INFORME Nº 11/98
           CASO 10.606
SAMUEL DE LA CRUZ GÓMEZ
GUATEMALA
7 de abril de 1998

          I.          ANTECEDENTES 

          Los hechos alegados 

          1.          El 20 de julio de 1990 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ("la Comisión") recibió una comunicación en que se denunciaba el secuestro y desaparición, ocurridos el 12 de julio de 1990, de Samuel de la Cruz Gómez, en Guatemala.  Los peticionarios señalaron que el Sr. de la Cruz, miembro del Consejo de Comunidades Étnicas Runujel Junam (CERJ), había sido detenido y hecho desaparecer del Cantón Chimatzaz, Municipalidad de Zacualpa, Departamento de El Quiché, por hombres vestidos con ropa civil vinculados con las fuerzas de seguridad del Estado de la República de Guatemala ("el Estado" o "el Estado guatemalteco").  Se señaló que se había presentado ante las autoridades judiciales de Santa Cruz del Quiché un recurso de exhibición personal (una forma de habeas corpus) en favor del Sr. de la Cruz. 

          2.          En un escrito ulterior, del 10 de agosto de 1994, los peticionarios ampliaron sus manifestaciones, señalando que antes de la desaparición, el 27 de junio de 1990, 45 soldados se habían hecho presentes en el domicilio de Samuel de la Cruz y le habían pedido que los guiara a un camino cercano.  Supuestamente le advirtieron que si se rehusaba lo considerarían subversivo.  Se rehusó y los soldados, según se afirma, amenazaron volver al día siguiente para matarlo. 

          3.          El 12 de julio de 1990 a las tres de la mañana, alrededor de quince hombres fuertemente armados secuestraron al Sr. de la Cruz (de 31 años de edad), junto con su hermano Génaro (de 16 años de edad), de su domicilio.  Las víctimas, a las que se les ataron las manos detrás de la espalda, fueron llevadas a pie en dirección a San Andrés Sacjabaja.  Génaro fue liberado poco después.  Samuel de la Cruz Gómez no ha sido visto ni se ha oído de él desde ese día.  Un grupo de unos 35 vecinos fueron en persecución de los secuestradores.  Según los peticionarios, el vecino Ciriaco García de la Cruz reconoció a uno de los secuestradores como Ernesto Eduardo Arévalo Ramos, y lo llamó para preguntarle dónde llevaban a Samuel.  Los hombres armados abrieron fuego contra los perseguidores, hiriendo al Sr. García y a Celestina de León García. 

          4.          Los peticionarios señalaron que algunos de los que tomaban parte en la persecución se detuvieron para llevar a los heridos al hospital.  Afirman que ese grupo se encontró en las cercanías con unos 22 soldados, armados y vestidos con ropa de camuflaje.  Les dieron cuenta del secuestro y solicitaron ayuda.  Según los peticionarios, los soldados simularon disparar contra los secuestradores, pero se limitaron a disparar al aire.  Los testigos manifestaron que los soldados se habían reunido con los secuestradores y se habían perdido de vista.  Una hora después todos ellos reaparecieron vestidos en ropa militar.  El mismo día, a última hora de la tarde del 12 de julio de 1990, varios vecinos vieron a Ernesto Arévalo Ramos que caminaba por una calle en Zacualpa.  Lo capturaron y lo entregaron a la Policía. 

Procedimientos judiciales iniciados en relación con la desaparición de Samuel de la Cruz Gómez 

          5.          En los escritos presentados por las partes se señala que el 12 de julio de 1990 se inició el proceso criminal 83-90 contra Ernesto Arévalo Ramos en relación con el secuestro de Samuel de la Cruz Gómez.  El 25 de octubre de 1991, la Corte Primera de Primera Instancia de Sentencia de El Quiché dictó una resolución por la que absolvía al acusado, tomando como base que no existían pruebas suficientes para condenarlo.  El fiscal apeló esa decisión ante la Cámara Novena de la Corte de Apelaciones.  El 25 de enero de 1992 la Corte de Apelaciones dictó resolución confirmando la resolución del tribunal inferior. 

II.          TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN 

          6.          La Comisión abrió el Caso 10.606 el 15 de agosto de 1990 y dio a conocer al Gobierno de Guatemala las partes pertinentes de la denuncia el 17 de agosto de 1990, solicitándole una respuesta dentro de un plazo de 90 días. 

          7.          El Gobierno respondió mediante nota fechada el 22 de enero de 1991, en que se señalaba que la Corte Primera de Primera Instancia de Sentencia de El Quiché estaba dando curso en ese momento al caso penal No. 83-90, en que Ernesto Arévalo Ramos había sido acusado del secuestro del Sr. de la Cruz.  Dado que estaban pendientes esos procedimientos judiciales, el Gobierno señaló que la denuncia debía ser declarada inadmisible.  Esa información fue trasmitida a los peticionarios el 29 de enero de 1991, solicitándoseles  formular sus observaciones dentro de un plazo de 30 días, lo que fue reiterado el 15 de junio de 1992. 

          8.          En nota del 9 de marzo de 1994, la Comisión solicitó que el Gobierno proporcionara información actualizada sobre el estado de los procedimientos del proceso penal 83-90 contra Ernesto Arévalo Ramos, tramitado ante la Corte Primera de Primera Instancia de Sentencia de El Quiché.  Se solicitó que la respuesta fuera presentada cuanto antes, para que la Comisión pudiera considerar el caso durante su próximo período de sesiones. 

          9.          Por nota del 27 de mayo de 1994, el Gobierno informó a la Comisión que el 25 de octubre de 1991 la Corte Primera de Primera Instancia de Sentencia había dictado una resolución por la que absolvía al acusado, en virtud de que las pruebas eran insuficientes.  Se señaló que el Ministerio Público había apelado esa resolución, y que el 25 de enero de 1992 la Cámara Novena de la Corte de Apelaciones había dictado sentencia confirmando la resolución del tribunal inferior.  Se expresó que el Sr. Arévalo Ramos había sido liberado y que el proceso penal se había cerrado.  Esta información fue transmitida a los peticionarios el 6 de junio de 1994, solicitándoseles formular observaciones dentro de un plazo de 45 días. 

          10.          El 12 de julio de 1994 la Comisión recibió una comunicación de los peticionarios nombrando a un copeticionario en el mismo caso. 

          11.          En nota del 10 de agosto de 1994, los peticionarios ampliaron sus manifestaciones fácticas (véase la sección I, supra) y presentaron observaciones como respuesta al escrito del 27 de mayo de 1994 presentado por el Gobierno.  Los peticionarios caracterizaron el caso como parte de un patrón de violencia del Estado contra los defensores de los derechos humanos en general y en especial contra miembros del CERJ, que habría tenido lugar en el período en cuestión.  Señalaron que la falta de reacción oficial frente a la desaparición de Samuel de la Cruz Gómez reflejaba un patrón de impunidad en casos en que estaban involucrados miembros de las Fuerzas Armadas y de las patrullas de autodefensa civil.  Indicaron que el Gobierno estaba en omisión de investigar eficazmente a la persona acusada, y que no había adoptado medida alguna para investigar a las docenas de personas que habían tomado parte en la desaparición.  Las partes pertinentes de esta comunicación fueron dadas a conocer al Gobierno el 18 de agosto de 1994, con la solicitud de presentar toda información posible sobre el caso dentro de un plazo de 30 días. 

          12.          A solicitud de los peticionarios, la Comisión convocó a una audiencia referente a este caso, que debía celebrarse durante su octogésimo séptimo período de sesiones, durante la cual el Gobierno presentó un informe en que relataba los hechos indicados en su escrito del 27 de mayo de 1994.  Este informe fue dado a conocer oficialmente a los peticionarios el 22 de septiembre de 1994, solicitándoseles sus  observaciones dentro de un plazo de 45 días. 

          13.          La respuesta de los peticionarios, fechada el 21 de noviembre de 1994, fue dada a conocer al Gobierno en nota del  22 de noviembre de 1994.  Además, la Comisión hizo saber que estaba a disposición de las partes a los efectos de facilitar una solución amistosa, si éstas deseaban participar en ese proceso previsto en el artículo 48 de la Convención Americana.  Ese mismo ofrecimiento fue comunicado posteriormente a los peticionarios. 

          14.          El 5 de enero de 1995, el Gobierno presentó informes fechados el 22 y el 29 de diciembre de 1994, como respuesta al escrito de los peticionarios del 21 de noviembre de 1994.  Con respecto al proceso de solución amistosa, el Gobierno señaló su opinión de que el mismo debía ofrecerse exclusivamente cuando las circunstancias demostraran que era pertinente.  El Gobierno señaló que no lo era en el caso de autos, porque las autoridades competentes habían cumplido las reglas del debido proceso y seguían tratando de aclarar los hechos.  El Gobierno señaló que el 1º de julio del año anterior había puesto en vigor un nuevo Código de Procedimiento Penal para combatir la impunidad y hacer que sus ciudadanos tuvieran acceso a la justicia penal.  Con respecto al agotamiento de los recursos internos, el Gobierno señaló que la Corte Primera de Primera Instancia de Sentencia seguía estando encargada del proceso penal 83-90, que la investigación no se había clausurado y que la cuestión seguía pendiente.  Esos informes fueron dados a conocer a los peticionarios, solicitándoseles presentar sus eventuales observaciones dentro de un plazo de 45 días. 

          15.          El 15 de marzo de 1995 los peticionarios presentaron observaciones a ambos informes.  Señalaron que dado el rechazo por parte del Gobierno del procedimiento de solución amistosa, así como el hecho de que el caso se refería a una desaparición forzada, tampoco ellos estaban en condiciones de aceptar ese procedimiento.  Además señalaron que el Gobierno había emitido manifestaciones contradictorias con respecto a la cuestión del agotamiento de los recursos internos.  En su escrito del 27 de mayo de 1994, el Gobierno había señalado que en el proceso penal 83-90 había recaído resolución definitiva de primera instancia, confirmada en segunda instancia, y que el caso se había cerrado, y ahora señalaba que el proceso seguía estando pendiente ante la Corte Primera de Primera Instancia de Sentencia.  Las partes pertinentes de esta comunicación fueron dadas a conocer al Gobierno en una nota fechada el 21 de marzo de 1995, otorgándosele un plazo de 45 días para la presentación de cualquier información adicional. 

          16.          El 11 de mayo de 1995 los peticionarios presentaron información adicional, sosteniendo que el proceso penal contra Ernesto Arévalo Ramos había servido para garantizar su impunidad, pese al hecho de que varios testigos lo habían identificado como uno de los secuestradores del Sr. de la Cruz.  Sostuvieron que el testigo Francisco Riz Luis había manifestado que Arévalo era uno de los secuestradores y que había dado la orden de disparar contra quienes los perseguían.  Manifestaron que la testigo Ana Luis de León había declarado que se le había dicho que Arévalo era uno de los secuestradores.  Los peticionarios expresaron que el juez de primera instancia desechó las declaraciones de esos y otros testigos en forma arbitraria, invocando formalismos.  El rechazo, por parte de la corte, de elementos probatorios, sin ninguna base fundada, dio lugar según los peticionarios a una resolución arbitraria, que viola los principios del debido proceso.  Este escrito fue dado a conocer al Gobierno mediante nota del 18 de mayo de 1995, solicitándosele una respuesta dentro de un plazo de 60 días.  Posteriormente los peticionarios presentaron copias de las declaraciones efectuadas en el proceso penal 83-90 por Francisco Riz Luis, Ignacia de la Cruz Gómez, Encarnación Luis de la Cruz, Ana Luis de León, Isaías de la Cruz, Santos Gómez, Génaro de la Cruz Gómez y Ciriaco García de la Cruz. 

          17.          En una nota del 20 de julio de 1995, el Gobierno respondió sosteniendo que conforme a la legislación guatemalteca, el Poder Judicial tiene competencia exclusiva para evaluar las pruebas ofrecidas en el estado procesal pertinente y para dictar la resolución correspondiente, como había sucedido en el presente caso.  Esas observaciones fueron dadas a conocer a los peticionarios, para que formularan sus observaciones dentro de un plazo de 45 días. 

          18.          El 6 de septiembre de 1995 los peticionarios presentaron su respuesta, repitiendo que el Estado había estado omiso en investigar adecuadamente los delitos denunciados.  Los procedimientos internos habían concluido con una sentencia arbitraria en el proceso 83-90; el asunto se mantenía archivado desde 1992, no se habían adoptado medidas para investigar y castigar a los demás perpetradores de los hechos, ni se había procurado aclarar la suerte del Sr. de la Cruz.  Las partes pertinentes de esta comunicación fueron dadas a conocer al Gobierno mediante una nota del 12 de septiembre de 1995, solicitándosele formular sus observaciones dentro de un plazo de 30 días. 

          19.          El Gobierno presentó sus observaciones a la comunicación antes referida mediante nota del 13 de octubre de 1995.  En ella, el Gobierno hizo una reseña de la serie de procedimientos internos y señaló que no estaban pendientes recursos ni notificaciones de ningún género.  Repitió que los procedimientos pertinentes se habían cumplido estrictamente y que las personas involucradas habían gozado de plenas posibilidades de presentar argumentos y pruebas.  El Gobierno señaló que los peticionarios no habían colaborado ni producido pruebas en los procedimientos internos conforme a lo que manda la ley, optando por recurrir a un proceso de denuncia en el plano internacional.  En consecuencia, el caso, a su juicio, debía archivarse.  Esta comunicación fue dada a conocer a los peticionarios con cierta demora, debido a una discrepancia de registro, mediante una nota del 20 de junio de 1996. 

          20.          El 12 de agosto de 1996 los peticionarios presentaron sus observaciones al escrito antes referido.  Rechazaron la aseveración de que no habían colaborado ni producido pruebas en los procedimientos internos, señalando que habían proporcionado toda la información de que disponían.  Sostuvieron que los familiares de la víctima habían recurrido a mecanismos internacionales debido a la imposibilidad de que se les hiciera justicia a nivel interno.  Subrayaron que el Estado no podía esgrimir la defensa de que los representantes de la víctima no habían presentado determinada prueba, ya que ésta sólo podía obtenerse con la colaboración del Estado.  Este escrito fue dado a conocer al Gobierno mediante nota fechada el 21 de agosto de 1996, con la solicitud de presentar toda la información adicional referente a este caso dentro de un plazo de 60 días. 

          21.          El Gobierno presentó observaciones adicionales el 23 de octubre de 1996, sosteniendo que el Poder Judicial había cumplido plenamente su obligación de dar trámite al caso y citando la sentencia dictada por la Corte Interamericana en el Caso Velásquez Rodríguez, que señala que la obligación de investigar es de medios y no de resultados.  Expresó que la investigación del presente caso se había realizado seriamente y había dado lugar a un proceso judicial sustanciado.  Señaló que los tribunales de primera instancia y de apelación habían evaluado las pruebas con la independencia necesaria, exigida por la ley, y que los peticionarios habían gozado de la posibilidad de impugnar esas actuaciones.  Habiendo señalado que la parte que aduce el no agotamiento de los remedios internos tiene la carga de identificar los remedios disponibles, dándolos a conocer a la Comisión, el Gobierno indicó que los siguientes mecanismos estaban disponibles con respecto a una resolución de segunda instancia:  a) casación; b) amparo; c) apelación del proceso constitucional y extraordinario de amparo.  Según el Gobierno, esto prueba que los peticionarios no agotaron los recursos de la jurisdicción interna.  Este escrito fue dado a conocer a los peticionarios el 28 de octubre de 1996, solicitándoseles la presentación de sus observaciones dentro de un plazo de 45 días. 

          22.          El 8 de abril de 1997 se recibieron observaciones de los peticionarios, quienes volvieron a describir el contexto del caso y las violaciones de derechos humanos en contra de defensores de tales derechos en el período en cuestión.  Subrayaron que la familia de la víctima había tratado de obtener protección judicial a través de los tribunales guatemaltecos.  No obstante, el escrito de habeas corpus no había dado ningún resultado y los tribunales les habían denegado el debido proceso en el caso penal 83-90.  Los peticionarios sostuvieron que los recursos de jurisdicción interna habían resultado ilusorios, por la falta de todo esfuerzo encaminado a realizar una investigación seria y debido a las fallas del procedimiento judicial.  Por último, los peticionarios repitieron sus argumentos en cuanto a que la desaparición forzada de Samuel de la Cruz Gómez tuvo lugar en un período en que ésta era una práctica de las fuerzas de seguridad, frente a la cual el Poder Judicial no había adoptado medida alguna.  Los peticionarios mencionaron informes recientes de la Misión de las Naciones Unidas de Verificación de Derechos Humanos y del Cumplimiento de los Compromisos del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos en Guatemala (MINUGUA) como respaldo de su afirmación de que persiste la impunidad en relación con las violaciones de derechos humanos por agentes estatales.  Este escrito fue dado a conocer al Gobierno en nota del 9 de abril de 1997, solictándosele presentar cualquier información pertinente dentro de un plazo de 30 días.  No se han recibido otros escritos.

          III.          POSICIÓN DE LAS PARTES 

          A.      Posición de los peticionarios 

          23.          Los peticionarios sostienen que Samuel de la Cruz Gómez fue hecho desaparecer por la fuerza por agentes del Estado el 12 de julio de 1990, y que el Estado fue omiso en investigar y aclarar su suerte, procesar y castigar a los responsables y brindar reparación a la familia de la víctima.  Sostienen que el recurso de habeas corpus presentado en favor de la víctima no produjo resultado alguno.  Además sostienen que el proceso penal 83-90, iniciado en relación con el secuestro de Samuel de la Cruz Gómez, se vio afectado por graves irregularidades con respecto a la recopilación y evaluación de declaraciones de testigos, lo que dio lugar a una resolución arbitraria, que viola los principios del debido proceso.  A su juicio, esas irregularidades se vieron agravadas por la resolución de segunda instancia.  Dada la omisión del Estado de llevar a cabo una investigación que diera respuesta a los hechos, así como lo irregular y arbitrario del proceso judicial, los peticionarios sostienen que los recursos de jurisdicción interna invocados han resultado ilusorios.  En consecuencia, los peticionarios sostienen que el Estado es responsable de la violación de los artículos 1.1, 4, 5.1, 7, 8 y 25 de la Convención Americana. 

B.       Posición del Estado 

          24.          El Gobierno de Guatemala nunca contradijo los hechos aducidos por los peticionarios con respecto a la desaparición forzada de Samuel de la Cruz Gómez, ni el  hecho de que esa persona no había sido vista ni se había oído de ella desde su secuestro, ocurrido el 12 de julio de 1990.  El Gobierno sostiene, en cambio, que su sistema judicial interno reaccionó del modo que correspondía y brindó las garantías del debido proceso con respecto al delito de que se trata.  En algunos de sus escritos, el Gobierno ha sostenido que el caso es inadmisible porque los peticionarios no agotaron plenamente los recursos de jurisdicción interna disponibles.  En otros escritos señaló que los recursos internos fueron invocados y tramitados hasta su finalización, habiéndose dado curso al proceso penal 83-90 y habiéndose adoptado una resolución sobre el mismo en cumplimiento de la legislación guatemalteca y de las normas del debido proceso. 

          25.          El Gobierno sostiene que la obligación del Estado de investigar violaciones de los derechos humanos es de medios y no de resultados.  Las autoridades judiciales incoaron el proceso penal 83-90 para investigar y resolver el secuestro de Samuel de la Cruz Gómez.  La persona acusada del delito fue absuelta por la Corte Primera de Primera Instancia de Sentencia de El Quiché en virtud de la insuficiencia de la prueba.  Esa sentencia fue recurrida por el Ministerio Público y confirmada por la Cámara Novena de la Corte de Apelaciones.  El Gobierno sostiene que se dio trámite al proceso penal 83-90 conforme a las normas aplicables, que las cortes de primera y segunda instancia evaluaron adecuadamente la prueba con la independencia que manda la ley y que los peticionarios gozaron de amplias posibilidades de presentar sus argumentos y recursos.  El Gobierno sostiene que el Caso 10.606 es inadmisible y debe ser archivado.

          IV.      CONSIDERACIONES RESPECTO A LA ADMISIBILIDAD 

          26.          Debido a que existe un vínculo cercano entre las violaciones denunciadas y la cuestión de las excepciones al agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna (véase Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 26 de junio de 1987, Ser. C No. 1, párrafos 91, 93), y en vista de las consideraciones relacionadas con la tardanza, así como el rechazo del procedimiento de solución amistosa, la Comisión ha decidido emitir el presente informe sobre admisibilidad concurrentemente con aquel sobre los méritos del caso.  

          27.          La Comisión es competente para examinar la cuestión materia de esta denuncia, puesto que la misma se refiere a supuestas violaciones de los artículos 1, 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana.  La República de Guatemala depositó su ratificación de la Convención Americana el 25 de mayo de 1978 y la Convención entró en vigor para todas las partes el 18 de julio de 1978. 

          28.          La denuncia comprende la información exigida por el artículo 32 del Reglamento de la Comisión y reúne las condiciones estipuladas en el artículo 46.1.c. de la Convención Americana y en el artículo 39 del Reglamento de la Comisión, ya que no está pendiente de ninguna resolución en otro procedimiento intergubernamental internacional, ni constituye esencialmente la repetición de una denuncia pendiente o considerada anteriormente por la Comisión.  La denuncia fue presentada en tiempo, conforme a lo dispuesto por el artículo 46.1.b, dado que los hechos centrales denunciados tuvieron lugar el 27 de junio y el 12 de julio de 1990 y la denuncia fue presentada el 20 de julio de 1990. 

          29.          El artículo 46 de la Convención Americana establece para que un caso pueda ser admitido que "se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos".  Este requisito se ha establecido a fin de que el Estado de que se trate tenga la posibilidad de resolver los problemas dentro de su propio marco legal. 

          30.          Surge del expediente que entre las reacciones de la familia frente a la desaparición de Samuel de la Cruz figuró la pronta presentación de un recurso de habeas corpus y la iniciación de procedimientos penales.  El proceso penal 83-90 fue iniciado el 12 de julio de 1990, mediante la presentación de una denuncia por parte del Jefe de la Subestación de la Policía Nacional de Zacualpa contra Ernesto Arévalo Ramos, por el delito de secuestro, ante el Juzgado de Paz de la Municipalidad de Joyabaj, El Quiché.  La madre de la víctima, Santos Gómez, fue la principal acusadora privada en el caso.  El 25 de octubre de 1991 la Corte Primera de Primera Instancia de Sentencia de El Quiché declaró absuelto al acusado en relación con el cargo mencionado, por insuficiencia de las pruebas producidas para condenarlo.  Esta sentencia fue apelada por el fiscal y confirmada, por los mismos fundamentos, por la Cámara Novena de la Corte de Apelaciones, por resolución del 24 de enero de 1992. 

          31.          Un recurso de habeas corpus constituiría normalmente el mecanismo eficaz "para hallar a una persona presuntamente detenida por las autoridades, averiguar si lo está legalmente y, llegado el caso, lograr su libertad".  Caso Caballero Delgado y Santana, Objeciones Preliminares, Sentencia del 21 de enero de 1994, Ser. C No. 17, párrafo 64, en que se cita el Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988 (Fondo), Ser. C No. 4, párrafo 65; Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989 (Fondo), Ser. C. No. 5, párrafo 68; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Sentencia del 15 de marzo de 1989 (Fondo), Ser. C No. 6, párrafo 90.  Esto es necesariamente así debido a que en los casos de desaparición forzada "es urgente la actuación de las autoridades".  Caso Caballero Delgado y Santana, íd.  Los peticionarios sostuvieron que el recurso de habeas corpus presentado en favor de Samuel de la Cruz Gómez no produjo resultado alguno, y el Gobierno no ha brindado ninguna información en contrario.  En general, el recurso de habeas corpus constituye el recurso adecuado en el caso de una desaparición forzada, y los peticionarios, en los casos de ese tipo, no tienen por qué hacer uso de otros recursos para cumplir la norma estipulada en el Artículo 46.1.a.  Íd., párrafo 67. 

          32.          En el presente caso, el Gobierno ha sostenido que el proceso penal 83-90 ofrecía y brindó un recurso efectivo.  Aunque la presentación de un recurso de habeas corpus basta para satisfacer los requisitos de admisibilidad pertinentes en el caso de una desaparición forzada, la Comisión, de todos modos, ha analizado el proceso penal llevado a cabo en este caso para establecer si brindó un remedio disponible y eficaz frente a las violaciones de derechos aducidos.  Cuando no se dispone de recursos de jurisdicción interna por razones de hecho o de derecho, los interesados están excusados del requisito del agotamiento de los recursos internos.  Véase OC-11/90, del 10 de agosto de 1990, Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (artículos 46.1, 46.2.a y 46.2.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Ser. A No. 11, párrafo 17.  El artículo 46.2 de la Convención establece que esta excepción se aplica:  cuando no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; cuando no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna; o cuando ha habido retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. 

          33.          Como cuestión de procedimiento, la Comisión señala que las contradicciones de la posición del Gobierno con respecto a la cuestión del agotamiento de los recursos internos,[1] y el hecho de que el Gobierno se limitó a identificar los recursos específicos que, a su juicio, debían haberse agotado, seis años después de la iniciación de los procedimientos,[2] constituye en la práctica una renuncia a esa objeción a la admisibilidad.  Según principios básicos de derecho internacional, las objeciones referentes a la omisión de agotar los recursos de jurisdicción interna deben efectuarse en las primeras etapas del procedimiento, y el Estado que sostiene que no se han agotado debe probar que subsisten recursos efectivos que aun no se han agotado.[3] 

          34.          Aun cuando no existieran esos defectos procesales, el proceso penal 83-90 involucró el procesamiento de un único acusado por una única imputación.  Independientemente de que el proceso estuviera viciado o no, el expediente que tiene ante sí la Comisión no registra ninguna medida oficial encaminada a investigar el paradero o la suerte de la víctima ni a indagar a las docenas de otros agentes estatales implicados en la desaparición.  En consecuencia, el proceso penal 83-90 no constituyó un recurso disponible y efectivo con respecto a la desaparición del Sr. de la Cruz.  La apelación contra esa resolución no corrigió la insuficiencia que presentó el proceso penal 83-90, desde su inicio, en cuanto a su alcance, ni ello hubiera podido lograrse a través de una ulterior apelación. 

          35.          Como surge de las consideraciones que anteceden, la denuncia bajo estudio cumple los requisitos de admisibilidad establecidos en la Convención Americana y en el Reglamento de la Comisión. 

          36.          En cuanto al artículo 48.1.f de la Convención Americana, que autoriza a la Comisión a ponerse a disposición de las partes a los efectos de facilitar una posible solución amistosa, del expediente se desprende que las partes fueron notificadas de la disposición de la Comisión de ayudarlas a ese respecto a fines de 1994, pero optaron por no hacer uso de ese proceso. 

          V.          CONSIDERACIONES SOBRE EL FONDO 

          37.          Es un hecho no controvertido que Samuel de la Cruz Gómez fue obligado a salir de su casa por un grupo de hombres fuertemente armados en las primeras horas del 12 de julio de 1990, y que desde ese momento no ha sido visto ni se ha oído de él. 

          38.          Los peticionarios sostienen que en la desaparición participaron directamente agentes estatales.  Ellos manifestaron que el Sr. de la Cruz había sido amenazado de muerte por un grupo de soldados pocos días antes de su desaparición, una aseveración que no es respaldada ni desmentida por ninguna otra información contenida en el expediente que tiene ante sí la Comisión. 

          39.          De la información respaldada y/o corroborada en el expediente surge lo siguiente:  Los secuestradores al parecer portaban rifles Galil.  Declaración de Génaro de la Cruz Gómez ante el Juzgado de Paz del Ramo Penal de Joyabaj, 12 de julio de 1990, pág. 2; Declaración de Ciriaco García de la Cruz ante el Juez Segundo de Primera Instancia Penal, 20 de julio de 1990 (recibida en el Hospital Nacional Santa Elena), pág. 2.  Ellos se expresaron en español y no en lengua indígena.  Declaración de Génaro de la Cruz Gómez, supra, pág. 3.  En las primeras horas que siguieron al secuestro del Sr. de la Cruz, los vecinos de las cercanías persiguieron a los secuestradores.  Véase, Declaración de Francisco Riz Luis ante el Juzgado de Paz del Ramo Penal de Joyabaj, 13 de julio de 1990, pág. 3; Declaración de Ana Luis de León ante el Juzgado de Paz del Ramo Penal de Joyabaj, del 6 de agosto de 1990, pág. 2; Declaración de Ciriaco García de la Cruz, supra, pág. 2.  Los perseguidores lograron aproximarse a los secuestradores, momento en el cual estos últimos dispararon contra ellos.  Declaración de Francisco Riz Luis, supra, pág. 3; Declaración de Ciriaco García de la Cruz, supra, pág. 2.  Pocos minutos después llegaron al lugar de los hechos soldados del Ejército.  Declaración de Francisco Riz Luis, supra, pág. 3.  Ciertos testigos declararon que los soldados fingieron un intercambio de disparos, pero que se vio que disparaban al aire, en lugar de hacerlo contra blancos deliberados.  Íd.  Tanto los secuestradores como los soldados prosiguieron la marcha, apartándose de la zona.  Ambos grupos cruzaron el río que atraviesa la zona, y luego los secuestradores se pusieron uniformes militares.  Declaración de Ana Luis de León, supra, pág. 2. 

          40.          El expediente establece que dos grupos considerables de hombres fuertemente armados viajaban a pie por la misma zona rural aislada, en las primeras horas de la mañana del 12 de julio de 1990; uno de ellos fue identificado inequívocamente por testigos como perteneciente a las Fuerzas Armadas.  Las actuaciones del proceso penal 83-90 incluían una solicitud de información dirigida al Ministerio de Defensa con respecto a las Patrullas de Autodefensa Civil y a los comisionados militares registrados en la zona en el momento de los hechos.  No existen indicios de que las autoridades hayan procurado documentar o investigar la presencia de los soldados. 

          41.          Samuel de la Cruz Gómez era miembro del CERJ, que es una entidad no gubernamental establecida en 1988 para defender los derechos humanos, en especial los de la población maya.  La institución, inicialmente con sede en El Quiché, se oponía a la prestación de servicios en las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC).  Esos servicios habían sido obligatorios, pero en el momento de los hechos bajo estudio eran, supuestamente, voluntarios.[4]   Según informes del período de que se trata, la resistencia del CERJ al servicio en las PAC en el Departamento de El Quiché recibió como respuesta amenazas, intimidaciones, asesinatos y actos de desaparición realizados por miembros de las Fuerzas Armadas, comisionados militares y miembros de las PAC.  Además, esos informes señalan que esos delitos contra los miembros de la CERJ no tuvieron como respuesta las medidas de previsión o respuesta que estaba obligado a prestar el Estado.[5]