73.     En consecuencia, la Comisión concluye que el Estado ha violado en perjuicio de las 17 personas anteriormente señaladas el derecho a la vida, el cual se encuentra consagrado en el ya citado artículo 4 de la Convención Americana. 

          C.      Derecho a la Integridad Personal 

          74.     El artículo 5 de la Convención Americana establece que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 

          75.     En este sentido, como ha quedado analizado y demostrado, miembros de la policía motorizada del Estado de Guerrero hirieron sin razón alguna a las personas identificadas como Carmelo Bernal Flores, Antonio García, Juan Pastrana, Santos Galeana, Felipe Sánchez, Marcos Carranza, Aníbal Pastrana, Venicio Godínez, Andrés Bernal, Luciano Salmerón, Pedro Jiménez, Heliodoro Refugio, Andrés Sánchez, Apolonio Romero, Apolinar Ojendis, Bernardo Carbajal, Eustosia Mayo, Rodolfo Carranza y Antonio Abarca, lo cual a la luz de lo establecido en la Convención Americana constituye una clara violación a la integridad física de dichos ciudadanos.  

          76.     En relación a las posibles violaciones a la integridad psíquica y moral de que puedan haber sido víctimas las personas que resultaron heridas y sus familiares, la Comisión estima que el hecho de haber presenciado el asesinato de 17 personas en el vado de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995 y de sentir durante minutos la posibilidad de morir en el desarrollo de los sucesos, producen graves daños psíquicos y morales sobre dichas persona. Con respecto a los familiares de las personas que resultaron muertas, la Comisión considera que el asesinato de un ser querido siempre es causante de un grave daño moral, más cuando se conoce públicamente a través de un video la forma como ocurrieron los hechos. 

          77.     Como consecuencia de lo antes expuesto, la Comisión concluye que el Estado ha violado en perjuicio de las personas arriba mencionadas el derecho al respeto de la integridad física, psíquica y moral, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Convención Americana. 

          D.      Obligación de respetar los derechos 

          78.     Las conductas descritas en los puntos A, B y C de este capítulo, constituyen una falta de cumplimiento por parte del Estado del compromiso asumido por el artículo 1.1 de la Convención Americana de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y de garantizar su libre y pleno ejercicio, con respecto a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. 

          E.       Indemnización de daños y perjuicios 

          79.     Si bien el Estado ha señalado que tanto los familiares de las víctimas como los heridos ya han sido indemnizados, también ha expresado que en relación al daño moral, el Código Civil para el D.F. en materia común, y para toda la República en materia federal, en su artículo 1916 establece como forma de reparación "la publicación de un extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a través de los medios informativos que se considere convenientes".  En este sentido concluye que, al haberse divulgado ampliamente los señalamientos y conclusiones del informe emitido el 27 de febrero de 1996 por el entonces Fiscal Especial para el caso, es claro que en la presente también ha habido una reparación de índole moral. 

          80.     Al respecto la Comisión expresa que del desarrollo y análisis del presente caso se ha podido desvirtuar claramente el informe presentado el 27 de febrero de 1996 por el entonces Fiscal Especial para el caso de Aguas Blancas, Lic. Alejandro Oscar Varela Vidales.  En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su resolución emitida el 23 de abril de ese mismo año, rechazó calificar de culposa la actuación de los policías, como lo concluyera el Lic. Varela en su informe, inclinándose por la existencia de dolo en la operación realizada por la policía motorizada del Estado de Guerrero el 28 de junio de 1995 en el vado de Aguas Blancas.  Asimismo la Corte concluyó en su informe que, entre otros, "resultan responsables los licenciados Rubén Figueroa Alcocer, Gobernador con licencia indefinida; José Rubén Robles Catalán, ex-Secretario General de Gobierno; Antonio Alcocer Salazar, ex-Procurador General de Justicia;...Gustavo Olea Godoy, ex-Director de la Policía Judicial...", personas a las que el Fiscal Especial en su informe exoneró de toda responsabilidad. 

          81.     De lo expresado anteriormente se puede concluir que la publicación de dicho informe no puede servir en ningún momento como reparación de índole moral para los familiares de las víctimas y los heridos de los hechos de Aguas Blancas, ya que la misma no contiene un análisis claro de los hechos sucedidos, ni de las responsabilidades de los mismos.  Asimismo, hay que señalar que el artículo en mención hace referencia a "un extracto de la sentencia", lo cual es el resultado de una decisión definitivamente firme emitida por el Poder Judicial, y no a cualquier informe que pueda haber realizado un fiscal del Ministerio Público, el cual forma parte del Poder Ejecutivo del Estado.  Más aún, el artículo 1916 del Código Civil para el D.F. expresa: 

          Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual, como extracontractual.  Igual obligación de reparar el daño moral tendrá quien incurra en responsabilidad objetiva conforme al artículo 1913, así como el Estado y sus funcionarios conforme al artículo 1928, ambas disposiciones del presente código.
 

          El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable, y la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso.
 

          Cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor, reputación o consideración, el juez ordenará, a petición de ésta y con cargo al responsable, la publicación de un extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a través de los medios informativos que considere convenientes.  En los casos en que el daño derive de un acto que haya tenido difusión en los medios informativos, el juez ordenará que los mismos den publicidad al extracto de la sentencia, con la misma relevancia que hubiere tenido la difusión original. (Subrayado de la Comisión). 

          82.     De lo expresado en el artículo citado se deduce que el legislador mexicano establece la publicación de un extracto de la sentencia para casos específicos, como requisito adicional a la indemnización en dinero, por lo que en ningún momento se podría aplicar, como lo expresa el Estado, como forma única de indemnización del daño moral. 

          83.     Igualmente, la Comisión expresa su profunda preocupación por las diversas denuncias recibidas de familiares de las víctimas y de los heridos de los hechos, durante su visita realizada a la zona, según las cuales varias de las personas heridas en los hechos ocurridos en el vado de Aguas Blancas no han recibido periódicamente la debida atención médica para tratar sus problemas físicos, generados como consecuencia de las heridas recibidas.  Asimismo, conforme a los testimonios recibidos, se pudo conocer que el monto de la pensión recibida por los familiares de las víctimas es irrisorio de acuerdo a los estándares mínimos nacional e internacionalmente aceptados. 

          84.     Por las anteriores consideraciones, la Comisión concluye que el Estado debe indemnizar adecuadamente a los familiares de las víctimas, y a los heridos mismos, por los daños ocasionados como consecuencia de la violación a sus derechos humanos, y prestar la debida atención médica a aquellas víctimas sobrevivientes que lo necesiten, como consecuencia de las heridas recibidas en los hechos de Aguas Blancas. 

          VI.      CONSIDERACIONES SOBRE LAS OBSERVACIONES DEL ESTADO 

          85.     Con fecha 11 de marzo de 1997, la Comisión, de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana, transmitió a México el informe preliminar Nº 8/97 sobre el presente caso, otorgándole un plazo de dos meses para informar a la Comisión sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el mismo. En ese sentido, el Estado en fecha 23 de junio de 1997, luego de solicitar una prórroga de 30 días para presentar la información requerida, presentó sus observaciones en relación a dicho informe, realizando las siguientes consideraciones: 

          86.     El Estado señaló que no comparte la idea de que no es necesario un pronunciamiento previo de admisibilidad.  Primero, porque en diversos casos que se encuentran en trámite ante la Comisión, ésta ha propuesto el inicio de soluciones amistosas sin resolver previamente las cuestiones de admisibilidad o inadmisibilidad. Segundo, porque condicionar la decisión previa de admisibilidad a la aceptación anticipada del procedimiento de solución amistosa por parte del reclamante, tampoco contribuye a juridizar y despolitizar el sistema tutelar, ni a reforzar la percepción de que la CIDH actúa con total independencia de otras entidades. 

          87.     En este sentido, la Comisión debe reiterar lo ya expresado anteriormente en relación a su nueva práctica de pronunciarse en principio, inicialmente, sobre la admisibilidad de los casos que se tramitan ante ella, en el sentido que la misma no puede ser absoluta, ya que deben analizarse las circunstancias particulares de cada caso y en especial las ventajas racionales que se deriven de esa decisión. En el presente caso, los argumentos de forma y fondo ya habían sido debatidos profundamente por las partes ante la Comisión, tanto en sus escritos presentados, como en la audiencia celebrada en su sede en la ciudad de Washington, D.C., en fecha 21 de febrero de 1996.  Asimismo, la Comisión pudo complementar su información sobre el caso durante la visita in loco realizada a México en julio de 1996.  Igualmente, en virtud de las características del presente caso, las ventajas prácticas de realizar un informe exclusivo de admisibilidad no eran relevantes; en primer término, porque no era posible llegar a una solución amistosa en el caso, ya que para iniciarse este procedimiento se necesita el consentimiento expreso de las dos partes, y los peticionarios habían rechazado dicha posibilidad en fecha 15 de enero de 1997.  Y en segundo término, porque la realización de un informe de admisibilidad requiere, que se puedan ventilar en el mismo exclusivamente el cumplimiento de dichos requisitos sin involucrar aspectos del fondo del asunto, cuestión que la Comisión consideró que no se daba en el presente caso, pues dadas las características del mismo, al pronunciarse podría estar adelantando opinión, lo que redundaría negativamente en la claridad y seguridad jurídica que esta nueva práctica persigue. 

          88.     El hecho de existir casos en trámite, en los cuales la Comisión se ha puesto a disposición de las partes para iniciar un procedimiento de solución amistosa sin haberse resuelto las cuestiones de admisibilidad, reafirma el argumento de que antes de elaborar un informe de esta naturaleza, deben analizarse las circunstancias particulares de cada caso, pues como ya se señaló, existen casos en donde las cuestiones previas de admisibilidad y las de fondo se encuentran sobrepuestas, lo que no permite elaborar un informe previo de admisibilidad, razón por la cual, en seguimiento de la práctica adoptada por la Comisión de ponerse a disposición de las partes para solucionar los casos en forma amistosa, en algunas ocasiones la Comisión realiza su propuesta antes de la definición de los aspectos de admisibilidad del caso. Ejemplo de ello son entre otros, los informes 38/96, 11/96 y 32/96, publicados por la Comisión en su informe anual de 1996.  Sin perjuicio de lo expresado, el artículo 45 del Reglamento de la Comisión, confiere a ésta la potestad de ponerse a disposición de las partes, en cualquier etapa del examen de una petición, a fin de llegar a una solución amistosa del asunto. 

          89.     Asimismo, y como consecuencia de lo expresado, la Comisión no ha condicionado en ningún caso la decisión previa de admisibilidad a la aceptación anticipada del procedimiento de solución amistosa por parte del reclamante.  Por el contrario, en el último año la CIDH ha desarrollado una práctica homogénea en materia de informes de admisibilidad y solución amistosa, que permiten dar mayor seguridad jurídica a las partes. 

          90.     En relación a la primera recomendación realizada por la Comisión al Estado en el Informe Preliminar, consistente en completar una investigación seria, imparcial y efectiva de los hechos descritos en el informe, el Estado señaló que se han tomado medidas que acreditan el cumplimiento de la misma, pues han actuado todos los órganos competentes, resolviendo conforme a derecho.  Agregó el Estado que las instancias federales y locales tomaron sus determinaciones en estricto apego al Estado de Derecho, por lo que de aceptarse reabrir la investigación completada, como lo recomienda la CIDH, se violentaría el Estado de Derecho. 

          91.     Sobre el particular, la Comisión debe expresar que es precisamente en relación a esas investigaciones realizadas por el Estado que se presentó la denuncia de este caso ante la Comisión, y en consecuencia, es sobre esos elementos que la Comisión concluyó que las investigaciones realizadas por el Estado a los fines de juzgar y sancionar a los responsables de la llamada "masacre de Aguas Blancas" no se han practicado con la seriedad necesaria en los términos exigidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  En efecto, en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se determinó que "Existió violación grave a las garantías individuales de los gobernados en los acontecimientos del veintiocho de junio de mil novecientos noventa y cinco, en el vado de Aguas Blancas, Municipio de Coyuca, Estado de Guerrero, y en los posteriores relacionados con los primeros", y que "de dicha violación resultan responsables los licenciados Rubén Figueroa Alcocer, Gobernador con licencia indefinida; José Rubén Robles Catalán, ex-Secretario General de Gobierno; Antonio Alcocer Salazar, ex-Procurador General de Justicia; Rodolfo Sotomayor Espino, ex-Primer Subprocurador de Justicia; Gustavo Olea Godoy, ex-Director de la Policía Judicial; Rosendo Armijo de los Santos, ex-Subsecretario de Protección y Tránsito; Adrian Vega Cornejo, ex-Fiscal Especial; y Esteban Mendoza Ramos, ex-Director General de Gobernación; todos ellos del Estado de Guerrero".  En consecuencia, visto que el Estado no ha tomado ninguna medida dirigida a completar y complementar la investigación ya realizada, con base en los elementos aportados por la resolución de la Suprema Corte de Justicia, la Comisión considera que aquél no ha cumplido con la primera recomendación. 

          92.     Con respecto a la segunda recomendación, de ejercer las acciones penales correspondientes a fin de que se determinen las responsabilidades individuales de los altos funcionarios del Gobierno del Estado de Guerrero, identificados en la decisión de la Suprema Corte de la Nación, el Estado indicó que no puede aceptarla, toda vez que en cumplimiento de la primera, ya se procedió a someter a la justicia penal a los altos ex-funcionarios del Gobierno del Estado de Guerrero, que resultaron legalmente responsables.  Según el Estado, de reabrir las investigaciones completadas en su oportunidad, a fin de ejercer acción penal conforme a la segunda recomendación, México contravendría la estructura que establece su Constitución. 

          93.     En este sentido la Comisión estima que del incumplimiento por parte del Estado de la primera recomendación, se deriva el incumplimiento de la segunda, pues para que ésta pudiera haberse cumplido ha debido completarse la investigación, con base en la decisión emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La segunda recomendación realizada por la Comisión (acciones penales), debe ser vista como la fase siguiente y consecuencial que debe acometer el Estado, producto del cumplimiento de la primera recomendación (completar la investigación).  

          94.     Asimismo, la Comisión debe agregar que el Estado tiene la obligación internacional de cumplir de buena fe las recomendaciones emitidas por la Comisión, no pudiendo aquél excusarse de su ejecución, en virtud de disposiciones de Derecho Interno, independientemente de que no fueron siquiera expuestas ni fundamentadas. 

          95.     El Estado señaló igualmente que después de la reforma constitucional que adicionó el artículo 21 para permitir la impugnación del no ejercicio y desistimiento de la acción penal por parte del Ministerio Público, resulta incomprensible que la CIDH afirme que en este caso se ha violado el deber de adoptar disposiciones de derecho interno previsto en el artículo 2, en relación con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana.  Agrega que el mero hecho de que algunos tribunales hayan sustentado tesis contradictorias, no exime a los reclamantes de proseguir el caso hasta la Suprema Corte, para que aclare dichas contradicciones conforme a la Ley de Amparo. 

          96.     En reiteradas oportunidades, la Comisión ha mostrado su satisfacción por la adición en la Constitución mexicana del artículo 21; sin embargo, si bien ello ha significado un gran avance, dicha norma no ha podido ser aplicada debidamente en la práctica, por su falta de reglamentación, razón por la cual, como lo afirma el Estado, algunos tribunales han sustentado tesis contradictorias sobre el particular, lo que no ha permitido configurar por vía jurisprudencial la certeza de un recurso judicial efectivo, ni ha ayudado a brindar una verdadera seguridad jurídica.  Sobre ese particular ya la Comisión ha señalado que "el planteamiento hecho por el Gobierno mexicano tendiente a lograr la aplicación del artículo 21 de la Constitución Federal de México no es procedente, en virtud de que el recurso disponible debe gozar de las características de ser sencillo, rápido y efectivo en los términos del artículo 25 de la Convención Americana, puesto que a pesar de haber privado en algunos casos una interpretación que permite el ejercicio del amparo indirecto, la misma no ha sido aceptada de forma pacífica y generalizada en los tribunales mexicanos, más aún, como lo ha señalado el Gobierno de México, existe otra interpretación totalmente opuesta sobre el particular, conforme a la cual el recurso al cual hace referencia el artículo 21 constitucional, debe ser objeto de reglamentación legal".[13]  En consecuencia, el hecho de no haberse reglamentado dicho artículo, viola expresamente el artículo 2 de la Convención Americana, puesto que no se han tomado las medidas legislativas o de otro carácter necesarias para hacer efectivos los derechos consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención.