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CAPITULO IX
LIBERTAD DE PENSAMIENTO,
EXPRESION, REUNION Y ASOCIACION
I. LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN
1. La legislación nacional
La
Constitución guatemalteca reconoce en su Artículo 5 que ninguna persona podrá
ser perseguida ni molestada por sus opiniones...", y que el derecho a su
libre emisión no puede estar sujeto a censura ni licencia previa (art. 35).
A su vez
la Constitución, al dar preeminencia a los tratados sobre derechos humanos en
el derecho interno, da jerarquía constitucional entre otras a la libertad de
pensamiento y expresión consagradas en el artículo 13 de la Convención
Americana.
El
ordenamiento jurídico guatemalteco contiene garantías específicas para que no
se pueda restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos tales
como el control por el Estado o particulares de mecanismos destinados a impedir
la libre circulación de opiniones, el carácter de interés público reconocido a los medios de
comunicación social y la prohibición de su expropiación, o de cerrarlos o interrumpirlos por delitos referidos a la libertad de
expresión.
Es
importante remarcar que la Constitución guatemalteca es en este sentido más
avanzada que la Convención Americana, ya que reconoce como única limitación a
estos derechos la vida privada (privacidad) y la moral.
La misma
Constitución señala además que una Ley Constitucional regulará todo lo
relativo a la libre emisión del pensamiento, indicando como principio de la
misma entre otros que no deberán constituir delito o falta las publicaciones
que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios públicos
por actos efectuados en el ejercicio de su cargo.
Los funcionarios por su parte tendrán derecho a que un tribunal de honor
decida sobre la veracidad de una publicación; y los abusos del derecho de emisión
deberán ser juzgados privativamente por juicio de jurados.
El acceso
libre a las fuentes de información sin que autoridad alguna pueda limitarlo,
está garantizado en general por la Constitución, y en particular a los
periodistas por la Ley de Libre Expresión del Pensamiento. Límites legales a este
derecho lo constituyen la privacidad, motivos de seguridad nacional en cuanto a
asuntos militares o diplomáticos, la confidencialidad de datos suministrados
por particulares bajo dicha garantía, o el secreto del sumario judicial.
En caso
de Estado de Excepción debidamente establecido, la Constitución autoriza
ciertas suspensiones de las garantías a este derecho que están graduadas de
acuerdo a la excepcionalidad declarada. En
el Estado de Prevención el Ejecutivo puede "exigir de los órganos de
publicidad o difusión, que eviten todas aquellas publicaciones que a juicio de
la autoridad contribuyan o inciten a la alteración del Orden Público"
bajo prevención de proceso por desobediencia o desacato.
En el Estado de Alarma se restringe el libre acceso a las fuentes al "centralizar las
informaciones relativas a la emergencia, en algún funcionario, dependencia u
oficina pública".
En el
estado de Calamidad Pública ese mismo acceso a la información puede ser restringida por el
Presidente, quien está autorizado a "limitar la circulación de vehículos
y/o impedir la salida o entrada de personas a la zona afectada" controlando
así el acceso directo a la información. En
caso de Estado de Sitio existe una amplia transferencia del control social
formal hacia el Ejército que puede en consecuencia censurar o centralizar la
información pública por autorización del Presidente.
La Comisión
entiende que todas estas limitaciones en el caso que deban imponerse deben
interpretarse restrictivamente y aplicarse sólo en aquella medida que esté
justificada por la situación objetiva de excepción establecida.
2. Libertad de prensa
En su
visita al país y a través de distintas informaciones, la Comisión ha podido
comprobar que para los medios de comunicación social dentro de una situación
general de libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, han
reaparecido últimamente limitaciones y atentados contra ellas, y contra los
periodistas. También ha comprobado
que la legislación antedicha y la acción del Poder Judicial ha actuado en
salvaguardia de dichas libertades en muy diversos aspectos, pero su protección
ha sido ineficaz en muchos otros casos.
Existen
en Guatemala 155 emisoras de radio, ocho canales de televisión, cinco diarios y
siete revistas, además de otras publicaciones esporádicas.
El 65% de la población escucha radio con cierta frecuencia, y los
radionoticiosos y telenoticieros tienen alcance nacional. Si bien por lo menos
50% de la población utiliza idiomas indígenas, de las 155 radios, sólo cinco
transmiten en idioma indígena.
Se ha
establecido judicialmente la doctrina del respeto al derecho de libre expresión
por la prensa. En el caso
Carrera-Arce (Corte de Apelaciones, 1988) se desestimó una querella privada por
calumnias; refirmando esta tesis, el Procurador de los derechos humanos, en el
caso Cerda-Bendaña, consideró que una orden de captura de un periodista y de
prisión provisional "violaba el Derecho Humano a la Libre Expresión del
Pensamiento". Desde la vigencia de la
Ley de Libre Emisión del Pensamiento sólo en dos casos se ha dictado sentencia
condenatoria contra periodistas por expresiones que atentan contra el honor.
Debe
remarcarse también el ejemplar avance de la jurisprudencia guatemalteca en lo
referido al secreto profesional del periodista respecto a sus fuentes de
información, criterio que fuera protegido por las cortes guatemaltecas en
repetidas oportunidades. Tal es el
caso "Plan Manila" en el cual el periodista Hugo Arce se negó a
declarar sus fuentes, requerido por el Ministerio Público, y el juez lo
sobreseyó por considerarlo amparado por la garantía del secreto profesional.
Igualmente el caso de Luis Hurtado Aguilar (1985), quien publicó sobre
supuesta corrupción de la Corte Suprema, por lo que fue procesado.
Fue sobreseído en base a la misma garantía.
Desde 1985 no se registran casos en que periodistas hayan sido procesados
sobre esa base. En el mismo sentido, la
Ley (de rango constitucional) de Libre Emisión del Pensamiento ofrece garantías
especiales a la emisión por medios de comunicación social, estableciendo penas
menores para los delitos contra el honor (injurias, calumnias o difamación) o
la seguridad pública cuando son cometidos por mensajes a través de ellos, y
estableciendo un procedimiento especial a través de jurados.
Situación durante este período
Tal como
lo han señalado investigadores guatemaltecos, la justicia penal guatemalteca no ha sido efectiva para establecer los
límites que el derecho al honor establece al derecho de libre emisión del
pensamiento, ya que en siete años no se ha dictado un solo fallo que dirima los
conflictos que se han presentado en este sentido en los varios procesos
iniciados.
La Comisión, en este período, ha seguido recibiendo información sobre incidentes
que limitan o amenazan la libertad de prensa, creando temor que lleva a la
autocensura y aún al exilio de periodistas.
Estos hechos se han acrecentado desde agosto de 1992.
En
algunos incidentes de los que fue informada la Comisión, la autoría no es
claramente atribuible pero consistentemente las víctimas son periodistas o
medios independientes, con perspectiva investigativa y crítica respecto a
abusos por agentes del Estado. Así
ocurrió en los casos de allanamiento violento de la agencia mexicana de
noticias (Notimex) y la persecución a sus periodistas, lo que los obligó a
abandonar Guatemala; así también como en las amenazas contra la Agencia
Italiana de Noticias y contra un corresponsal británico.
Igualmente se produjeron amenazas anónimas contra los reporteros que
cubren los tribunales metropolitanos simultáneas a la publicación de noticias
sobre el proceso a miembros de fuerzas de seguridad en que se los acusa de la
muerte de la antropóloga Myrna Mack. Todos
estos hechos ocurrieron durante la presente administración.
En los
primeros meses de 1992, según informaciones recibidas por la Comisión y que
han sido publicadas en la prensa guatemalteca, reporteros del diario Siglo XXI
han sufrido amenazas y allanamiento de domicilio de uno de ellos en dos
ocasiones. La Comisión fue
informada también que el presentador de un telenoticiero, reconocido por sus críticas
televisivas al Gobierno, fue despedido sin explicaciones por los propietarios
del canal televisivo donde trabajaba, cuya licencia de frecuencia estaba en
proceso de readjudicación por las autoridades.
También
ha recibido la Comisión información sobre los siguientes hechos:
- En diciembre de 1991, Omar Cano y Nestor Hernández, reporteros de
Prensa Libre y Siglo XXI, fueron detenidos temporalmente por un oficial del Ejército
que les incautó material fotográfico. Fueron
liberados rápidamente pero sufrieron amenazas y hostigamiento que hizo
que uno de ellos abandonase el país con su familia por seis meses.
-
Radio Progreso y Radio
Centroamericana, emisoras con programa de teléfono abierto han recibido de
parte de funcionarios amenazas veladas de parte de funcionarios de suspenderles
sus programas, y sufren frecuentes interferencias electrónicas en sus
transmisiones.
- En febrero de 1992 el ciudadano mexicano Ramón de la Mora Bueno,
encargado del programa de radio de la Universidad Autónoma de Chiapas, que se
desplazaba a Quetzaltenango para participar en un seminario sobre radiofonía de CIESPAL (Centro Internacional
de Estudios Superiores de Periodismo) fue asesinado en el municipio de Colomba
Costa Cuca. El Ejército informó
que se trataba de un guerrillero. Luego
de exhumado su cadáver el médico forense verificó que presentaba señales de
tortura y su rostro estaba deshecho. Este
hecho mereció la intervención de la Cancillería mexicana para lograr una
investigación completa de las circunstancias de su muerte.
- En marzo de 1992, 32 emisoras y por lo menos 1 canal de televisión
no habían logrado la prórroga reglamentaria de sus contratos de frecuencia por
parte de las autoridades. Al otorgárseles
prórrogas temporales se establece una situación de dependencia que evita la
libre crítica. La Convención
Americana específicamente prohibe la restricción del derecho de libre expresión
a través de medios indirectos como el abuso del control de las frecuencias
radioeléctricas (art. 13.3).
La
evolución reciente
La Comisión
ve con preocupación que en las últimas semanas de 1992 ocurrieran una serie de
hechos que objetivamente parecen ser una agresión sistemática e intensificada
contra la libertad de prensa:
- El 9 de septiembre de 1992 el corresponsal del Diario Prensa Libre,
periodista Luis Tax, fue amenazado de muerte por cuatro personas no
identificadas que visitaron su domicilio sin encontrarlo.
- El 5 de octubre de 1992, estalló una bomba en las oficinas de la
Revista "Tinamit" en la Capital, y el periodista de la misma, Hugo
Arce, denunció que había recibido amenazas telefónicas de muerte.
- El 4 de diciembre de 1992, Omar Cano Herrera, del diario Siglo XXI,
realizaba una investigación periodística acompañado de agentes de la Guardia
de Hacienda, y funcionarios técnicos del Gobierno sobre la tala desmedida de árboles
en la reserva ecológica La Biósfera Maya, cuando fueron agredidos por
contrabandistas de madera apoyados por agentes militares, capturados, golpeados
y llevados detenidos al destacamento militar de Santa Elena.
El Procurador de Derechos Humanos identificó a los militares
responsables, y los tribunales ordenaron al Ministro de Defensa poner a los
mismos a disposición judicial
antes del 22 de enero de 1993.
El mismo día que el Procurador publicó su informe sobre
el caso Cano, desconocidos robaron públicamente a vendedores de periódicos
6000 ejemplares de "Siglo XXI" y los quemaron en una hoguera pública.
- También en diciembre fue herido de bala el periodista Alfredo Torres
Coyoy, en un incidente aún no esclarecido, por tres soldados; estalló una
bomba en el local de la Asociación de Periodistas de Guatemala, y personas no
identificadas incursionaron y revisaron el domicilio del periodista Hugo
Gordillo.
- El 10 de diciembre en entrevista de prensa en Panamá y luego el 13
de diciembre de 1992, día de las Fuerzas Armadas en Guatemala, el Presidente a
través de la cadena nacional de radio y televisión hizo afirmaciones respecto
a que ciertos organismos de derechos humanos en conjunción con los medios de
prensa habían creado una "industria" de las denuncias sobre
violaciones a los derechos humanos y de llenar las páginas de los medios con
ellas. Estas afirmaciones llevaron
a una enérgica respuesta y a un llamado a reflexionar sobre las mismas por el
Consejo Nacional por la Defensa de los Derechos de los Periodistas integrado por
seis organizaciones gremiales de periodistas y los corresponsales
de las mayores agencias internacionales.
- El 15 de diciembre aparecieron volantes anónimos anunciando una
campaña contrainsurgente y la próxima eliminación de varios periodistas.
- El 22 de diciembre de 1992 explotaron bombas frente al Canal 7 de TV,
la independiente Radio Sonora y a la Asociación Nacional de Periodistas.
Días antes el periodista Axel Jocon, director de la
Agencia Guatemalteca de Noticias, debió salir del país debido a
amenazas contra su vida.
- El 30 de diciembre el Procurador de Derechos Humanos publicó una
"carta abierta" al Presidente Serrano, en que lo invitaba a un auténtico
diálogo con los medios y llamaba la atención sobre que los abusos contra la
prensa eran uno de los "varios factores que contribuyen a sabotear el frágil
proceso democrático".
El
Procurador de los Derechos Humanos se
refirió en su informe de agosto de 1992 al respeto a estos derechos, y señaló:
A
diferencia de la evolución positiva en cuanto al respeto de otros derechos
humanos, el derecho a la libertad de emisión de pensamiento se ha ido
restringiendo en los últimos años. Prueba
de ello son las constantes amenazas a periodistas, colocación de artefactos
explosivos en oficinas de prensa, atentados contra la vida, seguridad e
integridad de estos profesionales, que ha obligado a algunos de ellos a
abandonar el país, sumándose a todo esto la actitud negativa de funcionarios
de gobierno que no colaboran para garantizar la plena vigencia de este derecho.
Dichas
afirmaciones están acompañadas por un cuadro que muestra la evolución de
expedientes sobre libertad de acción, asociación, reunión y pensamiento
tramitados por su oficina entre agosto de 1987 a agosto de 1992, que muestra en
1988 y 1989 un acentuado incremento de denuncias tramitadas (21 y 20
respectivamente), reduciéndose a sólo dos denuncias en este campo en los
primeros ocho meses de 1992.
Conclusiones
Sin
embargo, tal como surge de las informaciones anteriores parecería que a partir
de ese momento (agosto 1992), se ha desatado una campaña de intimidación
contra la prensa. Si bien es difícil
señalar responsabilidades directas en dicha campaña, entiende la Comisión que
las autoridades del Estado, además de ofrecer la protección debida, deben
denunciar y repudiar explícitamente dicha campaña, e investigar y castigar
judicial o administrativamente a sus responsables.
Concluye
la Comisión que pese a que existe en Guatemala legislación que garantiza la
libertad de prensa y muchos órganos del Estado que luchan para defenderla,
existe actualmente un clima de atemorización y ataques contra la misma, en que
participan agentes del Estado, y que se agrava en sus efectos por la trágica
experiencia y memoria de períodos anteriores.
La Comisión reconoce la valiente actitud de los profesionales de la
prensa, que se expresa por la amplitud de posiciones independientes, y aún críticas
que expresa la prensa y los esfuerzos de muchas autoridades para mantenerla.
Considera
también que en este difícil momento de recuperación democrática guatemalteca,
la existencia de una prensa independiente, responsable y profesional es
requisito indispensable de la misma. Es
igualmente indispensable que todos los agentes del Estado cumplan con su
obligación de respetarla, hacerla respetar y brindar libre acceso a las fuentes
de información, y que en caso de que existan abusos de la libertad de prensa
los mismos sean limitados a través de los cursos legales existentes en la
legislación guatemalteca.
También
considera la Comisión conveniente adecuar la Ley de Libre Emisión del
Pensamiento a los principios constitucionales guatemaltecos que señalan la
privacidad y la moral como únicos limites a la libertad de expresión, criterio
constitucional avanzado que es un ejemplo para la región.
II. DERECHO DE REUNIÓN
El
Procurador General indica con respecto a este derecho que a partir de 1986 hasta
el presente la situación presenta una gran diferencia con el período de 1954 a
1985, en que las reuniones y manifestaciones fueron reprimidas violentamente por
grupos paramilitares y fuerzas de seguridad que no entendieron nunca que las
reuniones o manifestaciones pacíficas constituían un derecho y que se
realizaban con el único fin de hacerse oír ante el Gobierno, de las
violaciones a los derechos de que eran víctimas.
A partir
de 1986... se permite y se vuelve común el uso de tales derechos y en muy pocos
casos los manifestantes son reprimidos violentamente, ... represión que se ha
querido justificar debido a que en las diferentes manifestaciones se infiltran
grupos de personas que provocan daños a la propiedad.
Ejemplo
entre muchos otros de la posibilidad de ejercer el derecho de reunión fue la
manifestación del 17 de junio de 1992 frente al Palacio Nacional por 2.000 niños
indígenas reclamando a las autoridades la devolución con vida de sus padres
desaparecidos. Esta demostración pública
estuvo coordinada por el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) y el Comité de Viudas
Guatemaltecas (CONAVIGUA).
Igualmente
se realizan con frecuencia reuniones de asociaciones sindicales o Maya-Quiché
sin que sean interferidas por el Estado, tal como la Segunda Reunión de Curas
Mayas organizada por la coordinadora maya "Majawil Q'ij" en junio de
1992. En octubre 1991, Guatemala fue la sede de una reunión internacional de
pueblos indígenas "Quinientos Años de Resistencia", que transcurrió
sin dificultades.
Por el
contrario, un caso que mereció la atención de la Comisión fue el del ataque
el 21 de julio de 1992 por el Escuadrón Antimotines de la Policía Nacional
contra 500 familias procedentes de la Finca Pampas del Horizonte, Cajolá,
Quetzaltenango que estaban marchando frente al Palacio de Gobierno en la Ciudad
de Guatemala, marcha debidamente autorizada por las autoridades. Frente al
ataque intervino la Procuraduría de Derechos Humanos que confirmó la validez
de la autorización, lo que permitió que los manifestantes siguieran su marcha,
pero llegados al Parque Central a las 5 de la tarde fueron atacados por la policía
antimotines, a golpes de bastones contra los manifestantes inclusive ancianos y
niños, arrojando bombas de gas y arrestando a muchos de ellos. Luego de la
condena general al hecho, el Ministro del Interior responsable en Guatemala de
la Policía, Fernando Hurtado Prem, renunció a su cargo el 23 de julio.
En un
ejemplo de independencia del poder judicial, en agosto de 1992 el 3er. Tribunal
de Instrucción de 1ra. instancia llamó a prestar declaración judicial al
Director de la Policía Nacional, luego que los manifestantes lo acusaran junto
con otros colaboradores policiales por cargos de uso de fuerza excesiva y ataque
ilegítimo.
En el capítulo
referido a las Comunidades de Población en Resistencia, así como en el
referido a Derechos de los Niños se presentan situaciones en que también la
Comisión ha comprobado limitaciones al derecho de reunión.
Esta
situación contradictoria en la cual en general se respetan estos derechos,
mientras en algunos casos se verifican limitaciones y atentados a veces de gran
violencia contra el derecho de reunión, señalan la necesidad para el Estado y
sus agentes de comprender la importancia del ejercicio pleno de este derecho,
esencial como derecho humano, e igualmente esencial para el funcionamiento
viable y pacífico de una sociedad.
III. LIBERTAD DE ASOCIACIÓN
Existen
en la legislación guatemalteca garantías referidas a esta libertad. En la práctica, este derecho es ejercido por los
guatemaltecos, tanto en función de sus intereses o afinidades profesionales y
políticas como étnicas. Existen
sin embargo, incidentes regulares que si bien no anulan completamente el
ejercicio de este derecho, lo limitan y crean a través de su violación
selectiva un clima de temor, tal como ocurre en otras esferas sociales, como el
periodismo, la agremiación universitaria, y la defensa de los derechos humanos
de distintos sectores.
Si bien
en este capítulo se informa también sobre situaciones referidas a trabajadores
Mayas-Quichés, especialmente campesinos, en el capítulo sobre derechos de los
guatemaltecos Maya-Quichés se analiza la vigencia del ejercicio del derecho de
asociación para los mismos, en tanto comunidad diferenciada con intereses y
situaciones particulares dentro del contexto nacional.
1. Libertad sindical
El
derecho de asociación de los trabajadores para la defensa legal de sus derechos
está expresamente garantizado en la Constitución guatemalteca y en la Convención
Americana, así como en numerosos instrumentos internacionales por los que el
Estado guatemalteco se ha comprometido frente a la comunidad internacional a
respetarlo. Su ejercicio legal por
parte de los trabajadores, como su preservación por los organismos estatales y
patronales, son factor esencial para que las demandas y conflictos entre
distintos actores económicos encuentren cauce y mecanismos pacíficos de solución.
El ajuste
económico producido por la administración del Presidente Serrano ha tenido
efectos macroeconómicos positivos en 1991 y 1992 ya que logró frenar la
inflación, aumentar el crecimiento económico en cifras importantes, así como
aumentar las exportaciones y mejorar la deuda pública.
Estas tendencias sin embargo no han logrado cambiar la realidad de
generalizada pobreza y mala distribución del ingreso, que en 1989 mostraba por
cifras oficiales que el 75% de las familias estaban en situación de pobreza,
cifra que aumentaba al 90% entre las familias indígenas.
En estas
circunstancias el ejercicio de la libertad de asociación con objetivos económicos
y laborales adquiere un rol crucial. Los
obstáculos al mismo no sólo son violaciones a ese derecho, sino que desembocan
inevitablemente en fricciones sociales violentas y violaciones a los derechos a
la vida y a la integridad de las personas.
La activa
vida sindical que se desarrolla en Guatemala muestra tanto que existe un espacio
de libertades públicas que permite su acción y el ejercicio de su derecho a la
libre expresión, pero también que ese espacio está continuamente acosado por
tentativas de limitarlo, a través entre otros de detenciones arbitrarias,
amenazas de muerte, atentados contra la vida y despidos arbitrarios de líderes
sindicales. Así como en otros
sectores del ejercicio de los derechos humanos en Guatemala, logros y esfuerzos
de la sociedad civil y del Gobierno son continuamente desafiados y amenazados
por la acción de sectores incapaces de superar los enfrentamientos del pasado,
y de convivir democráticamente en un estado de derecho.
La actual
administración en sus dos primeros años ha autorizado más organizaciones
sindicales que en los últimos 16 años, siendo 65 organizaciones y 3
federaciones las autorizadas durante 1992, lo que la Comisión observa con
complacencia.
Muestra
de la existencia de ese espacio de libertades públicas lo dan la existencia de
más de un centenar de asociaciones de trabajadores, que se expresan por la
prensa, en manifestaciones, o a través de sus propios medios. Esto ocurre también en las zonas rurales, aunque con menos
amplitud, como lo prueba la posibilidad del Comité de Unidad Campesina (CUC) de
anunciar un eventual paro de labores de medio millón de trabajadores agrícolas
algodoneros y azucareros en la zona Sur, por mejoras salariales; o la
manifestación sin incidentes de 20.000 personas originarias de la Costa Sur, en
marzo de 1992, organizada por la Unión de Trabajadores de Quezaltenango.
Preocupa
a la Comisión que a la vez se registren actos atentatorios contra este derecho.
Así la información recibida sobre amenazas en los tres primeros meses
de 1992 a trabajadores del Sindicato de Trabajadores Administrativos y de
Servicios de la Educación (STAYSEC), a sindicalistas de la Federación de
Empleados Bancarios y de Seguros (FESEBS), al profesor Us Soc de la Asociación
Magisterial Guatemalteca (en Petén), a activistas de la Unidad de Acción
Sindical y Popular (UASP), a Carlos Enrique Alvarez, dirigente de la Central
Nacional de Trabajadores (CNT), entre otros. Especial atención han merecido las alegadas amenazas de
muerte al asesor laboral de trabajadores de la Costa Sur sindicalista
Hermenegildo Blanco, que son atribuidas al coronel Angel Sánchez Gudiel, que
según denuncia pública de la Central General de Trabajadores (CGTG) dirige un
grupo paramilitar en la Costa Sur para impedir la organización sindical de los
trabajadores.
La Comisión
ha recibido también denuncias e información sobre casos de hostigamiento a
organizaciones sindicales o sus directivos y simpatizantes.
Entre ellas:
- La continua persecución en sus actividades gremiales a directivos y
miembros del Sindicato General de Trabajadores de la Empresa Guatemalteca de
Telecomunicaciones "22 de febrero".
Esta persecución se
concreta alegadamente en vigilancias y procesos por destitución y arresto de
dirigentes sindicales por causas aparentemente injustificadas, descuentos de
sueldos a quienes participan en Asambleas gremiales, discriminación laboral
contra los afiliados al Sindicato, etc. Esto
coincide con atentados anónimos contra la vida de dirigentes de éste y otros
sindicatos el 12 de junio, 26 de junio y 2 de octubre de 1992 contra tres
dirigentes, Jesús Antonio Miranda Mendoza
("22 de febrero"), Cesario Chanchavac (Transporte Urbano y
Similares) y Jacinto Sánchez del Cid (Trabajadores
de la Municipalidad de Palin, Dpto. de Escuintla) a través de embestidas de vehículos,
los que fueron gravemente heridos luego de haber sufrido amenazas por su
actividad sindical.
- Pese a que existen suficientes datos para completar las
investigaciones judiciales por estos atentados, los responsables no han sido
llevados a proceso, según información recibida por la Comisión.
- El secuestro, tortura y muerte a machetazos del dirigente sindical
Senón Sánchez López el 2 de octubre de 1992, en la finca Carmen del Mirón,
Costa Cuca, Quetzaltenango, cuyo cadáver fue hallado en una carretera cercana.
La Comisión ha recibido información que en esta finca, así como en
otras cuarenta y una, la gran mayoría en la Municipalidad de Colomba, Costa
Cuca, Departamentos de Xela y Quetzaltenango y los departamentos de
Chimaltenango y Suchitepequez, no se hace efectivo el salario mínimo y otras
prestaciones a los trabajadores rurales.
2. La Industria Maquiladora y los derechos laborales
Estos
abusos ocurren también en un sector de la industria guatemalteca que ha tenido
un gran crecimiento en los últimos años:
la industria maquiladora, que emplea en 1992 el 15% de la mano de obra manufacturera
guatemalteca, y cuyo rápido crecimiento se estima continuará en los próximos
años.
Estudios
confiables revelan numerosos abusos en cuanto a incumplimiento en la industria
maquiladora de condiciones dignas y legales de trabajo, salario mínimo, trabajo
de niños, horas extras forzosas, falta de condiciones sanitarias, despidos de
dirigentes, etc. Seis de cada diez
empleadores exigen trabajo extra a sus empleados, y el promedio de horas de
trabajo semanales va de entre cincuenta y cinco a setenta horas semanales.
Se han documentado casos de obreros que son obligados a permanecer de
lunes a sábado en la fábrica sin salir, trabajando más de ochenta horas
semanales.
El
Ministro de Trabajo y Previsión Social, reconociendo que existen abusos, ha
indicado que existen avances y la intervención gubernamental ha logrado
acercamientos entre patronos y dirigentes laborales.
La Comisión recuerda que el Artículo 6 de la Convención de "Prohibición
de la Esclavitud y la Servidumbre", señala que "Nadie puede ser
constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio".
Con
respecto al derecho de asociación de los trabajadores de la industria
maquiladora, la Comisión ha recibido información que hasta mayo de 1992, si
bien había 200 empresas que habían recibido certificados de exportación como
maquiladoras, solo dos sindicatos de fábrica habían sido aprobados y uno de
ellos era inoperante pues la fábrica se había trasladado al extranjero.
En el único sindicato funcionando los dirigentes, después de haber sido
despedidos y por intervención del Ministerio de Trabajo, fueron reincorporados. En octubre de 1992 la
Secretaria General del Sindicato de Fábrica indicaba algunos avances en materia
de derecho laboral en la misma, aunque sosteniendo que continuaban las
violaciones.
La
justicia laboral en Guatemala
Junto a
estos hechos preocupa a la Comisión la debilidad de la administración y
justicia laboral guatemalteca que, tal como lo ha hecho público un magistrado
de la misma, son incapaces de hacer cumplir las leyes laborales, y aún de hacer
cumplir sentencias, fallos y resoluciones que son desacatadas por los dueños y
empresarios en flagrante irrespeto a la ley.
Sostuvo dicho magistrado "que es urgente la adopción de medidas que
frenen los constantes abusos de muchos patrones sobre sus trabajadores".
4. Conclusiones
Tal como
lo señala la Comisión a lo largo de este informe, a medida que desaparecen las
violaciones a consecuencia de la confrontación armada, toman relevancia los
ataques a líderes representativos de organizaciones reivindicativas cuya posición
es independiente o crítica de la acción del Gobierno. Surgen también esfuerzos genuinos de las autoridades para
hacer respetar esos derechos, esfuerzos saboteados por quienes desde dentro o
fuera de los organismos del Estado, no aceptan la discusión democrática y la
solución negociada de los conflictos sociales normales.
En la delicada situación socioeconómica guatemalteca (ver Cap.I), el
respeto a los derechos de asociación y expresión de los trabajadores es
esencial.
La
necesidad de reformar y reforzar la acción de la justicia laboral es
indispensable si no se quiere que las fricciones laborales se conviertan en
conflictos fuera del cauce legal. Ni
la paz, ni la inversión y crecimiento productivo, ni el desarrollo social
existirán sin ellas.
IV. LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Debido a
la especial frecuencia de ataques efectuados contra miembros de la comunidad
universitaria, la Comisión ha puesto especial atención a hechos de esta
naturaleza. Es un hecho establecido
que la Universidad suele ser un área social de crítica y análisis social que
surge de su propio rol, de su capacidad de análisis más objetivo de los fenómenos
sociales, como que tradicionalmente es uno de los ámbitos de refugio de la
actividad política cuando la misma no puede expresarse democrática y
libremente en el resto del seno social.
Según
información recibida por la Comisión se han producido en este período
amenazas de muerte a catedráticos, estallidos de bombas en recintos
universitarios, hostigamiento de dirigentes estudiantiles a través de
procesamientos judiciales, y ataques físicos por las fuerzas de seguridad.
Resulta evidente de esa información la existencia de una campaña de
ataques intimidatorios contra la vida universitaria de Guatemala, centrada en la
Universidad de San Carlos y los derechos humanos de sus miembros.
Los
hechos que se mencionan en el párrafo siguiente continúan una pauta
configurada ya en el pasado. En el
segundo semestre de 1989 hubo once
casos de secuestros de once estudiantes, seis de los cuales aparecieron
asesinados. En 1991, siete
estudiantes fueron asesinados, y tres
fueron secuestrados. En ninguno de
estos casos la justicia ha logrado resultados concretos en cuanto a la
identificación y castigo de los culpables, aún cuando en muchos de ellos
existen datos claros sobre la autoría.
Dichos
ataques han continuado durante el primer semestre de 1992, según la información
que posee la Comisión:
- Una bomba explotó en la sede de la Asociación de Estudiantes
Universitarios, el 30 de enero de 1992.
- El Lic. Manuel Estuardo Peña fue asesinado el 10 de febrero de 1992.
- Una bomba fue encontrada y desactivada en la Rectoría, el 24 de
febrero de 1992.
- Un artefacto explosivo detonó en el Edificio T-10, tercer nivel del
campus universitario.
- Policías militares dispararon varias ráfagas de ametralladora al
inicio de la velada estudiantil teatral en el Centro al Aire Libre "Miguel
Angel Asturias" el 8 de abril de 1992.
- El 10 de abril de 1992, poco después de medianoche, cuando
unos cien estudiantes de la Universidad de San Carlos (USAC) estaban preparando
el tradicional desfile satírico llamado "Huelga de Dolores" en las
cercanías del Paraninfo Universitario, en la Zona 1 de la Capital, fueron
ametrallados por una patrulla HUNAPU conjunta de la policía y guardias de
hacienda, resultando muerto el estudiante Julio Rigoberto Cuc Quim y gravemente
heridos María Isabel Cabeiro, Julio Felipe Sajche, Otoniel Estuardo Morán,
Axel Oswaldo Moreles, Alfonso Aldana Perez, Otto René Perez Figueroa y Juan
Armando Pérez López. La Asociación
Nacional de Estudiantes presentó denuncias contra 21 efectivos de la Policía
Nacional y de la Guardia de Hacienda, miembros del HUNAPU.
- Diez estudiantes fueron amenazados de muerte el 10 de abril de 1992,
conminándoseles a que retiren acusaciones presentadas en contra del grupo
HUNAPU, que alegadamente los atacó en el cruce de Avenida Elena y 13 calle el
10 de abril de 1992.
- Se intentó incendiar el edificio de la antigua Facultad de Derecho
de Occidente, con daños valorados en el millón de quetzales el 22 de abril de
1992.
- Fue asesinado a cuchilladas el estudiante Danilo Porras Colorado, el
4 de mayo de 1992.
- Fue asesinado a balazos el Lic. Andrés Ramírez Lara, catedrático
de la Facultad de Economía, el 14 de mayo de 1992.
- Fue asesinado el estudiante Juan José Aranda Paz, de la Facultad de
Psicología, el 15 de mayo de 1992.
- Fue asesinado el Dr. Enrique Ponce, Secretario de la Facultad de
Medicina, Veterinaria y Zootecnia el 31 de mayo de 1992.
- Fueron asesinados los estudiantes Emilio González Guerra y Luis
Morales Zabala y el Ing. Agrónomo Infieri Normán Rodríguez Baldizon, el 5 de
julio de 1992.
A
mediados de año, frente a la protesta de distintos sectores por estos hechos,
el Presidente ordenó la disolución de grupo de tareas conjunta HUNAPU en julio
de 1992. Este sistema de colaboración
entre fuerzas policiales había sido acusado de numerosas violaciones a los
derechos y humanos y era el responsable del ataque a estudiantes del 10 de abril,
en el tradicional desfile "Huelga de Dolores". Veintiuno de los miembros de la patrulla (ocho agentes de la
Guardia de Hacienda y trece de la Policía Nacional) están siendo procesados
por la muerte y heridas causadas a dichos estudiantes.
El 19 de
noviembre tribunales civiles sentenciaron a seis miembros de la actualmente
disuelta Fuerza de Tareas Hunapu, a penas de prisión inconmutables de 12 años
y 8 meses de prisión por su acción. Los
mismos tribunales absolvieron a otros quince agentes de policía y dejó abierta
la posibilidad de procesar al jefe de las fuerzas de seguridad Coronel Otto
Alfredo Aragón Menéndez por perjurio. Estos
casos están al presente en apelación.
Los
procedimientos penales militares contra los ocho militares que participaron en
dicha acción no habían comenzado a fines de 1992.
Sostuvo
el Rector de la Universidad de San Carlos, Alfonso Fuentes Soria en diciembre de
1991, que:
la
historia de Guatemala se caracteriza por la sujeción de la razón por la fuerza.
Prominentes universitarios en 1962, en agosto de 1989, y en el presente,
han tenido que ofrecer sus vidas por la libertad de Guatemala.
Myrna Mack es el más reciente símbolo de esta brutal intolerancia de las ideas.
Conclusiones
La Comisión considera que la campaña sistemática de ataques contra
miembros de la comunidad universitaria constituye una de las más serias
muestras de la incapacidad del estado guatemalteco de respetar y garantizar los
derechos humanos de sus habitantes. Sea
aquellos agentes armados que efectúan u ordenan los ataques abierta o
embozadamente, los miembros del Poder Judicial que eternizan los juicios y
posponen las medidas investigatorias y decisiones, y aquellas autoridades que no
toman las medidas de control interno necesarias de sus fuerzas de seguridad, son
principales responsables de dicha situación.
Pero son también responsables todos aquellos que no aceptan el rol
reflexivo que la universidad tiene para la sociedad, como foro de análisis
científico y humanista del devenir social y sus problemas, y que desde sus
distintas posiciones oficiales no saben defenderlo y aprovecharlo.
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