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V.
DERECHO DE CIRCULACION La
Comisión ha continuado recibiendo denuncias sobre personas que son
procesadas y luego condenadas por intentar salir del país ilegalmente.[1] Cabe señalar que los cubanos que intentan salir ilegalmente
y son detenidos se enfrentan con penas privativas de la libertad de uno a
tres años, y si se emplea violencia en el intento, la pena es de tres a
ocho años de prisión. Según
el artículo 216 del Código Penal Cubano, son procesadas no sólo las
personas capturadas después de haber iniciado el viaje, sino también
aquellas de las que se sospecharía que pudieran intentarlo. Artículo
216. 1. El que, sin cumplir con las formalidades legales, salga o realice
actos tendientes a salir del territorio nacional, incurre en sanción de
privación de libertad de uno a tres años o multa de trescientas a mil
cuotas. 2. Si para la realización del hecho a que se refiere el apartado
anterior, se emplea violencia o intimidación en las personas o fuerza en
las cosas, la sanción es de privación de la libertad de tres a ocho años. 3. Los delitos previstos en los apartados anteriores se sancionan con
independencia de los que se cometan para su ejecución o en ocasión de
ella. Artículo
217. 1. El que organice, promueva o incite la salida ilegal de personas del
territorio nacional, incurre en sanción de privación de libertad de dos
a cinco años. 2. El que preste ayuda material, ofrezca información o facilite de
cualquier modo la salida ilegal de personas del territorio nacional,
incurre en sanción de privación de libertad de uno a tres años o multa
de trescientas a mil cuotas. Así,
según informaciones proporcionadas, por salida ilegal del país existen
alrededor de 3,000 presos en las cárceles cubanas.
Las fuentes de información indican que 25 personas intentan salir
diariamente de manera irregular, calculándose a grandes rasgos que sólo
una de cada tres logra su propósito. Se estima también que en 1992 llegaron a las costas de
Estados Unidos de Norteamérica 2.975 balseros, y desde principios del
presente año hasta finales de agosto 1.600.
Se ha señalado asimismo que aparte de las razones políticas, están
primando las razones económicas como una de las causas principales de la
emigración por la falta de oportunidades y alternativas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe manifestar su
preocupación al respecto, ya que la salida de la isla en forma irregular
conlleva un grave riesgo para la vida de las personas que lo intentan. También
se informó que patrullas guardacostas cubanas han disparado en reiteradas
oportunidades contra personas que trataban de llegar por mar, e incluso a
veces también por tierra, a la base naval norteamericana de Guantánamo
con la intención de pedir asilo. Esta
situación ha generado severas críticas ya que el empleo de la fuerza
resulta excesivo e innecesario si el objetivo es solamente detener a estas
personas. Similares
incidentes se han denunciado también en otros puntos de la costa en
relación con personas que trataban de abandonar el país por sus propios
medios en balsas rudimentarias, así como otros casos en los que
embarcaciones dirigidas por ciudadanos estadounidenses o personas
residentes en Estados Unidos se acercaron a las costas cubanas a fin de
recoger a ciudadanos de este país. En
efecto, de acuerdo con informaciones proporcionadas a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, Renato Rodríguez Sánchez, quien se
encuentra recluido en la prisión de Valle Grande desde hace varios meses
bajo la acusación de piratería, intentó abandonar la isla el 16 de
septiembre de 1992, conjuntamente con once personas más.
La barca fue ametrallada por los guardafronteras del lugar. Existen
otras personas con similares acusaciones y privadas de la libertad, como
es el caso del Subteniente de las Fuerzas Armadas Gamal Abdel Hernández
Torres, detenido el 23 de enero de 1993 por supuestos planes de salida
ilegal, quien fue condenado el 4 de mayo del mismo año a dos años y
medio de prisión, y actualmente ha sido trasladado desde la cárcel de
Valle Grande a la prisión de mayor rigor en Toledo. La
Comisión Interamericana ha sido informada de la situación que vive la señora
Nidia Cartaya, Presidente de la Asociación de Rehenes Cubanos.
La señora Cartaya, de 55 años de edad, tiene su pasaporte
retenido en Inmigración y desde hace ocho años las autoridades no
aprueban su viaje como represalia, ya que su marido se asiló hace 9 años
en los Estados Unidos. Otra
información proporcionada indica que el escritor cubano Norberto Fuentes,
reconocido internacionalmente, fue arrestado por los guardacostas cubanos
el día 10 de octubre de 1993, y desde esa fecha se le mantiene
incomunicado. Más de 2.600
miembros de la Asociación de Escritores de Estados Unidos han solicitado
al Presidente cubano que permita la libertad de este reconocido
intelectual. Por
su parte, el miembro de la Confederación de Trabajadores Democráticos,
Benigno Torralba Sánchez, fue detenido arbitrariamente acusado del delito
de querer abandonar el país. Fue
condenado a tres años de cárcel por la mera presunción de que quería
abandonar el país. Otro caso es el de Alejandro Joaquín Fuerte García, ex
oficial del Ministerio del Interior, quien es víctima de represalias en
la prisión. Fuerte García,
de 32 años de edad, fue detenido en 1991 por intento de salida del país
y actualmente está recluído en la prisión de Cinco y Medio del Pinar
del Río. Fue condenado a
cinco años de privación de libertad. Renato
Rodríguez Sánchez se encuentra detenido desde octubre de 1992 en la
prisión de Valle Grande bajo la acusación de piratería.
El señor Rodríguez Sánchez intentó abandonar Cuba por un lugar
denominado "Boca del Mariel", en una lancha particular, la cual
fue ametrallada por los guardafronteras del lugar, resultando heridos por
impacto de bala la joven Ivette Molina y Jorge Luis Marrero. También
se informó sobre los casos de Israel Martínez Torvo, Pedro Luis González
y Angel Díaz, desmovilizados del Servicio Militar y reincidentes de otros
intentos de salida del país, quienes fueron detenidos el 2 de abril de
1993, cuando el camión en que viajaban hacia Boca de Mariel fue
registrado, encontrando una balsa rústica.
Actualmente se encuentran en la prisión de Valle Grande.
Por las mismas razones se encuentran en Valle Grande los hermanos
Jorge y Juan Valladares Salabarría, detenidos el 21 de mayo de 1993,
quienes todavía están a la espera de juicio.
Finalmente está el caso de Pedro Reinaldo Amador, activista de la
Confederación Nacional por los Derechos Políticos, quien se encuentra
detenido sobre la base de una causa pendiente desde hace más de un año
por "intento de salida ilegal." VI.
CONCLUSIONES La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe manifestar su profunda
preocupación por el continuo deterioro de la situación de los derechos
humanos en Cuba. La exposición
realizada a lo largo de este Informe pone de manifiesto los extremos a los
que ha llegado el Gobierno cubano en su represión de toda forma de
desestimiento al amparo de una legislación elaborada en función de
subordinar los derechos del individuo a las exigencias del Estado.
En ese sentido, es evidente que el sistema político cubano continúa
otorgando una exclusividad absoluta al Partido Comunista, el cual se
constituye, en los hechos, en una fuerza superior al Estado mismo, lo que
impide la existencia de un sano pluralismo ideológico y partidario que es
una de las bases del sistema democrático de gobierno. La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera oportuno citar la
segunda conclusión de su Séptimo Informe sobre la Situación de los
Derechos Humanos en Cuba, ya que complementa lo señalado en el párrafo
precedente, así: Esta
peculiaridad se ve reforzada por el empleo en la Constitución, de términos
y conceptos extraídos de doctrinas político-filosóficas, los cuales
resultan de poca utilidad para lograr una efectiva vigencia de los
principios de objetividad y legalidad, imprescindibles garantías contra
la vulneración de los derechos de los ciudadanos por parte del poder político.
Es motivo de particular preocupación de la CIDH las fórmulas
legales empleadas por el ordenamiento jurídico cubano para establecer los
límites al ejercicio de los derechos y libertades reconocidas a los
ciudadanos. De acuerdo a
dichas fórmulas, son éstos quienes deben adecuar ese ejercicio a los
fines perseguidos por el Estado; la concepción democrática es
exactamente lo contrario: es
el Estado quien debe limitar su acción frente a los derechos inherentes a
la persona y reducir su intervención sólo para lograr la vigencia práctica
de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, y culturales
de todos los gobernados. La subordinación del individuo al Estado es acentuada por la
inexistencia de la necesaria división de poderes, resultado de lo cual es
la dependencia de la administración de justicia del poder político.[2] La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que los argumentos
planteados en su Séptimo Informe permanecen vigentes, ya que los hechos
expuestos en la presente sección del Informe Anual demuestran que el
ejercicio del derecho a la justicia y del debido proceso se ven gravemente
menoscabados con la subordinación de hecho y de derecho de la
administración de justicia al poder político.
Ello sigue creando un negativo clima de incertidumbre y temor entre
la ciudadanía, que se refuerza por la debilidad de las garantías
procesales, especialmente en aquellos juicios que directa o indirectamente
pueden afectar el sistema de poder que continúa existiendo en Cuba. En
materia de libertad de expresión, es evidente que persiste un absoluto
control y sometimiento de toda discrepancia política e ideológica por
parte del Gobierno y del
Partido. Por ello, la Comisión
Interamericana sigue considerando que en Cuba no existe una libertad de
expresión que permita la discrepancia política que es fundamental en un
sistema democrático de gobierno. Con
respecto al derecho a la libertad y seguridad personal, continúa la falta
de garantías contra la detención arbitraria.
Asimismo, la Comisión Interamericana debe manifestar su preocupación
por las negativas condiciones carcelarias, hecho que afecta aún más a
las personas privadas de su libertad por razones políticas.
Las condiciones deliberadamente severas y degradantes están
generando mayores y más graves violaciones a los derechos humanos, no
solamente por ese hecho en sí mismo, sino porque las protestas son
reprimidas a menudo con maltratos físicos, haciendo peligrar de esta
forma la vida de los reclusos. En
cuanto al derecho de circulación, la Comisión Interamericana considera
que a pesar de los cambios efectuados,[3]
su ejercicio sigue extremadamente restringido de hecho y de derecho. Ello en virtud de los artículos 216 y 217 del Código Penal
cubano, que sanciona no solamente a las personas que son capturadas después
de haber iniciado un viaje de manera irregular, sino también aquellas de
las cuales se sospecha que pudieran intentarlo.
Asimismo, las personas que en un momento dado asumieron posiciones
críticas hacia al Gobierno y luego intentaron salir del país han sido
objeto de mayores restricciones y represalias por parte del mismo. A
la luz de las conclusiones expuestas, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos considera pertinente reproducir una amplia Carta Pastoral
emitida por los Obispos de Cuba, a principios de 1993: Nos
parece que, en la vida del país, junto a ciertos cambios económicos que
comienzan a ponerse en práctica, deberían erradicarse algunas políticas
irritantes, lo cual produciría un alivio indiscutible y una fuente de
esperanza en el alma nacional: 1) El carácter excluyente y omnipresente de la ideología oficial, que
conlleva la identificación de términos que no pueden ser unívocos,
tales como: Patria y socialismo, Estado y Gobierno, autoridad y poder,
legalidad y moralidad, cubano y revolucionario.
Este papel, centralista y abarcador de la ideología produce una
sensación de cansancio ante las repetidas orientaciones y consignas. 2) Las limitaciones impuestas, no sólo al ejercicio de ciertas
libertades, lo cual podría ser admisible coyunturalmente, sino a la
libertad misma. Un cambio
sustancial de esta actitud garantizaría, entre otras cosas, la
administración de la justicia independiente lo cual nos encaminaría,
sobre bases estables, hacia la consolidación de un Estado de pleno
derecho. 3) El excesivo control de los Organos de Seguridad del Estado que llega
a veces, incluso, hasta la vida estrictamente privada de las personas.
Así se explica ese miedo que no se sabe bien qué cosa es, pero se
siente, como inducido bajo un velo de inasibilidad. 4) El alto número de prisiones por acciones que podrían despenalizarse
unas y reconsiderarse otras, de modo que se pusiera en libertad a muchos
que cumplen condenas por motivos económicos, políticos u otros similares. 5) La discriminación por razón de ideas filosóficas, políticas o de
credo religioso, cuya efectiva eliminación favorecería la participación
de todos los cubanos sin distinción en la vida del país. La
permanente negativa del régimen cubano de reconocer los derechos
fundamentales de la persona humana, sumado a una profunda crisis económica
y social en dicho país, crea un peligroso potencial de conflictos
sociales. La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos continuará observando estrechamente la
situación interna en Cuba, de acuerdo con su mandato de protección y
promoción de los derechos humanos en cada uno de los países del
hemisferio. I. SITUACION GENERAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS[4] En su informe de junio de 1993,[5] la Comisión presentó una visión de las difíciles condiciones socioeconómicas y políticas que restringen la vigencia de los derechos humanos de esa nación. Guatemala
ha sido un país donde el 10% de la población ha usufructuado sus
riquezas mientras el 90% sólo ha tenido una presencia ocasional en el
escenario nacional para mostrar una realidad generalmente desatendida e
ignorada. Este cuadro
determinó no sólo una crisis económica sino también de moral y de
autoridad. La corrupción ha
permeado todos los niveles del aparato estatal. Un estado de desmoralización y desaliento ha privado en la
conducta y actitudes de funcionarios y población.[6] En
su visita in loco de septiembre de 1993,[7]
la Comisión comprobó que pese a los esfuerzos positivos del Gobierno
subsisten grupos que violan o encubren violaciones a los derechos humanos.
La militarización de las instituciones de seguridad y de la vida
rural, los ataques contra líderes sindicales, políticos y de derechos
humanos; y la ineficacia de la justicia siguen predominando sobre las
acciones positivas de la administración del Lic. Ramiro de León Carpio,
especialmente del Ministerio de Gobernación, del Procurador de los
Derechos Humanos y el Ministerio Público, y aún de aquellos militares
que quieren hacer respetar los derechos fundamentales. La
militarización del poder se mantiene no sólo a través de las PACs (patrullas
de defensa civil, hoy llamadas Comités de Defensa Voluntaria Civil o
CDVCs) con más de medio millón de personas organizadas en varios miles
de comunidades, sino además por la subsistencia del Estado Mayor
Presidencial como ente militar que administra la operación de la
Presidencia de la República; en la falta de respeto a la población civil
en las acciones antisubversivas; y en la obstaculización militar
institucional a colaborar en la investigación de las graves violaciones
de años pasados. Por
su parte, aún con su reducida presencia, la acción provocadora de los
grupos subversivos refuerza esa militarización y la posición de las
Fuerzas Armadas. A partir del 5 de junio, luego
del reemplazo constitucional del Presidente Serrano por el entonces
Procurador de los Derechos Humanos, Lic. Ramiro de León Carpio, el
Gobierno realizó acciones positivas tantos de reforma institucional como
de adopción de políticas favorables a la vigencia de los derechos
humanos. Se destacan entre
ellas: -
La afirmación de la jurisdicción civil y del Ministerio de
Gobernación sobre problemas de refugiados o de violaciones cometidas por
las PACs; -
La diferenciación entre las tareas de la Policía Nacional y la
vuelta a sus actividades específicas de los oficiales militares que allí
actuaban; -
Las instrucciones del Ministerio de Gobernación para que todo
allanamiento domiciliario sea hecho con la correspondiente orden judicial
y de manera legal; -
Las medidas de facilitación del retorno de refugiados en México y
los programas de Fonapaz (Fondo Nacional por la Paz) y Fonatierra (Fondo
Nacional de Tierras-I.N.T.A.) aunque, limitados en su alcance para
resolver problemas de refugiados, desplazados y retornados; -
La facilitación de los trámites necesarios para formar
asociaciones profesionales. -
La promesa de retirar el destacamento militar del área urbana de
Tercer Pueblo en el Quiché, en cumplimiento de los acuerdos con los
refugiados en México que desean retornar. No
obstante todos esos esfuerzos gubernamentales, desde el 6 de junio hasta
el 14 de octubre se reportan 53 "ejecuciones extrajudiciales"
atribuídas a grupos paramilitares, sin que las autoridades hayan
identificado a ninguno de los responsables.[8] El Procurador de los
Derechos Humanos en su Informe sobre 1993, reporta 160 denuncias no
desestimadas sobre muertes extrajudiciales, de las cuales 146 están en
investigación y 14 ya han sido tipificadas como tales.
En cuanto a "desapariciones forzadas" informa de 62
denuncias, de las cuales 22 corresponden a personas aparecidas con vida,
29 a "no aparecidos en investigación", 9 a aparecidos sin vida,
y 2 casos ya tipificados como desapariciones forzosas.
Señala también haber recibido denuncias sobre 54 casos de tortura,
185 de abuso de autoridad, 182 de amenazas y 53 de detenciones ilegales.
Ademas señala 174 casos de denuncias sobre reclutamiento militar
irregular. Según la Oficina de
Derechos Humanos del Arzobispado, entre enero y agosto de 1993 se habían
producido un total de 774 trasgresiones a las garantías individuales.
Entre éstas, destacan las ejecuciones extrajudiciales de 108
personas, y el asesinato de otras 282; 19 desapariciones forzadas,
146 atentados, 216 personas amenazadas y 3 casos de tortura.
El Presidente de León Carpio replicó en declaraciones públicas
que muchas de esas muertes están ocurriendo a raíz del conflicto interno
armado. El
clima de mayores libertades públicas[9]
que se ha abierto, así como la continuidad de las amenazas contra las
mismas, han llevado a la formación de nuevas instituciones defensoras de
los derechos humanos. Catorce
pueblos indígenas en consenso crearon la Defensoría de los Derechos
Mayas.[10] Consiste en una red de auxiliares de derechos mayas en las
aldeas y cantones y una red de comités y comisiones de derechos humanos y
derechos mayas a nivel de los municipios.
Es autónoma y decidirá sus pasos conforme el pensamiento,
experiencia y trabajo de los auxiliares de derechos mayas en las aldeas y
de los comités y comisiones a nivel municipal. Se
ha constituído también la CONADEHGUA, Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos de Guatemala, integrada por el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), la
Coordinadora Etnica Runjel Junam (CERJ), la Comisión de Derechos Humanos
de Guatemala (CDHG) con sede en México, el Consejo Nacional de
Desplazados (CONDEG) y representación del Centro de Investigación y
Estudios por los Derechos Humanos (CIEPRODH), de la Asociación
Guatemalteca de Juristas, la Coordinadora de las Viudas de Guatemala (CONAVIGUA)
y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas
Wucu'b Noj (CDHI). 2.
LA CONTINUA VIOLACION Y AMENAZA A LIDERES SOCIALES Desafortunadamente
este período confirmó lo indicado por la CIDH en su Cuarto Informe
respecto a la resurgencia de ataques contra líderes de distintos sectores
civiles, urbanos y campesinos, buscando generar un atemorizamiento general
de los movimientos reivindicativos y de defensa de los derechos humanos.[11] 2.1.
Ataques a defensores de derechos humanos -
Un autodenominado "movimiento anticomunista" amenazó públicamente
de muerte a 21 líderes de organismos de derechos humanos el 6 de octubre. -
Distintos funcionarios de la justicia, y miembros de la Procuraduría
de Derechos Humanos han sido amenazados o agredidos.
Lo mismo ha ocurrido con Mario Cabrera Ramazzini, representante del
Ministerio Público en Sololá, a un juez y sus empleados que estaban
investigando la muerte de Tomás Lares Cipriano, miembro del CERJ. -
El 10 de septiembre una bomba estalló en las oficinas de la
Asociación de Juristas de Guatemala, sin causar víctimas personales.
-
Luego de la manifestación del 10 de diciembre conmemorando el Día
Universal de los Derechos Humanos, cinco hombres armados con ropa y
armamento militar secuestraron, maltrataron y luego liberaron al dirigente
del GAM Mario Polanco, quien debió ser hospitalizado. 2.2
Ataques a instituciones campesinas o Mayas Durante
el segundo semestre de 1993 y especialmente en octubre y noviembre de
1993, miembros del Ejército de Guatemala, de la G-2, Comisionados
Militares y Patrulleros Civiles han cometido violaciones contra la
CONAVIGUA en la Capital y el interior del país, en lo que parece ser una
política sistemática de hostigamiento por sus actividades en defensa de
la libertad de asociación, por el reclutamiento militar legal, y por el
derecho a no participar en los C.D.V.C.
Estos
ataques incluyen seguimientos y vigilancia de directivos y atentados
contra sus instalaciones, y distintos atentados en Colotenango, La
Democracia, Chimaltenango, Momostenango, en el Nebaj (Quiché).
También ocurrieron atentados contra oficinas de CONIC (Coordinadora
Nacional de Instituciones Indígenas y Campesinas), CONDEG (Coordinadora
Nacional de Desplazados de Guatemala). 2.3
Ataques a dirigentes sindicales Subsisten
durante este período las amenazas y ataques contra líderes sindicales.
Los mismos incluyen ataques a dirigentes de UNSITRAGUA (Unión de
Trabajadores de Sindicatos de Guatemala), y de distintos sindicatos, entre
ellos los de trabajadores del Poder Judicial, de hospitales, postales, de
servicios agrícolas. También
continúan los hostigamientos a los trabajadores tanto urbanos como
rurales que desean ejercer su derecho de asociación en sindicatos. 2.4
Ataques a dirigentes universitarios y docentes Dirigentes
estudiantiles y docentes han sido también agredidos por sus actividades
en este período. La Comisión
ha recibido denuncias de casos de docentes y dirigentes universitarios que
han sido desaparecidos, baleados, y de otros casos en que tras ser
amenazados han debido exiliarse con sus familias en el exterior.
Por lo menos en uno de los casos, el asesinato ocurrió después de
que el dirigente estudiantil en cuestión dio cuenta de esas amenazas a la
Procuraduría de Derechos Humanos. 2.5
Ataques a periodistas Este
clima de atemorizamiento selectivo opera también sobre la prensa, sin que
la actitud condenatoria del Gobierno ni las medidas que hubiera tomado
para investigarlos haya podido erradicar ese clima.
Durante el período septiembre de 1993 hasta fin de año ocurrieron
entre otros los siguientes acontecimientos: -
El asesinato del Lic. Jorge Carpio Nicolle, Director Propietario
del Diario El Gráfico y Secretario General del Partido Unión del Centro
Nacional, asesinato cuyo procesamiento penal se alega está siendo viciado
para evitar la identificación de los responsables. -
Amenazas de muerte al Director de TV Dionisio Gutiérrez después
de entrevistar a comandantes de la URNG en México. -
El periodista Oscar Granados, Presidente del Sindicato de
Periodistas Parlamentarios y coordinador del Consejo de Defensa de
Periodistas, debió exiliarse en el extranjero con su familia después de
varias amenazas de muerte, allanamiento extrajudicial de su casa y robo de
documentos. -
Fue ametrallada la oficina del diario Siglo XXI en agosto, con
armas del calibre exclusivo de las fuerzas de seguridad, y tres de sus
periodistas fueron amenazados por oficiales policiales.
Fueron también amenazados el director y un reportero del Diario
Prensa Libre, y un fotógrafo del Diario La Hora, así como el Presidente
del Sindicato de Periodistas de Escuintla. -
Oscar Masaya, director de TV Noticias, fue atacado y herido el 8 de
octubre. Pocos días antes
apareció una lista amenazando a periodistas. -
El 25 de noviembre el periodista Felipe Sigal Cervantes del Diario
Prensa Libre, fue atacado y varias personas armadas trataron de
secuestrarlo, escapando herido. -
En enero de 1994 se reanudaron las amenazas contra los periodistas
y Director de la revista opositora "Tinamit".
- Familiares o personas cercanas de periodistas independientes han
sido también asesinadas. Tal
es el caso de María Eugenia Muñoz de Mejía, de 42 años, y María
Alejandra Polanco Muñoz, de catorce años, esposa e hija respectivamente
del periodista Marco Vinicio Mejía. Ambas
fueron primero "desaparecidas" y posteriormente sus cuerpos
fueron hallados con evidentes señales de tortura a principios de 1994. -
La prensa extranjera acreditada en Guatemala reclamó por las
investigaciones que realizan los oficiales de migración sobre el estatus
legal de los corresponsales extranjeros, sosteniendo que era una forma de
amenaza ya que la investigación estaba a cargo de oficiales militares de
inteligencia. 3.
ACCIONES GUERRILLERAS DE LOS GRUPOS SUBVERSIVOS Durante
el período que cubre este Informe, los grupos subversivos han realizado
distintas acciones en el país, destruyendo elementos de infraestructura
como puentes y torres de energía eléctrica.
Entre los más notorios: -
En agosto una bomba destruyó una torre de la red eléctrica
cercana a Colotenango, Huehuetenango. -
El 14 de octubre la guerrilla destruyó con una bomba un puente en
Tiquisate, Escuintla. -
El 17 de octubre y luego el 20 de dicho mes, saboteó un puente en
Taxisco, Santa Rosa. -
El 20 de noviembre una bomba destruyó el puente Las Ilusiones, en
el Depto. de Santa Rosa. -
El 19 de noviembre en Nenton, Huehuetenango, la guerrilla levantó
barricadas que impedían el paso de vehículos hacia las aldeas cercanas. La
guerrilla fue también acusada de mantener su anterior política de
secuestros y extorsiones. Sin
embargo, el Presidente de Anacafé, Asociación Nacional del Café, indicó
que durante los últimos dos años los guerrilleros no habían molestado
con extorsiones a los agricultores.[12]
Durante los días anteriores a la "consulta popular" del
30 de enero de 1994, la guerrilla realizó una campaña de ataques con
explosivos en distintos lugares del país que causaron una muerte y la
destrucción de torres de comunicaciones, campaña destinada a crear un
clima contrario al proceso electoral.
Expertos en explosivos de la Policía Nacional lograron desactivar
a tiempo otros diez explosivos en varios centros comerciales. 4.
REORGANIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO Y LA POLICIA NACIONAL Autoridades
del presente Gobierno han confirmado a la Comisión que el actual sistema
de justicia es obsoleto e ineficaz para las actuales necesidades.
Dentro de la esfera de su competencia, el Poder Ejecutivo ha tomado
medidas para hacer más efectivo al Ministerio Público.
Este año se ha llevado el número de fiscales de 38 a 112,
asistidos por otros tantos estudiantes avanzados de derecho, y se les está
proveyendo de movilidad propia. Se
crearon nuevas unidades dedicadas a casos de niños, ataques a mujeres, en
lo laboral, de amparo constitucional, de medio ambiente, y para
entrenamiento. La
Policía Nacional, que depende del Ministerio de Gobierno, ha comenzado a
desmilitarizarse y transformarse durante la presente administración.
Todas sus autoridades son civiles, con formación profesional en
seguridad y materias afines, reemplazando a los militares que estaban
asignados a la misma y que la mantenían como un apéndice de la
estructura militar. La Comisión fue informada que al retirarse, las fuerzas
militares han retenido equipos y recursos que corresponden a funciones que
mantiene la Policía Nacional, debilitando su capacidad de acción. La
nueva dirigencia policial informó que su enfoque se basa en la protección
del ciudadano, y que se están iniciando cursos y directivas en ese
sentido. La Comisión ha
recibido información oficial de que el actual plantel de 11,300 plazas de
agentes de policía (muchas de las cuales están vacantes) deberían
triplicarse a 36,000 policías para servir eficazmente todo el territorio
nacional. El
Ministerio de Gobierno por su parte ha iniciado un proyecto experimental
de desarrollo de Policía Municipal, que a su vez tendría el valor de
reforzar a las autoridades civiles locales.
Además, con apoyo de UNICEF se está formando una policía
especializada en problemas de los menores. 5.
LA CRISIS INSTITUCIONAL El
proceso de reemplazo constitucional del ex Presidente Serrano Elías llevó
a la creación de una coalición de fuerzas políticas sin precedente en
la historia guatemalteca, reunidas en la Instancia Nacional de Consenso (I.N.C.)
que se formó con la participación del Comité Coordinador de
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, Cámara
Empresarial C.A.C.I.F., varios partidos políticos y el Foro
Multisectorial Social que reunía a su vez a 35 organizaciones sindicales,
de derechos humanos, indígenas y religiosas. La
I.N.C. cumplió un papel central en lograr una salida constitucional a los
acontecimientos de mayo y por su diversidad y representatividad otorgó a
la situación condiciones potenciales para la recuperación de la vigencia
de los derechos humanos. A
partir de agosto, el Ejecutivo inició una campaña destinada a obtener la
llamada "depuración del Legislativo y del Poder Judicial" a
través de lograr renuncias voluntarias de los Congresales y Miembros de
la Corte Suprema. Luego de
numerosas tensiones y negociaciones, en noviembre se logró un acuerdo
entre el Ejecutivo y representantes de los partidos políticos
mayoritarios en el Congreso para reformar la Constitución y someter la
reforma a una consulta electoral a fines de enero de 1994.
Las reformas llevarían --entre otras-- a un cese anticipado del término
de los parlamentarios y a nuevas elecciones para reemplazarlos
aproximadamente en agosto, previas a las elecciones para Presidente a
principios de 1995.[13]
El
consenso con que venía operando la Instancia Nacional se rompió a fines
de agosto cuando no se aceptó la posición del Foro Multisectorial Social
para que la depuración cubriera todos los sectores del Gobierno,
inclusive al Ejecutivo y a las fuerzas armadas.
El Foro se separó de la I.N.C. el 8 de octubre. Las 37 reformas
constitucionales entrarán en vigor dos meses después de que el Tribunal
Supremo Electoral anuncie el resultado de los comicios y 15 días más
tarde el organo electoral deberá convocar a elecciones dentro de los 120
días para renovar al actual Parlamento.
El nuevo Congreso tomará posesión un mes después de las
elecciones y sus integrantes serán transitorios, hasta que en 1995 se
elijan los nuevos congresistas por período completo. La "consulta
popular" respecto a las medidas de reforma constitucional mencionadas,
se realizó sin mayores incidentes el día 30 de enero de 1994.
Los votos afirmativos consagrando la reforma obtuvieron una
absoluta mayoría (377.044 votos afirmativos y 70.761 votos por el
"no"). El 84.6% de los tres millones y medio de posibles votantes se
abstuvo de votar. 6.
LA NECESIDAD DE UNA REFORMA ELECTORAL En
un país eminentemente rural cuyos departamentos tienen una composición
social e intereses muy distintos entre sí, la exclusividad de presentar
candidatos parlamentarios que la Ley Electoral otorga a los partidos
nacionales impide que un grupo predominante en uno o varios departamentos
(como varias de las distintas etnias Maya-Quiche) puedan presentar sus
candidatos al Congreso, pues no tienen presencia en todo el país. La Comisión considera conveniente que el Estado promueva
reformas destinadas a aumentar la autenticidad y representatividad de la
presente organización democrática, permitiendo la presentación de
candidatos a congresistas por partidos regionales. 7.
NEGOCIACIONES DE PAZ El
13 de julio de 1993, la nueva Administración presentó una propuesta para
la reanudación del proceso de negociaciones de paz con la Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) que consistía en separar las
discusiones sobre el conflicto armado, de las relativas a los problemas
del país, inclusive la vigencia de los derechos humanos. Las primeras estarían a cargo de una Comisión Especial de
Negociación, con la colaboración de las NN.UU. y de la OEA; y las
segundas se realizarían en Guatemala dentro de un Foro con la presencia
de representantes de los distintos sectores. Dicha
propuesta fue rechazada por la URNG y por representantes de la Iglesia Católica,
la que había mediado en las negociaciones anteriores, así como por
distintas organizaciones reivindicativas. Ultimamente,
sin embargo, la Asamblea Nacional Permanente del Pueblo Maya, formada por
más de 200 organizaciones, aceptó el 20 de noviembre integrar la Comisión
Nacional de Reconciliación (CNR) y participar en el proceso de pacificación.
Este es un indicador más de la independencia de los sectores Mayas
con respecto a la URNG, la cual ha rechazado el plan gubernamental. A
principios de enero de 1994, el Gobierno y la URNG acordaron reunirse bajo
los auspicios de las NN.UU. para discutir las "nuevas reglas del
juego" que aceptarían para reiniciar las negociaciones. El
10 de enero el Gobierno y la URNG acordaron en México continuar la
discusión de la posible agenda de negociaciones, y en primer lugar los tópicos
relacionados con los derechos humanos. La agenda contiene temas sustantivos y operativos.
Los primeros incluirían la situación de los derechos humanos, el
problema de la propiedad de la tierra, de las poblaciones desplazadas, y
las reformas constitucionales. Los
temas operativos se refieren al cese del fuego, la desmobilizacion de los
rebeldes y su integración a la legalidad. Una asamblea de sectores civiles ratificaría los acuerdos
que se logren entre el Gobierno y la guerrilla. Las conversaciones
continuarán en el mes de marzo y el Presidente de la República hizo público
su objetivo de completar las negociaciones durante el presente año 1994. 8.
DECLARACION OFICIAL DE DERECHOS HUMANOS DE OCTUBRE DE 1993 Los
preacuerdos sobre derechos humanos a los que se había llegado en las
negociaciones de paz durante la Administración Serrano quedaron en
suspenso dentro de la nueva propuesta.
En cambio, en octubre el Gobierno emitió una Declaración Oficial
sobre Derechos Humanos en el que reafirma su compromiso de perfeccionar y
hacer observar los derechos humanos "sin que para ello sea necesario
acuerdo o entendido con facción alguna". Continúa
la declaración diciendo que el Gobierno reconoce y se obliga a actuar con
firmeza contra la impunidad. Para ello, entre otros, promete presentar a aprobación
legislativa tipificaciones y sanciones drásticas contra las
desapariciones forzadas, así como las ejecuciones extrajudiciales.
Con referencia a los miembros de las fuerzas de seguridad,
sostienen que ningún fuero o jurisdicción privativa puede escudar la
impunidad. Se compromete a la
depuración y profesionalización de los cuerpos de seguridad, y a luchar
contra la existencia de cuerpos ilegales o aparatos clandestinos de
seguridad. Con
respecto a las PACs, atribuye al Procurador de los Derechos Humanos la
responsabilidad de controlar su voluntariedad y la legalidad de sus actos.
Declara que no alentará la formación de nuevas PACs y las bases
de las que se pretendan formar deberán decidirse por la comunidad bajo la
supervisión del Procurador de Derechos Humanos.[14] Remarca la importancia de los derechos de asociación,
locomoción y movimiento. Señala
la Declaración que el servicio militar obligatorio debe ajustarse a los
preceptos constitucionales y no ser discriminatorio.
También señala su decisión de proteger a los defensores de los
derechos humanos e investigar cualquier atentado contra ellos, así como
asistir a las víctimas de violaciones y erradicar los sufrimientos de la
población civil provocados por el enfrentamiento armado. Termina la declaración
oficial del Gobierno reconociendo la tarea de las Naciones Unidas, de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la OEA y de sus países
miembros para coadyuvar con el Estado en fortalecer, capacitar y
perfeccionar los mecanismos de protección y defensa de los derechos
humanos. II.
DERECHOS SOCIOECONOMICOS, DE PROPIEDAD Y DE COMERCIO En
su Cuarto Informe la CIDH remarcó que las diferencias en el goce efectivo
de los derechos económicos, sociales y culturales en Guatemala son
abismales y discriminan efectivamente contra grandes sectores de la
población y en particular contra los Guatemaltecos Mayas.
La indivisibilidad de estos derechos de los derechos civiles y políticos
queda evidenciada especialmente en la situación guatemalteca. La
desigual distribución del ingreso, de los servicios esenciales y de la
propiedad de fundos; y la falta de respeto a la propiedad de los
campesinos y Mayas son las manifestaciones más exacerbadas de esa problemática. 1.
LA DISTRIBUCION DEL INGRESO Y SERVICIOS PUBLICOS, Y LA FALTA DE UNA POLITICA FISCAL APROPIADA Datos
de la Universidad de San Carlos[15]
señalan que 2% de la población recibe el 65% de los ingresos, y que el
80% de los impuestos son indirectos, es decir que pesan sobre toda la
población. El "Programa
de Administración Fiscal" del Ministerio de Finanzas señala que de
dieciseis países latinoamericanos estudiados, Guatemala tiene la menor
carga tributaria, aproximadamente del 7%.[16] Aproximadamente
el 89% de los guatemaltecos viven en situación de pobreza y dos tercios
de éstos en extrema pobreza. El
analfabetismo alcanza en algunos Departamentos a más del 75% de la
población de más de quince años, departamentos (Alta y Baja Verapaz,
Quiché, Huehuetenango y Totonicapan) que son justamente donde existe
mayor violencia rural.[17]
En
el área de salud resaltan los problemas de desnutrición, mortalidad
materno-infantil y enfermedades infecciosas.
La mortalidad materna ha sido una tragedia ignorada y la tasa en
las madres indígenas es 50% superior al promedio de toda la población
femenina. Estas mujeres no
tienen acceso a la satisfacción de necesidades mínimas de salud.[18] Una
evaluación de julio de 1990 encontró que un 41.2% de los niños menores
de 5 años se encontraban en estado de desnutrición aguda, moderada o
severa. La prevalencia de
bocio se elevó entre 1979 a 1989 del 8 al 20.4% de la población.
Las enfermedades respiratorias agudas son una de las principales
causas de morbi-mortalidad, sufriendo cada niño de 5 a 8 episodios
promedios por año, registrándose alrededor de 10,000 muertes por esta
causa en 1990. La
malaria se ha extendido a 20 de los 22 departamentos y ha crecido el número
de casos de 41,771 en 1990 a 57,560 en 1992.
Similares tasas de crecimiento se dan con respecto al dengue cuya
población en riesgo es de 383,281 habitantes.[19] Una persona muere diariamente a raíz del cólera y otras 31
la contraen según datos oficiales. Según
Segeplan (Secretaría General de Planeamiento) 60% de la población carece
de servicios sanitarios y arroja sus residuos a lagos y ríos.
Sólo 38% de la población tiene servicio de agua corriente. Entre
los avances positivos han disminuído en cambio las enfermedades
prevenibles con vacuna como el sarampión y las diarréicas.
Los programas de vacunación intensificados por el Estado a partir
de 1985 han logrado entre otras, que la cobertura por vacunación para
menores de 1 año subiera de 10% en 1985 al 60% en 1990. La
actual administración ha diseñado un programa importante llamado "Lineamientos
de Política de Salud 94-95" por el cual la población a través de
sus autoridades locales, municipales y departamentales adquiere mayor
participación en las decisiones y en el manejo de los recursos.
El modelo de salud basado en el autocuidado familiar con
participación social y comunitaria, se iniciará experimentalmente en 61
municipios prioritarios, que coinciden con las áreas donde se han
registrado mayores violaciones a los derechos humanos, Huehuetenango,
Quiché y Alta y Baja Verapaz. Según los lineamientos el modelo de salud tendrá un enfoque pluricultural y multilinguístico y tendrá especial cuidado en dar prioridad a grupos postergados, migrantes y aldeas de extrema pobreza. Actualmente la atención de salud y de servicios sanitarios favorece discriminatoriamente a sectores urbanos y de ingresos medios y altos; por ejemplo, en el Departamento de Guatemala (área capitalina) existen tres veces más camas hospitalarias que en todo el resto del país. Más del 80% de todos los recursos están concentrados en la capital y las cabeceras departamentales, en un país de predominante población rural.[20] 50% de la población carece de atención de salud y un 20% a 30% recibe atención inadecuada, según el informe del Gobierno. continua...
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[1]
Se ha señalado que las restricciones derivadas de las normas
de migración de algunos países, los complicados trámites legales
exigidos por las autoridades cubanas y las represalias a que son
sometidas dichas personas, son algunas de las razones por las cuales
numerosas personas continúan saliendo del país en balsas y botes
rudimentarios. Cabe señalar
que cuando las autoridades cubanas de migración han negado un visado,
ésta no es suceptible de apelación. [2]
La Situación de los Derechos Humanos en Cuba, Séptimo Informe,
CIDH, 1983, pág. 233. [3]
En agosto de 1991, el Gobierno de Cuba redujo la edad para
viajar al extranjero a 20 años de edad, tanto para hombres como para
mujeres. [4] La presente sección sobre Guatemala cubre el período junio
1993 a enero 1994. [5]
CIDH "Cuarto Informe sobre la situación de los Derechos Humanos
en Guatemala" OEA/Ser.L/V/11.83. [6]
Rep. de Guatemala. Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social.
"Lineamientos de política de salud, 1994-1995".
La Situación Nacional y el Compromiso del Gobierno.
Octubre 1993. [7]
Ver detalles de la visita en el Comunicado de Prensa Nº 18/93,
publicado al final del presente Informe Anual. [8]
Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos.
Octubre de 1993. [9]
Como un ejemplo de ello, por primera vez miembros de UASP
participaron en la marcha civico-militar en celebración del Día de
la Independencia el 15 de septiembre. [10]
Su Presidente Juan León, de la Comisión Coordinadora, dijo
que "En los tribunales de justicia los secretarios de los
juzgados nos tiran a la basura los memoriales y nos obligan a firmar
documentos sin que reconozcamos nuestros derechos porque los mismos no
son en nuestros propios idiomas.
Hay cientos de casos de violaciones que han quedado impunes. Nuestros hijos son reclutados por la fuerza." [11]
Estos ataques tienden también a paralizar la acción de la
justicia; así, la quema de los archivos del Tribunal de Santa Cruz
del Quiche, donde se tramitan numerosos casos de presuntas violaciones
a los derechos humanos. [12]
Publicado en la prensa. FBIS
16 de noviembre de 1993. [13]
Las reformas propuestas aprobadas por el Congreso en base al
acuerdo con el Ejecutivo, y que son puestas a referendum, establecen
la reducción de términos para el Presidente, Vicepresidente y
Diputados, que serán electos por cuatro años; una reducción del número
de congresales; la ampliación del número de jueces de la Corte
Suprema de 9 a 13 miembros, con mandato por cinco años elegidos por
el Congreso en base a una lista a proponerse por los decanos de las
Escuelas de Derecho y Asociaciones de abogados. (Continúa) 15 (Continuación) Establece
también cambios en los controles administrativos de finanzas.
Las reformas entrarían en vigor 60 días después de aprobarse
por la ciudadanía y quince días después el Tribunal Supremo
Electoral llamaría a elecciones parlamentarias para elegir un nuevo
Congreso que actuaría hasta el 14 de enero de 1996, fecha en que
también cesa el término del actual Presidente de León Carpio. Participarán en el referendum 4.5 millones de Guatemaltecos
registrados de una población total de 9 millones, de los cuales más
del 60% son miembros de 23 grupos étnicos indígenas. [14]
Ver Capítulo III sobre el sistema de las PACs, página 17. [15]
Rector de la Universidad en entrevista con la CIDH. 9-9-93. [16]
Diario Siglo XXI, septiembre 7 de 1993. [17]
Recuerda la Comisión denuncias recibidas en la década del
ochenta en las que se indicaba la ejecuciones extrajudiciales de
campesinos que sabían escribir, lo que se consideraba como indicador
de apoyo a la subversión. [18]
Organización Panamericana de la Salud "Situación de la
Salud en Guatemala y sus tendencias" 1993. [19]
OPS loc. cit. [20]
60% de la población habita en zona rural, en 20,017
localidades, de las cuales el 87% tiene menos de 500 habitantes. |
