CAPÍTULO II
DERECHO A LA VIDA1
A.
Consideraciones Generales
1. La Constitución de la República de Guatemala, en su artículo 43,
establece que:
El Estado garantiza como derechos inherentes a la persona humana: la
vida, la integridad corporal, la dignidad, la seguridad personal.
En el artículo 54, si bien se establece la pena de muerte, se reconoce
que la misma tendrá "carácter extraordinario. No podrá imponerse con fundamento en
presunciones, ni se aplicará a mujeres o menores de edad, a mayores de setenta años, a
reos de delitos políticos,2 ni a reos cuya
extradición haya sido concedida bajo esa condición" y que "contra las
sentencias que impongan la pena de muerte serán admisibles todos los recursos legales
pertinentes, inclusive los de casación y de gracia". "La pena se ejecutará
después de agotarse todos los recursos".
3. En la realidad, como se verá en este capítulo, de hecho se ha
creado en Guatemala, una situación en la que realmente predomina el irrespeto por la vida
humana y por las leyes que la amparan y protegen.
B.
Orígenes y Agentes de la Violencia en Guatemala
1. Aunque hay frecuentes antecedentes de violencia en toda la historia
guatemalteca y, con posterioridad a la caída en 1954 del Presidente Arbenz comenzó a
manifestarse una violenta represión, puede afirmarse que la actual situación
caracterizada por una permanente y sistemática violencia encuentra sus antecedentes u
origen más cercano hacia comienzos de la década de 1960.
Como uno de los primeros antecedentes al proceso de la violencia
antigubernamental cabe citar el levantamiento militar ocurrido en el año 1960 contra el
gobierno del General Ydígoras Fuentes, inspirado en el deseo de un grupo de oficiales del
Ejército de moralizar su institución y contrarrestar la corrupción imperante,
movimiento que no logró éxito y como consecuencia del cual los militares insurrectos
decidieron crear grupos guerrilleros bajo el nombre de Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR),
Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR13) y Frente Guerrillero Edgar Ibarra (FGEI),
los cuales se dedicaron a efectuar diversos actos de hostigamiento y de ataque en contra
de diferentes entidades públicas y privadas.
2. Para contrarrestar con mayor vigor el surgimiento cada vez más
generalizado de grupos que, mediante el empleo de la violencia y las armas, desafiaban el
orden establecido con la declarada intención de efectuar un cambio de legalidad y de
estructuras sociales en Guatemala, se fueron intensificando de parte de las autoridades
gobernantes las tácticas de contra insurgencia. Aparecen así diversas organizaciones
paramilitares que, sin aparente vinculación con las fuerzas armadas y policiales,
empezaron a combatir en la misma dirección que las entidades oficiales, pero con mucho
más eficacia, el surgimiento y desarrollo de las actividades de los grupos armados
antigubernamentales.
Aparecen, de esta manera, organizaciones bajo el nombre de
"MANO" (Movimiento Anticomunista Nacional Organizado), "MANO BLANCA",
"Nueva Organización Anticomunista", "Ojo por Ojo", el
"Escuadrón de la Muerte", y otros más, que introducen en Guatemala una nueva
forma de eliminar toda clase de oposición política a través de la violencia mediante
amenazas, palizas, atentados de muerte, secuestros, asesinatos de personas, torturas, etc.
Los objetivos y las víctimas de estos grupos no sólo vienen a ser los guerrilleros y sus
agrupaciones, y las personas identificadas claramente como elementos de oposición
política, sino también las personas sobre quienes pesa la sospecha o el más mínimo
indicio de simpatizar con unos u otros, o de prestarles colaboración o auxilio. Como
consecuencia de los actos de dichos cuerpos paramilitares, que proceden de la manera más
discriminada y arbitraria, cientos de personas inocentes resultan víctimas de este
terrorismo contra insurgente.
3. Dentro del desarrollo de esta espiral de violencia pro-gubernativa y
anti-gubernativa, agravada a partir de 1966, la rudeza de la lucha fue conduciendo al
país a una situación de verdadero "Estado de Terror", esto es al nivel más
extremo de violencia. En este estado de cosas, el terror vino a constituir, además, un
arma de represión social contra los sindicatos, los grupos de oposición, las
universidades, los partidos políticos, las cooperativas, las ligas campesinas miembros de
la iglesia, periodistas, y, en fin, contra todas las entidades críticas al Gobierno, en
contra de las cuales se han practicado toda clase de agresiones y atentados cuya autoría
fue siempre negada por las autoridades oficiales y policiales, en tanto que se las
atribuían indistintamente, y a veces hasta simultáneamente, a los aludidos grupos
paramilitares.
En efecto, antes de las elecciones presidenciales de 1966, el 6 de
marzo, 28 sindicalistas y líderes del Partido Guatemalteco de Trabajadores (PGT) fueron
arrestados y desaparecieron. Ello tuvo lugar en circunstancias en que asistían a una
reunión supuestamente clandestina. El hecho fue atribuido a las fuerzas de seguridad del
gobierno, pero las autoridades policiales y militares negaron terminantemente conocer
sobre la captura de los sindicalistas. Cuatro meses más tarde, sin embargo, de acuerdo a
las informaciones recibidas, algunos de los que habían participado por encargo de las
fuerzas de seguridad en el arresto de dichas personas reconocieron que las 28 personas
habían sido detenidas, torturadas y asesinadas.
4. Triunfante en los comicios de 1966, Julio César Méndez Montenegro,
dirigente del Partido Revolucionario (PR), durante su gobierno, en el que tuvo gran
influencia el Ejército, se dio inicio a una intensa campaña en contra de las guerrillas,
designando para tal efecto, como Director de estas operaciones al Coronel Carlos Arana
Osorio, quien en octubre de 1966 inició la ofensiva sobre la zona de los Departamentos de
Izábal y Zacapa, logrando exterminar casi totalmente las guerrillas rurales con un saldo
de tres a ocho mil muertos, en su gran mayoría, campesinos.
5. El año 968 los excesos de las organizaciones paramilitares llegaron
a tales extremos que produjeron una reacción aún dentro del propio gobierno. En el mes
de marzo de dicho año, la "Mano Blanca" raptó y mantuvo bajo secuestro al
Arzobispo de Guatemala Monseñor Mario Casariegos, con el propósito de responsabilizar de
este acto a las guerrillas de izquierda. El hecho produjo tanta indignación y la huella
de la "Mano Blanca" fue tan difícil de ocultar, que se vieron obligados a
soltar al religioso. Además, tal situación provocó una crisis política que trajo como
consecuencia la caída del Ministro de Defensa, del Jefe de la Policía Nacional y otras
autoridades, y que el Coronel Carlos Arana Osorio fuera retirado de su cargo y enviado
como Embajador a Nicaragua. La aplicación de estas medidas produjo un amenguamiento de la
violencia de carácter transitorio, hasta que en agosto de 1968 el Embajador de los
Estados Unidos John Gordon Mein fue asesinado a tiros en un frustrado intento de secuestro
de parte de un grupo guerrillero izquierdista. Asimismo, fue secuestrado y asesinado el
Embajador de Alemania.
6. En 1969 el Coronel Carlos Arana Osorio regresó a Guatemala como
candidato a la presidencia de la República, cargo que asumió poco después de haber
ganado las elecciones presidenciales en ese país. Con su ascensión al poder, el Coronel
Arana reinició las operaciones de contra insurgencia. En el discurso con que aperturó
las actividades de su gobierno el Presidente Arana manifestó que al haber sido elegidos
él y su compañero de fórmula, se les había dado un mandato: "Pacificar el país y
acabar con la ola de crímenes". "Ustedes no nos han impuesto condiciones ni nos
han dicho cómo". Al iniciar su gobierno, declaró el estado de sitio y suspendió
todas las garantías constitucionales expresando su intención de eliminar, por cualquier
medio, la insurgencia izquierdista en Guatemala.
En 1971 el número de denuncias por personas desaparecidas o asesinadas
alcanzó niveles alarmantes. En tal oportunidad, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos dirigió solicitudes de información al Gobierno de Guatemala en el mes de mayo de
1971, septiembre de 1972 y nuevamente en junio de 1973. De acuerdo con la información
entregada a la CIDH por el Comité de Familias de Personas Desaparecidas, el número de
muertos y desaparecidos durante los años 1970 y 1971 llegó a siete mil personas. El año
1973, este mismo Comité presentó a la Comisión un nuevo listado que incluían una
relación que superaba el número a quince mil personas.
Durante el gobierno del Presidente Arana Osorio, las Fuerzas Armadas y
policiales adquirieron la estructura que hoy todavía mantienen, creándose también el
organismo denominado Policía Militar Ambulante. Durante este período, asimismo, se
denunció ante la Comisión el acrecentamiento de la influencia de las fuerzas militares y
policiales sobre la organización política del país y la notoria acumulación de
riquezas, dentro del sector militar dominante, mediante la adquisición de grandes
extensiones de terrenos y la obtención de importantes concesiones petroleras y mineras.
7. En el mes de julio de 1974 asumió la Jefatura de Estado el General
Kjell Laugerud García, quien fuera anteriormente Ministro de Defensa y Jefe del Estado
Mayor del Ejército. El cuestionado triunfo electoral del General Laugerud García sobre
el candidato Ríos Montt, produjo una ola de protestas por denuncias de fraude electoral.
El clamor popular dio lugar a nuevos actos de violencia indiscriminada. A pesar de que en
esta ocasión el número de muertos y desaparecidos no alcanzó los niveles antes
observados, entidades de derechos humanos de Guatemala estiman que, en cambio, en esta
oportunidad se aplicaron nuevas estrategias destinadas a crear un intenso pánico en la
población.
En primer término, durante esa época el Escuadrón de la Muerte y el
Ejército Secreto Anticomunista (ESA) publicaron listas de personas sentenciadas a muerte,
las cuales incluían los nombres de conocidos líderes de partidos políticos de
oposición, así como líderes laborales y otros líderes de la comunidad guatemalteca.
Como resultado del asesinato y ejecución de las personas cuyos nombres aparecían en las
aludidas listas, muchas otras personas que también estaban incluidos en las mismas,
optaron por abandonar precipitadamente el país. El éxodo "voluntario" y
significativo de políticos importantes de Guatemala podría ser un ejemplo de la eficacia
de los métodos de terror utilizados para eliminar, por aparente propia decisión, a los
líderes de la oposición. Una segunda estrategia habría sido el llevar a cabo, a través
de dichos grupos paramilitares, ejecuciones y desapariciones de personas manteniendo, en
relación con las mismas, el más completo silencio, o sea no anunciando una ejecución,
ni luego de efectuada atribuirse la paternidad de la misma. Esta nueva estrategia de
guerra psicológica, se dice, sería mucho más efectiva aún, ya que el terror
desconocido es todavía peor que el que se conoce. Habría que agregar también como una
estrategia más puesta en práctica durante este período, y que aún se continúa
utilizando, el realizar actos de violencia y terror por medio de los grupos paramilitares
con el propósito de implicar y responsabilizar de los mismos a las guerrillas.
8. En los últimos años, la principal oposición al Gobierno ha
surgido principalmente de las organizaciones laborales, los grupos políticos de
opositores, los grupos universitarios y algunos grupos campesinos, los mismos que, en su
mayoría, estaban desarmados. A mediados de los años 70, sin embargo, se formó una nueva
fuerza rebelde denominada Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) a la que se ha unido
la Organización del Pueblo en Armas (ORPA). Estos grupos, con otros más pequeños, han
anunciado que sumarán esfuerzos en favor de la resistencia popular armada dentro de los
niveles político-militares. Esta tendencia de consolidar esfuerzos ha sido también
evidente entre los grupos de resistencia no armados. Informaciones recientes sobre el
número de estas organizaciones y el número de sus miembros, parecen indicar que las
fuerzas gubernamentales habrían subestimado la importancia de esta resistencia en
Guatemala, la cual contrariamente a lo supuesto por las fuentes oficiales, tendrían mucho
más importancia de la que se les habría atribuido, y que dicha resistencia se mantiene
activa no obstante el número elevadísimo de dirigentes civiles que han sido asesinados.
9. En los últimos meses, la violencia política y social se ha
agudizado en Guatemala, con ostensible perjuicio para el Derecho a la Vida y otros
derechos fundamentales de la persona humana.
La situación anterior se ve agravada porque los autores de los hechos
violatorios de los derechos humanos gozan de completa impunidad, sin que la Comisión haya
recibido del Gobierno de Guatemala indicios de que los responsables estén siendo
enjuiciados o se hayan tomado medidas para ello.3
10. Esta violencia, proveniente tanto de los grupos armados terroristas
de derecha y de izquierda, llevan a la Comisión a que ésta insista una vez más en su
conocida doctrina sobre la materia. La Comisión reiteradamente ha subrayado la
obligación que tienen los gobiernos de mantener el orden público y la seguridad personal
de los habitantes del país. Con tal objeto, los gobiernos deben prevenir y reprimir, aún
enérgicamente, los actos de violencia, ya sea que quienes los cometan sean funcionarios
públicos o personas privadas, ya sea que sus motivaciones sean de orden político o no.
En la vida de cualquier nación, las amenazas al orden público o a la
seguridad personal de sus habitantes que emanan de personas o grupos que utilizan la
violencia pueden llegar a alcanzar tales proporciones que exijan suspender temporalmente
el ejercicio de ciertos derechos humanos.
La mayoría de las Constituciones de los países americanos aceptan
tales limitaciones e incluso preveen algunas instituciones, como el estado de emergencia o
el estado de sitio, para tales circunstancias. Por supuesto que para que puedan adoptarse
tales medidas deben mediar consideraciones de extremada gravedad, ya que su implantación
debe obedecer precisamente a la necesidad de preservar aquellos derechos y libertades que
han sido amenazadas con la alteración del orden público y la seguridad personal.
Sin embargo, es igualmente claro que ciertos derechos fundamentales
jamás pueden suspenderse, como es el caso, entre otros, del derecho a la vida, del
derecho a la integridad personal, o del derecho a un debido proceso. En otros términos,
los gobiernos no pueden emplear, bajo ningún tipo de circunstancias, la ejecución
sumaria, la tortura, las condiciones inhumanas de detención, la negación de ciertas
condiciones mínimas de justicia como medio para restaurar el orden público. Estos medios
están proscritos en las Constituciones y en los instrumentos internacionales, tanto
regionales como universales.
Cada gobierno que enfrenta una amenaza subversiva deberá, en
consecuencia, escoger entre, por una parte, el camino del respeto al imperio del derecho,
o por otra parte, caer en el terrorismo estatal. Cuando un gobierno goza de un amplio
apoyo popular, la escogencia del primer método será siempre exitosa como lo han
demostrado varios países tanto en el pasado distante como en el más reciente.
Por otra parte, el camino del respeto al imperio del derecho no
excluye, en ciertas circunstancias, la adopción de medidas extraordinarias; allí donde
la situación de emergencia es verdaderamente grave, pueden imponerse ciertas
restricciones, por ejemplo, a la libertad de información o limitarse el derecho de
reunión dentro de los límites que señala la Constitución. Incluso, en casos más
extremos, las personas pueden ser detenidas por corto tiempo sin necesidad que se le
imputen cargos específicos. Es cierto que estas medidas pueden llegar a significar un
riesgo de que se pierda el imperio del derecho; pero aquello no es inevitable si los
gobiernos actúan responsablemente; si registran los arrestos e informan a las familias de
las detenciones; si dictan órdenes estrictas prohibiendo la tortura; si entrenan
cuidadosamente las fuerzas de seguridad, eliminando de ellas a los sádicos o sicópatas;
si, en fin, existe un Poder Judicial independiente dotado de suficientes atribuciones como
para corregir con prontitud cualquier abuso de la autoridad.
C.
Muertes Atribuidas a las Autoridades Gubernamentales o a sus Agentes
1. La Comisión ha venido recibiendo, en forma regular y constante,
dentro de estos últimos cuatro años, numerosas denuncias, testimonios, documentos e
informaciones en las que se imputan a las autoridades gubernamentales y a las fuerzas de
seguridad innumerables actos que implican gravísimas y sistemáticas violaciones al
derecho a la vida.
2. Tales denuncias, documentos, testimonios e informaciones han llevado
a la Comisión a la conclusión inequívoca de que en Guatemala las casi diarias
ejecuciones extrajudiciales de miles de personas o las detenciones extrajudiciales que se
traducen después de desaparecimientos se deben a la acción, en uno y otro caso, de las
fuerzas de seguridad legalmente constituidas o a los grupos paramilitares de civiles que
actúan con el conocimiento y generalmente con la estrecha cooperación con las
autoridades gubernamentales.
3. Dentro de las numerosas denuncias e informaciones relativas al
derecho a la vida en Guatemala que la Comisión ha recibido, puede, en términos muy
generales, hacerse una clasificación de las violaciones al derecho a la vida imputadas a
las fuerzas de seguridad en tres grandes grupos:
(i) Ejecuciones extrajudiciales y asesinatos en las calles; (ii)
Muertes masivas de campesinos e indígenas; y (iii) los desaparecidos. Por su especial
importancia la Comisión se referirá a estas dos últimas situaciones en secciones
especiales.
4. En lo que toca a ejecuciones extrajudiciales mediante asesinatos en
las calles, la Comisión, por su trascendencia y como un ejemplo caracterizado de esa
situación, se referirá a continuación al asesinato de Alberto Fuentes Mohr (Caso N°
3740), en el cual la CIDH recibió la siguiente denuncia:
El día jueves 25 de enero de 1979, el ex-Ministro de Relaciones
Exteriores de Guatemala, Alberto Fuentes Mohr, fue asesinado en la ciudad de Guatemala, en
la Avenida de la Reforma y Primera Calle, Zona 10, a la una y media de la tarde. Los
asesinos, que dispararon con ametralladoras desde dos vehículos y motocicletas, hirieron
gravemente a una pariente del Dr. Mohr, la cual había presenciado el incidente.
Otro testigo del hecho, ex-agente de la policía secreta, fue asesinado
al día siguiente.
Se sospecha que los atacantes provinieron de la Guardia de Honor que
queda a unas tres cuadras del sitio del asesinato.
No se levantó acta de defunción en el sitio del asesinato como la ley
manda, y las autoridades no han hecho ninguna investigación del asesinato.
La denuncia pertinente fue puesta en conocimiento del Gobierno de
Guatemala el 14 de febrero de 1979 y al no recibirse respuesta alguna, se reiteró con
fecha 16 de diciembre del mismo año con la advertencia de que si dentro de un plazo
razonable no se obtenía la contestación correspondiente, la CIDH consideraría la
posible aplicación del Artículo 39 del Reglamento, presumiendo verdaderos los hechos
denunciados.
El 20 de enero de 1981, el Gobierno de Guatemala remitió a la
Comisión una comunicación expresando, sobre el particular, lo siguiente:
Con relación a este asunto, me permito manifestarle lo siguiente:
1. De conformidad con Oficio número 023 del 15 de enero de 1980, del
Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, el Proceso sobre
averiguar la muerte del Dr. Héctor Alberto Fuentes Mohr que lleva el número 109/79 y que
está a cargo del Oficial Primero del Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal del
Departamento de Guatemala:
a) Se encuentra actualmente en fase sumaria;
b) El proceso se inició en el Juzgado 13° de Paz del Ramo Penal, el
día 25 de enero de 1979, fecha en la que se practicó inspección ocular en el lugar de
los hechos, y el mismo Juez ordenó hacer la investigación correspondiente al Jefe del
Cuerpo de Detectives de la Policía Nacional.
Al recibir las diligencias el Juez Noveno de Primera Instancia del Ramo
Penal, tomó declaración de la señora Sherly Ann Knight Hagne de Fuentes, esposa del
Doctor Héctor Alberto Fuentes Mohr, y a la señora Ana María Méndez de Rodríguez.
Asimismo, ordenó a la Sección Judicial del Ministerio Público, la
investigación de los hechos que dieron origen al proceso.
En autos se encuentra el informe de la Sección Judicial del Ministerio
Público, siendo vedado por la Ley revelar el contenido del mismo, por el estado sumarial
de las actuaciones judiciales, de conformidad con los Artículos 14 y 309 del Código
Procesal Penal.
2. El Ministerio Público, desde el 25 de enero de 1979 envió un
Memorial al Juez que conoce del caso, constituyéndose en Acusador en el indicado Proceso.
Es decir, el Estado de Guatemala a través del Ministerio Público es Acusador en el
Juicio mencionado.
3. En el referido Proceso Criminal actúa como Acusador Privado la
señora Ann Knight Hagne de Fuentes.
Por su parte, la Sra. Shirley viuda de Fuentes Morh, comentando el
oficio N° 023 de 15 de enero de 1980 del Presidente de la Corte Suprema de Guatemala, al
que se refiere la comunicación gubernamental en el oficio transcrito, señaló:
Siento que tengo el deber de contribuir, aunque sea de una manera muy
modesta, a que termine en Guatemala la actual ola de crímenes. Mi marido, Alberto Fuentes
Mohr, fue asesinado por haber intentado esto mismo; por haber denunciado la represión
desatada por el gobierno contra el pueblo de Guatemala; por haber tratado de organizar una
apertura política, pacífica y democrática basada en el respeto a los derechos
fundamentales de la gran mayoría de los guatemaltecos. Para impedir esto no vacilaron en
asesinarlo.
Ha pasado ya más de un año desde que fuera acribillado en pleno día,
en una de las avenidas principales, en medio de un tráfico intenso y a una cuadra de un
gran cuartel militar. Sin embargo, al cabo de más de un año, no hay un acusado, ni
siquiera un detenido; y la reciente carta de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala
refiriéndose a presuntas actuaciones judiciales, no tiene más propósito que simular una
investigación inexistente para neutralizar a la opinión pública y a los organismos
internacionales; y para impedir la identificación y castigo de los verdaderos culpables
que son los grupos terroristas en complicidad abierta o velada, con el régimen.
Hasta ahora, no se ha logrado reducir la represión ilegal y
arbitraria. Después de mi marido han continuado los asesinatos de guatemaltecos de toda
condición. Figuras políticas prominentes como Manuel Colom Argueta, acribillado a las 11
de la mañana, también en pleno centro, ultimado dos meses más tarde que mi esposo sin
que hasta ahora haya un detenido ni un acusado; el secretario general de la Asociación de
Estudiantes Universitarios, Oliverio Castañeda, de 23 años de edad, y uno de los más
destacados exponentes de la joven generación guatemalteca, fue abatido también a
mediodía, apenas a media cuadra del Parque Central y del Palacio de Gobierno, con la más
absoluta impunidad.
He nombrado a algunas de las personas más prominentes que han sido
víctimas de esta represión sanguinaria e insensata desde mediados de 1978. No han sido
los únicos. Son numerosos los políticos de oposición, los sacerdotes, los periodistas
que han pagado con su vida el haber denunciado los abusos del régimen, como lo demuestra
la rigurosa documentación preparada por Amnesty International y que ha sido distribuida
con motivo de la denuncia por atropellos a los derechos humanos en Guatemala. Pero la
represión no se ha limitado tampoco a quienes, de alguna manera, disponían de una cierta
capacidad de liderazgo y de resonancia para sus opiniones. Por el contrario, procurando
paralizar por el terror masivo la resistencia de las capas más humildes de la población,
son innombrables los campesinos y trabajadores que han pagado con su vida el haber
intentado defender sus derechos o sus pobres intereses, tratando de organizarse para
impedir o atenuar su sistemática violación.
5. Asimismo, cabe mencionar entre los asesinatos de líderes y
personalidades del mundo político guatemalteco, el caso del licenciado don Manuel Colom
Argueta, dirigente del Frente Unido de la Revolución y prominente ex-Alcalde de la ciudad
de Guatemala. El hecho es atribuido a la Sección de Inteligencia del Ejército, G-2 con
participación de 9 a 12 vehículos pertenecientes a las Fuerzas Armadas de ese país,
así como el asesinato del líder universitario Oliverio Castañeda.
En relación con la muerte de estas y otras destacadas figuras
políticas, sindicales, religiosas, y de muchos otros importantes sectores del quehacer
nacional, no se conoce ningún esfuerzo exhaustivo de parte de las autoridades
guatemaltecas para investigarlos y para sancionar a los responsables de los mismos.
Entre los asesinatos más recientes cabe también señalar el de Jorge
Romero Imeri, Director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San
Carlos, quien fue capturado por Fuerzas de Seguridad en marzo de 1981, en la ciudad de
Guatemala, y su cuerpo fue identificado por su esposa en junio del mismo año en la
localidad de Masatenango, el que presentaba señales de bárbaras torturas; los de Oscar
Bonilla, Carlos Amancio Ortiz y Carlos Enrique Tuch, profesores de la Facultad de Derecho
de la Universidad de San Carlos, quienes fueron asesinados en la ciudad de Guatemala en
mayo de 1981. En febrero del mismo año habían sido asesinados los también profesores
universitarios Mario Arnoldo Castro Pérez, José Gerardo Reyes Alvarez, y Guillermo
Alfonso Mozón Paz. En marzo de 1981 fue asesinado también en la ciudad de Guatemala, el
Profesor de la Universidad de San Carlos, Jorge Palacios Motta. Estos crímenes se suman,
entre otros, al asesinato entre marzo y septiembre de 1980 de 27 miembros del personal de
la Universidad de San Carlos de Guatemala.
D.
Muertes Masivas de Campesinos e Indígenas
1. A continuación se resumirán las situaciones presentadas en
distintos testimonios y denuncias referentes a casos de matanzas de miembros de las
comunidades indígenas ocurridas en las poblaciones de Panzos, Olopa, Chajul, Nebas y Río
Negro, culminando con los sucesos en la Embajada de España en Guatemala.
a) Muertes de Panzos
2. Panzos es un pequeño poblado situado en el valle de Polochic, del
Departamento de Alta Verapáz al Norte de Guatemala. Los habitantes de la región son
indígenas Kekchies, quienes han sido despojados paulatinamente de sus tierras.
Según informaciones y testimonios recibidos por la CIDH, el 29 de mayo
de 1978 alrededor de 700 campesinos, procedentes de diferentes aldeas del municipio de
Panzos, se congregaron en la plaza principal porque, según comunicado de las autoridades
del lugar, se les iba a entregar un mensaje procedente de la ciudad capital. Este mensaje
sería la respuesta, creyeron ellos, a los memoriales que habían sido elaborados por los
campesinos, en donde exponían su situación agraria, demandaban una repartición justa de
la tierra, que se les entregaran los títulos de propiedad que legalmente les
correspondían y que cesaran los desalojos de que venían siendo objeto, tanto por parte
de los finqueros de la región, como por parte del ejército.
Cuando los campesinos se encontraban ya reunidos en la plaza, miembros
del ejército nacional, así como varios finqueros armados comenzaron a dispararles. Los
campesinos se encontraban indefensos, portando únicamente sus machetes y sus palos que
son instrumentos de trabajo agrícola. Hombres, mujeres, niños, ancianos fueron cayendo
mortalmente heridos. Provocaron la muerte de más de 130 personas e hirieron a un número
indeterminado de personas.
Los heridos se negaban a recibir asistencia, por temor a que se les
fuera a rematar y al tratar de huir los sobrevivientes cayeron en las turbulentas y
caudalosas aguas del río Polochic, donde perecieron ahogados.
Después de cometida esta masacre se produjo un gran operativo militar
en toda la región. Los heridos tuvieron que esperar varias horas tirados en las calles, a
que llegara la asistencia médica autorizada por el ejército. Los muertos quedaron en los
lugares donde cayeron durante varias horas y fueron recogidos finalmente por dos camiones
oficiales en los cuales fueron llevados a una fosa común preparada con anticipación.
Los testimonios de los sobrevivientes coinciden en señalar que todos
los campesinos iban desarmados, que fueron citados para darles lectura del documento que
supuestamente llegaba de la capital. Ellos, más de 700 campesinos, fueron sorprendidos
por la metralla y masacrados impunemente por soldados del ejército.
b) Las Muertes de los Campesinos de Olopa4
3. La CIDH recibió la siguiente denuncia:
i. Denunciamos al Pueblo de Guatemala, los abusos que están sufriendo
los campesinos de las aldeas El Rodeo, Amatillo, Agua Blanca, El Camalote, Tunoco,
Carrizalito y otras del Municipio de Clopa, Chiquimula, y la represión que han desatado
contra sus familias las autoridades locales.
ii. Según denuncian los campesinos de esa zona, la Policía Militar
Ambulante de Monteros, Esquipulas, ha asesinado a más de cien campesinos, entre ellos
algunos catequistas, 15 mujeres y 40 niños, de 1977 hasta la fecha.
iii. Esta situación de represión se ha agudizado desde el pasado mes
de septiembre, cuando la PMA por orden de los finqueros del lugar, César Lemus y Domingo
Interlaro, secuestró a ocho campesinos de sus casas, apareciendo después ahogados en el
río unos y ahorcados otros. El 26 de septiembre, nuevamente la PMA secuestró a 15
campesinos, asesinándolos después. Al día siguiente, el 27, el Alcalde Auxiliar de
Amatillo, Francisco García, se dirigió al Juzgado de Olopa a dar parte de los hechos y a
solicitar la identificación de los cadáveres para poder enterrarlos. Sin embargo, esa
misma noche fue igualmente secuestrado y asesinado. Los campesinos no han podido enterrar
a sus familiares y vecinos, ya que se exponen ellos también a ser víctimas de la
represión.
iv. Denunciamos también la forma salvaje y criminal como la PMA está
reprimiendo a la población de esa zona. Según manifiestan los compañeros campesinos, al
llegar la policía a sus ranchos, agarran a los niños y con la espaldita contra la
rodilla, los tronchan; a las mujeres las ahorcan, a los hombres los ahogan en el río o
los matan a balazos. Todavía después, queman sus ranchos y sus siembras.
v. Hace apenas unos meses repudiábamos la Masacre de Panzos y hoy
vemos con indignación y cólera cómo, por la ambición desmedida de unos pocos
terratenientes y la complicidad de las autoridades, se repite la historia en las aldeas de
Olopa. Los finqueros César Lemus y Domingo Interiano, pretenden robarles las tierras a
los campesinos. Actualmente no los dejan recoger la cosecha de los cafetales y frijolares,
robándoselas para venderla después; les botan los cercos y meten ganado sin importarles
arruinar las siembras que son la vida misma de los campesinos.
vi. Como consecuencia de esta represión, las aldeas El Zarzal, Piedra
Amolar y El Amatillo han quedado prácticamente abandonadas, ya sea porque han matado a
los campesinos o porque han tenido que salir de la represión desatada en Olapa. Los
terratenientes persiguen que los campesinos desesperados por esta situación de terror
abandonen sus tierras, para ellos poder extender ilegalmente sus propiedades.
La Comisión dio trámite a la denuncia.
El Gobierno de Guatemala en nota del 1° de marzo de 1979, le
respondió lo siguiente:
i. Me es grato proporcionarle a continuación la información exacta en
relación a los hechos denunciados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los
vecinos de las aldeas Carboneras, municipio de Esquipulas; Juipilingo, Zarzal, Monteros,
San José Las Lágrimas, el Rodeito, Tunucó, San Antonio y el Carrizal, de los municipios
de Olopa y Camotán, fueron víctimas desde 1977, de incursiones de bandoleros armados que
cometieron toda clase de delitos, como violación, secuestro, asesinato, incendios de
casas y ranchos de los moradores, así como de sus siembras, robo de pertenencias y
animales, etc., a tal extremo fueron hostigados por los forajidos, que quienes quedaron
vivos optaron por abandonar sus ranchos y viviendas, habiéndose internado en las
montañas, y algunos se marcharon a Honduras temerosos de sufrir la misma suerte de los
demás. Finalmente, solicitaron la protección del Ejército la cual se les proporcionó,
y entonces retornaron a sus hogares.
ii. Para mayor ilustración, me permito adjuntar los ejemplares de
fecha 6 de diciembre de 1978, de los Diarios El Gráfico, Impacto y Diario de Centro
América, así como La Hora del 7 de diciembre del mismo año, en cuyas páginas se narra
con detalles y fotografías los hechos en la forma como sucedieron y la participación del
Ejército de Guatemala, la cual fue solicitada por los propios vecinos víctimas de las
amenazas, y quienes muestran su complacencia y patentizan su agradecimiento a las
autoridades militares, por haberles dado la protección que solicitaron, para defenderse
de los ataques e incursiones de los bandoleros y forajidos.
c) La matanza de Chajul
4. El 6 de diciembre de 1979, nueve campesinos de Uspantán fueron
secuestrados por el Ejército Nacional. En el mes de diciembre del mismo año dos de los
campesinos lograron escapar.
El Ejército llevó a los 7 campesinos en helicópteros hasta Chajul, y
cuando llegaron los vistieron a todos de uniformes verde olivo, les dieron viejas
escopetas que no funcionaban y los hicieron caminar solos por la carretera hacia Chajul.
En este camino los soldados los emboscaron y mataron a todos diciendo que eran
guerrilleros que habían querido asaltar el destacamento de Chajul. Los campesinos fueron
enseñados a toda la gente que pasaba en la carretera y el Ejército llamó al Alcalde de
Chajul para que enterrara a los siete cadáveres, los que fueron sepultados en el
cementerio de Chajul, los metieron a todos en dos hoyos, después de haber quemado con
gasolina uno de los cuerpos.
Después de 20 días de la matanza, el ejército inició una escalada
represiva en Chajul, combinando rastreos, controles, presencia masiva de carácter
militar, cateos a las casas y secuestros de campesinos.
Las víctimas fueron Gaspar Chávez Pacheco, Pedro Chávez Caba,
Antonio Chávez Caba, Gaspar Laines, Salvador Bop, Luca Caba, y Tomás Caba.
d) Los Sucesos de Nebaj
5. El municipio de Nebaj está situado en el Departamento de Quiché,
en la parte nor-occidental del país y se encuentra localizado en una de las regiones más
densamente pobladas de Guatemala. Muchas familias campesinas han sido desalojadas de sus
tierras, como en el caso de Panzos. Los campesinos indígenas, ante estos despojos de
tierras se han organizado para luchar por sus legítimos derechos. En el caso de los
indígenas cada vez que se expande la frontera agrícola del país, que nuevos territorios
son colonizados o entregados a la explotación de compañías extranjeras, ellos son
obligados a abandonar las tierras que tradicionalmente han cultivado y que les pertenecen
desde finales del siglo pasado.
Para desalojar a los campesinos indígenas del lugar, se utilizan
formas legales o aparentemente legales o ilegales. En cuanto a las primeras, los grandes
terratenientes del lugar presentan documentos que los hacen propietarios de grandes
extensiones, lo que significa que los indígenas, que muchas veces no pueden probar su
derecho consuetudinario a la tierra, deben ser desalojados. Con respecto a las formas
aparentemente legales, el Ejército de Guatemala envía grandes contingentes de tropas
para atemorizarlos y reprimirlos y así poder efectuar los despojos con mayor facilidad.
Los hechos de Nebaj, fueron los siguientes:
El día 2 de marzo de 1980 el Ejército Nacional ubicado en Nebaj, le
comunicó a todos los habitantes que todos los hombres mayores de 14 años deberían
presentarse en el destacamento militar del lugar con el objeto de recibir una
"tarjeta de control militar". Según las indicaciones del ejército, sin esa
tarjeta nadie podría abandonar el pueblo. Esto naturalmente es una medida ilegal ya que
no existe ninguna obligación por parte del ciudadano a portar ninguna otra
identificación que no sea la cédula de vecindad.
Unos 8.000 hombres aproximadamente, esperaban su turno para obtener el
documento de control militar. El proceso era lento, era además día de mercado en la
localidad de tal manera que se provocó una aglomeración marcada de personas. Como la
gente de las aldeas no estaba preparada para quedarse en el pueblo y las largas filas
indicaban que esto iba a suceder, varias de las personas que hacían fila, indicaron que
deseaban regresar a sus casas, puesto que no habían llevado alimentos.
Cuando apenas 200 hombres habían obtenido la tarjeta y era evidente
que la estancia se prolongaría por más de dos días, el clamor se generalizó y ante
esta insistencia varios campesinos fueron apresados y quedaron prisioneros en el
destacamento militar.
Al día siguiente, 3 de marzo, un grupo de mujeres reclamó la
exhibición personal de sus esposos, quienes se encontraban presos desde el día anterior
y pidieron el cese de esa situación injusta. El ambiente era tenso y se produjo una
discusión entre los soldados y las mujeres. Ante la solicitud de las mujeres los soldados
respondieron con fuego de metralleta a la multitud que se encontraba aglomerada.
Perecieron en el acto 10 personas, 6 de las cuales eran mujeres y 1 de ellas menor de
edad. Decenas de heridos quedaron tendidos en la plaza también como saldo de este hecho.
e Las Muertes de Río Negro
6. Río Negro es una aldea del Municipio de Pueblo Viejo del
Departamento de Alta Verapáz y en ese municipio se construye el complejo hidroeléctrico
denominado Chixoy que servirá de fuente de energía para toda la región, principalmente
para la explotación de la Franja Transversal del Norte, en donde se encuentran los
yacimientos, más importantes, cupríferos y de níquel explotados, así como los
yacimientos petrolíferos sin explotación hasta el presente.
Según informaciones recibidas por la CIDH, el 4 de marzo de 1980
llegaron a la aldea Río Negro varios elementos del ejército. Llevaban a 3 habitantes del
municipio a quienes habían capturado en el camino y a quienes acusaban de
"subversivos". Al llegar ala aldea los detenidos empezaron a gritar para que la
gente del pueblo supiera que estaban en poder del ejército. Una multitud se aglomeró
alrededor de los vehículos en que se transportaba la tropa. Unos les pedían que soltaran
a los campesinos, conocidos del lugar, otros les pedían que no se los llevaran, que no
los golpearan y que pensaran en sus familias. Al ver que la población se unía, los
soldados ametrallaron a la multitud, dando como resultado 6 personas muertas, entre las
cuales se encontraban 2 mujeres, y 13 personas resultaron heridas.
f) Los Sucesos de la Embajada de España
7. A las 11.00 de la mañana del día 31 de enero de 1980, 29 hombres,
de ellos 23 campesinos de El Quiché, y el resto dirigentes de organizaciones populares de
la ciudad de Guatemala, ingresaron en forma ordenada y pacífica a la Embajada de España.
En el interior de la Embajada se encontraba el Embajador, Dr. Máximo Cajal López, sus
funcionarios y dos visitantes. El ex-Vicepresidente de la República, Eduardo Cáceres
Lehnhoff y el ex-Ministro de Relaciones Exteriores, Adolfo Molina Orantes.
Según diversos testimonios e informaciones recibidos por la Comisión,
la Embajada fue rápidamente rodeada por unos 400 policías. El Gobierno de Guatemala ha
sostenido que la policía llegó a solicitud de la Embajada. El Embajador Cajal López,
así como medios de prensa, radio y televisión, afirmaron que los hechos fueron
diferentes. Los ocupadores ofrecieron salir pacíficamente (en pares) con los rehenes si
la fuerza policíaca se retiraba.
El Embajador, por intermedio del uso de un megáfono, le dijo a la
policía que su presencia no era requerida y señaló que estaban violando la inmunidad
diplomática. Tanto el señor Cáceres como el señor Molina Orantes lo respaldaron,
enfatizando las disposiciones de la ley internacional.
A la 1.30 de la tarde la policía tomó posesión del techo y balcones
de la Embajada. A las 2.00 de la tarde aquellos a cargo de la operación recibieron
instrucciones de sus superiores, por intermedio de la radio de los patrulleros, y a las
2.15 de la tarde rompieron un tragaluz del segundo piso donde estaban los ocupantes y
rehenes. El Embajador les recordó nuevamente que no estaban respetando la inmunidad
diplomática de la Misión. Cuando los periodistas y funcionarios de la Cruz Roja, que
intentaron negociar, salieron de la Embajada, escucharon hachazos rompiendo la puerta de
la sala donde estaban los campesinos y rehenes. Oyeron tres tiros seguidos y una
explosión y se produjo un incendio. El Embajador salió corriendo, gritando "son
unos brutos, son unas bestias". Las últimas palabra del señor Molina Orantes fueron
"Dios, señores qué han hecho". El Embajador fue detenido por la policía
durante diez minutos, en uno de los patrulleros. Un oficial de la Embajada de los Estados
Unidos intervino y el Embajador fue liberado.
El programa de televisión "Aquí el Mundo" reportó que la
policía no hizo nada cuando el fuego empezó. El público en la calle gritaba "se
están quemando vivos, rompan la puerta", mientras tanto la policía se mantuvo
totalmente pasiva.
Después de salir quemado y herido de la Embajada, el Embajador habló
con periodistas españoles. "En todo momento pensé que el asunto podría arreglarse
negociando. Estábamos en mi pequeño despacho unas treinta o cuarenta personas cuando la
policía comenzó a destrozar con hachas la puerta. En ese momento se produjo una gran
confusión, sonaron algunos disparos, no puede precisar de quién, y uno de los ocupantes
lanzó un "cóctel Molotov" contra la puerta. Yo estaba muy cerca de la salida y
salté hacia afuera, con las ropas ardiendo como los leones en los circos".
Según el informe oficial del Gobierno español, "El Embajador de
España intentó repetidas veces entrar en contacto con el Ministro de Relaciones
Exteriores, con el Ministro del Interior y con el Director General de la Policía, sin
obtener respuesta alguna a sus reiteradas peticiones de que la fuerza pública se retirara
de las inmediaciones de la Embajada y se abstuvieran de intervenir".
Ante esta situación, el Embajador Cajal López se dirigió
personalmente al mando de las fuerzas que rodeaban la sede de la Embajada, reiterándole
dicha petición y comunicándole que los ocupantes aceptaban abandonar pacíficamente la
Embajada, en compañía del propio Embajador. A pesar de estas apremiantes gestiones, la
policía irrumpió en la sede de la misma, donde se habían refugiado los ocupantes y sus
rehenes.
Hubo solamente dos sobrevivientes: El Embajador Cajal López y el
campesino Gregorio Yula, que estaba gravemente herido. Los dos fueron internados en el
Hospital Herrera Llerandi.
El 1° de febrero, a las 8.30 de la noche un grupo de civiles
fuertemente armados ingresó al Hospital Herrera Llerandi y secuestró al sobreviviente
Gregorio Yula. Posteriormente su cuerpo fue arrojado desde un auto frente a la oficina del
Rector de la Universidad de San Carlos en la zona doce. En su cuerpo se encontraba una
amenaza que decía: "Ajusticiado por traidor, correrá el mismo riesgo el Embajador
español". El Embajador Cajal López fue trasladado del Hospital Herrera Llerandi a
la Embajada de los Estados Unidos "para asegurar su integridad", según una
fuente diplomática.
Al día siguiente el Gobierno de España rompió relaciones
diplomáticas con Guatemala.
Las víctimas de estos dolorosos sucesos fueron las siguientes:
1. |
Luis Antonio Ramírez Pas |
Estudiante |
2. |
Felipe Antonio García Rac |
Obrero |
3. |
Edgar Rodolfo Negreros Straube |
Estudiante |
4. |
Vicente Menchu |
Cristiano de Chimel Usp. |
5. |
Salomón Tavico Z. |
Campesino del Quiche |
6. |
Gaspar Vi |
Campesino de Chajul |
7. |
Leopoldo Pineda |
Estudiante |
8. |
Mateo Sic Chen |
Cristiano de Chimel |
9. |
Gavina Morán Chupe |
Campesina San Pablo El Baldío |
10. |
José Angel Xona Gómez |
Campesino San Pablo El Baldío |
11. |
Sonia Magaly Welchez Valdéz |
Estudiante |
12. |
Regina Pol Cuy |
Chimel Uspantan |
13. |
María Ramírez Anay |
Chajul Uspantan |
14. |
María Ramírez Anay (hermana) |
Chajul Uspantan |
15. |
Juan Tomás Lux |
Chimel Uspantan |
16. |
María Pinula Lux |
Chimel Uspantan |
17. |
Trinidad Gómez Hernández |
Poblador |
18. |
Mateo Sis |
Campesino San Pablo El Baldío |
19. |
Víctor Gómez Zacarías |
Campesino de Santa Cruz |
20. |
Francisco Tum Castro |
Aldea Los Plátanos, San Miguel |
21. |
Juan Chic Hernández |
Macalahual Uspantan |
22. |
Mateo López Calvo |
Campesino de Sta. Cruz |
23. |
Francisco Chen |
Campesino Rabinal, Baja Verapaz |
24. |
Gregorio Yuja Xona |
San Pablo El Baldío, Usp. |
25. |
Juan Us Chic |
Chimel Uspantan |
26. |
Juan López Yac |
Campesino de Macalajau |
27. |
Juan José Yos |
Campesino Santa Lucía
Cotzumalguapa, Escuintla |
| 28. |
Eduardo Cáceres Lehnhoff |
Ex-Vicepresidente de Guatemala |
| 29. |
Adolfo Molina Orantes |
Ex-Ministro de Relaciones
Exteriores de Guatemala |
30. |
Jaime Ruiz del Arbol |
Embajada de España |
31. |
Luis Felipe Sáenz Martínez |
Embajada de España |
32. |
Lucrecia de Aviles |
Embajada de España |
33. |
Nora Mena Aceituno |
Embajada de España |
34. |
María Teresa Villa de Santa Fé |
Embajada de España |
35. |
Miriam Rodríguez |
Embajada de España |
36. |
Lucrecia Anelu |
Embajada de España |
37. |
Mary de Barillas |
Embajada de España |
|
E. Los
Desaparecidos
1. En lo que concierne al derecho a la vida, el caso de los
"desaparecidos" en Guatemala se manifiesta como uno de los problemas más
graves, dado la forma en que se han producido las desapariciones así como por el
extraordinario número de víctimas.
2. En lo que respecta a sus orígenes, este problema surge en el país
a finales del año 1966, coincidiendo con la intensificación del proceso de la violencia
y del terrorismo político.
Las víctimas se encuentran dentro de todos los sectores de la sociedad
guatemalteca, pero en mayor proporción entre los dirigentes de las organizaciones
opositoras y populares, de los trabajadores, campesinado, maestros, líderes
estudiantiles, y religiosos o sus auxiliares seglares. Los autores o agentes responsables
de los secuestros, detenciones, torturas y posterior asesinato de los
"desaparecidos", por lo general, han sido los agentes de seguridad o las mismas
organizaciones paramilitares que se han descrito anteriormente.
3. De la práctica constante y sistemática de esta forma cruel de
represión tan generalizada en Guatemala, se pueden señalar, según los muchos
testimonios e informaciones recibidas por la CIDH, las siguientes características
típicas:
Las víctimas no son detenidas legalmente, mediante orden o mandamiento
judicial, sino que son prácticamente "secuestradas", en sus hogares, centros de
trabajo, en reuniones, asambleas, o mientras transitan por la vía pública en dirección
a los mismos.
Las detenciones ilegales o secuestros se efectúan por grupos de
individuos fuertemente armados, quienes normalmente llevan metralletas, que se presentan e
identifican verbalmente como pertenecientes a alguno de los distintos cuerpos
investigativos o de seguridad; pero no se informa a nadie de los motivos de su presunta
detención ni de los centros a donde serían trasladados.
Dichos grupos actúan a la luz pública, con total impunidad y se
movilizan en automóvil como los utilizados usualmente por las fuerzas policiales o
fácilmente identificables como pertenecientes a los cuerpos de seguridad por las placas
generalmente deterioradas que llevan, o sencillamente por ser carentes de matrícula
alguna de circulación. Muchos de los secuestros, atentados y detenciones ilegales se
realizan por grupos de hombres que conducen los llamados carros "Bracos" que son
uno de los más utilizados por las fuerzas de seguridad del Gobierno guatemalteco.
La ostensible impunidad con que operan sin que en momento alguno se
produzca ninguna intervención o actuación por parte de otras autoridades o agentes del
orden que estén presentes, en las cercanías, o simplemente son requeridos para actuar a
petición de familiares, amigos, o simples testigos presenciales, hace presumir que
actúan con la complicidad y hasta el apoyo de las fuerzas armadas y policiales.
Las víctimas así aprehendidas desaparecen sin dejar rastros, como si
se esfumaran, sin que se vuelva a tener noticias de sus paraderos.
4. Estas detenciones ilegales ocurren o se llevan a cabo públicamente,
sin "encapuchamiento" de los secuestrados y cuando tienen lugar en los
domicilios de las víctimas no se efectúan saqueos de sus pertenencias ni se solicita
"rescate" ni entrega de sus documentos de identidad. Tampoco se aprehende a los
cónyuges, hijos u otros familiares, salvo excepciones. El objetivo claro es crear el
pánico y la intimidación entre los demás presentes y como sistema, se trata de
conseguir evitar la identificación de los cadáveres cuando éstos pueden llegar a
descubrirse.
5. En algunos casos son llevados excepcionalmente y por muy cortos
períodos a cuarteles de las fuerzas armadas o estaciones de policía, para
interrogatorios. Luego aparecen casi siempre mutilados, y con señales de haber sufrido
brutales torturas, flotando en los ríos, dentro de bolsas plásticas, tirados por las
calles, en las cunetas de las carreteras o en los barrancos.
Como regla general cuando son descubiertos los cadáveres, aparecen
brutalmente desfigurados, desnudos y sin documentos o señas de identificación. En muchos
casos son incinerados, lanzados al mar o dentro de las bocas o cráteres de los volcanes.
También, según se ha logrado descubrir en un gran número de casos, sobre todo cuando se
trata de miembros de comunidades indígenas o campesinas, cuyas poblaciones se han visto
diezmadas con cierta frecuencia, sus cadáveres han sido encontrados ya descompuestos y en
estado de putrefacción, enterrados en grupos, colectivamente, en grandes fosas comunes.
6. La Comisión ha recibido varias denuncias de desaparecimientos de
personas. Algunos ejemplos de recientes desaparecimientos son los casos 7377 de Miguel
Conrado de la Cruz; 7464 de Douglas Sequeira López5;
7733 de Alaide Foppa viuda de Solórzano; y 7822 de Iride Marasso Beltrán y su hijo
menor.
7. En los últimos meses son muchas las desapariciones que se han
producido en Guatemala. Entre éstas figuran las siguientes: Mario Leonel de León Flores,
médico capturado por soldados de la base militar de Huehuetenango el 7 de mayo de 1981 en
la localidad de Chiantla; Ana Elizabeth Ramírez Bautista, María Dolores Castro Orantes,
Iride del Carmen Marasso Beltrán de Burgos y su hijo Ramiro Ignacio Burgos Marasso,
desaparecidos en la ciudad de Guatemala en abril de 1981; Olga Esperanza Vásquez
Masariegos, y María Eugenia y Ligia Monasterio Palacios, desaparecidas en la ciudad de
Guatemala en mayo de 1981; Daniel Rodas Alvarez, Vidaul Romero Rodas, Carmen Cruz Rodas y
Rodas, Erasmo Aguilar, y Benjamín Maldonado, desaparecidos en julio de 1981 en la
localidad El Arbolito, en el área de El Petén; Marco Tulio Galindo, Ovidio Pinto, Israel
Morales, Mariano Manuel y su esposa Angélica Chen, y Fernando Chen, desaparecidos en
junio de 1981 en Rabinal, Departamento de Baja Verapaz, los que fueron encontrados muertos
posteriormente; Lizardo Valdéz y Alejandro Meléndez, desaparecidos en junio de 1981 en
la localidad Nueva Libertad, en el Departamento de El Petén.
F.
Los Cementerios Clandestinos
1. Uno de los fenómenos más graves registrados en Guatemala dentro de
las violaciones al derecho a la vida, lo ha constituido el aparecimiento desde 1979 de los
llamados "cementerios clandestinos", también conocidos a nivel popular, con el
nombre de "botaderos de cadáveres" cuyo objetivo, como el de las "fosas
comunes" encontradas en algunas zonas del interior, ha sido ocultar los cadáveres de
personas desaparecidas que fueron fusiladas masivamente a mansalva en ejecuciones extra
judiciales perpetradas en varios sectores agrícolas y comunidades indígenas y lograr a
través de la descomposición o putrefacción de los cadáveres el hacer imposible la
identificación de las víctimas.
La existencia de estos cementerios es un hecho abominable que ha venido
a añadir nuevos sufrimientos a los millares de familiares de las personas desaparecidas,
quienes ahora en adición a su largo peregrinar entre cárceles, morgues y hospitales,
acuden a las lejanas e inhóspitas zonas donde se encuentran estos cementerios, en
búsqueda de algún dato o indicio que les permita ilusionarse con la posibilidad de
encontrar, entre las osamentas a medio enterrar, a algunos de sus seres queridos.
2. Con posterioridad al descubrimiento accidental del primer cementerio
en el poblado de Comalapa, donde aparecieron enterrados unos 30 cadáveres han estado
ocurriendo últimamente nuevas apariciones de fosas clandestinas; así el día 8 de
febrero de 1981, la propia policía informó de una en donde las autoridades habían
exhumado 17 cadáveres descompuestos, aparentemente todos de hombres, en un llamado
cementerio secreto San Martín Jilotepeque, Chinaltenango, a unos 60 kms. al Oeste de la
capital.
Dos días más tarde, el 10 de febrero de 1981, también fueron
localizados, en un despoblado sector de la capital guatemalteca, los cadáveres de otras 8
personas que habían sido ahorcadas y a quienes más tarde las autoridades identificaron
como un grupo de reos que había sido secuestrado por una patrulla policial en la región
de Quetzaltenango, también al oeste de la capital.
El día 14 de febrero de 1981, en la población de Ipala, Departamento
de Chiquimula, 200 kms. al este de la ciudad de Guatemala, se descubrió por un grupo de
agricultores, otro montículo de cadáveres, semidestrozados por las balas, que según se
dijo, corresponderían a unos 14 campesinos que habían desaparecido días antes en la
región. Conforme a las versiones de la policía, los cuerpos se encontraban desnudos,
muchos mostraban indicación de haber sido degollados o ahorcados y exhibían una clara
perforación en la cabeza, como señal de haber recibido el "tiro de gracia".
Asimismo, el 17 de febrero de 1981, se informó, también esta vez en
Chinaltenango, del hallazgo de otros 13 cadáveres que habían sido cruelmente torturados,
todo lo cual eleva a 52 los cadáveres y a 4 los nuevos cementerios hallados.
G.
El Derecho a la Vida y su Incidencia en la Observación de los Otros
Derechos
La Comisión estima procedente señalar que en Guatemala el derecho a
la vida domina toda la problemática de los derechos humanos.
Como se hará constar en otros capítulos del presente informe, puede
decirse que en la práctica las detenciones llevadas a cabo legalmente, constituyen la
excepción; y que las detenciones de carácter ilegal se traducen en la práctica en el
procedimiento de los secuestros, que en la mayoría de los casos, terminan con la muerte
del secuestrado. Tampoco en Guatemala se pueden hacer referencias separadas o autónomas
al derecho a la integridad y seguridad personal, ya que normalmente las torturas casi
siempre preceden a la muerte de las víctimas.
3. Casi diariamente se produce el secuestro de personas de diferentes
estamentos sociales, pudiéndose comprobar una impresionante cantidad de abogados y jueces
secuestrados; de campesinos que son objeto de este procedimiento en las zonas rurales; de
dirigentes políticos o de miembros de organizaciones políticas opositoras al gobierno;
de dirigentes universitarios, de periodistas y de sacerdotes. Estos casos ponen de
manifiesto la imposibilidad de que se puedan ejercer, con plenas garantías, los otros
derechos inherentes al ser humano, tales como el del debido proceso, la libertad de
religión, la libertad de asociación y la libertad de expresión, entre otros derechos.
4. Lo anterior pone en evidencia que el derecho a la vida se encuentra
permanentemente amenazado, y un testimonio de ello es la relación de los innumerables
casos de personas secuestradas que luego aparecen asesinadas con señales de haber sido
objeto de bárbaras torturas.
Por otra parte, conviene señalar, de acuerdo a informaciones que obran
en poder de la Comisión, que en los casos referentes al derecho a la vida actúan
impunemente los grupos paramilitares a los cuales se sindica de contar con la complicidad
y protección de los agentes de seguridad pública; y que el Gobierno no ha hecho las
investigaciones serias correspondientes que permitan esclarecer estos crímenes.
5. De lo expuesto, cabe concluir que las amenazas amedrentadoras, incluyendo las
publicaciones de listados de los condenados a muerte por los bandos y facciones en pugna;
los secuestros y detenciones arbitrarias con su secuela de subsiguientes desapariciones;
el descubrimiento de cementerios clandestinos; los incontables atentados personales y la
diaria aparición a lo largo del país de cadáveres mutilados y con otras muestras de
haber sufrido brutales torturas antes de su final ametrallamiento, de hecho, han creado en
Guatemala una situación en la que predomina el irrespeto por la vida humana, lo que, a su
vez, ha significado subvertir el Estado de Derecho e inhibir el ejercicio de la gran
mayoría de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y
en la propia Constitución de Guatemala.
