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OEA/Ser.L/V/II.111
Doc. 21 rev.
6 abril 2001
Original: Español/Inglés
CAPÍTULO
VIII
LA
SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DETENIDAS EN EL
SISTEMA PENAL GUATEMALTECO
1.
El sistema penitenciario pretende cumplir varios objetivos
principales. Es el organismo
responsable de alojar a los detenidos en prisión preventiva cuando ha
sido judicialmente determinado que esto es necesario para proteger los
fines de la justicia. También está encargado de albergar a los reclusos
que cumplen una pena judicialmente impuesta, en cuyo caso el objetivo
primordial del sistema es la rehabilitación del delincuente y su
reinserción en la sociedad. El ejercicio del poder de custodia lleva
consigo la responsabilidad especial de asegurar que la privación de la
libertad sirve su propósito y que no conduce a la violación de otros
derechos básicos.
2.
Como se indica en los capítulos anteriores referentes a la
administración de justicia y al derecho a la libertad, las deficiencias
en los procesos para investigar y procesar delitos impiden y distorsionan
la capacidad del Estado de proteger la seguridad y los derechos de la
ciudadanía. Las personas
responsables de delitos graves, incluso violaciones de los derechos
humanos, a menudo son puestas en libertad sin que se les impute la
responsabilidad del delito, mientras que personas sospechosas de delitos
menores a menudo permanecen en detención preventiva en contravención de
la ley. Las deficiencias en
el sistema de justicia penal tienen necesariamente un fuerte impacto
negativo sobre la capacidad del sistema penitenciario para cumplir sus
objetivos. Por ejemplo, las demoras en la investigación y el
procesamiento a menudo prolongan el período de detención preventiva, lo
cual a su vez agrava el problema del hacinamiento.
3.
Además, para las personas encarceladas en Guatemala, la
insuficiencia de los recursos humanos y materiales que se asignan al
sistema penal significa que, a menudo, no se satisfacen las necesidades
fundamentales del ser humano. A
menudo no se cumplen condiciones tan rudimentarias como infraestructura
adecuada, sanidad, nutrición y acceso a cuidados médicos, ni el
compromiso declarado del sistema en cuanto a la rehabilitación.
Como ocurre en muchos países del hemisferio, es enorme la brecha
entre las aspiraciones declaradas del sistema penitenciario y la grave
realidad de la situación.
4.
Las autoridades del Estado han reconocido que el sistema
penitenciario está en crisis. La
Comisión para Transformar el Sistema Penitenciario ha diagnosticado
muchos problemas y ha definido los desafíos en términos generales, y
publicó varias recomendaciones básicas en 1999.
Las medidas para implementar esas recomendaciones han sido, sin
embargo, pocas y distantes. La
Comisión espera recibir información sobre la adopción de otras medidas
concretas para resolver los desafíos pendientes que se destacan más
adelante.
1.
Legislación interna
5.
El artículo 19 de la Constitución establece las protecciones básicas
que tienen las personas dentro del sistema penitenciario.
Indica que el sistema está orientado hacia la rehabilitación y
reinserción de los reclusos, y debe asegurar que éstos sean tratados de
conformidad con el derecho al respeto por su dignidad como ser humano.
Esto significa que el Estado no puede hacer discriminaciones en su
trato, o someterlos a cualquier forma de tortura o trato cruel.
No se les puede obligar a realizar trabajos incompatibles con su
estado físico, hacerles víctimas de exacciones, ni someterlos a
experimentos científicos. Este
artículo también dispone que las penas deben cumplirse en los lugares
destinados para tal efecto, definidos como centros penales de carácter
civil y con personal especializado. Además, los reclusos tienen
derecho a comunicarse, cuando lo soliciten, con sus familiares,
abogado defensor, asistente religioso o médico, y en su caso, con el
representante consular de su nacionalidad.
De acuerdo con la Constitución, “[l]a infracción de cualquiera
de las normas establecidas en este artículo, da derecho al detenido a
reclamar del Estado la indemnización por los daños ocasionados y la
Corte Suprema de Justicia ordenará su protección inmediata”. Por último,
“[e]l Estado deberá crear y fomentar las condiciones para el exacto
cumplimiento de lo preceptuado en este artículo”.
6.
Varias fuentes han indicado que las leyes aplicables del sistema
penal son obsoletas y que la adopción de una nueva ley integral ayudaría
en gran manera a hacer frente al desafío de reformar el sistema.
2.
Derecho internacional
7.
El artículo 5 de la Convención Americana establece el derecho de
toda persona a que “se respete su integridad física, psíquica y
moral”; por lo tanto, las torturas y los castigos o tratos crueles,
inhumanos o degradantes están prohibidos.
El artículo 5 establece garantías específicas para las personas
privadas de la libertad sobre la base del principio fundamental de que:
“Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a
la dignidad inherente al ser humano”.
Por consiguiente, los procesados deben estar separados de los
condenados, y deberán ser sometidos a “un tratamiento adecuado a su
condición de personas no condenadas”.
Esto también requiere que cuando los menores sean procesados, sean
tratados de acuerdo con su condición especial.
Por último, esto requiere que las penas privativas de la libertad
“tendrán como finalidad esencial la reforma y readaptación social de
los condenados”.
8.
Los principios anteriores se complementan con otras obligaciones
internacionales contraídas por el Estado de Guatemala, entre ellas las
disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
del que Guatemala es Parte, las internacionalmente aceptadas Reglas Mínimas
de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, el Conjunto de
Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a cualquier
Forma de Detención o Prisión, y las Directrices Adoptadas por el Primer
Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia y
el Trato de Delincuentes, los cuales proporcionan orientación importante
para la aplicación de los principios básicos ya mencionados. Respecto al
trato de los menores que se encuentran detenidos, debe hacerse especial
mención al artículo 19 de la Convención Americana relativo al deber de
los Estados de tomar las medidas especiales de protección que su condición
de menor requiere, y a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la
administración de la justicia de menores y las Reglas de las Naciones
Unidas para la protección de los menores privados de libertad.
9.
El presente capítulo examina la situación de las personas
privadas de su libertad en el sistema penitenciario de Guatemala,
prestando especial atención a la forma en que el incumplimiento de los
requisitos básicos del derecho interno e internacional es incongruente
con el deber de tratar a todos los detenidos con el respeto debido a la
dignidad inherente al ser humano.
10.
Según las estadísticas disponibles en la Sede Nacional del
Sistema Penitenciario, en noviembre de 1999 había 8.204 personas bajo
custodia en el sistema penitenciario --7.705 hombres y 499 mujeres-- en
los 35 centros de detención del país.[1]
Mientras que el tamaño de la población reclusa se mantuvo relativamente
estable hasta mediados de los años 90, con sólo 6,000 detenidos, desde
entonces ha habido un incremento extraordinario y continuado. Puesto que la capacidad del sistema no se ha ampliado, el
hacinamiento es un problema grave en muchos recintos penitenciarios, y sus
múltiples efectos se discutirán más adelante.
11.
Del total de personas detenidas, aproximadamente dos terceras
partes se encuentran en prisión preventiva, y una tercera parte cumple
sentencias impuestas judicialmente. De
conformidad con las cifras oficiales, un pequeño porcentaje se encuentra
en detención preventiva o cumpliendo una sentencia relacionada con
delitos menores, tales como ebriedad y escándalo público.
Otras fuentes de información indican que el porcentaje es mucho más
alto. Cabe reiterar que, como se señalo anteriormente, la privación de
la libertad por faltas menores es incongruente con la legislación
nacional y el principio de proporcionalidad. Este tema se analiza en mayor
detalle en el capítulo VII, referente al derecho a la libertad.
12.
Como indican las estadísticas, la gran mayoría de las personas en
prisión preventiva y que cumplen condena son hombres. La mayoría de
estos hombres se encuentran en edad laboral, de 21 a 40 años, con poca o
ninguna educación, y con recursos económicos limitados.[2]
Mientras que el número de mujeres detenidas en relación con el número
de hombres continúa siendo bajo, en los últimos años también ha
aumentado en forma notable. Mientras
que la población masculina de reclusos aumentó aproximadamente un 39%
entre 1995 y 1999, la población femenina aumentó un 70%.[3]
13.
Muchos de los detenidos tienen hijos menores de edad.
En la mayoría de los casos, esos niños permanecen con otros
miembros de la familia. Sin
embargo, en algunos centros de detención, un número significativo de niños
vive con sus madres o padres detenidos.
Debido a la falta de estadísticas disponibles sobre esta cuestión,
MINUGUA indicó en un informe reciente que miembros de su personal
observaron 30 niños pequeños en dos centros penales de mujeres, y 75
alojados en un centro penitenciario junto con sus padres.[4] La
Comisión recibió información concordante durante su visita in
loco. Al respecto, en su
respuesta al proyecto de informe, el Estado indicó que en el caso de los
centros de detención para mujeres se dispuso de una guardería para los
hijos menores de tres años de edad de las internas “en la que se les
brinda atención especial, con aceptables condiciones de salud y educación”.
Además, el Estado informó que en noviembre y diciembre de 2000,
se logró el retiro de aproximadamente 80 mujeres y 120 niños de la
Granja Modelo de Rehabilitación Cantel, departamento de Quetzaltenango,
los cuales se encontraban habitando junto a los internos.
Señaló que “[e]n la actualidad los centros de condena para
hombres no son habitados por mujeres o menores”.
14.
Como preocupación preliminar, la Comisión observa que la Dirección
General del Sistema Penitenciario (DGSP) solamente administra 16 de los 35
recintos penitenciarios.[5] El
resto, especialmente aquellos en el interior del país, están bajo la
supervisión directa de la policía local.
Esto plantea dos cuestiones relacionadas entre sí. En primer lugar,
las normas internacionales en materia de detención contemplan que, en
general, la autoridad responsable de la investigación de un delito y del
arresto no deberá ser la autoridad responsable de administrar los centros
de detención.[6]
Esto es una garantía contra el abuso, y una base fundamental para
la supervisión judicial adecuada de los centros de detención. En segundo
lugar, los informes indican que los detenidos no están encerrados en
estos recintos penitenciarios solamente por un día, sino que pueden estar
detenidos durante largos períodos de tiempo.
Esta situación no es compatible con el artículo 19 de la
Constitución, el cual dispone que los centros penales deberán ser
dirigidos por personal especialmente capacitado, ni con las disposiciones
similares de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas.[7]
15.
En cualquier caso, el personal que se encuentra bajo la autoridad
del régimen penitenciario tiene acceso limitado a oportunidades de
capacitación. Las
condiciones laborales de los guardias son insatisfactorias y tienen un
impacto directo en la administración de las instalaciones penitenciarias
y en cuestiones tan básicas como la seguridad. Mientras que los guardias
tienen la responsabilidad de proteger a los ciudadanos contra la fuga de
reclusos y mantener el orden dentro de los recintos penitenciarios, deben
desempeñar estas funciones sin contar con la capacitación, asistencia o
remuneración adecuadas. Puesto que muchos centros penitenciarios no cuentan con
suficiente personal, los guardias corren a menudo riesgos mayores en
cuanto a su propia seguridad personal.
En relación con esta cuestión de capacitación, en su respuesta
al proyecto de informe, el Estado informó que se ha iniciado la
implementación de la Escuela Penitenciaria, con el desarrollo de un plan
estratégico para buscar recursos internos y externos que permitan la
institucionalización y sustento de la misma.
16.
También debe mencionarse que se ha producido un sensible recambio
tanto de las autoridades responsables de la administración del sistema
penitenciario, como de los varios centros de detención.
Ninguno de los funcionarios superiores que asumieron sus cargos en
1998, incluidos los directores adjuntos y los directores de seguridad y
finanzas, permanecieron en ellos hasta concluir el año.
El director del sistema penitenciario dimitió en 1999 antes de que
se encontrara un reemplazo para el director adjunto. Los reemplazos para los directores de seguridad y finanzas
dejaron el cargo en un año. Entre
las autoridades que la Comisión entrevistó durante su visita, el
Director Adjunto de Pavón había estado en el cargo solamente tres meses
y el Director del Preventivo de la Zona 18 estaba a punto de presentar su
dimisión.
17.
En informes recientes, el Procurador de los Derechos Humanos ha
establecido que el funcionamiento del sistema penitenciario está afectado
por la corrupción, el hacinamiento y las muertes violentas de reclusos en
un contexto donde el 70% de las personas privadas de su libertad aún no
han sido condenadas.[8]
A su juicio, el sistema penitenciario está en crisis
debido
a que se encuentra dirigido por personas sin experiencia y capacidad para
la dirección de estos centros penales, dando motivo a la constante
violación a los derechos humanos de la población recluida lo cual ha
originado conflictos violentos en protesta por el hacinamiento, mala
alimentación, dificultad de ser atendidos médicamente, malas condiciones
higiénicas, cumplir condenas sin clasificación, y lo más grave aún
mantener en reclusión a personas con alteraciones mentales en condiciones
de abandono social lamentable por falta de atención adecuada.[9]
18.
El diagnóstico del Procurador subraya la ausencia de una política
penitenciaria de conformidad con las normas fundamentales consagradas en
el derecho internacional y en el marco de la propia legislación interna.
En cuanto a los recursos, si bien en los últimos años ha habido
un aumento notorio en el presupuesto del sistema penitenciario, hay
indicaciones de que los fondos no se han asignado de forma oportuna para
mejorar las condiciones de los reclusos o las condiciones laborales del
personal de los centros penales y de detención.[10]
Además, el personal de los centros penales y de detención indica
que el sistema está gravemente infradotado.
19.
Durante su visita in loco,
la Comisión visitó cuatro recintos penitenciarios en el área de la
Ciudad de Guatemala. La
Comisión visitó primero la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón (en
adelante, “Pavón”) que alberga a reclusos condenados. Seguidamente,
la Comisión visitó el “Centro de Reinstauración Constitucional
Franjas Rafael Reyes Coligras” (en adelante, “Pavoncito”) que
alberga tanto a reclusos condenados como a detenidos en prisión
preventiva en espera de ser procesados o de la sentencia final en su caso.
La Comisión visitó también el Centro de Detención Preventiva de
la Zona 18 (en adelante, “Zona 18”) que, si bien está principalmente
concebido para albergar a personas en prisión preventiva, también
alberga a condenados. Aparte
de estos centros de detención para hombres, la Comisión visitó el
Centro Penitenciario de Mujeres de Santa Teresa
(en adelante, “Santa Teresa”).
Por ultimo, la Comisión visitó los Centros de Observación de
Menores “Las Gaviotas” y “Los
Gorriones” a los que se hace referencia en el Capítulo XII relativo
a los derechos del niño.
20.
La Comisión ha identificado varios desafíos prioritarios de
conformidad con la información disponible del Estado y otras fuentes
fidedignas, así como a partir de sus propias observaciones durante la
visita in loco. Estos desafíos
están relacionados con la seguridad interna y exterior, la clasificación
y separación de reclusos y detenidos, las condiciones de las cárceles,
la salud y las posibilidades de rehabilitación.
C.
Seguridad interna y externa
21.
La Comisión considera que el tema de la seguridad en las cárceles
de Guatemala es motivo de gran preocupación, tanto respecto al derecho de
la sociedad a la seguridad y la justicia, como al derecho de las personas
recluidas en las instalaciones penitenciarias a la integridad personal.
Las condiciones inhumanas y el personal sin capacitación, junto
con la corrupción y la falta de supervisión, han conducido a actos de
violencia interna, protestas, huelgas y reiteradas fugas que generan un
sentimiento de inseguridad cada vez mayor entre la ciudadanía.
En los últimos años el aumento de fugas de delincuentes
supuestamente peligrosos, docenas al año, ha causado indignación y
alarma justificadas en la población.
En su respuesta al proyecto de informe, el Estado destacó que
desde el año 2000, las fugas en los centros de detención se hayan
reducido “notoriamente”.
22.
La reiterada fuga de presos confirma la insuficiencia de los
recursos que se utilizan para el control y el transporte de reclusos y
detenidos, y, en algunos casos conocidos, los niveles de corrupción que
permiten la complicidad entre delincuentes y funcionarios.
Por ejemplo, la Comisión averiguó recientemente que once reclusos
condenados por delitos graves escaparon del Centro Preventivo de la Zona
18 sin resistencia alguna de las autoridades, y a pesar de los controles
estrictos que la Comisión observó durante su visita in
loco.
23.
La Comisión es consciente de que el Ejecutivo ha autorizado al Ejército
para que coopere en el mantenimiento de la seguridad en los recintos
penitenciarios del país, y ese ha sido el caso en Pavón, Zona 18, Granja
Penal Canadá y Granja Penal Cantel desde 1998.[11]
Tal y como ha observado la Comisión en contextos similares, el Ejército
no es una entidad apropiada para garantizar el ejercicio del poder de
custodia del Estado sobre la población civil. La misión militar no
pretende ser compatible con la ejecución de las leyes civiles; tiene un
objetivo diferente y utiliza diferentes medios. Esto se reconoce
claramente en los acuerdos de paz, los cuales exigen una redefinición y
la separación de estas funciones vitales.
Las actividades en cuestión constituyen un retroceso en el
cumplimiento de este compromiso.
24.
El sistema requiere un incremento en el número de guardias,
estableciendo criterios especializados de selección para el reclutamiento
y los programas de capacitación para los seleccionados.
Durante su visita a Pavón y Pavoncito, la Comisión verificó que
el Estado utiliza un número reducido de personal de seguridad para la
vigilancia de los recintos al momento de la visita.
Pavón albergaba a 1200 reclusos, y contaba con 27 guardias
encargados del funcionamiento del recinto y de acompañar a los reclusos a
los tribunales. Pavoncito, que alojaba aproximadamente a unos mil reclusos
y detenidos, contaba con 60 guardias que trabajaban cada 25 días por
turnos. Las autoridades penitenciarias indicaron a la Comisión que se
precisaban, como mínimo, 40 guardias más.
25.
La Comisión comprobó, sin embargo, que al menos en estas dos
instalaciones penitenciarias, los guardias no entran en las áreas donde
viven los reclusos. La
autoridad disciplinaria en los centros penales es ejercido por los propios
detenidos y reclusos a través de los llamados “Comités de Orden y
Disciplina”. Estos Comités
están dirigidos por un recluso que, según se informa, es escogido “unánimemente”
por el resto de la población carcelaria y que ejerce su autoridad
principalmente por medio de la violencia y las amenazas. La Comisión de
Fortalecimiento de la Justicia indicó que en estos centros penales:
No
existe reglamento que establezca conductas prohibidas, sanciones
aplicables, ni autoridad encargada de ejecutarlas.
En el interior de las cárceles se elabora un código de conducta
propia al cual el preso se debe someter, si quiere sobrevivir.
Esto produce diferentes niveles de poder y grados de violencia que,
entre otras cosas, generan rebeldía, resistencia o solidaridad, según
las circunstancias.[12]
26.
En Pavón, el jefe del Comité de Orden y Disciplina mismo acompañó
a la Comisión en su recorrido por las instalaciones a solicitud de las
autoridades. Cuando visitó Pavoncito, la Comisión estuvo escoltada todo
el tiempo por los 140 miembros del Comité, armados con palos, como parte
de una por cierto intimidatorio muestra de autoridad. Cuando la Comisión
preguntó sobre el propósito de las armas, uno de los líderes del Comité
explicó “es para un respeto”.
27.
La Comisión se encuentra sumamente preocupada por la información
recibida que señala que estos comités en muchos casos abusan y persiguen
a los reclusos más vulnerables, y por la abdicación abierta del poder
oficial de custodia en algunas instalaciones penitenciarias y su impacto
en el trato imparcial que deben recibir los reclusos y en la protección
de su derecho a la vida, la integridad física y a no ser discriminados.
28.
La situación en el Centro de Detención Preventiva de la Zona 18,
donde no hay un Comité de Orden y Disciplina, merece ser considerada por
separada. Este centro cuenta
con 60 guardias para cubrir los servicios internos, las puertas y el
transporte de los detenidos a los tribunales, en una institución que
actualmente alberga a más de 1.400 detenidos y reclusos peligrosos.
La insuficiencia de personal de seguridad tiene un grave impacto
sobre las condiciones de detención en ese centro, donde a los internos
solamente se les permite una hora de esparcimiento al día. También debe
mencionarse que, según la información obtenida durante la visita, el
personal penitenciario del Centro Preventivo de la Zona 18 considera al Grupo
UNAPU (guardia del tesoro) que cumple condenas de 15 años en ese
centro, como “colegas de seguridad”.
En relación con la necesidad de contar con “una política de
disciplina interna que no permita que unos reclusos persigan a otros en
nombre del ‘orden’, en sus observaciones al proyecto de informe, el
Estado informó que:
en
el año 2,000 se inició la extinción de los Comités de Orden y
Disciplina; de esa cuenta, en el mes de junio se suprimió el primero de
ellos, siendo el que existía en el Centro de Detención Preventiva
conocido como Pavoncito; seguidamente, en el mes de septiembre, lo fue
el de la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel, en el departamento de
Quetzaltenango; y actualmente está en proceso de extinción el
existente en la Granja Modelo de Rehabilutación Canadá, en el
departamento de Escuintla.
29.
La Comisión está seriamente preocupada por el número de
asesinatos, suicidios y muertes sin explicación que han ocurrido en
algunos centros penales y de detención durante los últimos años.
Estos incidentes ponen de manifiesto varios problemas respecto al
cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de custodia.
En julio de 1999, cuatro reclusos fueron torturados y ahorcados en
la Cárcel de Alta Seguridad de Escuintla.
Esta cárcel fue rediseñada para albergar a reclusos de máxima
seguridad, pero ese diseño incluía el alojamiento de hasta 48 reclusos
juntos, en un mismo sector, con un solo baño, y sólo una hora al día de
esparcimiento fuera del sector –condiciones propicias para que se
produzcan fricciones.[13]
Según los informes disponibles, las autoridades de la cárcel
indicaron no tener conocimiento de los asesinatos cuando éstos ocurrieron,
y consideraron que se trataba de cuestiones de arreglo de cuentas entre
reclusos.[14]
30.
En octubre de 1999, el Procurador de los Derechos Humanos informó
sobre varios incidentes en 1998-99 que condujeron al fallecimiento de
siete reclusos y de un abogado en el Centro Preventivo de la Zona 18, de
una reclusa en el centro de detención preventiva para mujeres de Zona 18,
y de un recluso en Pavón.[15]
En seis de los casos, parece que las muertes se debieron a ataques
perpetrados por otros reclusos, mediante estrangulación, tiroteo, apuñalamiento
y, en un caso, envenenamiento. El abogado fue asesinado por un recluso mientras se
encontraba en el área de visita del centro. Al parecer hay un caso de
suicidio, aun no clarificada. Otro
caso, relacionado con un recluso que había sido detenido hacia poco
tiempo, fue casi con certeza un suicidio por ahorcamiento debido a
problemas emocionales y mentales. En
el último caso, el recluso recién detenido se encontraba tan trastornado
mental y emocionalmente que se acabó con su vida golpeando su cabeza
contra una pared.
31.
En cada caso, el Procurador responsabilizó a las autoridades
pertinentes de no haber tomado las medidas preventivas necesarias. Respecto a los internos que fallecieron en los ataques, el
Procurador subrayó el fracaso de las medidas de seguridad y control. En
un caso, mencionó informes de que la pelea había surgido entre dos
reclusos después de haber estado bebiendo alcohol, e indicó la falta de
control sobre sustancias prohibidas. En otro caso, mencionó negligencia
por la demora entre el momento en que se encontró al recluso envenenado y
su traslado al hospital. Respecto
a aquellos que aparentemente se quitaron la vida debido a problemas
mentales y emocionales, destacó el fracaso de las autoridades en examinar
a los detenidos a su llegada para asegurar una adecuada separación por
categorías y la disponibilidad de servicios de tratamiento médico y
psicológico necesarios.
32.
En otros incidentes, cuatro reclusos fueron ahorcados en sus celdas
en la cárcel de alta seguridad de Escuintla el 13 de julio de 1999, el día
en que llegaron allí después de haber sido trasladados del centro de
detención preventiva de la Zona 18.
Los fallecidos acababan de ser sentenciados por el asesinato de dos
reclusos del Preventivo de la Zona 18 en julio de 1998.
La información aparecida en la prensa indica que en 1998 hubo otra
muerte en el Preventivo de la Zona 18 como resultado de una sobredosis de
drogas y/o alcohol.
33.
La Comisión también ha recibido información sobre incidentes
frecuentes de amenazas, intimidación, ataques y persecución entre
internos, incluso como resultado de haber permitido a los llamados comités
de seguridad tomar decisiones sobre cuestiones de disciplina interna.
El Estado es responsable de supervisar las condiciones y
actividades de los recluso, y de prevenir situaciones donde el más débil,
o si no el más vulnerable, está a merced del más fuerte.
El sistema penitenciario opera con el objeto de privar de la
libertad a la persona cuando resulte necesario para cumplir con los fines
de la justicia; el Estado no puede permitir que las personas privadas de
libertad sean perseguidas por otros reclusos.
La medida que se debe tomar es supervisión adecuada, con miras a
prevenir que ocurran tales incidentes, y asegurar que cuando éstos
ocurren estén sujetos a medidas de disciplina rápidas y justas.
D.
Clasificación y separación de reclusos y detenidos
34.
Los artículos 5(4) y 5(5) de la Convención Americana disponen que
“los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en
circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado
a su condición de personas no condenadas” y que los menores, cuando
puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos ...”.
Este principio fundamental también se contempla en la Regla Mínima
8, la cual dispone que los detenidos en prisión preventiva deberán ser
separados de los que están cumpliendo condena y que los detenidos jóvenes
deberán ser separados de los adultos.
En relación con la separación de las personas en calidad de prisión
preventiva y las personas condenadas judicialmente, el Estado proporcionó
información en su respuesta al proyecto de informe sobre las divisiones
establecidos bajo el Acuerdo Ministerial 73-2000.
35.
Aunque hace tiempo que se ha reconocido que las personas que entran
en el sistema no son adecuadamente examinadas o debidamente encarceladas
en locales separados de conformidad con la ley,[16]
y a pesar de que en mayo de este año se anunció la promulgación del
Acuerdo 073-2000 del Ministerio del Interior para empezar a abordar esta
deficiencia,[17]
los informes no muestran avances significativos. El Acuerdo Ministerial establece categorías para cada centro
e iba a realizarse un estudio posterior sobre el traslado de detenidos y
reclusos con miras a realizar la separación exigida por ley. La Comisión
espera recibir información en este sentido.
36.
Tal y como están las cosas actualmente, el sistema de registro de
detenidos no satisface las reglas mínimas requeridas para clasificar y
separar de forma adecuada a los reclusos.
Por ejemplo, los registros no incluyen los antecedentes penales de
los detenidos, impidiendo por lo tanto su clasificación adecuada por
categorías según su grado de peligrosidad.
En algunos casos, los registros no proporcionan información exacta
sobre el tiempo de pena cumplido por los reclusos, lo cual puede causar
confusión al momento de ponerles en libertad o cuando se intenta ejercer
el derecho a la defensa.
37.
La información disponible indica que, salvo Pavón, el resto de
las instalaciones penitenciarias concebidas para reclusos condenados
--tales como la Granja Canadá, Granja Cantel y Puerto Barrios-- también
albergan a personas en prisión preventiva, bajo condiciones similares.[18]
A la inversa, algunos centros de detención preventiva, tales como
Pavoncito y Zona 18, albergan a condenados peligrosos.
Irónicamente, la Comisión averiguó durante su visita que el mal
comportamiento de los reclusos en Pavón --gobernado por un fuerte Comité
de Seguridad (véase supra)-- a veces se castiga con el traslado a una instalación
penitenciaria para personas en prisión preventiva, normalmente Pavoncito
o Zona 18, donde se espera que tengan menos privilegios.
38.
No hay una separación adecuada de reclusos de conformidad con los
delitos cometidos y, como se explica supra,
las personas condenadas por delitos menores que carecen de los medios para
pagar multas deben cumplir sanciones que implican la privación de la
libertad junto con delincuentes con condenas penales.
La Comisión recibió información durante su visita que indica los
reclusos que se comportan mal en el Preventivo de la Zona 18, por ejemplo,
pueden ser trasladados al área de máxima seguridad junto con personas
condenadas por tráfico de drogas y secuestro.
39.
Como ya se indicara, la Convención Americana y las Reglas Mínimas
de Naciones Unidas establecen que los menores de hasta dieciocho años de
edad deben estar separados de los detenidos o reclusos adultos.
El artículo 20 de la Constitución de Guatemala dispone, de forma
similar, que los menores de edad por ningún motivo pueden ser recluidos
en centros penales o de detención destinados para adultos. El Estado ha establecido varios Centros de Observación de
Menores, dos de los cuales fueron visitados por la Comisión.
El cumplimiento de las normas internacionales y de la legislación
interna en esta materia corre peligro debido a la combinación de un
sistema ineficaz de registro de detenidos y el hecho de que muchos
individuos carecen de documentos de identificación personal adecuados.
Durante su visita in loco
a Pavoncito y Zona 18, la Comisión no detectó la presencia de menores en
las instalaciones penitenciarias y las autoridades le aseguraron que los
menores se encontraban exclusivamente recluidos en las instituciones
pertinentes. No obstante,
durante su visita al Centro de Observación de Menores “Las
Gaviotas”, la Comisión entrevistó a un menor de edad que había
estado previamente detenido en el Preventivo de la Zona 18 simplemente
porque las autoridades consideraron que tenían la apariencia de un mayor
de 18 años y carecía de medios para demostrar que solamente tenía 15 años.
40.
La información disponible también indica que el sistema judicial
para menores y los Centros de Observación de Menores están concentrados
en la Capital. En el interior del país, los menores normalmente son
recluidos junto con adultos en los mismos centros de detención.[19]
41.
Las normas internacionales establecen que al entrar en el centro de
detención, las personas deberán ser evaluadas por un funcionario
debidamente capacitado con el fin de observar indicios de heridas o
enfermedad, la influencia del alcohol u otras drogas y el estado mental
aparente del detenido. Las
personas heridas, bajo la influencia del alcohol o drogas o que parece
probable que vayan a suicidarse deberán ser identificadas, y estar bajo
supervisión hasta ser examinadas por un médico.[20]
En el caso de las personas que sufren enfermedades infecciosas, éstas
deberán ser separadas del resto de la población reclusa a fin de
prevenir la propagación de tales enfermedades.[21]
Dentro del sistema penitenciario no hay, sin embargo, un
procedimiento para someter a los detenidos a pruebas y revisiones médicas
en lo que a esto se refiere.
42.
La Comisión está particularmente preocupada por los cuidados, la
supervisión y la educación que se proporcionan a los reclusos o
detenidos que son VIH positivo y que padecen el SIDA, pero que no
necesariamente deben estar separados de la población reclusa en general.
Durante su visita in loco,
la Comisión preguntó a las autoridades sobre la presencia de reclusos
VIH positivo o que padecen del SIDA en las instalaciones penitenciarias. En la mayoría de los casos, las autoridades aseguraron a la
Comisión que no había casos de esta índole en sus instalaciones.
Reconocieron, sin embargo, que no se realizan revisiones médicas a los
reclusos. La Comisión ha
tomado conocimiento de varios fallecimientos que se han atribuido de forma
no oficial al SIDA en algunas instalaciones penitenciarias.[22]
43.
La falta de una evaluación y una clasificación adecuadas de los
reclusos y los detenidos a su llegada al centro penal o de detención
tiene un grave impacto sobre las personas que sufren problemas psicológicos.
Normalmente son recluidas con el resto de los reclusos o, en el caso de
comportamiento antisocial, pueden ser trasladadas a las celdas de
aislamiento como forma de castigo, lo cual tiene el potencial de empeorar
su situación.
44.
La Comisión ha establecido que los Estados del sistema tienen la
obligación de proporcionar atención médica con el fin de garantizar la
salud y el bienestar de los reclusos que padecen trastornos o enfermedades
mentales, y tal obligación se extiende a las personas que muestran un
comportamiento antisocial. En
este sentido, la Comisión ha dictaminado que desatender las necesidades médicas
especiales de un detenido afectado por un trastorno psicológico que ha
estado en aislamiento antes de fallecer constituye una violación de los
artículos 4 y 5 de la Convención Americana.[23]
En tales casos, la violación del derecho a la integridad física
se considera particularmente grave porque la persona que sufre el
trastorno psicológico se encuentra bajo la custodia y control del Estado
y, por lo tanto, en una posición particularmente vulnerable.
45.
Algunas instalaciones penitenciarias, tales como el Centro
Preventivo de la Zona 18 y Granja Canadá, tienen áreas especiales para
presos homosexuales. Ha
habido alegaciones de que, como mínimo en el Preventivo de la Zona 18,
estos presos han estado sujetos a tratos degradantes y a violencia sexual
por parte de las autoridades.[24]
También hay información que indica que son discriminados en
cuanto al tiempo de esparcimiento y el acceso a raciones de alimentos.[25]
1.
Infraestructura y hacinamiento
46.
Los centros penales y de detención de Guatemala presentan
deficiencias estructurales relacionadas con su antigüedad y la falta de
mantenimiento, así como con el hecho de que muchos de estos edificios no
fueron construidos con el propósito de servir como instalaciones
penitenciarias. Por consiguiente, los problemas relativos a la forma en
que se asigna el espacio agravan la situación de hacinamiento. Durante su
visita in loco, la Comisión
verificó que ninguna de las seis instalaciones penitenciarias visitadas
contaba con un sistema de evacuación en caso de incendio o extinguidores
a pesar de que la brigada de bomberos más cercana se encontraba a una
distancia considerable.
47.
La Comisión observó condiciones de hacinamiento en varias de las
instalaciones visitadas y algunos funcionarios de los centros penales y de
detención reconocieron que se trataba de una situación crónica. En
algunas de las instalaciones penitenciarias visitadas, la falta de camas
suficientes llevaba a los reclusos a dormir en el suelo.
48.
Respecto a las estadísticas, debe mencionarse que hay algunas
inconsistencias, incluso entre aquellas que según se informa proceden de
fuentes oficiales. Además, los criterios en base a los cuales el Estado
define la capacidad máxima de sus instalaciones penitenciarias no son
claros, y no parecen incluir el número de camas disponibles en su cálculo.
La disponibilidad de un lugar adecuado para dormir y de un colchón son
requisitos mínimos para cualquier detenido.
49.
En primer lugar, cuando la Comisión visitó Pavón, las
autoridades de este centro penitenciario indicaron que la capacidad máxima
era de 1.500 reclusos y que en ese momento había 989.
La Comisión no percibió un hacinamiento evidente durante su
visita y concluyó que las condiciones en este centro penitenciario eran
mejores que las de otros centros visitados. Sin embargo, la información
publicada por MINUGUA a finales de 1999 indicaba que la capacidad máxima
de este centro era de 800 reclusos, el número de camas era 500, y había
1.246 personas recluidas en ese centro.
50.
Segundo, durante su visita a Pavoncito, se informó a la Comisión
de que la capacidad máxima de ese centro era de 1.000 reclusos, y que en
ese momento había 1.150. Los datos de MINUGUA de finales de 1999
reflejaron la misma capacidad máxima, e indicaron que había 800 camas
disponibles y 1.021 personas recluidas.
51.
Tercero, la Comisión observó una notable combinación de
hacinamiento y condiciones inhumanas durante su visita al Preventivo de la
Zona 18. En ese momento se le
informó que la capacidad máxima del centro era de 1.360 reclusos, y que
había 1.762 detenidos. MINUGUA
informó que a finales del año 1999 la capacidad máxima era de 1.000
reclusos, el número de camas disponibles era 800, y había 1.593 personas
recluidas en este Centro.
52.
Cuarto, durante su visita a Santa Teresa, se informó a la Comisión
que la capacidad máxima de este centro penitenciario era de 360 reclusas,
y que en ese momento había alojadas 260 reclusas y 19 niños, entre las
edades de 0 a 3 años, en la guardería.
A finales de 1999, MINUGUA informó que la capacidad máxima de
este centro era de 100 reclusas, el número de camas disponibles 90, y el
tamaño de la población reclusa 132.
53.
El problema del hacinamiento que se observó en estas y otras
instalaciones del sistema penitenciario proviene, según se reconoce, del
notable incremento en la población reclusa desde 1995, la expansión
insuficiente de la infraestructura para satisfacer este incremento y la
demora crónica que caracteriza a la mayoría de los aspectos del sistema
de justicia penal, propiciando períodos prolongados de prisión
preventiva y agravando el hacinamiento. Este hacinamiento demuestra que
tanto las instalaciones penitenciarias como
los recursos que se les asignan son inadecuados para asistir al número
cada vez mayor de reclusos, lo cual causa, a cambio, fricciones entre los
reclusos, y entre los reclusos y las autoridades.
2.
Sanidad y alimentos
54.
Durante su visita a Pavoncito, la Comisión identificó problemas
con el suministro de agua en las pocas áreas designadas para la higiene
personal, y la escasez o falta de elementos esenciales, como el jabón.
En las áreas donde duermen los prisioneros se registraban fuertes
olores. La Comisión está
particularmente preocupada por las condiciones en el Preventivo de la Zona
18 donde los reclusos permanecen encerrados en sus celdas desde las 9 de
la noche hasta las 5 de la madrugada y sólo se les permite acceder a las
áreas de aseo después de esa hora.
En toda la instalación penitenciaria se sentían fuertes olores
procedentes de las áreas donde los reclusos estaban encerrados en grandes
grupos.
55.
El Procurador de los Derechos Humanos y otras fuentes han expresado
su preocupación respecto a las instalaciones de higiene. Por ejemplo, a
principios de 1998, la oficina local del Procurador realizó una visita al
Centro de Detención Preventiva de Cuilapa, Santa Rosa, donde el personal
mencionó condiciones de hacinamiento (49 detenidos en una instalación
con una capacidad máxima de 25 reclusos), la falta de agua potable, camas
y colchones insuficientes e inodoros rebosantes de excrementos.[26]
La Comisión de Fortalecimiento de la Justicia indicó en su
informe que alrededor de un 70% de las instalaciones penitenciarias en
Guatemala tienen deficiencias en materia de sanidad que pueden afectar la
salud de su población reclusa.[27]
Esto se ve agravado por la falta de atención médica adecuada (véase
infra), chequeos o controles de
enfermedades infecciosas que tienden a propagarse con el hacinamiento.
56.
La Comisión ha recibido informes periódicos sobre graves
problemas de sanidad e higiene en algunas instalaciones penitenciarias.
Fue en base a alegaciones de esta naturaleza que, en 1998, la
Comisión extendió medidas cautelares en el caso de Diego Esquina Mendoza
y otros (caso 11.998), los cuales se encontraban en prisión preventiva en
Sololá en condiciones tan precarias que habían perjudicado su salud, y
solicitó al Estado que adoptara las medidas necesarias para proteger su
integridad personal.[28]
57.
Durante su visita, la Comisión fue informada de que las cuatro
instalaciones penitenciaras para adultos visitadas no tenían cocina y que
tanto los reclusos como el personal penitenciario eran alimentados tres
veces al día por un servicio de catering.
Los testimonios obtenidos entre los reclusos indicaban
reiteradamente que las raciones de alimentos que se proporcionaban eran
demasiado pequeñas como para satisfacer sus necesidades.
La información disponible indica que éstos o bien debían pagar
por sus alimentos o sus familias debían proporcionarles periódicamente
suplementos a sus raciones, particularmente en las instalaciones
penitenciarias del interior del país.
58.
Durante su visita in loco,
la Comisión visitó las unidades de salud de Pavón, Pavoncito y Zona 18. Tanto Pavón como Pavoncito cuentan con una enfermera a
jornada completa entre semana y son visitados por médicos cuatro veces a
la semana. Ninguna de las unidades contaba con medicinas.
En el Preventivo de la Zona 18 hay un médico disponible de lunes a
viernes, durante dos horas por la mañana y dos horas por la tarde. No hay
una enfermera a jornada completa ni medicinas en la enfermería.
El estudio de MINUGUA-PNUD confirmó que la mayoría del equipo médico
disponible es obsoleto. En Estado informó en su respuesta al proyecto de informe que
en los cinco principales centros de detención en la ciudad capital, el
Sistema Penitenciario cuenta con personal paramédico y un médico que
realiza visitas periódicas, y con dos médicos de turno para atender las
situaciones urgentes.
59.
El estudio realizado por MINUGUA-PNUD indica que los reclusos en
las instalaciones penitenciarias de Guatemala padecen principalmente
infecciones respiratorias, enfermedades de la piel, trauma, diarrea e
infecciones del aparato urinario, entre otros problemas.[29]
Más del 25% de los sujetos entrevistados también padecían
enfermedades transmitidas sexualmente.[30]
60.
En caso de emergencia, un juez debe autorizar el traslado de una
persona enferma al hospital, pero el proceso de autorización no es eficaz
y, como los reclusos explicaron a la Comisión durante la visita, no hay
vehículos disponibles para ese propósito. Como se indica anteriormente,
en un caso reciente, el Procurador de los Derechos Humanos consideró que
las autoridades del Preventivo de la Zona 18 eran responsables del
fallecimiento de un recluso condenado por no haberle proporcionado atención
médica de forma inmediata.[31]
61.
Como se menciona anteriormente, el estudio de MINUGUA-PNUD indica
que los reclusos condenados y los detenidos que padecen enfermedades
psicológicas normalmente son recluidos de forma conjunta bajo las mismas
condiciones que el resto de la población reclusa, con pocas atenciones médicas
o psicológicas. Cuando las
autoridades detectan la necesidad de tratamiento especial, la persona es
trasladada al Hospital Nacional de Salud Mental para recibir cuidados
ambulatorios. En los casos
graves, el paciente permanece en el hospital para un tratamiento intenso y
después es trasladado de nuevo al centro penitenciario.[32]
En su respuesta al proyecto de informe, el Estado informó que se
ha habilitado en los centros de detención Preventivo para Hombres,
Pavoncito, COF, Santa Teresa, Cantel y Canadá, “oficinas
administrativas psiquiátricas, que permitirán en el corto plazo, poner
en funcionamiento programas grupales para el tratamiento psicológico.
62.
La Comisión está muy preocupada por la situación de estos
individuos que se encuentran en una situación particularmente vulnerable
bajo el control del Estado. El sistema penitenciario debe proporcionar
atenciones psicológicas apropiadas a estos reclusos y recluirlos en un
lugar adecuado, que propicie su recuperación, mientras se determina si
deben recibir cuidados en una institución médica.
63.
Las directrices establecidas por el Primer Congreso de las Naciones
Unidas para la prevención de la delincuencia y el tratamiento de
delincuentes disponen que “el propósito y
justificación de las sentencias de encarcelamiento son en esencia
proteger a la sociedad de la delincuencia”. Este objetivo sólo puede
lograrse si el tiempo bajo custodia se utiliza para asegurar que el
delincuente, una vez puesto en libertad, obedecerá la ley, y a través de
un tratamiento apropiado durante su encarcelamiento.
La Constitución Política de Guatemala establece que el sistema
penitenciario debe estar orientado hacia la readaptación social y la
reeducación de los reclusos y que el Estado debe fomentar las condiciones
necesarias para lograr estas metas.
64.
No obstante, la información disponible indica que, bajo el sistema
actual, los detenidos en prisión preventiva tienen oportunidades
limitadas de llevar a cabo actividades educativas o laborales, y los
reclusos condenados cumplen sus penas en condiciones que impiden
gravemente las posibilidades de rehabilitación y readaptación.
Como ya se ha mencionado, el 70% de la población reclusa no tiene
acceso a actividades orientadas a la rehabilitación mientras se encuentra
en prisión preventiva. Aunque
el resto de la población reclusa normalmente tendría el derecho a
acceder a los programas de rehabilitación, un número significativo de
reclusos condenados no tiene tal acceso debido a que se encuentran
recluidos en centros de detención concebidos para personas en prisión
preventiva, tales como Pavoncito y Zona 18. El problema del hacinamiento también contribuye a la falta
de oportunidades de este tipo, ya que en algunas instalaciones
penitenciarias simplemente no hay espacio para llevarlas a cabo.
65.
Otra área que es motivo de preocupación es el aislamiento que
sufren las personas detenidas o que cumplen penas en centros penales o de
detención que están lejos de su lugar de origen.
La Comisión está particularmente preocupada por el impacto de
esta situación sobre los detenidos y reclusos procedentes de las
poblaciones indígenas. Aunque no hay datos oficiales sobre este tema, los
informes sugieren que un porcentaje significativo de la población reclusa
es indígena,[33]
y que estas personas a menudo están encarceladas a una gran distancia de
sus hogares, y corren el riesgo de perder sus vínculos con la comunidad,
parte integral de su cultura. Su
aislamiento y la posibilidad de ser discriminados se ven seriamente
acentuados por el hecho de que en las instalaciones penitenciarias no hay
personal bilingüe o intérpretes.
66.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo,
suscrito por Guatemala, establece que cuando se impongan sanciones penales
previstas por la legislación general a miembros de los pueblos indígenas
deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del
encarcelamiento. En armonía
con este principio, en 1999, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala
acogió la idea de sustituir las sentencias de encarcelamiento con el
trabajo comunitario, toda vez que el trabajo como sanción constituye uno
de los pilares de la práctica legal tradicional de los pueblos indígenas,
caracterizada por el resarcimiento del daño y la compensación a las víctimas
y a la comunidad. La Comisión
valora esta aplicación progresista de la ley y considera que debe
alentarse a los Juzgados de Paz Comunitarios y a otros tribunales
inferiores a que apliquen sanciones de conformidad con estos principios.
67.
Como se indica, el acceso a los miembros de la familia puede
convertirse en una necesidad fundamental para las personas en detención,
y el apoyo de la familia puede desempeñar un papel especialmente
importante en la rehabilitación y la eventual reincorporación del
recluso en la sociedad. La Comisión ha recibido información en la que se da a
conocer que a muchos hombres reclusos se les permiten visitas conyugales,
aunque en la ausencia de otras alternativas, éstas se llevan a cabo en
las celdas. Se informó a la
Comisión que tales visitas no se realizaban en el Preventivo de la Zona
18. En su respuesta al proyecto de informe, el Estado proporcionó
información actualizada al efecto de que en este Centro se implementó la
visita conyugal y se han mejorado las instalaciones destinadas para tal
fin. Sin embargo, la
información disponible indica que las mujeres reclusas no tienen el
acceso a visitas de este tipo. La Comisión considera que no hay
justificación objetiva para una distinción basada en cuestiones de género
y solicita que se preste atención de forma inmediata a esta situación de
desigualdad.
68.
Un sistema penitenciario que funcione de forma adecuada es un
aspecto necesario para garantizar la seguridad de la ciudadanía y la
buena administración de la justicia. El Coordinador de la Comisión para
Transformar el Sistema Penitenciario indicó en 1998 que nunca se había
realizado ningún esfuerzo importante para modernizar el sistema
penitenciario en Guatemala.[34]
En este sentido, se han identificado y definido varios desafíos
que requieren la asignación decisiva de recursos humanos y materiales
para implementar soluciones.
69.
Las cárceles deben ser adecuadas para albergar a las personas que
representan un peligro para la sociedad y ofrecer la posibilidad de
rehabilitación a aquellos que se reincorporarán a éste en el futuro.
Las personas recluidas en las cárceles se encuentran privadas de
su libertad, pero tienen derecho a que se respeten sus otros derechos
fundamentales, en particular, el derecho a ser tratado con el debido
respeto a la dignidad humana, y a las necesidades básicas, tales como
acceso a un colchón, alimentos y la atención médica y psicológica.
La Convención Americana, las Reglas Mínimas de Naciones Unidas
para el Tratamiento de Reclusos y el Cuerpo de Principios para la Protección
de todas las Personas Sometidas a cualquier Forma de Detención o Prisión
proveen excelente guía sobre los elementos necesarios para asegurar que
las personas privadas de la libertad sean tratadas con respeto a su
dignidad. Cuando las cárceles no reciben la atención o los recursos
necesarios, su función se distorsiona.
En vez de proporcionar protección, se convierten en escuelas de
delincuencia y comportamiento antisocial, que propician la reincidencia en
vez de la rehabilitación.
70.
En base al análisis y a las conclusiones anteriores, la Comisión
recomienda que el Estado:
1.
Establezca programas especializados de reclutamiento, revisión médica
y capacitación para todo el personal asignado a las instalaciones
penitenciarias, prestando especial atención a aquellos que trabajan en
contacto directo con los reclusos.
2.
Mejore los procedimientos de ingreso en los centros penales y de
detención para asegurar que toda persona que ingresa a una instalación
penitenciaria sea (a) evaluada por un funcionario competente para
identificar si está enferma, herida o corre el riesgo de hacerse daño a
sí misma, o puede requerir atención especial, a efectos de asegurar que
reciba la supervisión y tratamiento necesarios; y (b) examinada por el
personal médico para identificar enfermedades infecciosas y asegurar, en
caso de ser necesario, su aislamiento de la población reclusa en general
y el acceso a tratamiento médico.
3.
Establezca sistemas para separar a las personas en prisión
preventiva de las personas que cumplen penas judicialmente impuestas, y
asegurar que los menores de edad no estén detenidos en instalaciones
penitenciarias para adultos, aunque sea temporalmente.
4.
Asigne recursos suficientes para garantizar que toda persona
recluida en un centro de detención tenga a su disposición: agua potable,
instalaciones sanitarias adecuadas para la higiene personal y la salud,
incluido el acceso a los servicios higiénicos en todo momento; espacio,
luz y ventilación apropiados; alimentos con suficientes calorías y
nutrición; y un colchón y ropa de cama adecuados.
5.
Mejore los sistemas actuales para asegurar que: los cuidados médicos
y psicológicos sean obtenidos fácilmente; todas las instalaciones
cuenten con equipo médico, y que entre el personal de turno haya, en
cualquier momento, alguien capacitado para responder a las emergencias médicas;
y que cuando no sea posible proporcionar el tratamiento adecuado dentro
del recinto penitenciario, se simplifiquen los procedimientos para
asegurar el acceso inmediato a un hospital u otros cuidados.
6.
Adopte medidas adicionales para asegurar que cuando los niños sean
alojados en los centros de detención junto con uno de sus padres, se
tengan en cuenta sus intereses al establecer las políticas pertinentes, y
que tengan acceso a los servicios de alimentación, salud y educativos
necesarios para su desarrollo adecuado.
7.
Tome las medidas necesarias, dado que las visitas conyugales están
permitidas, para que éstas puedan realizarse en condiciones razonables y
no haya distinciones entre reclusos en diferentes instalaciones o entre
hombres y mujeres recluidos.
8.
Adopte las medidas necesarias para asegurar la no discriminación
en el trato de los reclusos con el fin de asegurar que las personas
procedentes de los pueblos indígenas que se encuentran detenidas en el
sistema penitenciario puedan comunicarse con el personal en su propio
idioma y que todos los reclusos puedan practicar sus creencias religiosas.
9.
Tome medidas adicionales para proporcionar oportunidades educativas
y laborales a las personas en prisión preventiva y a los reclusos que
procuran la rehabilitación.
10.
Adopte una política de disciplina interna que no permita que unos
reclusos persigan a otros en nombre del “orden”, y que asegure un
trato igualitario entre reclusos; asegure que hay un sistema para que los
reclusos puedan presentar quejas sobre problemas y abusos dentro de las
instalaciones penitenciarias y poder responder a dichas quejas con una
investigación y actos disciplinarios eficaces.
11.
Fortalezca, además, los procedimientos aplicables para asegurar
que cualquier caso relacionado con heridas infligidas a un recluso o su
fallecimiento es abordado con una investigación, un procesamiento y un
castigo eficaces.
12.
Establezca un mecanismo independiente de supervisión permanente
responsable de las inspecciones periódicas de los centros de detención.
13.
Dedique recursos humanos y materiales adicionales para lograr los
objetivos anteriores, dando prioridad especial al incremento de guardias
de seguridad disponibles, mejorando de esta manera la situación de
hacinamiento y asegurando que se satisfacen las necesidades básicas de
todos los reclusos.
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CIDH, Informe 63/99 Informe Anual de la CIDH de 1998, párr. 78 al 82.
Véase también, Informe N° 28/96.
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