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...continuación
38. Dado
el nivel de pobreza de Guatemala, el Servicio Público de Defensa Penal
tiene a su cargo la obligación crítica de defender a la mayoría de
personas sobre las que pesan acusaciones criminales.[39]
En virtud del Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil, el
Estado se comprometió a crear una institución autónoma encargada de
proporcionar asistencia legal a aquellos que, de otra manera, no podrían
pagarla. Esta oficina
-anteriormente
un servicio que era parte de la Corte Suprema desde su establecimiento en
1994-
se convirtió en una institución autónoma en 1998.
Durante los últimos años, la institución se ha beneficiado de un
gran incremento de los recursos humanos y materiales, así como del apoyo
técnico de la comunidad internacional.
Mientras en 1996 había menos de 30 defensores públicos para el país
(y algunas zonas no estaban atendidas),[40]
a fines de 1999 la Defensoría Pública Penal contaba con 91 defensores públicos
de planta.
39. No
obstante este importante avance, como se discute en el capítulo sobre el
derecho a la libertad, infra, un número significativo de personas indigentes detenidas
sobre la base de una acusación penal carece de representación legal.
Hay, evidentemente, una falla en los procedimientos para garantizar
que se informe a los detenidos sobre su derecho y sobre la forma en que
pueden valerse del mismo. Además, no obstante los notables esfuerzos de los que la
Comisión ha sido testigo por parte de algunos defensores públicos
comprometidos que trabajan para promover los objetivos de la institución,
estudios recientes indican que el nivel global de profesionalismo sigue
siendo bajo. Uno de esos estudios informa que los defensores públicos
muestran una falta de preparación en sus casos y no solicitan medidas
sustitutivas y recursos de hábeas
corpus en casos en los que éstos se justifican.[41]
Indicó que los defensores públicos rotan con demasiada frecuencia,
lo que no les permite manejar sus casos de manera efectiva, que aún no se
da el debido reconocimiento a su función dentro del sistema y que aún
necesitan una capacitación que satisfaga las verdaderas demandas de su
trabajo.[42]
40. En
sus observaciones al proyecto de informe, el Estado destacó que el
Instituto Público de la Defensa Pública Penal se encuentra en el proceso
de fortalecimiento institucional, apoyado por recursos técnicos y
financieros del Estado al igual que la comunidad internacional, aunque
“requiere de mayor apoyo para aumentar su capacidad de respuesta”.
El Estado proporciono datos actualizados al especificar que el
Instituto cuenta con 98 abogados defensores de planta, de los cuales 14 se
dedican a la defensa de menores, y 300 defensores públicos de oficio, que
son abogados en ejercicio que prestan sus servicios por un honorario.
En un desarrollo notable, el Estado informó que el Instituto y el
Ministerio de Gobernación suscribirán un convenio “para que en las
Comisarías con mayor incidencia de detenciones esté permanentemente un
Abogado Defensor y en este mismo momento se resuelvan las detenciones por
faltas y se evite el traslado a centros de detención preventiva”.
La Comisión alienta y valora el desarrollo de iniciativas
institucionales destinadas a agilizar tales procedimientos, y espera
contar con información en el próximo futuro sobre los resultados del
convenio en referencia.
41. Con
frecuencia, la tramitación de los casos es extremadamente lenta debido a
una variedad de factores. Uno
de ellos tiene relación con los problemas anteriormente discutidos que se
presentan en la investigación inicial, que en muchos casos obstaculizan
la posterior tramitación. Otro
de los factores se refiere a los expedientes judiciales sobrecargados y la
acumulación de casos pendientes. Como
se discute en los capítulos relativos al derecho a la libertad y la
situación en las prisiones, el retraso es particularmente perjudicial en
el sistema de justicia penal, pero se extiende a través de todo el
sistema en perjuicio de la resolución de toda clase de disputas.
Otro factor acerca del cual la Comisión ha recibido información,
inclusive a través de su sistema de casos individuales, es el presunto
mal uso de recursos procesales con el fin de demorar el juzgamiento de
casos de derechos humanos y otros y la falta de respuesta efectiva del
poder judicial a tales tácticas, conforme a la ley.
Dichos informes indican, por ejemplo, que los abogados abusan del
recurso de amparo para apelar de toda suerte de decisiones interlocutorias
y otras en ausencia de fundamentos de hecho o de derecho.[43]
La resolución de tales mociones puede tomar varios meses y causa
el estancamiento de los procedimientos, que se suspenden hasta que se
emita la decisión.
42. El
reciente y crucial avance de la aprobación de la Ley de la Carrera
Judicial respondió a una profunda y antigua preocupación por la falta de
seguridad en el cargo de los jueces.
Aunque el concepto de carrera judicial había sido formalmente
reconocido en el artículo 209 de la Constitución, se lo puso en práctica
apenas a partir de este reciente acontecimiento.
Durante su visita in loco, la Comisión recibió numerosas quejas sobre la inseguridad
en el cargo. Los jueces
afirmaban haber sido sometidos a transferencias abruptas de jurisdicción,
como una forma de presión o represalia,
y a procedimientos disciplinarios que no estaban claramente
definidos ni se aplicaban con el debido proceso.[44]
43. Fue
en octubre de 1999 cuando el Congreso, en cumplimiento del Acuerdo sobre
Fortalecimiento del Poder Civil, aprobó la Ley de la Carrera Judicial, la
cual entró en vigencia en diciembre de 1999.
Un hecho importante es que en el debate legislativo se incluyó la
participación de la Corte Suprema y la Comisión Ad Hoc de Seguimiento y
Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia.
Esta ley regula, entre otras cosas, el ingreso, mandato, promoción,
capacitación y disciplina de jueces y magistrados.
Tiene por objeto reconocer y respaldar a los miembros competentes
de la judicatura, creando al mismo tiempo procedimientos para destituir a
los jueces incompetentes y corruptos.
Es importante también el hecho de que dispone la transferencia de
jueces solamente a petición del juez interesado o por razones de servicio,
en virtud de una audiencia y resolución del Consejo de la Carrera
Judicial, aceptada por el juez. Además,
dispone que los jueces que sean objeto de denuncias tendrán derecho a ser
oídos en presencia de un asesor legal. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la
independencia de los jueces y abogados ha opinado que la ley “cumple, en
general, con las normas internacionales relativas a la independencia e
imparcialidad judiciales”. La
Comisión, por su parte, reconoce y aprecia este significativo avance en
el cumplimiento de los principios de respeto a la independencia de la
judicatura.
44. Sin
embargo, está aún pendiente un asunto fundamental.
Entre las reformas a la Constitución rechazadas en el referéndum
de mayo de 1999, estaba aquella que habría ampliado el mandato judicial
de cinco a siete años. La
Comisión ha expresado anteriormente su preocupación en los casos en los
cuales los mandatos judiciales son excesivamente cortos[45]
y comparte la inquietud manifestada por el Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces y abogados en el
sentido de que:
un período fijo de cinco años con la posibilidad
de reelección, como disponen los artículos 208 y 215 de la Constitución,
no proporciona la seguridad necesaria en el cargo y podría ser
incompatible con los principios de independencia judicial previstos en el
artículo 203 de la misma Constitución y el principio 12 de los
Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Independencia de la
Judicatura.46
El
Relator Especial indicó que diez años sería un período razonable, sin
disposición que permita la reelección.[47]
45. Otro
acontecimiento positivo fue la entrada en funciones del Consejo de la
Carrera Judicial en julio de 2000. Entre
otras responsabilidades, tiene las de convocar un proceso competitivo para
el ingreso al servicio de carrera de la judicatura, evaluar a los jueces y
magistrados, definir las políticas de la unidad de capacitación
institucional de conformidad con la Ley de la Carrera Judicial y definir
las políticas sobre disciplina. Entre los objetivos globales del Consejo está la incorporación
de todos los jueces y magistrados al servicio de carrera para fines del año
2005.
46. Se
están comenzando a implementar iniciativas para proporcionar capacitación
judicial y proteger la estabilidad en los cargos, de manera que es
demasiado temprano para evaluarlas en detalle.
Estas iniciativas constituyen avances importantes y la Comisión
las reconoce y aplaude y espera recibir información adicional sobre la
consecución de los objetivos fijados.
Lo que se puede decir en este punto es que las deficiencias del
pasado han definido claramente los desafíos que se deben enfrentar y que
las iniciativas en cuestión constituyen los indispensables primeros pasos.
Lo que se requiere es que estas iniciativas sean implementadas de
manera exhaustiva y efectiva.
F.
La influencia de la intimidación y la corrupción en el acceso a
una justicia
independiente e imparcial
47. Una
de las más graves amenazas para la administración de justicia es la
difundida situación de amenazas y ataques contra víctimas y familiares,
testigos, abogados, fiscales y jueces para influir en los procesos
judiciales. El mecanismo
alternativo de coerción que se emplea es la corrupción.
La severidad de este problema es exacerbada y perpetuada por la
falta de respuesta efectiva del Estado.
48. Durante
la visita in loco, se aseguró a la Comisión que la entrada en vigencia del
Decreto 70-96, que contempla la protección de las personas que se
encuentran en riesgo debido a su participación en un asunto de justicia
penal, proporcionaría un importante medio para responder a este problema. Actualmente, es de conocimiento general que esta disposición
no ha sido implementada debido a la falta de recursos y voluntad para
hacerla efectiva.[48] El
hecho de que el Estado no implemente esta medida o no adopte otras formas
efectivas de protección significa que quienes son objeto de amenazas o
ataques debido a su labor en la búsqueda de justicia están indefensos.
Esto tiene algunos efectos perniciosos, tanto para las personas
involucradas como para la sociedad en su conjunto, a la cual se le da a
entender que se puede buscar justicia pero a riesgo propio.
49. La
situación de las personas que participan en todas las etapas y niveles de
la investigación del caso Gerardi constituye un ejemplo gráfico.[49]
Miembros de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado que
participan en la búsqueda de justicia han sido amenazados y atacados, al
igual que testigos y fiscales. Además,
en febrero y marzo de 1999, el Juez Henry Monroy, en ese entonces a cargo
del caso, fue amenazado.[50]
La Juez que está actualmente a cargo del caso, Flor de María García
Villatoro, fue amenazada en mayo de 2000.[51]
Como consecuencia de este clima de temor, varios fiscales y jueces
han renunciado y al menos un abogado, dos fiscales, un testigo y un juez
han salido del país alegando razones de seguridad.
50. El
uso de amenazas y ataques está muy difundido y afecta toda suerte de
casos, desde violaciones de los derechos humanos hasta crimen organizado,
delitos comunes y disputas por tierras y de otro orden.[52] En
un esfuerzo por analizar esta situación, se documentaron 158 incidentes
de amenazas y actos de intimidación contra jueces, fiscales, abogados y
usuarios del sistema que habían sido publicados por los medios de
comunicación entre 1996 y mediados de 1999 y se hizo un seguimiento de 70
de esos informes entre enero y junio de 2000.[53]
El estudio indicó que los jueces y fiscales están entre los
blancos más frecuentes.[54]
Los jueces de primera instancia y los jueces de paz podrían, de
cierta manera, ser los más vulnerables, pero jueces de todos los niveles
se han quejado sobre amenazas y problemas de seguridad.[55]
Las víctimas, los familiares que buscan justicia y los testigos
han sido también blancos de amenazas con cierta regularidad.[56] La
naturaleza de los actos de intimidación va desde amenazas de muerte y de
otro orden contra las personas directamente involucradas en los procesos
judiciales y sus familias hasta el acoso, la agresión, el envío de
paquetes bomba y, en los casos más extremos, el asesinato.[57]
51. De
conformidad con su mandato y con el artículo 29 de su Reglamento, la
Comisión tiene competencia para emitir medidas cautelares, a solicitud de
parte o de oficio, en casos urgentes, cuando fuese necesario para evitar
daños irreparables a las personas, y ha utilizado esta capacidad para
solicitar que el Estado tome medidas de protección en relación a varias
personas que han sido amenazadas o atacadas por motivos presuntamente
relacionados con la búsqueda de justicia en casos de violaciones de los
derechos humanos. Como se detalla en el capítulo VI, infra, la Comisión ha solicitado tales medidas a favor de varias
personas encargadas del caso Gerardi.
Más recientemente, el 29 de marzo de 2001, la Comisión otorgó
medidas cautelares a favor de la Presidenta de la Corte de
Constitucionalidad de Guatemala, señora Conchita Mazariegos, que ha sido
objeto de graves amenazas y hostigamiento como consecuencia del ejercicio
de sus funciones judiciales. Además,
la Comisión ha solicitado, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos
ha otorgado, medidas provisionales para proteger la vida y la seguridad
personal de varios testigos y familiares que buscaban justicia en casos
particulares como el de Colotenango (11.212), Carpio (11.333) y Bámaca
(11.129)[58]
En su respuesta al proyecto de informe, el Estado valoró la
importante contribución de la Comisión en este sentido en los casos de
amenazas e intimidaciones a jueces, magistrados, fiscales y testigos en
casos relacionados con la protección de los derechos humanos, e hizo
referencia además a las gestiones efectuadas por el Estado para cumplir
con las medidas otorgadas.
52. En
términos generales, sin embargo, la falta de respuesta del Estado a los
actos de intimidación significa que el Estado no ha protegido a las
personas en riesgo, ni ha investigado la fuente de donde proviene la
intimidación, ni ha enjuiciado y sancionado a los responsables.
Como concluyó el Relator Especial de las Naciones Unidas, estos
difundidos actos de intimidación amenazan y debilitan la esencia misma de
la independencia de la judicatura y los tribunales han fallado en el
cumplimiento de su deber de investigar.[59]
53. La
otra clase de coerción practicada en el sistema judicial es la corrupción.
La erradicación de la corrupción y de las estructuras que la sostienen
es identificada como un compromiso prioritario en los acuerdos de paz para
respaldar el fortalecimiento de la administración de justicia.
Sobre la base de un detallado estudio del tema, la Comisión de
Fortalecimiento de la Justicia, establecida en virtud del Acuerdo sobre
Fortalecimiento del Poder Civil, concluyó que la corrupción en el
sistema es “intensa y generalizada”.
Esa Comisión encontró niveles mayores dentro del propio organismo
judicial, incluyendo a los jueces y al personal, pero observó que la
Fiscalía y las fuerzas de seguridad también estaban afectadas.[60]
Un ejemplo tristemente famoso fue el del Juzgado Segundo de Primera
Instancia de Guatemala, al que se conoció por algún tiempo como “el
biotopo”, porque era allí donde “volaban” los quetzales a cambio de
medidas anómalas en los casos.[61]
Aunque los acuerdos y la Comisión de Fortalecimiento de la
Justicia exigen acciones específicas, la respuesta ha sido, hasta la
fecha, insuficiente.[62]
Estos incidentes tampoco son objeto de investigación,
enjuiciamiento y sanción efectivos. La corrupción a cualquier nivel en el poder judicial
distorsiona y degrada la función judicial, perpetuando su desprestigio
ante aquellos a quienes debe servir.
54. La
impunidad existe como consecuencia de “la falta en su conjunto de
investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los
responsables”.[63]
En virtud de las garantías correlacionadas establecidas en los artículos
25, 8 y 1(1) de la Convención Americana, el Estado tiene la obligación
de “combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya
que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de
derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus
familiares”.[64]
55. La
impunidad en Guatemala es estructural y propia del sistema.
El Estado no niega que ésta persiste[65]
y observadores nacionales e internacionales han afirmado que los
perpetradores de las violaciones de los derechos humanos pasadas y
presentes no rinden cuentas.[66] Esto
no se trata simplemente de dejar sin castigo numerosos delitos
individuales. Más bien, las
deficiencias correlacionadas en la administración de justicia han
sostenido un sistema de impunidad que afecta la cultura y la vida de la
nación, inclusive para aquellas personas que no han sido directamente
afectadas por violaciones de los derechos humanos u otros delitos.
Este alto nivel de impunidad es, en sí mismo, una de las más
serias violaciones de los derechos humanos que tienen lugar en Guatemala.
Como advirtió el Relator Especial de las Naciones Unidas, “la
impunidad es un cáncer; si no se lo detiene y extirpa, con toda seguridad
desestabilizará lentamente a la sociedad”.[67]
56. Al
evaluar la situación de la justicia, el Relator Especial de las Naciones
Unidas sobre la independencia de los jueces y abogados llegó a la
siguiente conclusión:
El
sistema de justicia, que fue devastado durante el … conflicto, fue
marginado y no se ha recuperado. El
descuido al que se lo sometió desde entonces ha llevado a la falta de
eficiencia y a la incompetencia dentro del sistema, abriendo los pasillos
de los tribunales a la corrupción, el tráfico de influencias y otros
males conexos. A esta situación
se ha sumado el hecho de que algunas de las personas que, según se afirma,
han cometido delitos contra los derechos humanos, inclusive asesinato, han
sido nombradas para cargos públicos en la administración de justicia y
otras instituciones públicas fundamentales relacionadas, inclusive
militares. Es este escenario lo que ha contribuido a que se mantenga la
impunidad….68
El
Relator Especial de las Naciones Unidas advirtió que la continua
presencia de personas con esos antecedentes constituye una amenaza a la
administración de justicia y recomendó que éstas sean destituidas.[69]
57. La
impunidad de los responsables de violaciones de los derechos humanos es
uno de los factores más importantes que contribuyen a la persistencia de
tales violaciones y de la violencia criminal y social.
La Comisión exhorta al Estado a dedicar atención prioritaria y
voluntad política para superar la situación de impunidad que persiste y
reitera que el Estado enfrentará la responsabilidad por todas las
violaciones de los derechos humanos que ocurran hasta el momento en que
tome las medidas necesarias para garantizar que la justicia sea
administrada de manera imparcial y efectiva.
58. El
poder judicial debe cumplir con su mandato crucial de manera efectiva si
se pretende que la paz y la democratización sean firmes y duraderas.
Los tribunales, como mecanismo principal para interpretar y aplicar
la ley, desempeñan una función fundamental en la labor de garantizar la
observancia de todos los derechos y libertades protegidos.
Las deficiencias de la administración de justicia ponen en riesgo
la capacidad del individuo de tener acceso a la justicia en todos los ámbitos
de la vida.
59. Además,
un poder judicial independiente y efectivo es un elemento esencial de un
sistema democrático moderno. Es
fundamental armonizar la capacidad del sistema legal con las metas de
desarrollo del país, para que no se convierta en una barrera al progreso
y el crecimiento.
60. El
Estado, en sus observaciones al proyecto de informe, señaló que
“valora y encomia las preocupaciones de la Ilustre Comisión, respecto
de la necesidad del mejoramiento del sistema de administración de
justicia” e igualmente valora las recomendaciones emitidas.
Destaco que ha asumido las recomendaciones del Relator Especial de
la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre la Independencia de
Jueces y Abogados, encargando a la Comisión Nacional para el Seguimiento
y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia la implementación de las mismas.
61. De
conformidad con el análisis y las conclusiones precedentes, la Comisión
formula las siguientes recomendaciones:
62. En
relación al derecho de todo habitante de tener acceso libre y efectivo a
las instalaciones e instituciones de justicia, la Comisión recomienda que
el Estado:
1.
Continúe y fortalezca su positivo trabajo para incrementar el número
y la calidad de las instalaciones judiciales establecidas en todo el país.
Intensifique sus acciones para modernizar la administración de
justicia, inclusive a través de la ampliación de las iniciativas para
implementar procedimientos efectivos de manejo de archivos de casos y
expedientes judiciales.
2.
Intensifique en gran medida sus incipientes esfuerzos por
proporcionar servicios de interpretación en los procesos judiciales para
garantizar que los ciudadanos indígenas puedan ejercer su derecho a la
protección y garantías judiciales en condiciones de igualdad con el
resto de la población.
3.
Intensifique las acciones para mejorar el acceso a la justicia de
la población indígena de la siguiente manera:
ampliando las iniciativas diseñadas para orientar a las
instituciones de justicia locales para que respondan a las necesidades
locales y respeten las prácticas tradicionales positivas de resolución
de conflictos, con sus principios, criterios y procedimientos; ampliando
los programas comunitarios de extensión; e incorporando una mayor
participación del sector indígena
-tanto
a nivel nacional como local-
en el diseño e implementación de la política judicial.
4.
Incremente aún más el monto del gasto público asignado a la
administración de justicia, continuando con el progreso que se observa
hasta la fecha en el cumplimiento por parte del Estado de su compromiso en
esta área.
63. Con
respecto al derecho de todo habitante de tener acceso a una justicia rápida
y efectiva, la Comisión recomienda que el Estado:
1.
Intensifique en gran medida las acciones para reclutar y capacitar
a los miembros de la Policía Nacional Civil y, particularmente, del
Servicio de Investigación Criminal, para garantizar que tengan los
recursos humanos y la preparación necesarios para llevar a cabo una
investigación criminal de conformidad con la norma de la debida
diligencia.
2.
Ponga inmediatamente fin a la participación militar en cualquier
actividad de investigación criminal, coherentemente con la legislación
interna y su compromiso de separar las funciones policiales y militares,
conforme al Acuerdo sobre Fortalecimiento de la Sociedad Civil.
3.
Tome las medidas necesarias para garantizar la cooperación de
todas las entidades públicas en la investigación de violaciones de los
derechos humanos, incluyendo medidas legislativas y de otra índole que
sean necesarias para garantizar el derecho al libre acceso a la información
contenida en archivos y documentos gubernamentales, particularmente en el
caso de investigaciones para establecer la responsabilidad por delitos
internacionales y violaciones graves de los derechos humanos.
4.
Fortalezca los procedimientos para recoger, analizar y conservar
las pruebas en casos penales.
5.
Implemente medidas concretas para facilitar la coordinación entre
todas las instituciones involucradas en la búsqueda de una respuesta a
violaciones de la ley con la investigación, enjuiciamiento y sanción
debidos y, de manera especial, para desarrollar la cooperación necesaria
entre el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil en el área de
investigación criminal.
6.
Fortalezca la capacidad de los fiscales y defensores de representar
los intereses de la justicia en el proceso judicial, inclusive a través
de la implementación de los siguientes elementos, sujetos a mejoras:
iniciativas de reclutamiento; programas de capacitación diseñados
para satisfacer directamente las demandas de cada cargo; incentivos para
conservar a los profesionales competentes que hayan recibido capacitación;
y acciones de supervisión diseñadas para identificar y destituir a
aquellos que no pueden o no desean representar los intereses de la
justicia.
64. Con
respecto al derecho de todo habitante de tener acceso a un poder judicial
competente e independiente, la Comisión recomienda que el Estado:
1.
Adopte las medidas legislativas y de otra índole que sean
necesarias para complementar la entrada en vigencia de la Ley de la
Carrera Judicial y amplíe el período de cinco años de servicio de los
jueces y magistrados a uno compatible con la seguridad en el cargo
judicial, guardando coherencia con la recomendación de la Comisión de
Fortalecimiento de la Justicia de que sean nueve años y del Relator
Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces y
abogados de que sean diez años.
2.
Dedique especial atención a la implementación de la Ley de la
Carrera Judicial para garantizar una supervisión diligente y una
disciplina que sean compatibles con el objetivo de excelencia profesional
y que se pongan en práctica plenamente los procedimientos designados para
el debido proceso en asuntos de transferencia o disciplina.
65. Con
respecto a la independencia e imparcialidad del poder judicial y a la
situación de amenazas e intimidación contra aquellos que buscan
justicia, la Comisión recomienda que el Estado:
1.
Tome acciones urgentes para destinar los recursos humanos y
materiales necesarios y la voluntad política para proporcionar medidas de
protección a las víctimas, familiares, testigos, fiscales, acusadores y
defensores públicos, jueces y personal judicial y otras personas que son
objeto de ataques o amenazas por motivos relacionados con los procesos
judiciales.
2.
Establezca un grupo de trabajo interinstitucional integrado por
representantes de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y el
Servicio Público de Defensa Penal, el poder judicial y cualquier otra
entidad que se encuentre en especial riesgo o que tenga especial
responsabilidad en esta área, para facilitar la cooperación en el diseño
e implementación de las medidas apropiadas de protección.
3.
Adopte medidas integrales para garantizar una respuesta coordinada
a todas las denuncias de amenazas o ataques presumiblemente relacionados
con los procesos judiciales y una rápida y efectiva investigación de
tales denuncias, con el fin de identificar, enjuiciar y castigar a los
responsables de conformidad con la legislación nacional.
4.
Garantice que el personal del Estado asignado para responder a
tales amenazas y ataques, particularmente en el caso de la Policía
Nacional Civil y el Ministerio Público, tenga la preparación y
conocimientos especializados necesarios para responder con la debida
diligencia.
5.
Adopte un código de ética legal y promueva el cumplimiento a través
de capacitación, dentro del poder judicial y como parte de la educación
legal, así como también a través del fortalecimiento de la supervisión
y las medidas disciplinarias.
6.
Adopte medidas prácticas para evitar las oportunidades de realizar
prácticas corruptas, como, por ejemplo, ampliando las iniciativas
adoptadas en algunos tribunales para reorganizar los espacios de trabajo
de los funcionarios del tribunal para hacerlos más abiertos y accesibles
y modernizar los sistemas de control de archivos y expedientes.
7.
Implemente mecanismos específicos de supervisión y vigilancia
para detectar la corrupción y para garantizar una pronta investigación,
enjuiciamiento e imposición de sanciones disciplinarias o penales.
La Comisión apoya la recomendación del Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces y abogados en el
sentido de que se establezca una agencia independiente encargada de hacer
cumplir la ley, con la facultad de investigar denuncias de corrupción en
cargos públicos, inclusive en el poder judicial, y de remitir asuntos
para enjuiciamiento.
66. En
relación a la situación de impunidad y denegación de justicia que
caracteriza, en particular, a los casos de violaciones de los derechos
humanos, la Comisión recomienda que el Estado:
1. Implemente la recomendación del Relator Especial de las Naciones
Unidas de destituir de cargos públicos y militares a aquellas personas
que se sabe han cometido violaciones de los derechos humanos durante el
conflicto armado y de asegurarse que no sean nombradas para cargos públicos
en el futuro.
2. Intensifique los esfuerzos encaminados hacia el esclarecimiento de
las violaciones de los derechos humanos del pasado a fin de enjuiciar y
sancionar a los responsables de acuerdo con las normas aplicables, y
asegurar que las víctimas reciban una indemnización justa.
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