenazaron de muerte, aunque más tarde fueron liberados.  

             Un hecho más positivo es que se informó a la Comisión que varios miembros del Servicio de Seguridad del Ejército actuantes en Nickerie fueron suspendidos tras choques con la policía local.  

             En otro incidente que evoca los casos ocurridos en los últimos años, en que soldados surinameses dispararon contra policías desde vehículos, el policía Joel Owens, de 26 años de edad, fue herido por un francotirador el 29 de junio de 1991.  Ese incidente sospechoso aún no ha sido investigado, por lo menos en la medida en que la Comisión haya podido determinarlo.  

             En las esferas de la libertad de reunión y culto al parecer no existen problemas en Suriname, aunque los medios de difusión del país han dado cuenta de casos de autocensura.  


                No obstante, preocupa a la Comisión el entorno general de los derechos humanos, preocupación que se refleja en frecuentes denuncias de participación del Ejército en el tráfico de drogas.  La cuestión, en cuanto guarda relación con el respeto de los derechos humanos en Suriname, depende, como en años anteriores, de que el Ejército esté sometido a la autoridad civil constitucional.  Ello es esencial para el desarrollo de una democracia genuina y de los derechos humanos.  A menos que el fenómeno de un Estado dentro de otro Estado se termine, la democracia y los derechos humanos no florecerán en Suriname.

 

Colorline.gif (2424 bytes)

1. El VHP es el Partido Reformista Progresista, formado principalmente por indostanos de ascendencia india, pakistaní y de Sri Lanka.  El NPS es el partido Créole, denominado Partido Nacional de Suriname.  El KTPI es el Partido Campesino Indonesio

 [ Indice | Anterior | Próximo ]