LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1. El presente informe en general y
este capitulo específicamente se encuentran orientados en gran parte en
torno al tema del derecho al recurso y protección judiciales.
De hecho, la falta de eficacia de la justicia para responder frente
a la comisión de crímenes constituye una de las mayores preocupaciones
de la población en la actualidad. Puesto
que el poder judicial constituye la primera línea de defensa para la
protección de los derechos y las libertades individuales a nivel nacional,
los temas analizados en el presente capítulo resultan de especial
importancia para la situación global de los derechos humanos en Guatemala
y tienen una relación crucial con la protección de cada uno de los
derechos sobre los que trata este informe.
2.
La administración de justicia es un elemento fundamental del
temario para la paz. Los
acuerdos de paz reconocen que se deben corregir las deficiencias crónicas
con el fin de que ésta cumpla con su función indispensable en la
consolidación de la democracia. Muchas de estas deficiencias tienen
profundas raíces en la historia del conflicto interno. Esta Comisión
informó sobre la denegación de justicia a lo largo del conflicto[1]
y coincide con la conclusión a la que llegó la Comisión de
Esclarecimiento Histórico cuando sostuvo que:
El
fracaso de la administración de justicia guatemalteca en la protección
de los derechos humanos durante el enfrentamiento armado interno ha
quedado clara y plenamente establecido, a la vista de miles de violaciones
… que no fueron objeto de investigación, juicio ni sanción por el
Estado de Guatemala…. En
general, el Poder Judicial se abstuvo de atender los recursos procesales básicos,
para controlar al poder público frente a atropellos graves a la libertad
y seguridad de las personas…. Además,
en numerosas ocasiones, los tribunales de justicia actuaron directamente
subordinados al Poder Ejecutivo…. Todo
ello colocó a la población en una situación de absoluta indefensión
frente a los abusos del poder y le ha hecho percibir que al Organismo
Judicial como un instrumento de defensa y protección de los poderosos,
que ha reprimido o negado la protección de los derechos fundamentales,
especialmente de quienes han sido víctimas de graves violaciones de
derechos humanos.
Al
respecto, el Estado reconoció en su respuesta al proyecto de informe que:
Es
un hecho incontrovertible que el sistema de Administración de Justicia
fue desestructurado durante el enfrentamiento armado interno, sumando a
esto la problemática histórico-estructural del mismo; a lo interno, ha
estado signado por una excesiva centralización, cruzada por el eje
transversal de la exclusión-corrupción, que llevaron a niveles de
absoluta indefensión de la población y a garantizar solamente a los
grupos del poder fáctico.
3.
Los acuerdos de paz también exigen que el poder judicial desempeñe
una función central en el temario nacional de reconciliación y
democratización. Los
acuerdos le asignan, entre otras, la obligación de combatir la impunidad,
reconocer las normas y prácticas del derecho indígena, resolver la
situación de conflictos de tierras y tratar el problema de la evasión
tributaria. En este sentido, están en marcha algunas iniciativas serias y
comprometidas para respaldar su capacidad de cumplir estas funciones. Por ejemplo, la asignación de recursos adicionales al
organismo judicial y el establecimiento de nuevas instalaciones para
prestar servicios judiciales en todo el país, constituyen un paso
indispensable para mejorar el acceso a la justicia.
Además, la aprobación
y puesta en práctica de la Ley de la Carrera Judicial, la Ley de Servicio
Civil del Organismo Judicial y la creación del Consejo de la Carrera
Judicial constituyen un avance fundamental a favor de la protección de la
independencia de la judicatura.
4.
Sin embargo, ciertas deficiencias profundas del sistema continúan
subvirtiendo la justicia y deben ser corregidas de manera efectiva.[3] Entre
éstas, se cuentan los serios problemas de los sistemas y procedimientos
para administrar justicia, así como el efecto paralizante de los intentos
de reprimir a aquellos que participan en la búsqueda y la administración
de justicia por medio de amenazas y corrupción.
Dado el papel central del poder judicial para salvaguardar todos
los derechos individuales, la corrección de estos problemas es un desafío
urgente y de suma importancia.
1. Legislación interna
5.
Los deberes generales del Estado, establecidos en el artículo 2 de
la Constitución de Guatemala, consisten en garantizar a los habitantes de
la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el
desarrollo integral. El artículo
29 garantiza el derecho al libre acceso a los tribunales y otras oficinas
del Estado. Como se mencionó
anteriormente, el artículo 46 establece la preeminencia de los tratados
ratificados por Guatemala en la esfera de los derechos humanos sobre las
disposiciones de la legislación interna.
La Constitución, a su vez, tiene preeminencia sobre otras
legislaciones y tratados, de conformidad con su artículo 204.
6.
El papel y las funciones del poder judicial se encuentran definidos
en el Capítulo IV de la Constitución.
El artículo 203 prevé la independencia de dicho poder y su
facultad de impartir justicia. El artículo 205 le garantiza el goce de independencia
funcional y económica, y establece que los magistrados y jueces de
primera instancia no deben ser sujetos a destitución salvo en los casos
establecidos por la ley, y que el poder judicial seleccionará su propio
personal.
7.
El poder judicial está integrado por la Corte Suprema, los
tribunales de apelación, los tribunales inferiores y los tribunales de
jurisdicción especial. Conforme
al artículo 215, los magistrados de la Corte Suprema son elegidos por el
Congreso de una lista de 26 candidatos propuestos por una comisión de
postulación integrada por representantes de los rectores de las
universidades del país, presidido por los decanos de las facultades de
leyes. En el caso de los
Tribunales de Apelación, el artículo 217 especifica que los magistrados
deberán ser elegidos por el Congreso de una lista que contenga el doble
del número de los puestos que se deban llenar.
La comisión de postulación está integrada por la misma
representación de las universidades, con un número igual de miembros
elegidos por la Asamblea General de la Asociación de Abogados y Notarios
y un número igual elegido por los magistrados de la Corte Suprema.
De conformidad con el artículo 208, los magistrados y jueces de
primera instancia son elegidos por períodos de cinco años y pueden ser
reelegidos. Un informe reciente indica que hay un total de 574 jueces:
“13 jueces de la Corte Suprema, 64 magistrados de los tribunales
de apelación, 213 jueces de primera instancia y 284 jueces de paz.
De éstos, 157 son mujeres”.[4]
8.
La Constitución también contempla una Corte de Constitucionalidad,
la cual, conforme al artículo 268, es independiente de los otros órganos
del Estado y se encarga de defender el orden constitucional.
En virtud del artículo 269, esta Corte está integrada por cinco
magistrados y cinco suplentes, aunque éste número se eleva a siete (por
medio de la incorporación de dos suplentes) cuando la Corte conoce una
causa contra uno de los tres poderes del Estado.
Los magistrados y los suplentes ejercen sus funciones por cinco años
y cada uno de los siguientes órganos nombra a uno de ellos:
la Corte Suprema, el Congreso, el Presidente en el Consejo de
Ministros, la Universidad de San Carlos y el Colegio de Abogados.
9. En el marco de los acuerdos de
paz, el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil reconoce que las
instituciones judiciales adolecen de debilidades estructurales que han
ocasionado corrupción, falta de eficiencia e impunidad y exigen el
compromiso del Estado de fortalecer la administración de justicia de
conformidad con la naturaleza multiétnica, pluricultural y multilingüe
del país. Entre los
compromisos específicos aparecen el de reformar el Código Penal para dar
prioridad al enjuiciamiento de los delitos más graves, reflejar la
diversidad cultural del país, proteger los derechos humanos y castigar
severamente el uso de amenazas y la corrupción en el sistema.
Este Acuerdo también refleja el compromiso del Estado de
establecer una oficina autónoma del Defensor Público para asuntos
penales.
10.
Con respecto a la diversidad cultural, los acuerdos exigen el
compromiso del Estado de tomar medidas para reconocer el manejo de los
asuntos internos por parte de las comunidades indígenas conforme a sus
normas tradicionales y a las normas internacionales sobre derechos humanos,
capacitar al personal judicial sobre la cultura y la identidad indígenas
y garantizar la disponibilidad de intérpretes en los procesos judiciales.
Además, el Estado se ha comprometido a imponer ciertas
limitaciones a la jurisdicción de los tribunales militares.
Para lograr los objetivos fijados, el Acuerdo contempla, entre
otras cosas, la creación de una Comisión de Fortalecimiento de la
Justicia para formular propuestas adicionales, así como un incremento del
50% en el presupuesto asignado al poder judicial entre los años 1995 y
2000. Más adelante se
analizará el cumplimiento de estos compromisos.
11. En
sus comentarios al proyecto de informe en relación con el marco legal
interno, el Estado indicó que:
[e]l
marco constitucional es suficientemente garantista para la protección de
los derechos fundamentales …; sin embargo, reconoce que hace falta
aprobar un nuevo Código penal que esté de acuerdo con el Código
Procesal Penal de carácter acusatorio y que, además, reconozca el manejo
de los asuntos internos de las comunidades indígenas, conforme a sus
normas tradicionales, y de igual manera readecuar la legislación
ordinaria a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos.
2. Derecho internacional
12. El
derecho a la justicia está protegido por varias normas correlacionadas
con el sistema interamericano de derechos humanos.
Específicamente, el artículo 25 de la Convención Americana
establece el derecho del individuo a tener un recurso efectivo ante un
tribunal competente para la protección de sus derechos fundamentales
contemplados en la legislación interna o la Convención Americana.
El artículo 8 de la Convención Americana especifica que ese
recurso judicial efectivo incluye el derecho a ser oído con las debidas
garantías: “Toda persona
tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y en un plazo
razonable, por un tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier
acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier
otro carácter”. Este artículo
también dispone una serie de garantías mínimas que se aplican en los
procesos penales.
13. En
términos más amplios, la obligación de cualquier Estado Parte en la
Convención, según el artículo 1(1), de “respetar y garantizar” los
derechos reconocidos en ese instrumento:
implica
el deber de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas
las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del
poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente
el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.
Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir,
investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la
Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible del
derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos
por la violación de los derechos humanos.
14. Como
ha explicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los artículos
25, 8 y 1(1) se refuerzan mutuamente:
el
artículo 25 en relación con el artículo 1(1) de la Convención
Americana, obliga al Estado a garantizar a toda persona el acceso a la
administración de justicia y, en particular, a un recurso rápido y
sencillo para lograr, entre otros resultados, que los responsables de las
violaciones de los derechos humanos sean juzgados y para obtener una
reparación por el daño sufrido… el artículo 25 “constituye uno de
los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del
propio Estado de Derecho en una sociedad democrática”.
Dicho artículo guarda relación directa con el artículo 8(1)
que consagra el derecho de toda persona a ser oída con las debidas
garantías para la determinación de sus derechos de cualquier naturaleza.
15. Al
igual que otros derechos emanados de la Convención Americana, el derecho
a la protección y garantías judiciales debe ser realizado de manera no
discriminatoria, conforme al artículo 1(1).
El artículo 24 especifica, además, que “todas las personas son
iguales ante la ley. En
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de
la ley”.
16. Puede
observarse que la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la
Tortura, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer, de las cuales Guatemala es parte,
contienen disposiciones específicas que exigen que las violaciones sean
sometidas a investigación, enjuiciamiento y castigo efectivos.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual
Guatemala es parte, constituye también un instrumento importante, así
como los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura,
la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas
de Delitos y del Abuso de Poder y las Directrices sobre la Función de los
Fiscales, instrumentos adoptados en el marco de las Naciones Unidas.
17. La
administración de justicia ha estado sometida a un profundo escrutinio
desde la firma de la paz. Justamente
antes de ello, el poder judicial había establecido una Comisión de
Modernización que diagnosticó una serie de desafíos prioritarios y
formuló un Plan de Modernización que fue aprobado por la Corte Suprema
en 1997. El Plan incluye
medidas encaminadas a mejorar el funcionamiento de los tribunales,
fortalecer el acceso a la justicia, combatir la corrupción, fortalecer
las metodologías institucionales y mejorar las comunicaciones y su
alcance.[7]
En virtud de la firma de la paz, se estableció la Comisión de
Fortalecimiento de la Justicia conforme a los términos del Acuerdo sobre
Fortalecimiento del Poder Civil. Esa
Comisión llevó a cabo un extensivo análisis y emitió un informe y
recomendaciones sobre diversos temas, entre ellos la modernización de la
administración de justicia, el acceso a la justicia, la eficiencia en los
procedimientos y la excelencia profesional.
18. De
hecho, como se discutirá más adelante, algunas de esas recomendaciones
han dado frutos, en particular con respecto a la ampliación de la
presencia del poder judicial en todo el país, el establecimiento de
sistemas de organización e información más eficientes, la búsqueda de
mecanismos alternativos de resolución de conflictos y el desarrollo de la
carrera judicial. La
administración de justicia se beneficia actualmente de un fuerte apoyo
internacional, con un conjunto diverso de iniciativas dinámicas que son
financiadas a través de millones de dólares en donaciones, créditos y
préstamos.
19. No
obstante, la característica principal de la actual situación sigue
siendo la persistencia de la impunidad en muchos casos de violaciones de
los derechos humanos y delitos comunes.
Al evaluar el cumplimiento de los acuerdos de paz hasta fines de
1999, la Asamblea de la Sociedad Civil concluyó que el derecho individual
más violado era el derecho al debido proceso y, en general, a la justicia.[8] Si
bien han habido algunos avances dignos de mención en relación a la
capacidad institucional del sistema judicial que no deben ser subestimados,
prácticamente no se han abordado hasta hoy algunos factores endémicos y
del sistema que militan contra la justicia.
Es esta impunidad lo que más preocupa a la Comisión, porque
significa que, con pocas excepciones, los derechos humanos no están
sujetos a la protección judicial que exige la Convención Americana.
20. Como
marco de referencia cabe señalar que el informe de MINUGUA
correspondiente al período julio 1997- marzo de 1998 señala que se
admitieron 90 denuncias relativas a 191 presuntas violaciones del derecho
al debido proceso. Durante
ese período, la Misión confirmó la existencia de 451 violaciones
denunciadas durante ese mismo período así como otros períodos
anteriores. De esas
violaciones, 392 estaban relacionadas con la falta de investigación,
enjuiciamiento y sanción de las violaciones por parte del Estado.[9]
En su informe correspondiente al período de abril hasta diciembre
de 1998, la Misión indicó que había aceptado 94 denuncias relativas a
880 supuestas violaciones. De
esas violaciones, 534 había sido confirmadas:
96 relativas al derecho de la persona a que se presuma su inocencia,
85 relativas al derecho de la persona a ser juzgada por un tribunal
competente, independiente e imparcial, 85 relativas al derecho a la
defensa, 80 relativas al derecho a no ser obligado a declarar contra sí
mismo, 43 con respecto a la obstrucción de la justicia y 108 relativas a
la obligación del Estado de investigar, enjuiciar y castigar.[10]
21. En
el informe correspondiente al período entre enero y noviembre de 1999, la
Misión indicó que se había producido un incremento de este tipo de
violaciones. Aceptó 155
denuncias relativas a 1.657 violaciones.
Confirmó 3.665 violaciones durante el período, 3.083 en relación
a violaciones denunciadas durante períodos anteriores.
Más de la mitad de esas violaciones se relacionaba con la falta de
investigación y sanción por parte del Estado de violaciones a los
derechos humanos cometidas durante el conflicto, y con la obstrucción de
la justicia. De las 582 violaciones confirmadas como resultado de
denuncias recibidas durante el período al que corresponde el informe, la
mayoría eran casos en que el Estado no había investigado ni castigado a
los perpetradores y no había otorgado garantías legales a la víctima.[11]
En su más reciente informe correspondiente a la primera mitad del
año 2000, la Misión informó que había aceptado 131 denuncias relativas
a 4.034 supuestas violaciones. De éstas, 2.992 fueron confirmadas y tenían relación con
la falta de investigación y sanción de las violaciones, la obstrucción
de la justicia y la denegación de justicia.[12]
Los responsables de las violaciones confirmadas en los informes
antes mencionados fueron la Policía Nacional, la Policía Nacional Civil,
la Fiscalía y los tribunales.
22. En
el análisis que sigue, la Comisión tratará primeramente temas
concernientes a la capacidad de los sistemas y estructuras existentes de
proporcionar un recurso judicial. El
punto de partida es el acceso a la justicia, primero en términos prácticos
con respecto a la disponibilidad de tribunales locales y de interpretación
a la lengua de los usuarios indígenas del sistema, y luego en términos
de la eficacia de los procedimientos y del sistema para administrar
justicia. El análisis tratará
luego sobre la manera en que la incidencia de actos de intimidación y
corrupción afecta el acceso a una judicatura independiente e imparcial.
Finalmente, la Comisión realizará consideraciones sobre la
incompatibilidad de la impunidad con el régimen de derecho y hará una
serie de recomendaciones encaminadas a fortalecer las acciones nacionales
para reformar la administración de justicia.
23. El
Estado ha cumplido con el compromiso contemplado en el Acuerdo sobre
Fortalecimiento del Poder Civil de incrementar el presupuesto del poder
judicial en un 50% con respecto al monto asignado en 1995.
Esto constituye un medio importante para emprender otras reformas
que exigen los acuerdos de paz y el propio plan de modernización de la
judicatura. Aunque se
necesitan recursos adicionales, lo que se requiere para resolver muchos de
los asuntos prioritarios es voluntad política y acción.
24. En
virtud de los acuerdos de paz y con un importante apoyo de la comunidad
internacional, el Estado ha realizado algunos avances notables, empezando
a tratar el problema de las limitaciones geográficas que impiden el
acceso a la justicia. Durante el conflicto, la única presencia estatal en muchas
comunidades remotas era la del ejército.
Un de los esfuerzos significativos desde la firma de la paz ha sido
el establecimiento de instituciones civiles en estas zonas con el fin de
proporcionar servicios policiales, judiciales y de otra índole destinados
a resolver los conflictos sociales. Se
han logrado avances sustanciales aunque, dada la ubicación remota de
algunas poblaciones, este continúa siendo un desafío importante.
25. Hay
dos avances que son ilustrativos y dignos de mención especial en este
sentido. El primero se
refiere a la creación de juzgados de paz en todas las municipalidades del
país. A principios de 1998,
como parte de un proyecto piloto, se establecieron cinco nuevos juzgados
de paz locales en zonas que no eran anteriormente atendidas por esta
institución.[13]
El objetivo era evaluar su primer año de operación para
determinar si se debían extender esos juzgados a todas las
municipalidades en donde no se los había establecido aún.
A estos juzgados, establecidos en San Andrés Semetabaj, Sololá,
San Rafael Petzal, Huehuetenango, San Luis, Petén, Santa María
Chiquimula, Totonicapán y San Miguel Ixtahuacán, se les atribuyó
algunas características especiales. Estaban integrados por tres jueces de
paz que hablaban fluidamente tanto español como la lengua indígena
local, nombrados por la Corte Suprema en consulta con las autoridades
locales. Además de tener
otras funciones básicas, estaban autorizados por la ley a considerar el
criterio de oportunidad y utilizar métodos alternativos de resolución de
disputas en ciertos casos.[14]
26. En
virtud de la evaluación, generalmente positiva, del proyecto por parte de
la Corte Suprema y las personas que fueron atendidas, estos juzgados se
extendieron a otras municipalidades a lo largo del país.
Esto ha generado, igualmente, una reacción mayormente positiva.
En agosto de 2000, había aproximadamente 400 juzgados de paz en
todo el país.[15]
Esto constituye un avance fundamental por tres razones: primero,
porque hace a la justicia geográficamente accesible para poblaciones para
las cuales el acceso habría demandado anteriormente mucho tiempo y gran
esfuerzo, si es que realmente hubiesen tenido acceso.
Segundo, estos tribunales facilitan el acceso lingüístico a la
justicia para aquellos que estaban anteriormente excluidos de los
procedimientos llevados a cabo solamente en español.
Tercero, cubren una brecha importante para las comunidades para las
cuales estos tribunales representan la única presencia estatal competente
para resolver conflictos.[16]
No obstante, se ha observado que hay ambigüedad en la intersección
de la aplicación de la legislación nacional y la práctica tradicional,
que no está sujeta a reglamentación legal, y que estos juzgados adolecen
de muchas de las deficiencias que afectan a los tribunales en general.[17] El
profesionalismo y la supervisión siguen siendo asuntos pendientes en
estos tribunales y en la judicatura en general.
Con respecto a esta iniciativa en particular, la Comisión aprecia
el esfuerzo para facilitar el acceso geográfico y lingüístico y para
buscar mecanismos flexibles para administrar justicia.
27. El
segundo avance se refiere al establecimiento de centros para administrar
justicia en zonas como Quetzaltenango, Nebaj, Santa Cruz, Santa Eulalia,
San Benito, Zacapa y Escuintla, con el generoso apoyo de varios donantes
internacionales. El objetivo
de estos centros es reunir a la policía, fiscales, defensores públicos,
jueces, profesionales de la abogacía y autoridades locales para
proporcionar servicios a la población local de manera eficiente y
efectiva. Al reunir a todos
estos participantes, los centros dan cabida a enfoques participativos para
mejorar la administración de justicia.
Además, los centros cuentan con sistemas modernizados de control
de expedientes y archivo de casos, lo que ha facilitado en gran medida la
tramitación de los casos. Otro
beneficio fundamental es la disponibilidad de intérpretes y el uso de
programas de extensión en las lenguas locales.
28. En
relación al asunto del acceso geográfico a la justicia, estos proyectos
merecen pleno reconocimiento y proporcionan una ilustración concreta del
potencial para lograr otros avances.
Ciertamente, queda aún trabajo por hacer.
Todavía existen muchas zonas que están insuficientemente
atendidas. Por ejemplo, la
Comisión recibió recientemente información relativa a la insuficiente
cobertura de tribunales de primera instancia en zonas como los
Departamentos de Guatemala, Izabal y Escuintla. También son necesarios tribunales adicionales para aliviar
la sobrecarga de los expedientes judiciales, particularmente en el caso de
los tribunales de primera instancia.[18]
Además, es necesario ampliar a todo el sistema los procedimientos
modernizados de archivo de casos y control de expedientes implementados en
algunos tribunales. La demora de horas o días que ocasiona la localización de
los archivos y los archivos “perdidos” son apenas dos ejemplos de los
serios problemas que se han solucionado a través de la implementación de
procedimientos actualizados en algunos tribunales. Por mucho tiempo se ha reconocido que los problemas en el
manejo de archivos y expedientes, sumados a la falta de supervisión,
facilitan las prácticas corruptas, tales como el pago de sobornos para
“perder” los archivos o para demorar o acelerar la tramitación.[19]
29. Con
respecto a la cuestión del acceso lingüístico a la justicia, como
indica la referencia a las iniciativas antes mencionadas, se han logrado
algunos avances importantes y alentadores.
Sin embargo, la información disponible indica que la facilidad del
acceso lingüístico a la justicia sigue siendo altamente excepcional.
La Comisión ha recibido una variedad de informes, inclusive en el
contexto de su sistema de casos individuales, referentes a la incapacidad
de demandados indígenas de comprender los procedimientos llevados a cabo
en su contra en idioma español y la incapacidad de los testigos de dar un
testimonio efectivo debido a la falta de intérpretes.
El hecho de que se obstaculice la plena participación de la
población indígena en el sistema de justicia perjudica la eficacia de la
justicia tanto para los ciudadanos indígenas como para los no indígenas.
En un país multilingüe, la incapacidad de llevar a cabo
procedimientos en las lenguas de la población constituye una grave
limitación al derecho a la protección y garantías judiciales.
30. Se
reconocen como problemas prioritarios la demora en la tramitación y las
deficiencias en la calidad del trabajo realizado por las instituciones que
participan en la administración de justicia.
El análisis que sigue destaca algunas de las preocupaciones
principales respecto de este tema. Están en marcha algunas iniciativas dinámicas y positivas
que han comenzado a enfrentar algunos de estos desafíos, entre ellas la
modernización de los procedimientos de archivo de casos y control de
expedientes antes mencionada, una gama de programas de capacitación, y el
diseño de nuevos mecanismos de disciplina judicial.
La capacitación de la Policía Nacional Civil se ha intensificado,
la Fiscalía y la Oficina del Defensor Público se han beneficiado de
programas de asistencia técnica y las medidas recientemente adoptadas en
relación a la carrera judicial prevén una capacitación más intensa.
La Comisión está consciente sobre las comprometidas acciones de
muchos dedicados miembros de la policía y juristas en este sentido y del
significativo apoyo que tales aciones han recibido de la comunidad
internacional. No obstante, a
veces a pesar de estas acciones, ciertos problemas propios del sistema
persisten y se prestan a la impunidad para quienes violan la ley y los
derechos de otros. Si bien
estos asuntos afectan todos los aspectos del sistema judicial, este análisis
se concentra en el sistema de justicia penal en los casos en que ciertas
manifestaciones de esas deficiencias son particularmente perjudiciales.
31. Las
deficiencias en el sistema de administración de justicia penal comienzan
en la etapa inicial de investigación, lo cual, a su vez, disminuye las
oportunidades de un enjuiciamiento efectivo.[20]
Esto afecta el derecho de las víctimas de delitos comunes y
violaciones de los derechos humanos a la protección judicial y la
reparación, así como el derecho de cualquier persona implicada a
preparar una defensa adecuada. En
consecuencia, la confianza pública en el sistema judicial sigue siendo
baja.[21]
MINUGUA ha indicado en repetidas ocasiones que “[e]n la mayoría
de los casos sobre el derecho al debido proceso, la verificación revela
que diligencias procesales indispensables para esclarecer los hechos y
procesar a los autores, siguen sin realizarse”.[22]
Aunque se han logrado algunos avances en la selección y capacitación
de los miembros de la Policía Nacional Civil, aún están pendientes
serios desafíos.
32. Estos
desafíos son particularmente graves con respecto al Servicio de
Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil.
Persisten los problemas con la selección y examen previo.
Muchas de las personas seleccionadas no tienen la formación
necesaria para realizar un trabajo de investigación complejo.[23]
A principios del año 2000, los informes indicaban que este
Servicio contaba con unos 500 investigadores, de los cuales
aproximadamente 150 habían recibido alguna capacitación básica.
Aproximadamente 100 tenían experiencia previa como miembros de la
Policía Nacional. Cálculos
estimativos indicaban que era necesario un total de entre 1.500 a 2.000
investigadores cuya capacitación y distribución en sus puestos tomaría,
según al ritmo actual, siete años.[24]
33. Al
evaluar el cumplimiento del Acuerdo sobre Fortalecimiento de la Sociedad
Civil, la Asamblea de la Sociedad Civil señaló enfáticamente que el
Estado no había tratado el tema del legado de la militarización en el
interior de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público o su papel
como un poder paralelo.[25]
La Comisión está particularmente preocupada por los constantes
informes sobre la participación de la inteligencia militar en las
investigaciones criminales.[26]
La Comisión ya ha manifestado sus inquietudes con respecto a la
participación de miembros del Ejército en patrullas contra el crimen,
una práctica que, en opinión de la Comisión, pone en riesgo los
derechos de los civiles.[27]
En contraste con esta práctica, que está autorizada como una
cuestión de legislación interna, la participación militar en
actividades de investigación criminal contraviene directamente la
legislación interna. El Código
Procesal Penal Oral atribuye esta responsabilidad exclusivamente a la
Policía Nacional Civil, bajo la dirección del Ministerio Público.[28]
Otra preocupación es la falta de transparencia de esa participación,
que no está sujeta a control ni supervisión civil.[29]
Esta falta de transparencia y de rendición de cuentas es
incompatible con el régimen de derecho.
34. La
Comisión también ha recibido informes, inclusive a través de su sistema
de casos individuales, de interferencia de entidades estatales con los
procesos judiciales en curso. Esta
situación tiene profundas raíces en las causas y consecuencias del
conflicto armado y es uno de los problemas propios del sistema que no han
sido resueltos y continúan subvirtiendo la justicia.[30]
Por ejemplo, la Comisión ha recibido información en el sentido de
que el Ministerio de Defensa se ha rehusado a proporcionar documentación
solicitada a través de canales judiciales en las investigaciones en curso,
invocando el artículo 30 de la Constitución.[31]
Este artículo, que pertenece a la sección concerniente a derechos
individuales, establece la regla general de que los actos de la
administración deben ser públicos, con excepción de los asuntos
militares o diplomáticos de seguridad nacional. Especialistas en procedimiento penal han indicado que el artículo
30 no se aplica a solicitudes presentadas por un tribunal a otra entidad
del Estado; estas situaciones, mantienen los especialistas, están regidas
por el artículo 244 del Código Procesal Penal Oral, que indica que
corresponde al juez en el caso particular determinar si los materiales
presentados justifican la confidencialidad.[32]
La Comisión tiene también conocimiento de que parte de la
información que la Comisión de Esclarecimiento Histórico solicitó al
Ministerio de Defensa no fue proporcionada, en contravención de la letra
y el sentido de los acuerdos de paz.
Como ha afirmado previamente la Comisión Interamericana:
la
administración de pronta y cumplida justicia, especialmente cuando se
trata de esclarecer, sancionar y reparar crímenes atroces o violaciones
graves de los derechos humanos imputables a agentes del Estado, depende en
muchas ocasiones de documentos que han sido clasificados como secretos y
otras pruebas inaccesibles por razones de seguridad nacional. El mantenimiento del secreto oficial en estos casos no
contribuye más que a la perpetuación de la impunidad y a la erosión de
la autoridad del Estado ante propios y extraños.
35. A
medida que los casos avanzan a través del sistema, las áreas técnicas
frecuentemente carecen de los equipos y servicios necesarios para analizar
apropiadamente las pruebas. Además, sigue habiendo informes sobre pruebas que se han
perdido o destruido o cuyo deterioro se ha permitido, de manera que ya no
tienen valor probatorio.[34] En
algunos casos que la Comisión está tramitando a través de su sistema de
casos individuales, los peticionarios han denunciado que la policía o la
Fiscalía no recogieron pruebas en la escena del crimen o las alteraron,
perdieron o no las presentaron en el juicio.
36. El
Ministerio Público desempeña una función esencial en la administración
de justicia como la entidad encargada de dirigir la investigación
criminal y el enjuiciamiento. Aunque
están en marcha algunos proyectos para fortalecer esta oficina, los
informes continúan revelando la persistencia de ciertos problemas que
fueron brevemente descritos a la Comisión durante su visita in
loco, entre los cuales están la falta de una política para dar
prioridad al enjuiciamiento en los casos de importancia social más
urgente, la falta de capacitación en técnicas de investigación y en
dirección, el financiamiento insuficiente y la concentración de recursos
en la capital.[35]
La Comisión tiene conocimiento de que el Ministerio Público tiene
a muchos fiscales trabajando para mejorar la administración de justicia,
pero éstos enfrentan los obstáculos de las deficiencias del sistema.
En algunos casos, los fiscales y el personal relacionado han pagado
un alto costo por su diligencia y han sido objeto de amenazas y ataques,
sin que se haya producido la correspondiente respuesta institucional de
protección y apoyo. Este último
punto se discutirá con mayor detalle más adelante.
37. Un
problema en particular, al que se ha hecho referencia por un largo tiempo,
es la falta de coordinación y colaboración entre el Ministerio Público,
la Policía Nacional Civil, el poder judicial y el sistema penitenciario.[36]
Éste también es el tema de varios proyectos destinados a mejorar
la situación. Sin embargo,
al evaluar el cumplimiento de los acuerdos de paz a fines de 1999, la
Asamblea de la Sociedad Civil indicó que esta “incoherencia
institucional” no había sido resuelta.[37]
Esta falta de coordinación es particularmente problemática con
respecto a la investigación penal la cual, como se indicó, es llevada a
cabo por la Policía bajo la dirección del Ministerio Público.
No obstante, se extiende a lo largo de todo el sistema.
La Comisión ha recibido informes que indican que los problemas de
comunicación interinstitucional son de tal magnitud que los miembros de
la Policía Nacional Civil pueden no comparecer a la hora fijada para dar
testimonio y los detenidos pueden no ser llevados al tribunal en el
momento del juicio.[38]
