...continuación

VI. CONCLUSIONES

60. El internamiento de civiles por razones imperativas de seguridad puede permitirse cuando se establece la base requerida en cada caso particular, y en el expediente la Comisión no ha hallado nada que permita refutar la justificación de seguridad presentada por los Estados Unidos. Sin embargo, las mismas reglas que autorizan a esta medida como una medida excepcional de seguridad requieren que sea puesta en práctica de acuerdo con un procedimiento regular que permita al detenido ser oído y apelar la decisión "en el menor plazo posible". Tal procedimiento regular requiere que la decisión de mantener a una persona bajo detención no quede en manos de los agentes que efectuaron la privación de la libertad, y asegure un mínimo nivel de supervisión por parte de una entidad que tenga autoridad para ordenar la liberación si ello resultara justificado. Esta es la salvaguarda fundamental contra una detención arbitraria o abusiva, y las disposiciones pertinentes de la Declaración Americana y del Cuarto Convenio de Ginebra analizadas más arriba establecen que esa protección debe acordarse en el menor plazo posible. Teniendo en cuenta que los peticionarios eran, de acuerdo con el análisis anterior, civiles detenidos por razones de seguridad, y que fueron mantenidos bajo custodia de las fuerzas estadounidenses por espacio de alrededor de nueve a doce días, incluso seis a nueve días después de haber cesado las hostilidades, la Comisión observa que los peticionarios no contaron con acceso a una revisión de la legalidad de su detención en el menor plazo posible.

61. En consecuencia, la Comisión encuentra que la privación de la libertad de los peticionarios efectuada por las fuerzas de los Estados Unidos no cumplió con las disposiciones de los artículos I, XVII y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

VII.    RECOMENDACIONES

62. Con fundamento en el análisis y las conclusiones del presente informe, la Comisión recomienda que los Estados Unidos:

1.    Lleve a cabo una investigación completa, imparcial y efectiva de los hechos denunciados con el fin de determinar y atribuir responsabilidad a quienes sean responsables de las violaciones, y reparar las consecuencias.

2.    Examine sus procedimientos y prácticas para asegurar que, en cualquier instancia en que sus fuerzas armadas puedan ser responsables por la detención de civiles, se apliquen adecuadas salvaguardas, de acuerdo con las normas aplicables de la Declaración Americana y más específicamente del derecho internacional humanitario, de manera que tales personas sean oídas en el menor plazo posible por una autoridad judicial competente con el poder de ordenar su liberación si la detención fuera considerada ilegal o arbitraria.

63. El 1º de julio de 1999, la Comisión transmitió al Estado y a los peticionarios el Informe 82/99 (cuyo texto está contenido en las secciones I - VII, supra), aprobado el 7 de mayo de 1999 de acuerdo con el artículo 54 de su Reglamento. Según los términos de ese Informe, al Estado se le confirió un período adicional de un mes para adoptar todas las medidas necesarias para cumplir las recomendaciones de la Comisión. Se solicitó al Estado que proveyera información en ese sentido dentro de ese período, notificándosele que la Comisión examinaría entonces la medida en que el Estado había adoptado las medidas recomendadas, y decidiría si publicaría su decisión.

64. El 30 de julio de 1999, los Estados Unidos presentaron información en respuesta al Informe 82/99 y las recomendaciones contenidas en el mismo. Con respecto a la recomendación 1, que requería que el Estado realizara "una completa, imparcial y efectiva investigación de los hechos denunciados con el fin de determinar y atribuir responsabilidad a quienes fueran responsables por las violaciones pertinentes, y reparara las consecuencias", el Estado indicó que, de conformidad con el procesamiento del presente caso, había investigado las circunstancias que rodearon la detención y el tratamiento de los peticionarios. Este aspecto había sido abordado en la comunicación que el Estado envió a la Comisión el 30 de agosto de 1996. En consecuencia, el Estado indicó que, desde su punto de vista, había "realizado una investigación tan completa, imparcial y efectiva ... como puede razonablemente hacerse". Indicó que, en su opinión, era improbable que una investigación ulterior produjera información material, y que por lo tanto sería injustificada. Además, la comunicación indicó que "en vista de las circunstancias que enfrentaba el personal militar en Grenada entre el 26 de octubre y el 5 de noviembre de 1983, el Gobierno de los Estados Unidos considera que no hay consecuencias que ´reparar´ con respecto a los peticionarios".

65. En cuanto a la recomendación 2, que requería que el Estado revisara sus procedimientos y prácticas para asegurar que cuando sus fuerzas armadas detengan a civiles existan las adecuadas salvaguardas, de acuerdo con la legislación aplicable, que aseguren que tales personas sean oídas con la menor demora posible por una autoridad judicial competente para ordenar su liberación si la detención fuera considerada ilegal o arbitraria, el Estado informó que "realiza revisiones y evaluaciones regulares de las prácticas y procedimientos descritos por la Comisión". El Estado indicó además que "aplica procedimientos y prácticas que cumplen o exceden las salvaguardas del debido proceso mínimo requerido legalmente en las limitadas instancias en que nuestras fuerzas armadas detienen a civiles en el curso de un conflicto armado".

66. En general, el Estado reiteró su punto de vista de que en todo momento durante los acontecimientos en cuestión, cumplió plenamente sus obligaciones legales internacionales, incluida la legislación de conflicto armado, y que su personal siguió las leyes, políticas y prácticas estadounidenses aplicables. El Estado también reiteró su "vigorosa excepción" a las conclusiones de la Comisión de que (a) los peticionarios habían sido sometidos a "excesiva detención"; (b) que había violado cualquier disposición de la Convención Americana; ( c) "la Declaración Americana constituye una fuente de obligación legal internacional para los Estados Unidos"; y (d) que ciertos aspectos de la legislación sobre conflicto armado, incluidos los Convenios de Ginebra, están dentro del alcance de la jurisdicción de la Comisión. Por último, el Estado reiteró que fue la comisión de actos de homicidio, una manifiesta violación de los derechos humanos por la cual los peticionarios fueron posteriormente condenados, "en combinación con el colapso de las instituciones gubernamentales en Grenada, que precipitó la intervención conjunta ... [y] en última instancia condujo a su breve pero legítima detención".

67. La comunicación de los Estados Unidos del 30 de julio de 1999 fue transmitida a los peticionarios el 1º de septiembre de 1999, solicitándose observaciones en el término de 30 días. No se recibieron observaciones dentro de ese plazo.

68. La Comisión ha tomado debida nota de la oportuna respuesta del Estado. Con respecto a la información proporcionada en relación con su primera recomendación, si bien la Comisión considera que las medidas de investigación adoptadas durante el procesamiento de un caso individual pueden representar una contribución esencial a su aclaración, la respuesta enviada por el Estado el 30 de agosto de 1999 no refleja el pleno cumplimiento. Las medidas de investigación recomendadas tienen por objeto establecer los hechos y responsabilizar a los responsables. La respuesta del Estado no demuestra que estos objetivos se hayan cumplido. Además, de la respuesta resulta evidente que el Estado no ha adoptado medidas para reparar las violaciones establecidas de la Declaración Americana.

69. Con respecto a la información provista en cuanto a su segunda recomendación, la Comisión considera en general que "las revisiones y evaluaciones regulares de los procedimientos y prácticas" informadas por el Estado proporcionan un importante mecanismo potencial de supervisión. Sin embargo, el Estado no ha provisto información específica en cuanto a la revisión de los procedimientos y prácticas en discusión en este caso a la luz de las violaciones establecidas de la Declaración Americana y las conclusiones y recomendaciones indicadas más arriba. Las otras consideraciones generales planteadas por el Estado han sido plenamente abordadas en las secciones precedentes de este informe.

70. Como se señala anteriormente, las normas que permiten el confinamiento de civiles como medida excepcional de seguridad requieren que tal privación de la libertad se realice de acuerdo con un procedimiento regular que permita a los detenidos ser oídos y apelar la decisión "con la menor demora posible". Ello asegura que la decisión de mantener a una persona detenida no recaiga en los agentes que efectuaron la privación de libertad, y asegura un mínimo nivel de supervisión por parte de una autoridad competente para ordenar su liberación si ello se justifica. No puede dejar de señalarse enfáticamente que este procedimiento constituye una salvaguarda fundamental contra una detención arbitraria o abusiva. Como ya se señaló, esa salvaguarda no fue ofrecida a los peticionarios en este caso con la menor demora posible, como lo requiere la legislación aplicable.

71. En base a las consideraciones anteriores, y de conformidad con el artículo 54(5) de su Reglamento, la Comisión decide reiterar las conclusiones y recomendaciones contenidas en los párrafos 60 - 62, de hacer público este Informe e incluirlo en el Informe Anual presentado a la Asamblea Anual de la OEA. De acuerdo con su mandato, la Comisión continuará evaluando las medidas adoptadas por los Estados Unidos con respecto a las recomendaciones indicadas, hasta que se haya demostrado su pleno cumplimiento.

Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la ciudad de Washington, D.C., a los 29 días del mes de septiembre de 1999. (Firmado): Hélio Bicudo, Primer Vicepresidente, y Comisionados Alvaro Tirado Mejía, Carlos Ayala y Jean Joseph Exumé.

VOTO CONCURRENTE DEL COMISIONADO DR. HÉLIO BICUDO

El Comisionado Hélio Bicudo voto a favor del Informe 82/99, y de conformidad con los términos de los artículos 21 y 47(4) del Reglamento de la Comisión, presenta las siguientes observaciones adicionales a dicho Informe:

TEMA: Ocupación estadounidense de Grenada. Presunta privación ilegal de la libertad de los peticionarios. Aplicabilidad simultánea del Tercer y el Cuarto Convenios de Ginebra y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Incertidumbre en cuanto al status de los peticionarios de acuerdo con el derecho internacional humanitario. Las nuevas tendencias del sistema de protección de la persona humana exigen la aplicación de los derechos humanos aún en caso de guerra. Las detenciones deben efectuarse de acuerdo con las disposiciones del derecho humanitario, respetando, en la medida en que sea normativa y operativamente posible, la Declaración Americana. En el caso (informe), no se aplicaron armónicamente los dos sistemas de protección.

1. Se trata de la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por Calistus Bernard y otros contra el Gobierno de los Estados Unidos por presuntas ilegalidades en la detención de los peticionarios durante la ocupación estadounidense de Grenada.

2. Las cuestiones de hecho presentadas por las partes se redujeron a lo largo de los años en que se tramitó el caso 10.951, y se restringen actualmente a la legalidad de la detención de los peticionarios efectuada por las fuerzas estadounidense en suelo grenadino.

3. Las cuestiones jurídicas se refieren a los siguientes problemas: a) aplicabilidad simultánea o subsidiaria de las convenciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario; b) clasificación jurídica de los detenidos/peticionarios; c) existencia de habeas corpus en situaciones excepcionales, como la ocupación del territorio por una fuerza extranjera.

4. De acuerdo con las respuestas que se ofrezcan a las tres interrogantes planteadas, se podrán evaluar las denuncias de los peticionarios.

5. Corresponde señalar desde el principio que no compete formalmente a la Comisión evaluar los motivos políticos de la ocupación estadounidense de Grenada, aunque en algunas instancias –como se verá más adelante- el tema tiene relevancia.

II.    LOS HECHOS

6. El día 13 de octubre de 1983, el Primer Ministro de Grenada, Maurice Bishop, fue depuesto y el día 19, ejecutado, junto con otras autoridades de su gobierno, por integrantes de la facción rival del movimiento "New Jewel".

7. El día 25 de octubre del mismo año, fuerzas de los Estados Unidos y del Caribe tomaron la isla de Grenada, poniendo fin al gobierno revolucionario. En el proceso, 17 integrantes de este gobierno fueron detenidos y mantenidos en poder de las fuerzas armadas estadounidenses hasta el fin de las hostilidades.

8. Los peticionarios fueron devueltos al nuevo gobierno de Grenada el 5 de noviembre de 1983. Catorce de los diecisiete detenidos fueron posteriormente condenados a muerte por el sistema judicial de Grenada. La pena fue conmutada por cadena perpetua el 14 de agosto de 1991, en gran parte merced a gestiones de la CIDH.

9. Los peticionarios alegaron que su detención violó los artículos I (derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad), II (derecho a igual tratamiento ante la ley), XVII (derecho al reconocimiento jurídico de la personalidad y de los derechos civiles), XVIII (derecho a un juicio justo), XXV (derecho a la defensa contra detención arbitraria) y XXVI (derecho al debido proceso legal) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como los artículos 5 (derecho a un tratamiento digno) y 7 (derecho a la libertad personal) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

10. La denuncia fue presentada el 24 de julio de 1991. La Comisión, en el informe Nº 14/94 del 7 de febrero de 1994, admitió la denuncia sólo en relación con la cuestión de la arbitrariedad de la detención, y otorgó al Gobierno de los Estados Unidos un plazo para presentar información.

11. La Comisión, en el informe Nº 13/95 del 21 de septiembre de 1995, analizó la respuesta del Gobierno estadounidense y la información adicional presentada por los peticionarios, y llegó a la conclusión de que la detención fue ilegal, en los siguientes términos:

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

RESUELVE:

1. Declarar que en el caso de Bernard Coard y otros dieciséis peticionarios, los Estados Unidos han faltado a su obligación de dar cumplimiento a lo establecido en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en lo concerniente al arresto y detención bajo incomunicación de los peticionarios.

2. Declarar que los Estados Unidos son responsables por la violación del derecho a la libertad, artículo I; del derecho a la protección contra la privación arbitraria de la libertad, artículo XXV; y del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y de los derechos civiles, artículo XVII.1 (Énfasis agregado).

12. Así fueron consideradas inadmisibles las denuncias de falta de juicio imparcial, del debido proceso legal (presunción de inocencia) y de igualdad de tratamiento ante la ley (artículos XVIII, XXVI y II), pues todas estas denuncias solamente hacían referencia al proceso de los peticionarios ante el Gobierno de Grenada.

13. Del mismo modo, se descartaron las denuncias relativas a los artículos 5 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que, dicho sea de paso, no ha sido ratificada por los Estados Unidos.

14. Por medio de la "respuesta del Gobierno de los Estados Unidos al Informe Nº 13/95" el Estado responde a las conclusiones de la Comisión, alega que las detenciones fueron legales de acuerdo con el derecho internacional humanitario y defiende la inaplicabilidad de los derechos humanos en la hipótesis de enfrentamiento militar, la imposibilidad material del recurso a la autoridad judicial de Grenada durante el conflicto, y la legalidad del traslado de los detenidos a la penitenciaría de Richmond Hill, una vez concluidas las hostilidades.

15. En esta misma respuesta, el Gobierno de Estados Unidos solicitó reconsideración de las conclusiones a que había llegado la Comisión.

16. El entendimiento expreso en el proyecto del informe presentado para la conclusión del caso Nº 10.951 modificó algunas de las conclusiones del informe Nº 13/95. En todo caso, se llega a la conclusión de que la detención de los peticionarios estuvo inicialmente de acuerdo con el derecho internacional humanitario, pero que la ausencia de una posible revisión de la detención, conforme a lo dispuesto por el IV Convenio de Ginebra, vició la detención de ilegalidad, o sea que:

…la privación de la libertad de los peticionarios efectuada por las fuerzas de los Estados Unidos no cumplió con las disposiciones de los artículos I, XVII y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.2 (Énfasis agregado).

II. EL DERECHO

17. La primera cuestión jurídica que corresponde considerar es la validez simultánea de las convenciones humanitarias y de derechos humanos. Como es sabido, la CIDH tiene competencia para "promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y … servir como órgano consultivo de la Organización [de los Estados Americanos] en esta materia".3

18. Sin embargo, el análisis de los documentos relativos al caso 10.951 demuestra claramente que la cuestión podría ser analizada exclusivamente a partir de la perspectiva humanitaria, en cuyo caso se examinaría esencialmente la validez de la detención de los peticionarios de acuerdo con el derecho humanitario (Convenios de Ginebra).

19. En este caso, y desde un punto de vista formal, la Comisión estaría excediendo sus competencias por no estar entre sus prerrogativas la fiscalización y el cumplimiento de esas convenciones.

20. No obstante, esta visión formalista desconoce que las convenciones de derechos humanos no prevén excepciones o exenciones y son aplicables en teoría aún en las circunstancias de ruptura más evidente, como es el caso de la guerra o de la insurrección civil.

21. Como claramente señaló A.A. Cançado Trindade,4 por diferentes que sean sus orígenes, existe hoy una aproximación normativa, hermenéutica y operativa entre las tres vertientes de la protección internacional de la persona humana, a saber, los derechos humanos, el derecho humanitario y el derecho de los refugiados.

22. Este entendimiento doctrinario se basa en varias decisiones de organismos internacionales de vocación regional y mundial. El ejemplo más claro de esta indisociabilidad de los distintos subsistemas de protección de la persona humana es la Resolución 237 aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU el 14 de junio de 1967, en la que se señaló que los derechos humanos esenciales e inalienables deben ser respetados inclusive en tiempos de guerra (el caso trataba del pedido al Gobierno de Israel de que permitiese el regreso de los refugiados palestinos).

23. Como se verá más adelante, es conclusión aceptable que, de la integración del orden normativo humanitario (en especial los cuatro convenios de Ginebra) con el sistema legal de derechos humanos (ilustrado, en este caso, por la Declaración Americana), resulte la aplicación de este último, permitiendo un control indirecto del primero.

24. Es cierto que compete a la CIDH fiscalizar el cumplimiento de la Declaración y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entre los enunciados de este acuerdo multilateral, el artículo XXV determina que "nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes".

25. En el orden internacional, las obligaciones contraidas por los Estados son revocadas por medio de denuncia. Si no existe denuncia, los acuerdos se reputan válidos e ineludibles, por lo cual no resulta posible concebir la revocación de un tratado multilateral por otro acuerdo del mismo nivel;5 es decir, que no se puede suponer que la aplicación del Cuarto Convenio de Ginebra invalida la aplicación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

26. Al cumplir su mandato en circunstancias extremas, como las de la ocupación de una parte o de la totalidad de un territorio por un potencia extranjera, la CIDH debe dictaminar si los actos de alguna de las partes en el conflicto se ajustan o no a los derechos humanos.

27. Como toda detención legítima debe estar de acuerdo con los casos y procedimientos previstos en la legislación preexistente, la CIDH en el curso de las investigaciones, tiene que determinar cuál es el cuerpo normativo pertinente en que debe basar la evaluación de la legalidad de determinada detención.

28. En el caso de los conflictos armados entre los Estados, las estructuras normativas generalmente tomadas en consideración son las del sistema del derecho humanitario. La guerra es, por excelencia, el caso más típico de excepción o ruptura de las relaciones normales entre los Estados y entre un Estado y sus nacionales.

29. En el caso en cuestión, al verificar el cumplimiento del artículo XXV de la Declaración Americana, la CIDH deberá usar el derecho internacional humanitario como fuente subsidiaria. Sin embargo, no fue ese el entendimiento expresado por la Comisión en el informe Nº 13/95.

5. (…) El artículo XXV especifica que en cualquier caso en que un Estado prive a una persona de su libertad, tal acción debe provenir y ser ejecutada por una autoridad competente, debe realizarse de acuerdo con las leyes prestablecidas, y debe someterse a la brevedad posible a supervisión judicial.

6. La ley preestablecida a la que se refiere la norma es el derecho interno aplicable –que debe a su vez cumplir con los parámetros fijados por la Declaración Americana.6 (Énfasis Agregado).

30. A su vez, el entendimiento expresado en el informe Nº 13/95, apuntaba a contestar uno de los tres argumentos ofrecidos por el Gobierno de los Estados Unidos para su acción militar en Grenada y para la subsiguiente detención de los peticionarios. Este tema se apreciará mejor más adelante.

31. Cualquiera que sea la interpretación normativa dada por la Comisión, debe quedar en claro que las detenciones se efectuaron en el curso de una acción militar de fuerzas estadounidenses y caribeñas, y no en el curso de un proceso de tipo penal.

32. Puesto que existió un conflicto armado entre nacionales grenadinos y fuerzas militares de Estados Unidos, se trata, sin duda, de un caso de aplicación de los Convenios de Ginebra.7 Por este motivo, es inevitable la aplicación simultánea de los dos sistemas de protección en la medida que ello sea normativamente posible.8

33. De esta manera, si bien es cierto que el derecho humanitario debería ser observado por las fuerzas de ocupación de Grenada, también es cierto que las detenciones efectuadas, en la medida en que fuera viable, debían adecuarse a la Declaración Americana.

34. Se llega así a la conclusión de que los dos sistemas normativos internacionales en cuestión –-el humanitario y el de derechos humanos-- son aplicables y que, por tanto, compete a la Comisión Interamericana investigar los procedimientos adoptados por las partes involucradas en el conflicto.

35. El segundo tema jurídicamente pertinente al caso Nº 10.951 se refiere al tipo de protección que debería haber sido ofrecido a los peticionarios en el momento de su detención por las autoridades estadounidenses.

36. En el proceso, el Gobierno de Estados Unidos afirmó que los peticionarios fueron detenidos de acuerdo con tres motivos legales:

…Primero, el Gobierno afirmó que los peticionarios fueron arrestados y mantenidos en detención, bajo sospechas de tener responsabilidad en el asesinato de Maurice Bishop y otros individuos el 19 de octubre de 1983, hasta tanto pudieran ser puestos a órdenes de autoridades granadinas. Segundo, los Estados Unidos sostuvieron que sus acciones en Grenada en general surgieron del incidente derivado de la invitación del entonces Gobernador General Sir Paul Scoon, tal vez queriendo expresar implícitamente que dichos arrestos y detenciones se dieron en relación con tal solicitud. Tercero, el Gobierno ha sugerido que los peticionarios, junto con un gran número de ciudadanos grenadinos, fueron mantenidos cautivos durante el inicio de las hostilidades armadas, por razones "tácticas", a fin de proteger la seguridad de las fuerzas armadas de los Estados Unidos.9

37. El informe Nº 13/95 contestó la supuesta legalidad de cada una de las tres razones presentadas para la ejecución de las detenciones. En esencia, se negó que Estados Unidos tuviese autoridad para proceder a la investigación penal en suelo grenadino, y se consideró que el supuesto pedido secreto de auxilio en ningún momento caracteriza la autorización del Gobierno de Grenada para que una potencia extranjera ejecutase la detención de sus nacionales en su nombre.10

38. En relación con el tercer argumento, la Comisión entendió que la detención de los peticionarios por razones tácticas es justificable en la estricta medida operacionalmente necesaria y que, de todas maneras, se debe ajustar a las disposiciones de la Declaración Americana.

39. Sin embargo, como concluye la Comisión, las detenciones no se adecuaron a la Declaración por los motivos siguientes: a) la duración de la detención de los reclusos fue superior a lo razonable (se extendió más allá del período de hostilidades); b) al fin de la detención, el traslado forzado de los peticionarios a la penitenciaría de Richmond Hill constituyó una privación arbitraria de su libertad; y c) la detención, sin derecho a revisión ante una autoridad judicial, se considera arbitraria (negación de la posibilidad de habeas corpus).

40. La respuesta del Gobierno de los Estados Unidos, a su vez, afirma que "[l]os peticionarios no fueron detenidos en ejercicio de una autoridad judicial penal, sino de acuerdo con el derecho internacional que rige para las fuerzas armadas en un conflicto internacional armado. (…) Dada la posición prominente de los peticionarios en el Comité Central del Partido y en Grenada, así como su posición dentro de la estructura de comando y control de la oposición armada a las fuerzas estadounidenses y caribeñas, su detención y tratamiento estaban justificados, de conformidad con el Convenio de Ginebra de 1949 relativa al trato de los prisioneros de guerra (Convenio Tercero), ya que se trataba de llevar adelante objetivos militares legítimos".11

41. No obstante, en el párrafo siguiente, el Gobierno de Estados Unidos afirma que los prisioneros también podrían ser clasificados como detenidos civiles, y están, por tanto, regidos por el Cuarto Convenio de Ginebra.

42. Pero, para el Gobierno de Estados Unidos, su condición de detenidos civiles o de prisioneros de guerra no ofrecía a los peticionarios el derecho a una revisión judicial, la cual era considerada, además, una expectativa materialmente imposible dentro del teatro de operaciones.

43. En cuanto al traslado forzado a la penitenciaría de Richmond Hill se afirmó que esta era una obligación derivada del derecho internacional humanitario, lo cual, de hecho, podría ser una interpretación válida de las siguientes disposiciones del Tercer Convenio.

Artículo 118

Los prisioneros de guerra serán puestos en libertad y repatriados, sin demora, después del fin de las hostilidades.

A falta de las disposiciones a este respecto en convenios concertados entre las Partes contendientes para poner fin a las hostilidades, o a falta de un tal convenio, cada una de las partes en cuyo poder se hallen los prisioneros establecerá por sí misma y ejecutará sin tardanza un plan de repatriación en armonía con el principio enunciado en el párrafo anterior.12 (Énfasis agregado).

44. En relación con el exceso de tiempo de detención de los peticionarios, el Gobierno afirmó que la duración coincidió con el período de hostilidades.

45. De acuerdo con el derecho humanitario, los peticionarios podrían de hecho ser considerados prisioneros de guerra o civiles, dependiendo de la interpretación de los siguientes artículos del III Convenio de Ginebra:

Artículo 4

A. Son prisioneros de guerra por lo que se refiere al presente Convenio, las personas que, perteneciendo a alguna de las siguientes categorías, caigan en poder del enemigo:

1. miembros de las fuerzas armadas de una Parte contendiente, así como miembros de milicias y cuerpos de voluntarios que formen parte de esas fuerzas armadas;

2. miembros de otras milicias y miembros de otros cuerpos de voluntarios, incluso los de movimientos de resistencia organizados, pertenecientes a una Parte contendiente y que actúen fuera o dentro de su propio territorio, aunque este territorio se halle ocupado, siempre que esas milicias o cuerpos organizados, incluso los movimientos de resistencia organizados, llenen las condiciones siguientes:

a. que figure a su cabeza una persona responsable por sus subordinados;

b. que lleven un signo distintivo fijo y fácil de reconocer a distancia;

c. que lleven francamente las armas;

d. que se conformen, en sus operaciones, a las leyes y costumbres de la guerra;

….

6. la población de un territorio no ocupado que, al acercarse el enemigo, tome espontáneamente las armas para combatir a las tropas invasoras, sin haber tenido tiempo para constituirse en fuerzas armadas regulares, siempre que lleve francamente las armas y respete las leyes y costumbres de la guerra. (Énfasis agregado).

o, en el caso de su clasificación como civiles, de la interpretación que se dé a los siguientes artículos del Cuarto Convenio de Ginebra:

Artículo 4

Quedan protegidas por el Convenio las personas que, en un momento cualquiera y de cualquier manera que sea, se encontraren, en caso de conflicto u ocupación, en poder de una Parte contendiente o de una Potencia ocupante de la cual no sean súbditas.

Las personas protegidas por el (…) Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 … relativa al trato de prisioneros de guerra, no serán consideradas como personas protegidas en el sentido del presente Convenio.

46. Si, como alega el Gobierno de Estados Unidos, muchos de los peticionarios eran miembros militares del Comité Revolucionario, deberían ser clasificados como prisioneros de guerra, o como civiles que eran voluntarios o milicianos en divisiones paramilitares semipermanentes.

47. Sin embargo, de acuerdo con la información contenida en el proyecto de informe sin número de 1998, el Gobierno de Estados Unidos acabó reconociendo que los prisioneros fueron clasificados como civiles (véase pág. 8, párr. 28).

48. Aclarada esa controversia, se puede pasar al tercero y último de los temas jurídicamente pertinentes al caso.

49. La cuestión de la posibilidad del recurso contra detención arbitraria, dentro de las disposiciones del derecho internacional humanitario, sigue lo que fue definido antes sobre la aplicabilidad de los derechos humanos aún durante los conflictos armados.

50. Habida cuenta de que el Gobierno de Estados Unidos consideró –-y, por tanto, clasificó-- a los peticionarios como detenidos civiles, rige necesariamente el sistema de protección del Cuarto Convenio de Ginebra.

51. Este Convenio determina, entre otras cosas, que:

Artículo 78

Si la potencia ocupante estimase necesario, por razones imperiosas de seguridad, tomar medidas de seguridad respecto a las personas protegidas, podrá imponerles, a lo más, una residencia forzosa o proceder a su internamiento.

Las decisiones relativas a la residencia forzosa o al internamiento se tomarán en armonía con un procedimiento regular que habrá de ser fijado por la Potencia ocupante, a tenor de las disposiciones del presente Convenio. Semejante procedimiento debe prever el derecho de apelación de los interesados. Se estatuirá sobre esta apelación en el menor plazo posible. Si se mantuvieren las decisiones, habrá de ser objeto de revisión periódica, a ser posible semestralmente, mediante un organismo competente constituido por la dicha Potencia. (Énfasis agregado).

52. Ahora bien, la Declaración Americana afirma categóricamente que nadie será detenido, excepto en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes. En la integración de esta norma a la situación excepcional que vivía el Estado de Grenada en aquel período, los procedimientos mínimos exigidos serán los establecidos en conformidad con el segundo párrafo del artículo 78 ya citado.

53. Es un hecho que los prisioneros fueron mantenidos bajo custodia sin ninguna posibilidad de recurrir su detención. Y no se trata de un recurso ante el Poder Judicial de Grenada, sino ante la autoridad designada por Estados Unidos para proceder al análisis de los recursos.

54. Al negarse a ofrecer esta posibilidad de revisión de la detención, la Potencia ocupante --en este caso, Estados Unidos-- procedió, de hecho y de derecho, en contravención de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, desconociendo los procedimientos mínimos exigidos por el Cuarto Convenio de Ginebra.

55. De manera que corresponde algún tipo de recomendación al Gobierno de Estados Unidos que apunte a la adecuación de sus acciones militares en el exterior a las exigencias del sistema internacional de protección de la persona humana.

III. CONCLUSIONES

56. Por motivos evidentes –reconocidos por la doctrina y por innumerables precedentes en los órganos de seguridad y de protección de los derechos humanos de distintas organizaciones internacionales—la fiscalización de los derechos humanos abarca actos practicados en situaciones de conflicto armado entre las naciones y entre una nación y sus nacionales.

57. La detención de los peticionarios se justificaba teóricamente a la luz del derecho internacional humanitario. Sin embargo, la incertidumbre del propio Gobierno de Estados Unidos en cuanto a la clasificación de los peticionarios, así como la negativa de ofrecer una revisión --a la que tenían derecho, de acuerdo con el Cuarto Convenio de Ginebra (artículo 78, párr. 2º)-- caracterizan procedimientos incompatibles con la Declaración Americana.

58. En tales circunstancias, en atención al pedido de reconsideración, se llega a la conclusión de que es necesario recomendar al Gobierno de los Estados Unidos de América, de conformidad con los artículos 53 y 54 del Reglamento de la CIDH, que revise sus prácticas para hacer respetar las disposiciones del derecho humanitario, particularmente la concesión de un recurso en los casos de internación de civiles en territorios ocupados.

Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la ciudad de Washington, D.C., a los 29 días del mes de septiembre de 1999. (Firmado): Hélio Bicudo, Primer Vicepresidente.

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 1/ Informe Nº 13/95, 21 de septiembre de 1995, pág. 21.

12/ Convenio de Ginebra relativa al trato de los prisioneros de guerra.