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CAPITULO X
LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS GUATEMALTECOS La mayoría
de la población infantil guatemalteca sufre condiciones inaceptables de
mortalidad, desnutrición, pobreza familiar, desescolarización y fracaso
escolar, y de trabajo infantil irregular, tal como se señala en el capítulo
sobre derechos socioeconómicos. Se
presentan también allí planes del Gobierno para resolver estos problemas,
cuyas metas y logros, aunque loables, sólo reducirán su gravedad en mínima
proporción en el futuro previsible. La Comisión
ha recibido además abundante documentación y denuncias de numerosas
situaciones que afectan los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad
y a las garantías judiciales de numerosos niños guatemaltecos, y que junto
con las condiciones mencionadas anteriormente, están formando generaciones
moldeadas por la carencia, la frustración y el miedo. En varios
capítulos de este informe se analiza la situación de familias de refugiados,
desplazados y comunidades aisladas, que viven en condiciones materiales
indignas y sufren ataques por parte de agentes del Estado, que inciden
negativamente en la integridad física, psíquica y moral de los miles de niños
que las componen, la mayoría de ellos guatemaltecos Maya-Quichés. Otros
casos más específicos que escuchó la Comisión denuncian la insensibilidad
de las autoridades frente a situaciones que ponen en peligro la vida de niños. En noviembre de 1992, fallecieron de desnutrición doce niños
de campesinos de Cajola que desde hace meses estaban acampados al costado de
una autopista urbana en demanda de restitución de tierras que alegaban eran
de su propiedad y de las que fueran desalojados.
Los campesinos habían solicitado ayuda material al Gobierno, sin
resultados positivos. 1. Programas Gubernamentales Con
referencia a estos problemas, el Gobierno ha provisto a la Comisión
documentación sobre sus programas de asistencia a los niños, y en especial a
los que han sido víctimas de la violencia. Así, en
septiembre de 1991, el Presidente Serrano señaló como uno de sus programas
prioritarios de gobierno, el de los hogares comunitarios, donde miembros de la
comunidad especialmente entrenados pudieran cuidar y educar a niños humildes
de 0-6 años, recibiendo cada "madre cuidadora" del Estado 15 Q. por
niño y de la comunidad 20 Q. Señaló
como meta para el año 1996 cuidar
a 50.000 niños, es decir el 3.5% de la población infantil en condiciones de
pobreza. En su
discurso al final de su segundo año de gobierno, en enero de 1993, el
Presidente Serrano señaló que en un año y medio del programa se había
logrado implementar hogares para 1735 niños.
Esto es, para uno de cada mil infantes pobres. También
mencionó en ese discurso que se han creado cuatro centros para seguimiento y
asistencia de niños, uno de Ubicación y Diagnóstico de niños transgresores,
uno de Observación de niños "gaviotas" (o "de la calle"),
de Tratamiento y Asistencia para menores y uno para niñas. En lo
educativo informó que fueron atendidos con la "galleta escolar" y
con bolsas de útiles escolares más de un millón y medio de niños y que en
las ciudades los escolares podrán usar gratuitamente el transporte colectivo
para ir a su escuela. En su
plan de 1991 para las víctimas de la violencia, la Administración Serrano
estimó que había 25.000 viudas[102] y 120.000 huérfanos de la violencia en 14 departamentos de Guatemala,
y que era prioritario responder a sus necesidades a través de la implantación
de programas que faciliten su incorporación a la sociedad y ayuden a su
desarrollo. Los programas estarían
basados en la máxima utilización de recursos locales para reducir su costo y
la movilización social. Información
de septiembre de 1992 indica que los proyectos están beneficiando a 894
mujeres de este grupo y a sus hijos. 2. Maltrato a niños y jóvenes "de la
calle" La Comisión
ha recibido documentación sobre numerosos casos de maltrato, secuestro y
lesiones de niños y jóvenes por fuerzas policiales, sea por sospechas de que
han hurtado, o porque son encontrados en posesión de "pegamento",
cuyos alcoholes son inhalables, o simplemente por encontrarse en lugares públicos
y ser sindicados como sospechosos. Casos
documentados ante las autoridades indican que por la más nimia razón, la
Policía acostumbra castigar a jóvenes y aunque se efectúan las debidas
denuncias policiales y judiciales, los procesos difícilmente se inician y
casi nunca llegan a castigar a los culpables. Por su
parte también, la Policía Militar efectúa redadas ilegales de jóvenes. Los menores son ilegalmente engrillados y trasladados a
dependencias policiales donde se los mantiene detenidos hasta definir su
situación. En uno de esos casos,
el 6 de marzo de 1992, 35 Policías Militares detuvieron de esa manera en un
cruce de avenidas, a 16 muchachos, entre ellos 9 menores de entre 13 a 17 años
de edad. A fin de año la queja
de los ofendidos no había aún sido resuelta por la justicia. Especial
ensañamiento policial parece haber contra los niños y educadores asociados
con "Casa Alianza", una importante asociación que brinda educación,
asistencia y hogar a "niños de la calle" a través de varios
hogares-refugios en la Ciudad de Guatemala.
Solamente durante 1992, se han denunciado más de veinte casos de
hostigamiento contra ellos a través de amenazas telefónicas, anuncios de
bombas a punto de estallar, ataques personales a los educadores, guardianes de
los refugios, y a abogados de la Oficina de Apoyo Legal, falsas diligencias
judiciales tratando de revisar los archivos en computadora que lleva la
asociación, seguimientos de educadores y trabajadores sociales, ataques con
disparos al aire, y similares. En
algunos casos, las amenazas provienen de agentes policiales, jueces, o de
personas de civil en automóviles no identificados.
Resulta claro que los ataques contra Casa Alianza y sus colaboradores,
se basan en su trabajo en defensa de los "niños de la calle" y de
que ha asumido una vigorosa actividad judicial que llevó a la condena de
varios agentes del Estado por maltrato de niños, condenas logradas durante
esta Administración. Debe
destacarse también que en noviembre de 1991, o sea antes de todos estos
hechos, la Casa Alianza firmó un convenio de cooperación con el Ministerio Público,
por el cual ocho de sus colaboradores fueron nombrados auxiliares del
Ministerio Público con el derecho de entrar en cualquier momento a cualquier
centro de reclusión de niños. Uno de
los casos más sonados en los que Casa Alianza logró obtener condenas por
ataques contra niños, fue el de Nahamán Carmona López, muerto después de
ser atacado por cuatro policías el 4 de marzo de 1990.
Luego de varios juicios fallidos, el 22 de julio de 1992 la Corte de
Apelaciones confirmó las condenas, reduciendo el término de prisión a doce
años. Varios testigos del crimen siguen siendo amenazados, dos de ellos,
Vilma Arévalo Deras y Manuel Alcides Martínez debieron dejar el país por
dichas amenazas, y otra testigo, enfermera de la Casa Alianza, fue amenazada,
secuestrada y violada. En marzo de 1992, un miembro de una agencia
privada de seguridad, la cual según información recibida estaba conectada
con la inteligencia militar, fue condenado a diez años de prisión por la
muerte del niño Francisco Chacón Torres el 28 de abril de 1991. En
otros casos, como el de dos policías acusados de la muerte del joven Anstraum
Villagrán Morales (17 años); y el de dos policías militares acusados de la
muerte de Walter Chapetón y Manuel Castellanos, los acusados fueron sobreseídos
pese a abundante evidencia en su contra. Informa
el Gobierno que COPREDEH está coordinando la ejecución de un proyecto a
nivel nacional denominado "Plan Estratégico para Resolver la Problemática
de los Niños de la Calle" con apoyo del Instituto Interamericano de
Derechos Humanos (IIDH) y el que con participación interinstitucional se
espera comenzar a implantar en el primer semestre de 1993. La
Procuraduría de los Derechos Humanos cuenta con la Defensoría de los
Derechos de la Niñez, la que creó además, la Comisión de Prevención del
Maltrato Infantil y la Comisión del Seguimiento al Cumplimiento de la
Convención de los Derechos del Niño. Conclusiones La
gravedad de la situación de la mayoría de la niñez guatemalteca requiere
medidas profundas y masivas para la plena vigencia de sus derechos humanos,
tanto en lo que se refiere a su seguridad física y garantías legales, como a
su situación educativa, familiar, de nutrición, y de su crecimiento físico,
psíquico, y moral. Los
programas indicados en el Plan 1992-1996 representan una adecuada orientación,
pero sus metas y los logros anunciados hasta la fecha muestran la modestia de
las soluciones frente a la magnitud de los problemas. Estas
propuestas de solución se debilitan más aún en la medida en que actos
atribuibles a agentes del Estado muestran la falta de compromiso de muchos de
ellos con una política de respeto a los niños y menores, y con su formación
y crecimiento en libertad y responsabilidad.
La parca respuesta del Poder Judicial a las continuas denuncias
respecto a situaciones que envuelven ataques a menores, o a instituciones que
tratan de preservar su vida, integridad y derechos, contribuye igualmente a
esa situación. [ Índice | Anterior | Próximo ]
[102] En el Programa Oficial de Asistencia a Viudas y Huérfanos,
publicado en septiembre de 1992, se indica que existen 40.000 viudas y
150.000 huérfanos por la violencia. En
el Plan de Acción 1992-1996 de Segeplan citado, se indican que existen
50.000 viudas a raíz de la violencia.
La variación en estas cifras, todas ellas de fuente gubernamental,
evidencia la dificultad institucional para un análisis objetivo de las
consecuencias sociales del conflicto interno. |