CAPITULO VIII

COMUNIDADES DE POBLACION EN RESISTENCIA 

     La represión militar masiva que fue desencadenada durante el período 1981-82, generó una amplia diáspora por toda Guatemala.  Más de cuatrocientos pueblos y aldeas rurales fueron destruidos a medida que el Ejército lanzaba ataques de artillería y aéreos contra centros de población civil, la mayoría de los cuales estaban ubicados en los Departamentos del altiplano (El Quiché, Huehuetenango y Los Verapaces).  Los atacantes no distinguían entre civiles e insurgentes, adultos y niños, hombres y mujeres.  Todo esto fue ampliamente documentado por la CIDH en su segundo informe especial en 1983 titulado "La Situación de los Derechos Humanos en Guatemala".[76] 

     Las consecuencias de estas ofensivas continúan sintiéndose en Guatemala.  Un informe del Gobierno de septiembre de 1992,[77] indica que existían 40,000 viudas y 150,000 huérfanos como consecuencia de la violencia.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su tercer Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Guatemala[78] en 1985, luego de otra visita in loco, examinó cuidadosamente la estrategia adoptada por el entonces gobierno militar de Guatemala para establecer aldeas modelos llamadas "polos de desarrollo", así como la creación de patrullas civiles con el objeto de proveer un sistema de alerta preventivo contra la actividad guerrillera. 

     Cuando el ejército llevó a cabo su ofensiva masiva contra el campesinado, en su mayoría guatemaltecos mayas, la reacción popular fue huir.  La fuga de cientos de miles de campesinos los llevó a todos los rincones de su tierra y a la de países vecinos.  Un porcentaje relativamente menor de personas totalmente desposeídas se escapó a zonas selváticas de Guatemala.  Una zona, la conocida como el Ixcán que está ubicada en una enorme región de selva tropical casi inhabitada en el norte del Departamento El Quiché, la otra localizada en el altiplano del mismo Departamento, conocida como "La Sierra". 

     Fue en estas dos zonas inhospitalarias donde se escondieron 23,000 personas y por una década lograron a duras penas sobrevivir.  Gradualmente, a pesar de su diversidad cultural y lingüística, se fueron organizando en manojos de comunidades que se autodenominaron Comunidades de Población en Resistencia (CPR). 

     Sólo en los últimos años las CPR han recibido atención pública.  Por un lado el Ejército y algunos políticos insisten que son soporte activo de la coordinadora guerrillera conocida como la UNRG.  Los críticos de las CPR afirman que los habitantes de las comunidades abastecen de comidas y otras mercaderías a los insurgentes y lo que es más importante proveen camuflaje a los rebeldes. 

     Los residentes de la CPR sin embargo, insisten que son campesinos civiles, víctimas involuntarias de una guerra civil continua.  Más aún, voceros de las CPR sostienen que son castigados injustamente por simplemente vender frutos de sus cosechas y animales a gente local, inclusive a miembros del Ejército. 

     Durante 1992, numerosos observadores nacionales e internacionales han visitado a las CPR tanto en la Sierra como en Ixcán y todos ellos han indicado que los habitantes de las CPR son civiles desarmados que viven en gran pobreza y que apenas pueden sobrevivir, plantando maíz, frijoles y criando animales de chacra como gallinas y chanchos.  A este respecto, el Relator Especial para Guatemala de Naciones Unidas Christian Tomuschat, después de sus visitas afirmó no haber visto evidencia alguna de armas o actividades beligerantes por parte de la población que vive en las CPR.  El Procurador General Adjunto para Derechos Humanos llegó a la misma conclusión.  Autoridades de iglesias locales y extranjeras que han visitado las CPR informan igualmente no haber visto indicadores de que las CPR estén envueltas en actividades militares o paramilitares. 

     El perfil demográfico de las CPR es el siguiente:  alrededor de 17,000 personas viven en la Sierra y unas 6,000 habitan en el Ixcán.  Estas cifras son aceptadas por las comunidades tanto como por el Gobierno.  De esos 23,000 habitantes un gran porcentaje son menores, muchos de los cuales nacieron después de los éxodos masivos de principios de la década del 80 o eran niños pequeños cuando sus padres huyeron al interior del país.  Durante la última década muchos desplazados internos han vuelto a sus tierras tradicionales, muchos de ellos se han mantenido en el extranjero aunque algunos emigrados han comenzado a retornar.[79]  Otros guatemaltecos se mantienen en los grandes centros urbanos donde la mayoría está desempleada o subempleada.  

     Por su parte, los residentes de esa débil red de colonias rurales conocidas como CPR, han continuado viviendo en sus lejanos territorios adoptados, temerosos de volver a sus tierras tradicionales al percibir todavía la amenaza del mismo Ejército que los expulsó de sus chacras hace más de 10 años. 

     Las comunidades han sido sujetas a numerosos asaltos armados por fuerzas regulares, tanto del ejército de Guatemala como sus fuerzas aéreas.  Estas últimas usan regularmente helicópteros para bombardear los ranchos de los campesinos mayas que constituyen estas comunidades.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido numerosas quejas por las muertes y destrucción causadas por dichos ataques.  La Comisión también ha escuchado durante su visita a Guatemala en noviembre de 1992, numerosos testimonios de testigos y víctimas de ataques aéreos y terrestres conducidos contra los CPR.

     La violencia empleada contra los residentes de las CPR toma también otras formas.  Numerosos individuos, de acuerdo a presentaciones hechas a la Comisión, han sido "desaparecidos" o arbitrariamente detenidos (y a veces liberados) cuando se dirigían de las CPR a ciudades vecinas con la intención de vender sus productos agrícolas y comprar productos manufacturados para sus comunidades. 

     Hace poco, en noviembre y diciembre de 1992, aldeas como Cuarto Pueblo y Los Angeles ubicadas en la Sierra fueron atacadas por varios cientos de soldados.  Al encontrar que sus habitantes, unos 600 en total, habían huido antes del avance de los militares, los soldados quemaron las casas de los aldeanos, mataron a sus animales de chacra y se llevaron los bienes personales de los residentes que fueron abandonados frente a la irrupción.  Los habitantes de estas pequeñas aldeas informan las pérdidas de cantidades de arroz, maíz, frijoles, porotos, café, huevos, sal, limones, madera, gallinas, patos, utensilios de cocina, herramientas de chacra, ropa, textos escolares.  En un sector de Cuarto Pueblo los habitantes denuncian que 38 construcciones fueron arrasadas incluyendo una clínica, una escuela, un jardín de infantes, un depósito, la capilla, así como una cantidad de tela plástica para techos.  En otro sector de Cuarto Pueblo 40 hogares fueron incendiados por el ejército incluyendo otra pequeña iglesia.  Lo mismo ocurrió en Los Angeles donde 18 hogares fueron destruídos así como varias máquinas de coser, una máquina de escribir y una cantidad de Biblias. 

     Durante el año pasado, 1992, el tema de las CPR en Guatemala ha aparecido casi diariamente en las primeras páginas de los periódicos.  El nivel de violencia física mencionada se refleja en las incesantes quejas y réplicas en favor y en contra de los habitantes de las CPR. 

        La Comisión en sus comentarios sobre este tema, se limita a la consideración de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que Guatemala es parte.  En lo que a las CPR se refiere, preocupan a la Comisión principalmente los derechos a la vida (art. 4), a la integridad personal (art. 5), al debido proceso (art. 8), a la libertad de asociación (art. 16), de propiedad (art. 21), de libertad de movimiento (art. 22) y protección judicial (art. 25). 

     Desde el punto de vista del derecho internacional, Guatemala ratificó voluntariamente la Convención Americana y en consecuencia aceptó respetar todos y cada uno de esos derechos para todas las personas que estén dentro de la jurisdicción del país. 

     Más aún, Guatemala ha ratificado la Convención de Ginebra acordando así respetar las leyes de la guerra y los conflictos internos.  Esta rama del derecho conocida como el "derecho internacional humanitario" provee, entre otros, a la protección de los civiles no combatientes en conflictos internos del tipo de los que han venido ocurriendo en Guatemala en los últimos 30 años. 

     La Comisión de ninguna manera apoya las acciones u objetivos de grupos armados irregulares tales como los que constituyen la URNG.  Ninguna organización clandestina tiene el derecho de tratar de derrocar por las armas un gobierno democrático elegido constitucionalmente. 

     Al mismo tiempo, un gobierno democrático elegido democráticamente no puede emplear cualquier medio para aplastar una insurgencia.  Los derechos humanos de todas las personas deben ser respetados.  La obligación del Gobierno frente al derecho internacional, particularmente con respecto a civiles no combatientes, es clara.  El Gobierno debe respetar los derechos humanos de dichas personas, y de acuerdo al derecho internacional humanitario debe abstenerse de ataques indiscriminados sobre centros de población civil, aun cuando ese Gobierno esté convencido que puedan haber allí insurgentes o delincuentes.  

     La satisfacción de estos requerimientos mínimos no sólo constituye el cumplimiento esencial de las normas de derecho internacional sino que es el único medio de asegurar la legitimidad del Gobierno a los ojos de los ciudadanos afectados.  O, dicho de otra manera, las violaciones de los derechos humanos de civiles no combatientes en el medio de luchas civiles viola el derecho internacional, así como corroe la legitimidad y autoridad del propio gobierno que busca restaurar la paz y su autoridad constitucional.  Esas violaciones, lejos de estar justificadas por criterio de necesidad militar, simplemente aseguran la continuidad de un círculo vicioso de terrorismo y represión.  

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