59.     La Comisión desea enfatizar que durante dichos conflictos, las normas no derogables de la Convención Americana siguen siendo aplicables simultáneamente con lo dispuesto en el artículo 3 común.[7]  Específicamente, ambos, artículo 4 de la Convención Americana y artículo 3 común prohíben, inter alia, privaciones de vida arbitrarias.[8] 

          60.     De los antecedentes de hecho antes expuestos se puede sostener que Hugo Bustíos Saavedra fue ejecutado extrajudicialmente por agentes del Estado peruano, quienes arbitrariamente lo privaron del derecho a la vida. 

          61.     Las normas de derecho internacional consuetudinario que gobiernan los conflictos armados, como también el artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra, prohíben ataques contra civiles y contra la población civil en general por combatientes.  A este respecto, la única circunstancia en cualquier conflicto armado donde un civil pierde la inmunidad frente a ataques directos individualizados es cuando ese civil participa directamente en hostilidades, lo que, en la práctica, significa asumir el rol de combatiente, ya sea individualmente o como miembro de un grupo.  A pesar de que periodistas o reporteros en zona de combate implícitamente asumen el riesgo de muerte o de ser heridos incidentalmente o colateralmente a causa de ataques sobre blancos militares legítimos, las circunstancias que rodean los ataques a Hugo Bustíos y Eduardo Rojas Arce indican claramente que no fueron accidentales, sino intencionales. 

          62.     La versión dada por el Estado peruano en el sentido de que miembros de Sendero Luminoso habrían sido los responsables de la emboscada que causara la muerte de Hugo Bustíos y las heridas a Eduardo Rojas carece de fundamento, toda vez que ésta se produjo alrededor de 300 metros de dos patrullas militares que, según versión de los propios militares, se encontraban buscando a los responsables del asesinato de dos habitantes de la localidad de Huanta.  Esa versión se contradice asimismo con los testimonios de los testigos oculares de los hechos, quienes señalan que los responsables de éstos serían efectivos militares. 

          63.     De esta manera, la Comisión considera que el Estado peruano ha violado, en perjuicio de Hugo Bustíos Saavedra, el derecho a la vida que garantizan el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949. 

Derecho a la integridad personal 

          64.     El artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconoce el derecho a la integridad personal, y al respecto señala, inter alia, que: 

          1.       Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 

          65.     Las heridas causadas a Eduardo Rojas Arce en la emboscada efectuada por efectivos militares de Perú, es un claro caso en donde se afecta la integridad personal de conformidad con la Convención Americana. 

          66.     De igual manera, todas las consideraciones efectuadas anteriormente en relación a la aplicación del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra son plenamente aplicables en el caso de Eduardo Rojas, toda vez que está prohibido cualquier atentado a la integridad corporal de los civiles que no participen directamente en las hostilidades.

Libertad de pensamiento y de expresión 

          67.     La libertad de pensamiento y de expresión es un derecho fundamental del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.  El artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: (...) 

          Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y de difusión del pensamiento por cualquier medio. 

          68.     Por su parte el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra la libertad de pensamiento y expresión, señalando al respecto: 

          1.       Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por otro cualquier procedimiento de su elección.
 

          2.       El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por ley y ser necesarias para asegurar (...)
 

          3.       No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como ... o cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 

          69.     La Comisión Interamericana de Derechos ha declarado al respecto: 

          La libertad de expresión es universal y encierra en concepto la facultad jurídica que asiste a toda persona, individual o colectivamente considerada, para expresar, transmitir y difundir su pensamiento, paralela y correlativamente; la libertad de informarse también es universal y entraña el derecho colectivo de las personas a recibir la información sin interferencias que la distorsionen.[9] 

          70.     La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado el artículo mencionado en su Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, en la cual declaró que: 

          (30.)  El artículo 13 señala que la libertad de pensamiento y expresión "comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole...".  Estos términos establecen literalmente que quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.  Por tanto, cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a "recibir" informaciones de ideas en donde resulta que el derecho protegido por el artículo 13 tiene un alcance y un carácter especiales.  Se ponen así de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de expresión.  En efecto, ésta requiere, por un lado que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.
 

          (31.)  En su dimensión individual, la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios.  Cuando la Convención proclama que la libertad de pensamiento y expresión comprende el derecho de difundir expresiones e ideas "por cualquier...procedimiento", está subrayando que la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente.  De allí la importancia del régimen legal aplicable a la prensa y al status de quienes se dediquen profesionalmente a ella.
 

          (32.)  En su dimensión social la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos.  Así como comprende el derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de vista implica también el derecho de todos a conocer de opiniones y noticias.  Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia.
 

          (33.)  Las dos dimensiones mencionadas (supra 30) de la libertad de expresión deben ser garantizadas simultáneamente. (...).[10] 

          71.     La misma opinión consultiva resalta el rol que cumple la libertad de expresión en el orden democrático y la importancia que tiene el periodismo dentro de este contexto, y señala: 

          La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública.  Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente.  Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opiniones, esté suficientemente informada.  Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.
 

          Dentro de este contexto el periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento...[11] 

          72.     La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de igual modo se ha referido en numerosas oportunidades al ejercicio de estas libertades, considerando como parte de su doctrina que la carencia de libertad de expresión es una causa que "contribuye al irrespeto de los otros derechos humanos".[12] 

          73.     De acuerdo a la práctica internacional desarrollada en el último tiempo, las facilidades para la prensa en períodos de conflicto armado aun con elementos armados irregulares requiere la más alta protección.  Son los periodistas quienes, arriesgando sus vidas, llevan al público una visión independiente y profesional de lo que realmente ocurre en áreas de conflicto. 

          74.     De la evaluación de los antecedentes del presente caso surge que las autoridades militares que custodiaban la zona de Huanta sabían perfectamente que Hugo Bustíos y Eduardo Rojas eran periodistas, y que éstos generalmente cubrían con información periodística los hechos de violaciones a los derechos humanos que acaecían en la referida zona. 

          75.     El hecho de que existiera un conflicto armado y que las autoridades de la zona de Ayacucho supieran que Bustíos y Rojas eran periodistas, requería por parte de aquéllas que otorgaran la mayor protección posibles a ambos periodistas a fin de que éstos pudieran desarrollar su función de buscar, cubrir y difundir informaciones sobre los hechos que acaecían en la zona, con el máximo de garantías posibles, hecho que no fue garantizado por el Estado peruano. 

          76.     En lo que dice relación al aspecto individual de la libertad de expresión, ésta fue violada toda vez que les fue impedido arbitrariamente a Hugo Bustíos y Eduardo Rojas buscar, cubrir y difundir información sobre un determinado hecho.  Del mismo modo, la muerte del primero y las heridas causadas al segundo afectan la dimensión individual debido a que estos hechos son una señal de hostigamiento y amedrentamiento a quienes ejercen las funciones de periodistas, lo que en definitiva afecta la calidad y cualidades de la información. 

          77.     La índole colectiva de la libertad de expresión fue violada, toda vez que se prive a la sociedad de recibir información sobre un determinado hecho.

Derecho a las garantías judiciales y su protección judicial 

          78.     El artículo 25.1 incorpora el principio reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos de la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar tales derechos.  No es suficiente que el ordenamiento jurídico del Estado reconozca formalmente el recurso en cuestión, sino que es necesario que desarrolle las posibilidades de un recurso efectivo y que éste sea substanciado conforme a las reglas del debido proceso legal.[13] 

          79.     El Estado peruano no ha proveído un recurso adecuado que cumpla con las garantías mínimas del debido proceso y no han sido efectivos en la identificación y castigo de aquellos responsables del homicidio y daños corporales de Hugo Bustíos Saavedra y Eduardo Rojas Arce. 

          80.     Estas características de ineficacia que presentan en el caso los recursos de la jurisdicción interna, no sólo justifican la afirmación de que los peticionarios no están obligados a interponer y agotar tales recursos, sino que también nos lleva a concluir que el Estado peruano ha violado los derechos a la protección judicial y a las garantías judiciales, reconocidos en el artículo 25 de la Convención Americana.[14] 

Obligación de garantizar y respetar los derechos 

          81.     El Estado peruano no ha cumplido con la obligación emanada del artículo 1.1 de la Convención Americana de "respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y (de) garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción".  Por ello, el Estado peruano es responsable en este caso de la violación a los derechos contemplados en los artículos 4.1, 5, 13.1 y 25 de la Convención Americana. 

          82.     En los términos del artículo 1.1, la primera obligación de los Estados partes de la Convención Americana es la de respetar los derechos y libertades establecidos en ella. 

          83.     En orden de determinar qué formas de ejercer el poder público violan la obligación del artículo 1.1 de respetar los derechos, la Corte Interamericana ha sostenido que: "...es un principio de derecho internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos aun si actúan fuera de los limites de su competencia o en violación del derecho interno".  Asimismo que "...es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos por la Convención cumplida por un acto del poder público o de personas que actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter oficial".[15] 

          84.     La Comisión ha concluido que el asesinato de Hugo Bustíos Saavedra y las lesiones causadas a Eduardo Rojas Arce, hechos ocurridos el 24 de noviembre de 1988, fueron perpetrados por agentes que ostentaban carácter público.  Por ello es que, de conformidad con los contenidos mencionados precedentemente, el Estado de Perú ha violado la obligación del artículo 1.1 de respetar los derechos de Hugo Bustíos y Eduardo Rojas Arce previstos en la Convención Americana. 

          85.     La segunda obligación emanada del artículo 1.1 es la de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención.  "Esta obligación implica el deber de los Estados partes de organizar el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.  Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención".[16] 

          86.     La Comisión ha concluido que en los recursos internos del Estado peruano no se ha logrado investigar efectivamente la violación de los derechos sufridos por los periodistas Hugo Bustíos y Eduardo Rojas y no se ha sancionado a sus responsables. En consecuencia, esta Comisión concluye que el Estado peruano también violó el artículo 1.1 porque no garantizó el ejercicio de los derechos de Hugo Bustíos y Eduardo Rojas Arce. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

          87.     En virtud de las consideraciones de hecho y de derecho que anteceden, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirma su 

CONCLUSIÓN: 

          88.     Que el Estado peruano ha violado, en perjuicio de Hugo Bustíos Saavedra, los derechos a la vida, libertad de expresión y a la protección judicial.  De igual modo ha violado en perjuicio de Eduardo Rojas Arce, los derechos a la integridad personal, libertad de expresión y a la protección judicial, todos ellos reconocidos respectivamente en los artículos 4, 5, 13 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en conexión con el artículo 1.1 de la misma.  Con relación al derecho a la vida de Hugo Bustíos Saavedra y a la integridad personal de Eduardo Rojas Arce, el Estado peruano ha violado asimismo el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949. 

          89.     Con vista a las anteriores consideraciones, la Comisión ratifica las siguientes 

          RECOMENDACIONES: 

          i.        Que el Estado peruano realice, de inmediato, una nueva investigación seria, imparcial y eficaz de los hechos denunciados a fin de identificar a los autores responsables de la ejecución de Hugo Bustíos Saavedra y del delito de lesiones causadas a Eduardo Rojas Arce. 

          ii.       Que el Estado peruano adopte en forma adecuada y de inmediato medidas de reparación integral a las violaciones constatadas, que incluyan una indemnización compensatoria a los familiares de las víctimas. 

          iii.      Que el Estado peruano garantice a los periodistas y medios de comunicación en general, el resguardo necesario a fin de que puedan desarrollar integralmente las labores que su profesión les demanda, en las zonas de estado de emergencia, a efecto de evitar que ocurran situaciones similares en el futuro. 

          90.     La Comisión decide publicar este informe en el Informe Anual a la Asamblea General de la OEA, en virtud de lo dispuesto en los artículos 51.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 48 del Reglamento de la Comisión.