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OEA/Ser.L/V/II.111
Doc. 21 rev.
6 abril 2001
Original: Español/Inglés
CAPÍTULO
IX
EL
DERECHO A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN
1. El derecho a la
libertad de expresión es una garantía fundamental para asegurar el
Estado de Derecho y las instituciones democráticas. En este sentido, el
artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre establece que “Toda persona tiene derecho a la libertad de
investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento
por cualquier medio”.[1]
Por su parte, el artículo 13 de la Convención Americana señala que
“Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión". Este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones
e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección[2]”.
2.
La situación de la libertad de expresión en el hemisferio es una
de las principales preocupaciones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. Debido a esta inquietud, con el requerimiento de amplios
sectores de la sociedad civil y de organismos internacionales y con el
amplio respaldo de los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, en
su 98 período ordinario de sesiones, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, creó la
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, como un órgano
funcionalmente independiente, que actúa dentro del ámbito jurídico de
la Comisión.
3.
Los objetivos de la Relatoría son, entre otros, estimular la
conciencia por el pleno respeto a la libertad de expresión en el
hemisferio, considerando el papel fundamental que ésta juega en la
consolidación y desarrollo del sistema democrático y en la denuncia y
protección de los demás derechos humanos y formular recomendaciones
específicas a los Estados miembros sobre materias relacionadas con la
libertad de expresión, a fin de que se adopten medidas progresivas a su
favor. Con base en estos objetivos, La Relatoría realiza visitas a países,
previa invitación de los mismos, con
el fin de analizar situaciones específicas en el ámbito de la
libertad de expresión.
4.
Durante el mes de abril y por 4 días el Relator Especial para la
Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
realizó una visita a Guatemala, a invitación del Presidente Alfonso
Portillo Cabrera, donde el Relator Especial tuvo contacto con diversos
sectores de la sociedad civil guatemalteca. Con base en esta visita, la
Relatoría pudo conocer a fondo aspectos
importantes respecto al estado actual de la libertad de expresión en
Guatemala, algunos de dichos aspectos serán tratados en cada uno de los
apartes de este informe.
5.
El
Relator Especial manifiesta su gran preocupación sobre reciente información
que refleja el clima de incertidumbre y tensión entre autoridades del
Estado y algunos medios de comunicación como así también un aumento en
los últimos meses de casos de intimidaciones y amenazas a periodistas.
Dicha información será analizada en profundidad en el informe
especial sobre libertad de expresión en Guatemala basado en información
recabada por el Relator durante y después de su visita en el mes de abril
de 2000 y que la Relatoría Especial se encuentra actualmente finalizando..
En dicho informe se analizará la discrepancia que todavía
existiere entre practicas que aún contemplan la persecución de
comunicadores sociales bajo las llamadas leyes de desacato, y la prohibición
de dichas prácticas contemplada en el Artículo 35 de la Constitución
Política de Guatemala. Asimismo, dicho informe ahondará la problemática
sobre monopolios y analizará medidas que garanticen la no-discriminación
y pluralidad en la concesión de frecuencias en concordancia con el
compromiso establecido por el gobierno guatemalteco en el Acuerdo Sobre
Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.
6.
A continuación se entrará a analizar el soporte jurídico con el
que Guatemala cuenta en la actualidad respecto al derecho de libertad de
expresión.
1.
Legislación y libertad de expresión
7.
El
Relator Especial para la Libertad de Expresión reconoce que la libertad
de expresión contempla una amplia gama de actividades que afectan a todos
los individuos. La libertad de expresión comprende el derecho de toda
persona a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.
En este sentido, ésta tiene una doble dimensión, comprende el derecho de
cada persona de no ser menoscabado o impedido de manifestar su propio
pensamiento y al mismo tiempo comprende un derecho colectivo, a recibir
cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno[3].
8.
Todo análisis sobre la legislación que afecte directamente el
derecho a la libertad de expresión e información debe ser evaluado
considerando el papel fundamental que éste juega dentro de una sociedad
democrática y debe tener en cuenta cada uno de los principios plasmados e
el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La
dependencia de la democracia en la existencia de una amplia libertad de
expresión no reside únicamente en la necesidad del respeto a este
derecho en sí mismo, sino también en la importancia de la libertad de
expresión e información para que sean respetadas las otras libertades
fundamentales.
2.
Normativa Interna
9.
La Constitución Política de la República de Guatemala reconoce
expresamente en su artículo 35 el derecho a la libertad de emisión del
pensamiento, en los siguientes términos:
Es
libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión,
sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá
ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Quien en
uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral,
será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos
tienen derecho a la publicación de sus defensas, aclaraciones y
rectificaciones…[5]
10.
Dicha previsión constitucional prohibe la censura previa y limita
la responsabilidad por el contenido de la información transmitida a la
responsabilidad ulterior. Esta
norma se ajusta a las disposiciones de la Convención Americana que
establece en su artículo 13.2 que el ejercicio de
este derecho:
(…)
no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores,
las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
a.
el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b.
la protección de la seguridad nacional, el orden público o la
salud o la moral públicas[6].
11.
Más allá de la expresa prohibición de la censura previa, la
norma constitucional guatemalteca contiene previsiones contra la censura
indirecta, prohibiendo actos que podrían restringir el desempeño y
funcionamiento de los medios de comunicación. Así, sé prohibe la
expropiación de los medios de comunicación, su clausura, embargo y
confiscación.
12.
La Constitución guatemalteca contiene también otras previsiones
relevantes en materia de libertad de expresión, tales como el acceso a la
información en poder del estado (artículo 30),
la acción de habeas data (articulo
31)
y la prohibición de monopolios (artículo 130).
13.
En relación con las excepciones al derechos de acceso a la
información en poder del Estado, el artículo 30, establece que los órganos
del Estado pueden denegar información militar o diplomática únicamente
cuando su divulgación comprometa la seguridad nacional.
Si bien el artículo 30 de la Constitución establece el principio
general de la publicidad de los actos de la administración, la legislación
guatemalteca no cuenta con procedimientos concretos que permitan el
ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información y una instancia
de apelación independiente ante la negación de información reservada.
14.
El Presidente Alfonso Portillo Cabrera expresó a la Relatoría su
voluntad de enviar proyectos de ley al Congreso para garantizar un
cumplimiento eficaz del derecho de acceso a la información y habeas
data. Según información recibida por el Estado, el gobierno
guatemalteco a través de la Secretaría de Análisis Estratégico invitó
a diversas organizaciones de la sociedad civil a participar en el
desarrollo de la propuesta de ley de acceso a la información y habeas
data.
15.
Garantizar
el acceso a la información en poder del Estado contribuye a aumentar la
transparencia de los actos de gobierno y la consecuente disminución de la
corrupción en la gestión estatal.
16.
El
mantenimiento y acceso a documentos y registros en manos del Estado por
parte de la ciudadanía, es un mecanismo de control que contribuye a
aumentar la transparencia de la gestión estatal y a la disminución de la
corrupción beneficiando así el proceso democrático.
17.
La Relatoría celebra esta iniciativa ya que el derecho de acceso a
la información y la acción de habeas
data son aspectos fundamentales para el fortalecimiento de una
sociedad democrática y una amplia libertad de expresión e información.
18.
El Relator Especial para la Libertad de Expresión reconoce que el
avance democrático de Guatemala ha contribuido notablemente a garantizar
el ejercicio del derecho de libertad de expresión.
En particular, la Relatoría reconoce la importancia que ha tenido
el Acuerdo de Paz en propiciar la inclusión y participación de los
diversos sectores que componen la sociedad guatemalteca en debates de
interés públicos, fortaleciendo así del sistema democrático. La
Relatoría espera que la actual buena disposición del gobierno en
sostener y ampliar el derecho a la libertad de expresión de los
guatemaltecos continúe durante todo su mandato.
B.
Limitaciones
a la libertad de expresión
1.
Situación
de periodistas y otros comunicadores sociales
19.
La existencia de una prensa libre es uno de los más importantes
pilares de una democracia. El
Relator resalta la importancia del pleno respeto a la libertad de expresión
como medio indispensable de protección y desarrollo de las sociedades
democráticas. El Relator
considera que son los comunicadores sociales quienes ejercen
principalmente la labor de informar y fomentar el debate público, tan
necesario para el fortalecimiento de nuestras instituciones.
20.
La Relatoría celebra la buena disposición del actual gobierno a
establecer una comunicación
fluida y madura entre altos funcionarios del gobierno y los periodistas
pues esta es una de las principales garantías para una libertad de
expresión amplia basada en la transparencia de los actos de gobierno,
ingrediente fundamental de cualquier sistema democrático.
21.
Sin embargo, cabe destacar que se ha recibido información sobre
casos y situaciones de restricciones a la libertad de expresión que
constituyen una preocupación para la Relatoría, y que deben ser
seriamente investigados por las autoridades.
22.
Durante la visita se recibió información indicando que los
periodistas del Módulo de Investigaciones del diario El
Periódico, Martín Juárez, Luis Escobar, Enrique Castañeda y Silvia
Gereda fueron objeto de seguimientos y amenazas telefónicas. Según la
información que se hizo llegar a la Relatoría, estas acciones intentan
persuadir a los periodistas de no publicar los resultados de una
investigación sobre la estructura de los servicios de inteligencia
guatemaltecos.
23.
Asimismo, el Relator expresa su alarmante preocupación por
información recibida con posterioridad a su visita en relación, por
ejemplo, con el asesinato del periodista Roberto Martínez Castañeda del
diario "Prensa Libre" el jueves 27 de abril de 2000
y las amenazas emitidas en contra de la agencia de información Centro de
Reportes Informativos sobre Guatemala (CERIGUA),
y amenazas e intimidaciones recibidas por los reporteros del radioperiódico
Guatemala Flash, Sergio Méndez y del periódico Nuestro Diario, Estuardo
Pinto que cubren el juicio
sobre el asesinato del obispo Juan Gerardi.
24.
Respecto al asesinato del periodista Roberto Martinez Castañeda,
el Relator Especial para la Libertad de Expresión emitió un comunicado
de prensa el 28 de abril de 2000 en el que repudió dicho crimen y llamó
a las autoridades guatemaltecas a esclarecer los hechos ocurridos y
sancionar a los responsables. La Relatoría ha enfatizado en diversas
ocasiones que el asesinato de periodistas es la forma más brutal de
atentar contra la libertad de expresión y las instituciones democráticas.
25.
La Convención Americana de Derechos Humanos señala que los
Estados tienen el deber de prevenir, investigar y sancionar toda violación
de los derechos reconocidos en la Convención y a reparar el daño
producido por la violación ocurrida. En el caso de periodistas, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la inexistencia de una
investigación completa del asesinato de un periodista y la sanción penal
de los autores materiales e intelectuales, resulta especialmente grave por
el impacto que tiene sobre la sociedad. La impunidad de estos crímenes no
sólo tiene un efecto amedrentador sobre los demás periodistas, sino
también sobre cualquier ciudadano, pues genera el miedo de denunciar
atropellos, abusos e ilícitos de toda índole.
26.
Finalmente, el Relator Especial desea referirse a la situación
socio- económica en la que se encuentran los trabajadores de prensa.
Durante su visita a Guatemala el Relator fue informado sobre la situación
general del sector. Así, éstos no cuentan con ningún tipo de seguro
social ni de vida, no reciben compensación en carácter de horas extras y
su horario de trabajo no se encuentra delimitado. Por otro lado, el
salario se encuentra por debajo de lo necesario para cubrir las
necesidades básicas. Cabe recordar que el derecho a obtener un seguro de
vida, se encuentra contemplado en la Constitución guatemalteca.
27.
El Relator Especial desea enfatizar una vez más que las
violaciones a la libertad de expresión se producen no solamente por
ataques directos a los medios de comunicación, sino también por medios
indirectos como son las condiciones laborales de aquellos que se dedican a
la tarea de informar a la población. En este sentido, la situación que
ha quedado descrita viola el artículo 13 de la Convención Americana.
2. Situación de
los medios de comunicación
28.
Una de las principales manifestaciones de preocupación que el
Relator Especial recibió durante diversas reuniones y entrevistas, es la
existencia de un monopolio de hecho sobre los canales de televisión
abierta que estaría afectando seriamente la libertad de expresión y el
derecho de información de los guatemaltecos.
En este sentido, la amplia mayoría de los entrevistados durante la visita,
señaló que, si bien los canales de televisión abierta están
registrados a nombre de sociedades anónimas, el tenedor mayoritario de
sus acciones sería el empresario Angel Remigio González.
29.
De acuerdo con la información recibida, la actual estructura de
propiedad de los medios de comunicación, especialmente radio y televisión,
responde a un conjunto de leyes y prácticas vigentes durante las últimas
dos décadas.
30.
El Relator Especial recibió información sobre aspectos
relacionados con radiodifusión y la preocupación que existe en relación
con el marco jurídico y criterios para la concesión de frecuencias de
radio. Una de las preocupaciones fundamentales es que el Gobierno siga
otorgando concesiones basándose únicamente en criterios económicos que
dejan sin acceso a sectores minoritarios de la sociedad guatemalteca tales
como los indígenas, los jóvenes y las mujeres. En este sentido, la
entrega o renovación de licencias de radiodifusión, debe estar sujeta a
un procedimiento claro, justo y objetivo que tome en consideración la
importancia de los medios de comunicación para que la ciudadanía
participe informadamente en el proceso democrático.
31.
En este contexto, el cierre del programa de televisión T-Mas de
Noche, programa con
contenidos críticos al gobierno, en una posible situación de monopolio
de hecho en los canales de televisión abierta, sumado a denuncias de
posibles conflictos de intereses entre funcionarios del gobierno y
empresarios de los medios, crea una situación que no es favorable al
pleno desarrollo de la libertad de expresión.
El Presidente Alfonso Portillo Cabrera expresó su voluntad de
buscar mecanismos que permitan solucionar estos problemas.
El ofrecimiento público de un espacio en un canal de televisión
del Estado representa una muestra de la buena voluntad del Presidente.
32.
La Relatoría desea señalar que las concesiones de canales de
televisión y ondas de radiodifusión deben contemplar criterios democráticos
que aseguren la representatividad de todos los sectores que conforman la
sociedad guatemalteca. Las subastas que contemplen criterios únicamente
económicos, o que otorguen las concesiones sin una oportunidad equitativa
para todos los sectores, son incompatibles con la democracia participativa
y con el derecho a la libertad de expresión e información garantizado en
la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
3.
Proyecto de Reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos
33.
La Relatoría quiere por medio de este informe enfatizar los
esfuerzos del gobierno guatemalteco relacionados con el fortalecimiento de
la libertad de expresión, esfuerzos que se ven reflejados en sus trabajos
y en el proyecto de reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Sin embargo, es importante tener en cuenta aspectos fundamentales dentro
del proyecto de reforma relacionados con los principios plasmados en el
artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
34.
Distintos sectores afectados por el proyecto han expresado su
preocupación ante la Relatoría Especial debido a la imposición por
parte del Tribunal Supremo Electoral de un tiempo máximo fijado para
propaganda electoral como así también la obligación de los medios a
registrar sus tarifas para propaganda electoral lo cual va en contra de la
legislación vigente en materia de libertad de expresión. El Relator
Especial señala que este tipo de condicionamientos a la circulación de
información puede constituir una limitación al pleno ejercicio de la
libertad de expresión.
35.
La Relatoría expresa la necesidad de que existan reglas que
definan con claridad y precisión los mecanismos por los cuales las
autoridades del gobierno deben relacionarse con los medios de comunicación.
La falta de transparencia y claridad, y los conflictos de intereses
entre funcionarios públicos y empresarios puede limitar la Libertad de
Expresión frente a la posibilidad de que funcionarios del gobierno y
empresarios intenten influir sobre el contenido de los programas de radio,
televisión o prensa escrita, con el objetivo de perjudicar o favorecer a
líderes políticos, autoridades gubernamentales u otras personas, a
cambio de beneficios directos o indirectos para algunas empresas.
36.
El Relator Especial desea señalar que el proyecto de reforma de la
Ley Electoral y de Partidos Políticos requiere un cuidadoso y detenido análisis
que tenga presente que el derecho a la libertad de expresión sólo puede
estar sometido a las restricciones previstas por el artículo 13 de la
Convención Americana. En este sentido, sería beneficioso que la discusión
de este proyecto incluya a delegados de los sectores afectados por la
futura ley, en particular a los medios de comunicación, los partidos políticos
y otros sectores representativos de la sociedad guatemalteca.
Recomendaciones
37.
Sobre la base de lo anterior, el Relator Especial para la Libertad
de Expresión desea formular las siguientes recomendaciones al Estado
guatemalteco:
1.
Que se adopten de inmediato medidas para detener las amenazas y
ataques violentos y asesinato contra periodistas y otros comunicadores
sociales que ejercen su derecho de libertad de expresión. Sobre
el particular, el artículo 1o. de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos consagra la obligación que tienen los Estados parte de respetar
los derechos y libertades reconocidos en dicha Convención a todas las
personas bajo su jurisdicción, y de garantizarles el libre y pleno
ejercicio de tales derechos y libertades. Como consecuencia de la obligación
de garantizar el ejercicio libre y pleno de los derechos y libertades
consagrados en la Convención, los Estados se encuentran obligados a
"prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos
reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento
del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños
producidos por la violación de los derechos humanos".[16]
2.
Continuar con el proyecto de reforma a la Ley Electoral y de
Partidos Políticos, acceso a
la información y Habeas Data que
el Sr. Presidente se comprometió a impulsar
y que los mismos contemplen las recomendaciones y sugerencias de la
sociedad civil. Incorporar dentro del proyecto de ley una instancia de
apelación independiente de manera que se impugnen las excepciones
prescritas en la ley sin necesidad de acudir a la última instancia
judicial.
3.
Disponer las medidas necesarias para que se cumplan las leyes
antimonopolio vigente en la Constitución guatemalteca y tomar acciones
progresivas que garanticen el acceso a los medios de comunicación de
grupos minoritarios.
4.
Que se investigue a profundidad la posible existencia de un
monopolio de hecho en los canales de televisión abierta, y se implementen
mecanismos que permitan una mayor pluralidad en la concesión de los
mismos.
5.
Que se implementen reglas claras para evitar conflictos de interés
entre funcionarios gubernamentales y los medios de comunicación.
6.
Que se revisen las reglamentaciones sobre concesiones de televisión
y radiodifusión para que se incorporen criterios democráticos que
garanticen una igualdad de oportunidades en el acceso a los mismos.
7.
Que se efectúen campañas de promoción y capacitación sobre el
derecho a la libertad de expresión y que se sigan adoptando medidas
tendientes a eliminar los obstáculos al ejercicio del derecho de libertad
de expresión.
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[5]
Otros apartados de la Constitución Política de la República de
Guatemala, Título II, Capítulo I, artículo 35 establecen: “No
constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias,
críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por
actos efectuados en el ejercicio de sus cargos.
Los
funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un tribunal de
honor, integrado en la forma que determine la ley, declare que la
publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los
cargos que se les hacen son infundados.
El fallo que reivindique
al ofendido, deberá publicarse en el mismo medio de comunicación
social donde apareció la imputación.
La
actividad de los medios de comunicación social es de interés público
y éstos en ningún caso podrán ser expropiados. Por faltas o delitos
en la emisión del pensamiento no podrán ser clausurados, embargados,
intervenidos, confiscados o decomisados, ni interrumpidos en su
funcionamiento las empresas, los talleres, equipo, maquinaria y
enseres de los medios de comunicación social.
Es
libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá
limitar ese derecho.
La
autorización, limitación o cancelación de las concesiones otorgadas
por el Estado a las personas, no pueden utilizarse como elementos de
presión o coacción para limitar el ejercicio de la libre emisión
del pensamiento.
Un
jurado conocerá privativamente de los delitos o faltas a que se
refiere este artículo. Todo lo relativo a este derecho constitucional
se regula en la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento.
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